INDIGNACIÓN SHOW KK

El oficialismo redobló la ofensiva y citó como testigo al fiscal Stornelli
Sin la presencia opositora, el bloque del FDT sometió al juez Ramos a un duro intercambio y convocó para el 7 de marzo al funcionario judicial
Laura Serra
En medio de una tensa reunión, la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja decidió citar como testigo al fiscal Carlos Stornelli en el proceso que lleva adelante contra los cuatro jueces de la Corte Suprema por supuesto mal desempeño en sus funciones.
Stornelli, que fue convocado para el 7 de marzo, decidirá si concurre al Congreso cuando llegue la citación. Las relaciones entre el Ministerio Público Fiscal y el resto de los poderes se canalizan mediante la Procuración General. La ley de ministerio Público exime a los fiscales de comparecer para declarar y prevé que puedan hacerlo por escrito.
Pero el reglamento de la comisión de Juicio Político señala que los funcionarios judiciales no pueden amparase en esa inmunidad. Ahí se abre otro capítulo de conflicto, pues un reglamento interno no puede estar por encima de una ley. La inmunidad no implica que el funcionario judicial no declare, sino que no concurra y que lo haga por escrito, pero debe declarar de todas formas.
El pedido para citar a Stornelli fue formulado por el jefe del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, y aprobado por la mayoría oficialista en la comisión, que preside la entrerriana Carolina Gaillard.
Stornelli, el fiscal del caso de los cuadernos de las coimas, fue convocado como testigo luego del testimonio en calidad de testigo que brindó el juez federal Alejo Ramos Padilla en la comisión.
Ante los legisladores, el magistrado cuestionó la decisión del fiscal Stornelli de solicitar el archivo de las denuncias sobre mensajes cruzados que involucran a Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte Horacio Rosatti, y el ministro porteño de Justicia y Seguridad, Marcelo D’Alessandro. Esos mensajes se habrían producido en vísperas del fallo con el que el máximo tribunal benefició al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta en la devolución de fondos coparticipables.
Al no haber acusación fiscal, el juez federal Sebastián Ramos dispuso el archivo de las actuaciones el mes pasado con el mismo argumento que esgrimió el fiscal: que las denuncias formuladas por los gobernadores de La Rioja, Ricardo Quintela, y de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, se basan en elementos obtenidos de manera ilegal. El oficialismo, que intenta demostrar la connivencia política entre la Corte y el gobierno porteño, convocó a Ramos a la comisión y lo bombardeó a preguntas.
Los diputados oficialistas, críticos de la actitud de Ramos, insistieron en conocer por qué dispuso, en plena feria judicial, el archivo de las actuaciones sin haber investigado previamente. El magistrado repitió una y otra vez el mismo libreto: la ley y la Constitución les prohíbe a los jueces proponer medidas de prueba por encima de aquéllas que manda el Ministerio Público Fiscal. En este caso puntual, el fiscal Stornelli solicitó el archivo de las actuaciones, por lo que, previo control de razonabilidad, actuó en consonancia, sostuvo Ramos.
El magistrado defendió la resolución del fiscal. “Fue un dictamen legal, razonado y fundamentado, no solamente en hechos que aportó, sino en jurisprudencia y doctrina”, enfatizó Ramos quien, ante una pregunta de Martínez, negó todo vínculo con D’Alessandro y Robles. “No señor”, enfatizó.
FIltraciones ilegales
Los airados planteos de la oposición, que a partir de ahora dosificará su participación en la Comisión de Juicio Político para no legitimar con su presencia todo el proceso, impactaron en el oficialismo. En efecto, si bien el Frente de Todos está decidido a ir a fondo en su embestida contra la Corte, accedió al reclamo opositor para que el registro de llamadas entrantes y salientes solicitada a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) sea otorgada previa autorización judicial. “No queremos darle argumentos a la oposición que deslegitimen esta investigación”, explicaron en el oficialismo.
Acto seguido fue el turno del tercer testigo, Sergio Rubén Romero, subdirector de Gestión Interna y Habilitación, dependiente de la Secretaría General de Administración de la Corte Suprema. El diputado oficialista Leopoldo Moreau le preguntó sobre una filtración de agua que afectó el mes pasado a un sector del Palacio de Tribunales. Romero confirmó que uno de los despachos dañados fue el de Robles, cuyas computadoras se vieron afectadas.

