BOLSA DE ANIMALES RABIOSOS

Combate de la inflación con armas en desuso
Como con el Covid, la Argentina vuelve a una doble encerrona: enfrenta las nuevas penurias globales con preexistencias de fabricación local

Francisco Olivera
Lo más elocuente sobre las razones y el momento del quiebre interno del Frente de Todos apareció esta semana por escrito. En realidad, en una frase: está en el último párrafo de la carta con que el secretario de Energía le exigió a Martín Guzmán fondos para evitar cortes de gas y electricidad en marzo. Darío Martínez, el autor, que podría haber hecho el reclamo personalmente y en cualquiera de los encuentros que tiene con quien en el organigrama es su jefe o incluso en el viaje a Houston que ambos acaban de compartir, termina el texto con una advertencia: le pide a Guzmán que abandone la restricción presupuestaria y contemple el requerimiento o, en caso contrario, queden delimitadas adecuadamente las culpas. Lo escribe así: “Deslindando la responsabilidad por las ulteriores consecuencias”.

Una prudente toma de distancia. Aunque, técnicamente, el derecho administrativo no avale semejante gambeta. Pero la política tiene lógica propia: lo de Martínez fue el típico movimiento de administración en crisis. Está convencido de que, como dice en la carta, viene un invierno complicado por motivos que van desde aumentos en los precios de la energía y escasez de dólares para pagarla hasta márgenes exiguos de aplicación de cualquier medida impopular. Una obviedad. El gas natural licuado que la Argentina compró el año pasado a 8,4 dólares el millón de BTU está en este momento a 36 dólares y amenaza con multiplicar casi por cinco los costos de los barcos que lo traen al país. Nada que los empresarios no sepan: la Unión Industrial Argentina propuso internamente hace dos semanas plantearle al Gobierno la posibilidad de un racionamiento energético. Va a ser una manta corta.
La novedad de Martínez son, sin embargo, el modo y el momento. Que incluyen varias incógnitas. Por lo pronto, quién o qué sector del Gobierno filtró desde el sistema de Gestión Documental Electrónica esa carta que, dos días después de la fecha datada, publicó el periodista Sebastián Catalano en Infobae. Guzmán es el primer interesado en saberlo. La importancia del caso no reside en realidad tanto en el tema en sí mismo como en una coincidencia: hace juego con la lente a través de la cual el Instituto Patria y La Cámpora analizan el acuerdo con el FMI. En esa rama del kirchnerismo, donde Martínez ha encontrado últimamente coincidencias, están convencidos de que el entendimiento con el organismo se hizo de espaldas a las urgencias energéticas y, por lo tanto, por anacrónico, no merecía ser firmado.
Es al menos el argumento que, en privado, Máximo Kirchner les dio a varios compañeros después de renunciar a la presidencia del bloque. En la Casa Rosada creen lo contrario: que las divergencias entre Cristina Kirchner y Alberto Fernández son preexistentes a cualquier discusión porque, en rigor, parten de algo más elemental, que es el pesimismo sobre las posibilidades del Frente de Todos en 2023. Que razonan, como Darío Martínez, “deslindando la responsabilidad de ulteriores consecuencias”. Es el reproche que le hacen en el PJ a Máximo, donde le endilgan haber querido preservarse ideológicamente sabiendo que el resto pagaría el costo, y lo que pareció corroborar ayer en Radio con Vos la senadora oficialista María Inés Pilatti Vergara, de Chaco, una de las que votaron negativamente. “Si usted hubiera visto que ganaba el no, ¿habría votado igual?”, le preguntó el conductor, Alejandro Bercovich. “No, obviamente que no. Si yo hubiera sabido que mi voto iba a ser decisivo, si hubiera sabido que estaba en el lugar de Cobos y que de mí dependía que se entrara en default, obviamente que no habría votado negativamente”, contestó, y agregó que su rechazo al acuerdo la dejaba “con la conciencia tranquila”. Es exactamente como lo sospechaban los colaboradores de Alberto Fernández: los sapos del Frente de Todos se tragan fuera del Instituto Patria.
