EDITORIALES,

Que no pase a segundo plano la "pandemia" de la corrupción
La urgencia de la atención de la salud no puede servir de excusa para desestimar, y mucho menos olvidar, otros temas claves de la vida en democracia

Cuando la situación sanitaria deje de ser crítica, cuando nuestro país recupere su ritmo y los ciudadanos recobremos la libertad de desenvolvernos sin restricciones, podría ser demasiado tarde para empezar a reparar en el daño provocado por una serie de medidas conculcatorias de derechos importantísimos en una democracia, como el que permite acceder a la información pública y controlar así los actos de los gobernantes.
Una de esas lamentables decisiones cercenatorias de derechos fue rubricada el 18 de marzo pasado. Ese día, el Ministerio de Justicia denegó un pedido de información pública para conocer las acciones sumarias impulsadas por la Inspección General de Justicia (IGJ) sobre el Instituto Patria, una asociación civil que funciona como usina política del kirchnerismo y cuya presidencia honoraria está a cargo de la vicepresidenta de la Nación.
Para fundamentar la denegatoria, se puso como excusa la existencia de una causa judicial en trámite sobre la entidad que comanda Cristina Kirchner y que, en razón de ello, se suspendía cualquier tipo de información sobre el Instituto Patria mientras no haya sentencia.

"Estamos ante un nuevo cepo informativo", dijo a la nacion la abogada Silvina Martínez, autora del citado pedido de acceso a la información pública, al recordar que en 2012, cuando la señora de Kirchner iba por su segundo mandato consecutivo como presidenta de la Nación, la IGJ ya había denegado información sobre la causa Ciccone, por la cual hoy se encuentra condenado el exvicepresidente Amado Boudou.
La denegatoria actual, además, sucede en un contexto que merece ser explicitado: en primer lugar, porque quien está a cargo de esas denegaciones en el Ministerio de Justicia no es su titular, la ministra Marcela Losardo, sino su segundo, el secretario Juan Martín Mena, un hombre muy allegado a la vicepresidenta de la Nación y que ocupó un puesto de jerarquía en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), precisamente cuando Cristina Kirchner era jefa del Estado.
Además, de Mena depende hoy el Programa de Protección de Testigos e Imputados, que incluye a los numerosos arrepentidos que declararon en casos de corrupción que involucran a los Kirchner y a funcionarios de sus gobiernos.
Antes de terminar su mandato, Mauricio Macri había firmado un decreto de necesidad y urgencia para que esa área se convirtiera en un ente autárquico, con autonomía funcional del gobierno, pero Alberto Fernández lo derogó a poco de asumir. Hoy, la distancia entre controlado y controlador se ha vuelto a desdibujar peligrosamente.
En segundo lugar, porque quien actualmente dirige la IGJ es otra persona muy cercana a la vicepresidenta de la Nación. Se trata del abogado Ricardo Nissen, quien asesoraba a varios miembros de la familia Kirchner en cuestiones legales vinculadas a las empresas a las que ahora él custodia desde el propio Estado.
En tercer término, porque la calificación de "reservado" que Mena arguye para denegar información sobre el Instituto Patria -investigado en la Justicia por presunto financiamiento irregular- no puede ser considerada en un sentido tan amplio como el pretendido por el funcionario. La ley de acceso a la información pública establece muy claramente cuáles son las excepciones que justifican la denegatoria de información; entre ellas, cuestiones de defensa nacional o de política exterior y los secretos industrial y profesional. Pero en ningún momento dice que una excepción pueda convertirse en regla.
Sostener que no corresponde suministrar información pública sobre cuestiones vinculadas con el Instituto Patria por hallarse actualmente sometido a una causa judicial, más que responder a una excepción prevista en la ley, pareciera destinado a clausurar cualquier reclamo de datos sobre presunta corrupción de funcionarios públicos.

"Hay que terminar con los empresarios que corrompen y con los funcionarios que se dejan corromper. El Estado debe prevenir la corrupción", decía Alberto Fernández durante los debates en los que participó el año último como candidato a la presidencia de la Nación.
Una de las formas de prevenirla es, sin dudas, proveyendo a la ciudadanía la información necesaria para que esos actos se puedan analizar, contrastar y, llegado el caso, que los jueces puedan condenar sin ningún tipo de presión política los delitos cometidos con dineros públicos.
La transparencia de los actos de gobierno no es una concesión que amablemente se otorga a quienes ostentan el poder, sino una obligación de los gobernantes para con sus gobernados.
Cuando a principios de marzo pasado la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la pandemia de Covid-19, el eje de las principales preocupaciones pasó a ser la cuestión sanitaria. A lo largo de los días, las decisiones de la mayoría de los gobiernos estuvieron centradas en ese aspecto, dejando para un análisis y tratamiento ulteriores otros temas con urgencias no tan perentorias como la debida atención de la salud.

Es de esperar que esa imperiosa necesidad de anteponer la consideración de unos hechos por sobre otros no sea usada entre nosotros como manto para tapar otros temas críticos cuya premura de ningún modo puede ser desatendida. Entre ellos, la "epidemia" de corrupción que ataca a las sociedades que no han sabido o no han querido prevenirla. O, peor aún, a aquellas sociedades cuyos ciudadanos no han reclamado por sus derechos en tiempo y forma, y se han acostumbrado a tolerarla.