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Malestar por los interrogatorios de la comisión a jueces
Indignación en Tribunales por el destrato en el Congreso; aseguran que no debían ir

Hernán Cappiello
La declaración del juez federal Sebastián Ramos y de su colega Alejo Ramos Padilla ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados provocó un profundo malestar en los Tribunales entre jueces y fiscales por diversos motivos. A medida que avanzaba la audiencia en la Comisión de Juicio Político en el Congreso, transmitida por YouTube, los chats de jueces y los de los fiscales estallaron en comentarios indignados, que cuestionaron la regularidad de lo que ocurría.
Señalaron que lo sucedido es causal de nulidades y que puede tener consecuencias patrimoniales por los perjuicios provocados.
La primera reacción fue ante la presencia del juez federal Sebastián Ramos, que fue quien –como subrogante– decidió archivar las denuncias contra el ministro de Seguridad porteño (de licencia), Marcelo D’Alessandro, y el director de la Corte, Silvio Robles, a raíz de supuestos chats que intercambiaron. Ramos fue sometido a un interrogatorio que fue considerado por algunos de sus colegas de Comodoro Py, camaristas y jueces de primera instancia, humillante, y una falta de respeto por parte del diputado Rodolfo Tailhade. Los colegas entendieron que Ramos nunca debió haber concurrido al Congreso y que, en cambio, debió haber enviado copias de su sentencia y remitirse a esos párrafos.
“Se atribuyen facultades que no tienen, no saben interrogar. Los que son parte del circo van, los que no quieren que no vayan”, dijo otro juez que siguió el debate.
Los jueces tienen la prerrogativa de declarar por escrito cuando son convocados como testigos, según las normas de los códigos procesales. Pero el reglamento de la Comisión de Juicio Político establece que esa facilidad no les cabe a los magistrados citados a declarar ante el Congreso.
“Un reglamento interno no puede estar por encima de una ley. Tenemos la facultad de no concurrir”, dijo un magistrado ante lo que veía en el monitor de su computadora, mientras comparecía Ramos.
“Ellos tienen su reglamento y nosotros tenemos un código”, dijo otro magistrado de Comodoro Py. Integrantes de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional estaban ayer en alerta frente a la declaración en el Congreso.
Ramos pidió que se lo excusara de declarar sobre puntos que están en la resolución escrita de la causa. “No me voy a mover ni una palabra de la resolución”, dijo más de una vez. Refirió que no tenía relación con el director Robles y el ministro D’Alessandro. Mientras declaraba, se filtraron en medios kirchneristas supuestos mensajes de WhatsApp producto de un espionaje ilegal realizado sobre el celular de D’Alessandro en el que supuestamente hablaban de un auto decomisado para uso del juez, entre otros temas.
Ramos se escudó en que había archivado el caso a raíz del dictamen del fiscal Carlos Stornelli y lo reiteró. Esto provocó indignación entre fiscales federales de Comodoro Py y del interior, que entendieron que el juez –en vez de defender su decisión– se amparaba en el dictamen de Stornelli para justificarla. Al final, los legisladores del kirchnerismo en la comisión impusieron su mayoría y decidieron citar a Stornelli como testigo para la semana que viene.
Luego declaró el juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla, quien se declaró incompetente y envió a Comodoro Py una denuncia similar contra Robles y D’Alessandro. El magistrado se explayó con amplitud y denunció que la Justicia Federal está infiltrada por servicios de inteligencia y que se realizan tareas de espionaje ilegal en connivencia con jueces federales. Ramos Padilla trajo a colación una causa contra Stornelli que investigó cuando era juez federal de Dolores y terminó hablando de un espionaje ilegal contra los “presos políticos” del kirchnerismo, entre ellos, Amado Boudou, condenado por corrupción.
Ramos Padilla dijo que en el gobierno de Cambiemos “se usó el espionaje ilegal a través de la Agencia Federal de Inteligencia en operaciones que se montaron para hacer persecución política en el Penal de Ezeiza”. Allí, el diputado Juan Manuel López (Coalición Cívica) planteó que esas intervenciones telefónicas “estaban autorizadas por un juez”.
Con su interrogatorio a los funcionarios de la Corte, los diputados oficialistas buscaron complicar a Robles, pero las respuestas no lo consiguieron. Por ejemplo, el exsecretario de la Corte Cristian Abritta fue interrogado acerca de si estaba presente Robles cuando hablaba con el juez Horacio Rosatti sobre sentencias y contestó: “Jamás”.

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