El Presidente deberá entonces encarar su guerra contra la inflación casi en soledad y más débil que nunca. Y lo hace, según los conceptos que insinuó anoche en su mensaje grabado, con herramientas en desuso, incluida la amenaza de la Ley de Abastecimiento. Lejos de convertirse, como cree, en un envión para atenuar la inflación, el acuerdo con el Fondo viene a ser para sus socios kirchneristas una gran excusa para abandonarlo. Aunque algunos, como Máximo o la senadora Pilatti Vergara, le hayan arañado a la discusión del Senado alguna última ventaja. También Hugo Yaski, a quien le atribuyen, por ejemplo, haber negociado con la Casa Rosada y la UIA el aumento en el salario mínimo con la advertencia de que, si no le daban lo que pedía, la CTA empezaría a convencer senadores de votar en contra del entendimiento. La amenaza surtió efecto: en lugar del 42% que pretendían los industriales, consiguió 45%.
De todos modos, la ruptura envalentona a peronistas que en 2019 llegaron a imaginar un gobierno con una impronta distinta y que en las últimas semanas conformaron una especie de mesa destinada, dicen, a la “refundación del albertismo”. Optimismo a prueba de todo: quien habla de refundar cree que al menos hubo un pasado. Carlos Caserio, Vilma Ibarra, Juan Zabaleta, Gabriel Katopodis, Victoria Tolosa Paz, Eduardo Valdés, Juan Pablo Biondi y Santiago Cafiero son algunos de los integrantes de esa mesa, apuntalada por Juan Manuel Olmos –que no se sienta, pero influye– y que se propone sumar gobernadores no solo del PJ, sino también del radicalismo, como Gerardo Morales (Jujuy), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), además de Raúl Jalil (Catamarca), Ricardo Quintela (La Rioja) y Jorge Capitanich (Chaco).
El contexto en que Alberto Fernández encara estos desafíos es además muy desfavorable. Primero, porque este nivel de inflación mata cualquier intento de control de precios antes de nacer. La Organización de Alimentos y Agricultura (FAO, en inglés) acaba de consignar para febrero alzas superiores al 3% en el mundo, a las que la Argentina debe agregar sus desequilibrios casi eternos. Los empresarios temen que, en la impotencia, el Gobierno los vuelva a culpar a ellos. El miércoles, mientras firmaba en la Casa Rosada el acta por el salario mínimo, Daniel Funes de Rioja, líder de la UIA, escuchó con bajas expectativas la invitación de Alberto Fernández a sumarse la semana próxima a un gran acuerdo. “Es bueno que la cosa sea con nosotros y no contra nosotros”, se atajó. “Bueno, sentémonos con la CGT a dialogar”, reaccionó el Presidente.
Los empresarios aceptan la convocatoria, pero llevarán dos propuestas incómodas: reducir la lista de Precios Cuidados en supermercados y que el Gobierno incluya una reducción del IVA a sectores de bajos recursos. Son posturas más confrontativas que hace un año. “Y bueno, la rentabilidad debe venir de algún lado”, explicó un dirigente fabril. Es imposible que el Gobierno les infunda ya el mismo respeto que antes. Julián Domínguez, ministro de Agricultura, se levantó el miércoles de golpe de una reunión con frigoríficos exportadores. Los había recibido para disuadirlos de algo que el sector, nucleado en el consorcio ABC, acababa de anunciar: abandonarían el programa de Cortes Cuidados. La conversación arrancó tensa porque, en el comunicado, los empresarios habían atribuido la decisión a que el plan carecía de transparencia. Domínguez puso el equipo a disposición de los invitados, mostró los números y los registros de exportadores, pero terminó retirándose y de mal humor. “Y bueno, él ya venía contrariado con lo de la transparencia”, les explicó a los invitados uno de los funcionarios que quedaron en el encuentro. Las posturas se fueron acercando y, finalmente, los empresarios prometieron cumplir con los siete cortes que pide el Gobierno. Pero no será sencillo: la oferta de novillos parece insuficiente y seguramente habrá que rediscutir los precios en abril.
Si vuelve a fracasar, lejos de las soluciones y de toda credibilidad, el Gobierno deberá al menos buscar alguna explicación. Hay alguna idea al respecto. El Ministerio de Economía, por ejemplo, atribuyó el martes el 4,7% de inflación de febrero a la guerra. Y Alberto Fernández lo sugirió después en Salta. Anoche lo repitió. Pero la realidad indica que la invasión de Ucrania empezó el 24 de ese mes: impactará recién en la medición de marzo e, indudablemente, en los costos de luz, gas y petróleo. “Un misil de Putin”, lo describió con ironía un analista. Como con el Covid, la Argentina vuelve a una doble encerrona: enfrenta las nuevas penurias globales con preexistencias de fabricación local

http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA