EL ASESINATO DE LUCIO

La ley Lucio se mueve entre obstáculos parlamentarios
El proyecto que implica la capacitación de agentes estatales y la obligación de denuncia ante casos de violencia infantil forma parte de la agenda en sesiones extraordinarias
El de Lucio está lejos de ser un caso aislado. En 2014, Abigail, una bebita de siete meses, fue asesinada por sus padres en Río Gallegos, en Santa Cruz: “Lo más terrible es que esta beba estaba bajo la lupa del sistema de protección y a pesar de todas las alertas, se falló”, señala la diputada Roxana Reyes (UCR), que es oriunda de esa ciudad y una de las impulsoras de la ley Lucio, junto a los legisladores Martín Maquieyra (Pro) y Paola Vessvessian (FDT).
El niño de cinco años asesinado en La Pampa había pasado por varios centros de salud. En solo tres meses fue atendido en cinco clínicas y hospitales de Santa Rosa. Siempre por golpes. Pero ni los profesionales de esas guardias ni del jardín al que iba hicieron la denuncia. Todas las señales de la violencia se pasaron por alto.
También están los casos de Salomón, que tenía dos años cuando su padrastro lo mató y quien había sido llevado reiteradas veces a un centro de salud de Neuquén por lesiones. O de Tahiel, quien antes de ser asesinado por su madre y su padrastro fue en más de una ocasión con golpes al centro de integración comunitaria de Gualeguaychú. La lista sigue, lamentablemente.
En ese contexto, la norma que podría ser aprobada por el Senado establece la capacitación permanente sobre derechos de la infancia y violencias contra niñas, niños y adolescentes de todas las personas que trabajan en el Estado. Es decir en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial nacionales, de las provincias, de la ciudad de Buenos Aires y de todos los municipios del país.
Determina la obligación del Estado de intervenir ante una denuncia anónima por violencia contra un niño, niña o adolescente, sin requerir que quien la realiza se exponga. En resumen, busca preparar a docentes, médicos, policías, empleados judiciales y cualquier funcionario público para que sepan detectar señales de violencia, y rápidamente intervengan, por ejemplo, con una denuncia anónima.
Se busca prevenir así la violencia física, sexual y psicológica que sufren niños, niñas y adolescentes. También, los casos negligencia, es decir, cuando no se dan los cuidados básicos a un chico y chica.
Los centros de salud detectan solo un 10% de los casos que circulan por guardias y consultorios. Esa es la estimación que hace Javier Indart, director médico del Hospital de Niños Pedro Elizalde.
“Esto se debe a muchos obstáculos, incluyendo que nosotros los pediatras tenemos idealizado el rol de la familia como lugar donde se desarrollan plenamente las capacidades de un niño, algo que en muchos hogares no es así. Segundo, tenemos que entender que cuando vemos una situación de violencia, pensar que será la única es una equivocación: se van a repetir en frecuencia y van a aumentar en intensidad. Los casos de violencia que vemos en el hospital son variados, algunos niños llegan ya fallecidos”, comentó Indart.
Impacto en el Congreso
Frente al debate previsto por la llamada ley Lucio, el trágico final del niño de cinco años, ocurrido en 26 de noviembre de 2021, también impactó en el Congreso, donde el proyecto ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados. Su futuro inmediato en el Senado, sin embargo, continúa en duda: el oficialismo pretende sancionar la normativa el 24 de febrero, en el marco de las sesiones extraordinarias del Congreso, pero enfrenta al menos dos obstáculos: la falta de esquema definido de trabajo en las comisiones y la decisión de Juntos por el Cambio –que respalda la ley– a no dar quorum mientras continúe la embestida del kirchnerismo contra la Corte Suprema.
Fuentes del Senado le dijeron a la nacion que el oficialismo impulsa una sesión en la Cámara alta para el viernes 24 de febrero, aunque no garantizan que la “ley Lucio” sea incluida en el temario, por lo que tampoco se descarta la posibilidad de que pase para la primera sesión ordinaria del año, pautada para principios de marzo.
El proyecto de ley fue aprobado en Diputados el 9 de noviembre de 2022, con 228 votos a favor (unanimidad de los presentes) y 28 ausentes. Entró a través de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y también fue aprobado anteriormente por la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes. El proyecto establece la capacitación obligatoria en materia de derechos de la infancia y violencias contra niñas, niños y adolescentes para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
La semana pasada, el presidente Alberto Fernández incluyó el proyecto de “ley Lucio” en el temario de la convocatoria a sesiones extraordinarias del Senado. La agenda incluye en total 28 proyectos de ley, pero solo registró avances significativos el debate de la Comisión de Juicio Político contra los miembros de la Corte Suprema.
La ley implica la capacitación de todos los actores claves en la detección, la reserva de identidad en las denuncias y campañas masivas de concientización. El pampeano Maquieyra y las diputadas Reyes y Vessvessian impulsaron, como se consignó, los proyectos que confluyeron en el texto votado en la Cámara baja.
Sin embargo, debido a la iniciativa del oficialismo para someter a juicio político a los miembros de la Corte Suprema, la oposición dijo en enero que no dará quorum en ninguna de las sesiones extraordinarias mientras dure la embestida contra el máximo tribunal.
Eso obliga al Frente de Todos a reunir el quorum junto a sus aliados provinciales. O a Juntos por el Cambio a abrir un paréntesis en la decisión tomada. De lo contrario, quedaría bloqueado el tratamiento de la ley Lucio. El panorama se ensombrece más si el oficialismo decide extender durante meses el proceso de juicio político contra la Corte, como proponen algunos integrantes del ala dura del kirchnerismo.
Desde el entorno de Alfredo Cornejo, presidente del interbloque de Juntos por el Cambio en el Senado, confirmaron a la nacion que no darán quorum en las sesiones. “Aunque no lo hemos hablado, no existiría rechazo general hacia la ley”, agregaron, sobre la ley Lucio.
Maquieyra, uno de los autores del proyecto, comentó a la nacion que la ley Lucio debería ser una excepción a la decisión tomada por la coalición opositora. “Esto va más allá de cualquier otra cuestión, necesitamos urgente el tratamiento de esta ley”, indicó. Además, aseguró que estaba prevista una sesión en el Senado con acuerdo de Juntos por el Cambio para avanzar con la votación pero que “por motivos políticos se cayó la sesión”

Informe de María Ayuso y Lucía Pereyra

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