EDITORIAL

Las bases chinas en nuestro país
Desaprensivas cesiones de territorio y de manejo de cuestiones claves para la Argentina auguran gravísimas consecuencias e hipotecan nuestra soberanía
Al abrir el período de sesiones ordinarias del Congreso en marzo de 2015, la entonces presidenta Cristina Kirchner reflexionó, en su habitual y altanero modo retórico, que si la República Popular China iba camino de ser la principal potencia económica del mundo en cinco años, “¿por qué debemos tener miedo de los chinos?” En mayo, el Congreso aprobó el “Acuerdo de cooperación entre el gobierno de la República Argentina y el gobierno de la República Popular China sobre la construcción, el establecimiento y la operación de una Estación de Espacio Lejano de China en la provincia del Neuquén en el marco del Programa Chino de Exploración de la Luna”. Un permiso para explorar el espacio por 50 años en un emplazamiento de 200 hectáreas, concluido en 2017. El tipo de instalación admite rastreo de satélites de uso civil y pacífico, así como también para usos militares y de espionaje, tal como la intercepción de comunicaciones sensibles de otros países y el envío de mensajes encriptados, habiendo los Estados Unidos manifestado preocupación ante este último uso. Dos acuerdos preliminares entre las agencias espaciales de los dos países ya habían sido firmados en 2012.
A pesar de aquellas predicciones presidenciales, China no solo no se ha convertido en la primera potencia económica mundial, sino que ha sumado dudas crecientes acerca de la estabilidad de su régimen.
La referida base no es la única demostración del notable y creciente interés del régimen chino en la Patagonia argentina. La pesca ilegal que ese país realiza desde 2001 en nuestra zona económica exclusiva (ZEE), atacando incluso a fuerzas de seguridad nacionales, vuelve sumamente controvertidos y desventajosos los acuerdos de cooperación en materia de pesca que persigue Pekín. Sumemos también los deseos explícitos de construir represas sobre el río Santa Cruz y establecer un puerto en Tierra del Fuego.
Como señalamos días atrás, ceder la operación y el manejo de algunos puertos patagónicos con la anuencia gubernamental a la potencia china para reabastecimiento de buques pesqueros, puerta de ingreso a la Antártida también, constituiría otro peligroso antecedente. El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, desmintió recientemente por “disparatada” la versión sobre una base naval china en Río Grande, aunque sí reconoció un millonario acuerdo para la posible construcción de un polo petroquímico. El exsenador Federico Pinedo y el diputado Fernando Iglesias (Pro-Ciudad de Buenos Aires) exigieron la intervención de la Cancillería para “suspender” la “instalación del puerto”.
La diputada Mariana Zuvic (Coalición Cívica-Ciudad de Buenos Aires) adelantó que su partido denunciará a los responsables “de esta claudicación histórica en la soberanía de los argentinos a la que nos está sometiendo el kirchnerismo, merced a un relacionamiento internacional parcial, no consensuado, falsamente ideologizado y hasta pueril”.
Precisamente, la cuestión en sí no pasaría de la normal apetencia de cualquier potencia mundial, aunque en este caso se agrave por tratarse de un país que castiga el disenso y limita los derechos humanos, en peligrosa connivencia con un gobierno como el nuestro.
El Tratado con China no prevé monitoreo de autoridades nacionales o internacionales ante discrepancias; deberá ser el gobierno argentino el obligado a proponer las alternativas y, en caso de que no las hubiera, el único recurso previsto son las negociaciones diplomáticas, francamente desfavorables para nuestro país per se, además de debilitado con contratos de swap vigentes para reforzar las escasas reservas de nuestro Banco Central.
Un detalle no menor es que las agencias gubernamentales chinas involucradas, más allá de los propósitos científicos que dicen perseguir, dependen directamente del Ejército Popular Chino, por lo que la hipótesis de un posible uso militar de las bases no sería descabellada. Menos aún cuando el acuerdo fija que, en lugar de que sean nuestros huéspedes chinos quienes tengan prohibido interferir o interrumpir las actividades regulares desarrolladas en la región, será la Argentina la que deba sufrir restricciones al libre ejercicio de su soberanía sobre su propio territorio. Esto así al punto de obligar a nuestro país a limitar sus atribuciones para dictar medidas “que puedan interferir con las actividades de China”. No solo la Argentina “deberá informar con la debida anticipación” la toma de decisiones sobre parte de su propio territorio soberano, sino que está obligada a “explorar soluciones alternativas” para no afectar las actividades de la base.
Neuquén no fue la única provincia que, en su momento, “puso a disposición” del gobierno chino “una parcela de tierra identificada como la más propicia”, sino que también el gobierno nacional dispuso en el tratado que “todas las operaciones de comercio exterior realizadas por el gobierno de China para el establecimiento, construcción y operación” de la base y “las compras y contrataciones de bienes, obras, locaciones o prestaciones de servicios realizadas en la Argentina estarán exentas de todo impuesto y/o derecho aduanero, impuestos internos, así como también de los impuestos nacionales al consumo, incluido el IVA”.
Más allá de la existencia de discrepancias entre las versiones castellana e inglesa del Tratado (pues no son lo mismo “impuestos internos” que domestic taxes, llaman la atención los beneficios fiscales siendo que les fueron negados a la Agencia Espacial Europea cuando eligió la Argentina para construir una estación similar en Malargüe, Mendoza. No menos llamativo es que la empresa argentina seleccionada para construir la base china en Neuquén (a la que alcanzan los efectos de esa amplia exención fiscal como contratante del beneficiario) figura en lugar más que prominente en la causa judicial conocida como “los cuadernos de las coimas”.
La habilidad comercial china, sumada a su capacidad diplomática, luce brillante comparada con la errática, oscura, torpe e ingenua conducción de nuestras relaciones externas, preocupadas más por lo ideológico que por lo conveniente para la defensa de nuestra soberanía. Consiguieron un triunfo importante al asegurar la presencia china en la Patagonia con el poco verificable argumento de una base científica, a la que, por lo que parece, pocos interesados habrían podido acceder hasta el momento.
El problema no es solo nuestro: en varios países en vías de desarrollo el grado de creciente dependencia de China genera preocupación. En la Argentina, las concesiones efectuadas por el gobierno a organismos dependientes del Ejército Popular Chino no constituyen simples presunciones, sino que están reflejadas explícitamente en un tratado que muchos de nuestros representantes aprobaron, con su habitual desaprensión por la cosa pública cuando se trata de no afectar los intereses personales o los desvaríos ideológicos de sus líderes.
Considerar nuevas y mayores facilidades a China para establecer instalaciones estratégicas en nuestro país impone tomar conciencia de las graves consecuencias que ello pueda aparejar y adoptar las salvaguardas necesarias para evitarlas. Los errores en este delicado terreno de una tan irresponsable como escandalosa gestión de gobierno hipotecan gravemente nuestra soberanía.
La habilidad comercial china, sumada a su capacidad diplomática, luce brillante comparada con la errática, oscura, torpe e ingenua conducción de nuestras relaciones externas, preocupadas más por lo ideológico que por lo conveniente para la defensa de nuestro territorio
Como bien ha dicho la diputada Mariana Zuvic, se trata de una claudicación histórica de nuestra soberanía bajo un argumento tan ideologizado como pueril

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