EDITORIALES,

Todo cerrado menos las cárceles
No pueden hacerse generalizaciones al otorgarse prisiones domiciliarias o conmutaciones de penas, menos aún bajo la presión del uso de la fuerza
La aceptación explícita del presidente de la Nación para que, con motivo de la pandemia de coronavirus , se otorguen " libertades restringidas " no solo a los presos comunes que se encuentran dentro de grupos de riesgo real, sino también para que muchos más abandonen la cárcel o vean conmutadas sus penas ha provocado una polémica tan extendida como esperable.
Alberto Fernández se ha quejado de las críticas y ha hecho suyas algunas sugerencias internacionales, como la de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ( CIDH ), que recomendó a los países atender la situación sanitaria en las cárceles frente al avance de la pandemia, una razonable obviedad de no ser porque nuestro costosísimo sistema penitenciario sufre una degradación multicausal de varias décadas.
Si algo se sabía desde antes de la pandemia es que los centros de detención en nuestro país están desbordados y que el sistema carcelario es deficiente y no tiende a una correcta resocialización. Sin embargo, hasta aquí la ausencia de referencias respecto de la necesidad de hacerse cargo de tan inhumana como inconstitucional realidad confirma que ocuparse del tema y construir cárceles brinda poco rédito político. Incluso cuando el 80% de la población carcelaria votó al Frente de Todos. Los políticos en su enorme mayoría reaccionan ante ese dramático panorama solo cuando ven amenazada de alguna manera sus gestiones.
Tuvieron que producirse motines en Villa Devoto y otros penales en Florencio Varela, La Plata, Mendoza, Santa Fe y Corrientes para que el tema volviera a la agenda oficial con viejos reclamos oportunamente remozados. La falta de criterios y explicaciones certeras nos exponen al temor de los peores ejemplos de la región, como es el caso de Venezuela, que liberó a numerosos presos para que formaran parte de letales milicias populares.
Si el problema es la superpoblación de las cárceles, podría pensarse en utilizar dependencias ociosas del Estado para alojar detenidos durante la emergencia. Si se han podido levantar módulos de atención sanitaria en Tecnópolis y en otros puntos del país, podrían hallarse más sitios donde la salud del grueso de los detenidos sea debidamente resguardada y su estancia allí estrictamente vigilada.

Menos del 1% de los que delinquen cumple prisión efectiva. En la actualidad, la población carcelaria registra un récord histórico, con alrededor de 85.000 presos, de los cuales 47.000 están detenidos en el sistema bonaerense. De esos presos, casi 700 tienen más de 65 años. Es decir, se encuentran dentro de la población de riesgo, del mismo modo que se hallan muchos detenidos por delitos de lesa humanidad que ya superaron largamente los 70 años, con condiciones de salud deterioradas al extremo, pese a lo cual sistemáticamente se les niega la posibilidad de arresto domiciliario.
El motín en Devoto fue acallado como producto de una negociación entre presos -algunos de ellos condenados por varios homicidios- y autoridades penitenciarias y políticas, que accedieron a conformar una mesa de diálogo, a no tomar represalias por el violento levantamiento y a estudiar la posibilidad de extender esas salidas de las cárceles con las que ya resultaron beneficiadas más de 1000 personas, en jurisdicción de los servicios penitenciarios bonaerense y federal. Como cada vez que se abre una negociación, establecer los límites no siempre resulta sencillo y en este caso, además, se vuelve extremadamente riesgoso: hay reos que reclaman lisa y llanamente la conmutación de penas.
Decíamos recientemente que la excarcelación es una medida que podría resultar incoherente cuando lo que se exige es quedarse en el lugar donde se vive, garantizando evitar el contagio. Distinto es el caso de quienes ya han cumplido un considerable tiempo en prisión y a quienes les corresponde por su edad o su condición de salud la prisión domiciliaria.
So pretexto del coronavirus hubo liberaciones que impactaron en la población carcelaria y que explican la presente crisis. Excarcelaciones para exfuncionarios como Amado Boudou, juzgados y condenados por delitos de corrupción o evasión impositiva y de mucha menor edad que la requerida para ser parte de un grupo de riesgo, sumadas a las de De Vido o D'Elía, o a la prisión domiciliaria concedida a Milagro Sala alientan las aspiraciones de los detenidos.
¿Acaso el grueso de la población se encuentra en mejor situación que muchos presos comunes, con extendidos segmentos de habitantes que viven bajo la línea de pobreza y hasta de indigencia? Incluso el personal de la salud que se arriesga y expone su vida en cumplimiento de su deber, ¿por qué habría de ser diferente de quien cumple una condena? ¿Es el mensaje de la fuerza o la violencia el que se pretende instalar como el más efectivo a la hora de conseguir respuestas a los reclamos? ¿Deben las autoridades negociar de igual a igual con criminales condenados?
El propio motín de Devoto fue posterior a conocerse que la Cámara Nacional de Casación Penal en lo Criminal y Correccional porteña emitiera una acordada para recomendar a jueces extremar las medidas que deriven en la más pronta disminución de la población carcelaria atendiendo a la pandemia por el Covid-19. ¿Acaso alguien puede dar acabada fe de que aquel levantamiento de presos no aspiró ni aspira a sacar provecho de una situación de crisis generalizada?
Cuando en 2017 se promulgó la ley de derechos y garantías de las víctimas de delitos, se reconoció, entre otros aspectos, que estas tienen el derecho a ser escuchadas antes de que se produzca una decisión que implique la suspensión o extinción de una determinada acción penal.

