SER EL MONARCA DE LA TRAGEDIA, A CUALQUIER PRECIO Y COMO SEA

Prohibir, fundir y subsidiar para la victoria.
Las medidas que llevaron al descalabro argentino se intensifican ahora con la mira en las elecciones, buscando asegurar la impunidad de funcionarios y amigos

Las medidas que llevaron al descalabro argentino se intensifican con la mira en las elecciones, buscando la impunidad.
La fórmula de controlar precios, congelar tarifas, enfriar salarios, retrasar jubilaciones, manipular el dólar, limitar importaciones, incumplir obligaciones, forzar defaults, crear impuestos, aumentar retenciones, estatizar actividades, prohibir despidos, impedir desalojos, anunciar planes sociales y obras ilusorias, emitir millones, denunciar especulaciones, desplegar inspecciones y aplicar sanciones ha sido adoptada en la argentina numerosas veces desde la crisis de 1930. El resultado ha sido siempre el mismo: inflación, pobreza, hambre, piquetes y, finalmente, salvataje del Fondo Monetario internacional con acuerdos que no se cumplirán.
El primer gobierno desde el regreso de la democracia, el de Raúl alfonsín, transitó por el mismo camino hasta que estalló la hiperinflación y debió entregar el mando, antes de tiempo, a carlos Menem. Pero hubo una gran diferencia: la crisis que alfonsín “no supo, no quiso o no pudo” vencer lo superó por impericia, por ideología y por el sindicalismo, que le hizo la vida imposible. no por razones inconfesables ni por intereses venales. Es ahora, por primera vez, que todas esas medidas, torpes y destructivas, se aplican para lograr una finalidad espuria: la impunidad de la vicepresidenta y su séquito de amigos, socios y testaferros.

El objetivo primario del peronismo es ganar las elecciones de medio término y, así, aumentar su número de bancas en el congreso para avanzar, con total libertad, sobre el Poder Judicial y eximir de responsabilidad penal a aquellos. Deben alinearse los precios, las tarifas, los salarios y las jubilaciones, dijo cristina Fernández. En buen romance, los alimentos, la salud, la energía y los combustibles deben estar pesificados y no costar más de lo que la gente pueda pagar. Y, cuando la situación sea insostenible, se deberá subsidiar, mediante emisión monetaria. Por lo menos, hasta las elecciones y, después, el Diluvio.
En el actual contexto sanitario, económico y social, el gobierno debería poner todo su esfuerzo en sanear las finanzas públicas y mejorar su crédito para poder lograr los recursos que este año demandarán la lucha contra el covid-19 y el sostenimiento a empresas y familias cuyos ingresos continuarán siendo gravemente afectados, sumado al alarmante índice de pobreza.
Todos los países del mundo lo entienden así. Y los que no tienen fondos suficientes recurren al mercado internacional para financiarse en un momento en que las tasas son bajísimas.
Pero la argentina no puede hacerlo. Para cumplir con el objetivo de impunidad elige privilegiar votos por sobre el bienestar colectivo y ha optado por ahuyentar el capital líquido y destruir el ya invertido en el país. a través de los controles de precios, se provocan escasez, corrupción y quebrantos. En el sector de alimentos se afectan la industria, la ganadería, la agricultura, la avicultura, los lácteos y hasta la producción de huevos.
También se ha colocado al sector de la salud al borde del colapso, con prestadores que no pueden cobrar de sus financiadores por estar congeladas las cuotas a los afiliados, además de no haberse corregido las distorsiones provocadas por los amparos y las ampliaciones sin financiación del Programa Médico Obligatorio (PMO).
En materia de gas y electricidad, las distribuidoras continúan acumulando enormes deudas a la generación y la transmisión, que se cubren con subsidios de la Tesorería a la compañía administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (cammesa) para que el sistema no se paralice, agravado por la falta de inversión que ya pone en peligro la provisión. a su vez, el colapso de YPF y su eventual “default” también presagia una política de precios de combustibles que “fundirá” a las refinerías para que el ticket de la nafta y el gasoil se encuentre alineado conforme al bolsillo de automovilistas y, sobre todo, camioneros.
Este año será necesario recurrir nuevamente a la importación de gas natural licuado por la reducción de producción local, el fracaso del Plan Gas y la disminución de entregas desde Bolivia. Esas importaciones requerirán pagos en divisas que no se tienen ni se tendrán.
En materia cambiaria, el Gobierno intenta controlar el dólar “alternativo” (contado con liquidación) vendiendo bonos de la reciente reestructuración a precios de remate (han caído el 30% desde el canje, situación única en el mundo) y provocando un aumento artificial del riesgo país, en perjuicio también del sector privado. En cuanto al dólar libre, la política de absorber liquidez a través de letras impide que el sistema financiero pueda prestar al sector privado con tasas razonables, creando un peligroso endeudamiento del Banco central hacia los bancos, reproduciendo el antiguo “déficit cuasi fiscal”.

Todo este descalabro intervencionista no solo aleja cualquier potencial inversión, sino que además exacerba la fuga de capitales, presionando sobre las reservas del Banco central, en un contexto de brecha cambiaria, pues se incentivan las importaciones y desalientan las exportaciones. O los artificios para sobrefacturar las primeras y subfacturar las segundas. Poco a poco, la falta de divisas asfixiará a las industrias y al campo, por carencia de insumos del exterior, básicos para su funcionamiento. Pequeños sacrificios de todos para la impunidad de pocos.
El Gobierno ha suprimido de su vocabulario la palabra “inversión”, ya que conoce sus propias limitaciones. aspira a mejorar el consumo mediante un rebote impulsado por la inexistencia de ahorro monetario. Entretanto, el ministro de Economía, Martin Guzmán, y su colega de interior, Eduardo de Pedro, recorren las provincias para firmar convenios de asistencia financiera y reunirse con empresarios locales para explicarles hacia dónde van el Gobierno y la economía. algo que ni ellos mismos saben.
¿Se atreverán a sincerar las verdaderas razones que inspiran la completa sumisión de la racionalidad económica al objetivo de impunidad? ¿O continuarán con la persuasiva “sarasa” que el ministro ya utilizó en la cámara de Diputados?

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