Una política para el aislamiento
En un nuevo giro en su ya errática posición, la Argentina se abstuvo de acompañar en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) una resolución que proponía la continuidad, por otros dos años, de la comisión especial que investiga las violaciones de derechos humanos en Venezuela.
La resolución se aprobó con el voto positivo de 19 países, entre ellos, Estados Unidos, los de la Unión Europea que integran el organismo y latinoamericanos como Brasil y Paraguay. En contra, votaron Venezuela, Cuba, Bolivia y China. México, algunos países africanos y nuestro país, que, paradójicamente, preside el Consejo, sumaron 23 abstenciones.
Una vez más el gobierno de Alberto Fernández colocó a la Argentina al servicio de la infame dictadura de Maduro, una actitud que fue criticada duramente por organizaciones como Amnistía Internacional.
En otra cuestionada decisión, más ligada al temor a represalias económicas que a la razonabilidad, el gobierno argentino se abstuvo también de apoyar la apertura de un debate en la ONU sobre la situación de los derechos humanos de los musulmanes en la región china de Xinjiang, proyecto que finalmente no prosperó. Con 19 países en contra y 17 a favor, la Argentina estuvo entre los 11 que se abstuvieron. Vanos fueron también los más que razonables pedidos y recomendaciones de votar a favor del informe que firmó la expresidenta chilena Michelle Bachelet antes de dejar el cargo de alta comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas denunciando al gobierno de China por gravísimas violaciones de los derechos humanos del pueblo uigur, una minoría musulmana en la mira del gobierno de Xi Jinping.
Flaco favor a su imagen internacional le hizo también el hecho de que en la reunión anual de la Organización de los Estados Americanos (OEA) efectuada en Lima, la Argentina no se sumara a la enérgica condena recogida en la declaración de “Continuo apoyo para el fin de la agresión rusa en Ucrania”. La Argentina, como Brasil y México, se abstuvo de suscribir la declaración. Tampoco suscribió otro documento leído en ese plenario mediante el cual nueve países manifestaron su profunda preocupación por las violaciones de los derechos humanos en Venezuela y urgieron a la liberación de los presos políticos.
El aumento de protagonismos políticos en desmedro del recomendado profesionalismo de nuestro cuerpo diplomático se traduce en que nuestra política exterior se haya vuelto caprichosa, contradictoria e incoherente. Las recientes decisiones del Gobierno nos apartan de nuestra tradición de defensa de los derechos humanos alineándonos junto a los más criticados y autoritarios regímenes de la región y del mundo. La ejecución de una tan errática como vergonzosa política exterior a medida de los intereses y deseos del sector más radicalizado del oficialismo no hace más que debilitar la posición argentina y condenarnos a un peligroso aislamiento.
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