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Inesperado consenso para un país capitalista
La mayoría acordó no arrojar a la Argentina al default, en contra de Cristina Por Sergio Suppo

 
Una significativa mayoría de la política argentina acordó un consenso básico: no arrojar el país al default. La elección de mantener la relación con el sistema capitalista fue adoptada en contra de Cristina Kirchner, la líder de mayor peso de los últimos 20 años, cuyo sector quedó encapsulado y marginado dentro del propio peronismo. Ocurrió un blanqueo de que el kirchnerismo es apenas una minoría; organizada y mandona, pero minoría al fin.
El timón del peronismo se le fue de las manos a la eficaz arquitecta de la reunificación partidaria. No hay nadie ahora en el mando, salvo que se piense que Alberto Fernández tiene una nueva oportunidad de jefatura haciendo valer su condición de Presidente. El peronismo parece hoy una fuerza dispersa y en retirada, pero nunca es prudente pensar que las fotos son definitivas.
La fractura del oficialismo, un dato relevante en sí mismo, no es sin embargo lo más importante de la secuencia parlamentaria que validó el acuerdo con el Fondo Monetario. En ese pacto para la formación transitoria de una fuerte mayoría en el Congreso hay un rumbo posible basado en rechazar un rompimiento con el capitalismo liberal, sistema al que se han sumado regímenes de toda laya, como el chino, enterrando con poco disimulo décadas de épica y relato.
Pertenecer a ese orden en lugar de embestir contra él, como pretende Cristina Kirchner, puede representar un punto de partida.
Es otra oportunidad, apenas eso. Puede ser un primer paso para la construcción de otros acuerdos esenciales sobre los que se basan los esquemas de gobernanza y administración de decenas de países que avanzaron sin cuestionar lo elemental, lo más básico y vital para el bienestar de sus pueblos. Esa lista incluye libertades ciudadanas, respeto e impulso a la producción orientadas al comercio con todo el mundo, democracia representativa y normas fiscales y económicas que se mantienen sin importar quién ocupa el poder.
Sin embargo, es difícil ver un futuro que incluya esos valores en la Argentina cuando las calles parecen dominadas por una izquierda dogmática que apaña bandas de apedreadores y lanzadores de bombas molotov. Esos violentos que atacan a las instituciones del Estado se financian con el mismo Estado, gracias a los fondos generosamente ofrecidos por sus aliados y a la vez rivales kirchneristas.
El Estado que los sostiene tiene hace años un presupuesto agotado por la inflación, el déficit y el endeudamiento. Hasta cierto punto, esa dirigencia pelea contra sí misma.
Hace ya mucho tiempo que cualquier gobierno se volvió inviable, en tanto su funcionamiento depende de un tercio de la población que sostiene a los otros dos tercios que viven de subsidios, planes sociales o son empleados del mismo Estado.
El gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner ha persistido en el viejo error de negarse a transformar esa realidad. En lugar de un plan de desarrollo coherente, se balbucea con cada vez mayor dificultad que los que más tienen deben ser quienes más aporten. Un principio válido, sin dudas, si no fuera porque los números indican que los que subsisten en la Argentina por sus propios medios son cada vez menos, mientras crece en cada medición la cantidad de pobres e indigentes.
No hay ni habrá ajuste, repite el oficialismo en proceso de divorcio, cuando con la inflación ejecuta el más brutal castigo contra los más pobres.
El argumento de que el problema es que los precios aumentan porque se exporta lo que comemos es la madre de medidas que fracasan hace siglos en todo el mundo. Cepos a las ventas al exterior, fijación de precios máximos y controles inocuos. Todo un manual del fracaso.
Tampoco las excusas ocultan el desatino que agrava la situación. Primero la “tierra arrasada” que dejó Mauricio Macri, luego los efectos devastadores de la pandemia, ahora es la escalada de precios del petróleo y el gas que genera la invasión de Rusia a Ucrania.
Los problemas se acentúan y la división interna debilita más al Gobierno mientras no deja de crecer una inquietud que por ahora no encuentra respuesta: ¿se acerca el momento en el que la dirigencia política y el electorado que lo avala tomen conciencia de la necesidad de un cambio estructural que revierta lo insostenible?
Es ahí donde se advierte la real dimensión de la elección de no entrar en default. Si este fuese el primer paso, habría lugar para alguna esperanza, sin importar quién gane las elecciones del año que viene. Los cambios políticos que perduran son los que son defendidos y aceptados por fuerzas diferentes.
Hay, por lo demás, millones de actores que también forman parte de este drama. Son los mismos votantes los que tienen no solo que asumir que es necesario un cambio de fondo, sino además sostener esas mutaciones a pesar de las dificultades circunstanciales que provoquen.
Desde 1983 hubo dos episodios como los que la Argentina está a punto de enfrentar. La hiperinflación que frustró el mandato de Raúl Alfonsín y que habilitó a Carlos Menem para reformas drásticas, y el estallido de 2001 que entronizó a Néstor Kirchner con las conocidas consecuencias que se arrastran hasta estos dramáticos y tumultuosos días. Son, quizá, los decisivos días de un nuevo consenso para intentar cortar el proceso de decadencia en el que estamos inmersos.

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