 Esa ley, aprobada por unanimidad tras muchísimos años en que se denunció el trato desigual hacia las víctimas de delitos respecto del excesivo garantismo con el que un sector de la Justicia trata a algunos victimarios, sostiene, además, que la víctima tiene el derecho a ser informada y a expresar su opinión ante el juez frente a salidas transitorias, regímenes de semilibertad, prisión domiciliaria, libertad asistida y otras formas de tratamiento de la situación de los victimarios. Pero nadie las consultó y hoy peligran.
A la niña de 13 años, violada el año pasado por un vecino de 67, en Burzaco, ¿qué modelo de Justicia se le está mostrando cuando quien la violó goza ahora de beneficios carcelarios en una vivienda contigua a la de la menor de edad?
Al observar la experiencia internacional en la materia, en países con cifras récord de fallecidos por el virus, como Estados Unidos, Italia, España o China, los presos siguen presos. Aquellos países que liberaron detenidos ya tenían circulación de virus en las cárceles y lo hicieron considerando cada caso en particular, no generalizando medidas y como parte del normal funcionamiento de los poderes del Estado.
Ciertamente, no todas las salidas otorgadas por la Justicia pueden medirse con la misma vara ni tampoco se debe omitir, como aquí ha ocurrido, proveer de información sobre los tipos de delitos cometidos por los liberados. Pero es esa misma necesidad de estudiar caso por caso la que choca contra el interés por generalizar una medida más que polémica, ya que los derechos de unos no pueden ser superiores a los de otros. Menos aún si se pretende obtener un beneficio haciendo uso de la fuerza, empuñando cuchillos, quemando colchones o utilizando teléfonos celulares para coordinar revueltas entre penales o presionar con la difusión de imágenes, siendo que esos dispositivos solo fueron entregados para suplir extraordinariamente la falta de contacto físico con quienes no pueden visitarlos.
La ley del más fuerte no debe ser rectora en ninguna circunstancia. Tampoco el miedo a perder capital electoral. El último gobierno recuperó más de 10.000 prófugos de la Justicia y aumentó en un 30% la población carcelaria. Pareciera que, en un ridículo afán por diferenciarse, quieren abocarse ahora a implementar peligrosamente la política contraria.

Es de esperar que los jueces atiendan cada caso con las prevenciones que correspondan y que el poder político no aproveche la verdadera necesidad de algunos para ceder a presiones con las que procure tapar sus gruesas falencias. No deben arrojarse a la basura investigaciones policiales, riesgo de vida y muertes de policías en captura de delincuentes, ímprobo trabajo de años de decenas de fiscales y jueces, junto al dolor de víctimas de todo tipo de delitos con severas consecuencias. Ni es aceptable aprovechar una circunstancia indeseada para socavar los derechos de los ciudadanos de bien.