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Diputados y senadores ya no publican su patrimonio
En silencio, dejaron de estar disponibles las declaraciones juradas de legisladores bonaerenses
Marcelo Veneranda 
En silencio. Así se concretó un retroceso severo en las políticas de transparencia de la provincia de Buenos Aires: la Cámara de Diputados y el Senado de la provincia dejaron de publicar las declaraciones juradas de sus miembros, contra lo que dicta la ley 15.000, votada por la propia Legislatura en diciembre de 2017, que estableció la obligatoriedad de la publicación de los informes sobre la evolución patrimonial de los diputados, senadores y funcionarios parlamentarios.
En la Cámara baja, las únicas declaraciones juradas de los diputados que se pueden consultar son las de 2018. Las de 2019, que se cargaron en diciembre de ese año, ya no están disponibles. La fecha coincide con la llegada de Federico Otermín, que responde a Martín Insaurralde, a la presidencia del cuerpo.
Cerca del diputado señalaron que las declaraciones se dejaron de publicar “por razones de seguridad”. Sin embargo, la ley prevé expresamente que los datos sensibles de los funcionarios se mantengan bajo reserva en un documento solo accesible por orden judicial, mientras que la declaración jurada con los datos básicos es la que debe publicarse cada diciembre (artículo 15) y estar disponible para su libre acceso (artículo 16).
“La declaración jurada patrimonial se presenta como una herramienta esencial para disuadir comportamientos contrarios a la ética pública”, sostiene la ley vigente en sus fundamentos. Y no deja margen para dudas: “Para cumplir con la finalidad de transparencia es preciso que las mismas sean accesibles al ciudadano”.
El Senado, por su parte, publicó las declaraciones juradas de sus miembros hasta 2020, incluyendo los dos primeros años de mandato de la actual vicegobernadora, Verónica Magario. Desde entonces no hay más registros. Tampoco explicaciones: la presidencia de la Cámara alta no respondió la consulta de la nacion. Magario no se beneficia personalmente con la decisión, ya que su declaración jurada se publica junto a la del resto de los funcionarios del Poder Ejecutivo y Judicial de la provincia.
Lo singular es que los diputados y senadores continúan presentado sus declaraciones juradas cada año: tanto las reservadas como las que deberían ser públicas. De hecho, una decena de ellos, ante la consulta de este diario, remitieron sus presentaciones de 2022.
A partir de esas colaboraciones, compartidas en estricto off the record ante el “pacto de caballeros” –y “de damas”, habría que actualizar– que impera en “la Casa”, la nacion pudo reconstruir cuánto ganan los diputados y senadores bonaerenses, de cuántos fondos disponen para contratos y cuántos para becas y subsidios.
En promedio, un diputado cobra $450.000 de bolsillo cada mes (en un caso, la cifra superó los $600.000). Además, disponen de una media de 3000 módulos (las unidades de valor con las que se miden los contratos) para tomar personal político. Fueron entre 1 y 3 millones de pesos mensuales en 2022, que pueden crecer según el diputado tenga espacios de poder en su bancada o en las comisiones. También, si tiene el favor de la presidencia.
Los fondos podrían duplicarse este año. Pero no es fácil saberlo, ya que hoy se puede acceder en el sitio oficial de ambas cámaras al valor que los módulos tenían en 1988, pero no así a los de 2022.
Por otro lado, los diputados dispusieron en 2022 de un millón de pesos para becas estudiantiles (de entre $1500 y $10.000 pesos mensuales) que pueden repartir entre jóvenes de su distrito. Y otro millón para subsidios, generalmente destinados a instituciones civiles.
En el Senado, por su parte, el sueldo promedio de enero fue de $550.000 y cada legislador contó con 3000 módulos para contratos. Con una salvedad: al cumplir dos años en el cargo, los senadores pasan a disponer de 5000 módulos, multiplicando la cantidad o los sueldos de sus asesores. También tienen más fondos para becas (1,4 millones, que pueden convertirse en 10 becas de $14.000 o en 20 de $7000) y entre 2,5 y 4 millones de pesos para subsidios. Nuevamente, los fondos varían y pueden ampliarse si aumenta el “peso” del legislador.
Ante la consulta de este diario, compartieron información legisladores de las fuerzas que batallaron para conseguir la sanción de la ley que buscó echar luz sobre el patrimonio de los legisladores: la tropa de Pro que responde a María Eugenia Vidal, la Coalición Cívica, el massismo y parte de la UCR.
Son los mismos que, en 2016, impulsaron la ley que puso fin a las reelecciones indefinidas de los intendentes, concejales y legisladores provinciales. Otro retroceso que se buscó concretar en silencio.

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