NO AL MALTRATO INFANTIL

Maltrato Infantil En Cuarentena.
Debe garantizarse el cumplimiento de las leyes para proteger a los niños de adultos que los castigan física y psicológicamente.
Las cifras son alarmantes. Históricamente, el 75% de las situaciones de abuso que sufren los niños son perpetradas por familiares o personas del entorno familiar, en 9 de cada 10 casos, hombres. Por eso no sorprende que el aislamiento social esté agravando esta situación. Aunque se trate de un delito difícil de detectar, por ser de índole privada, es deber del Estado velar por el bienestar de estos niños y niñas que han quedado tan peligrosamente atrapados en una convivencia prolongada con sus propios victimarios. No olvidemos que estudios recientes de la OMS refieren que estos maltratos se traducen a futuro en cuadros de depresión, dependencia del alcohol y las drogas, intentos de suicidio, además de trastornos alimentarios y comportamientos sexuales de alto riesgo.
Se conmemora hoy el Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil. Tal como lo señala la especialista Alejandra Perinetti, directora nacional de la ONG Aldeas Infantiles SOS Argentina, “la violencia intramuros es muy difícil de detectar y generalmente son las instituciones por fuera de la familia las que ponen la voz de alarma: el colegio, el hospital, el comedor comunitario”. Actualmente, esos vínculos están pausados y no ofrecen la red de contención habitual. Y cuanto más aislada esté una familia, mayor será el campo fértil que tendrá delante el perpetrador para violentar a los pequeños.
Además de los abusos, cabe recordar que toda acción que vulnere la Convención sobre los Derechos del Niño, que nuestro país suscribe, es considerada violencia. Los maltratos están tristemente extendidos: tan solo tres de cada diez hogares viven libres de violencia contra niños y niñas. Además, cabe recordar que los abusos comienzan ya a temprana edad, incluso contra bebés, aunque recrudecen entre los 3 y los 6 años, y entre los 9 y los 13.
“La violencia trae consecuencias complicadas en los niños y ahí deben apuntar las políticas públicas. Quienes son abusados tienen un desarrollo integral que se ve alterado, tanto desde lo cognitivo como desde lo físico y lo emocional. Además, van incorporando estas formas de relacionarse como algo natural, generando un círculo vicioso”, agrega Perinetti.
En este sentido, es preciso recordar que nos llevó 14 años nombrar a la primera defensora nacional de Niñas, Niños y Adolescentes, una imperdonable demora. Que estos espacios estén vacantes durante tanto tiempo es algo que no puede suceder y que trasunta la poca atención que el Estado presta a sus menores.
Otra de las características que como país tenemos es la carencia de estadísticas que brinden un panorama claro y concreto sobre los abusos y maltratos en la infancia, para poder con ellas elaborar políticas públicas serias.
Del mismo modo, aunque contamos con leyes que atienden esta problemática, como la de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, aún existen falencias en su aplicación. Por ejemplo, la línea 102, para la orientación en temas vinculados a los menores, solo funciona en 17 de las provincias del país. Lo mismo sucede con la ley de educación sexual integral, una herramienta fundamental que no está aún implementada en todo el territorio nacional y que sirve para que los propios niños comprendan qué se entiende por abuso y rompan el silencio,
Unicef señala la violencia contra las mujeres como una de las alertas de que los niños también reciben maltratos, ya sea porque a ellos también los golpean, porque presencian las palizas o porque son elegidos como víctimas para castigar a sus madres indirectamente. Siguiendo esta lógica, es fácil deducir un lamentable crecimiento de los abusos y maltratos cuando se conoce que, al menos, hubo 24 femicidios desde que comenzó la cuarentena obligatoria.
A esto hay que agregar dos factores que van de la mano con la violencia intrafamiliar y que hoy golpean a nuestra sociedad: la pobreza y los contextos inciertos. Estas dos circunstancias aunadas potencian los casos de maltratos y de abusos, y dejan a los niños totalmente desprotegidos ante adultos que, en lugar de cuidarlos, los castigan tanto física como psicológicamente.
En este contexto de emergencia sanitaria es fundamental que las políticas públicas de prevención de la violencia y restitución de derechos sean consideradas prioritarias y cuenten con recursos suficientes, para que no se profundicen las inequidades sociales, tal como afirmó Luisa Brumana, representante de Unicef en la Argentina, institución que elaboró una guía para la protección y acompañamiento de niños y jóvenes en el hogar, en el contexto de la pandemia.
Cabe destacar que, durante la presente emergencia sanitaria, la Oficina de Violencia Doméstica, a cargo de la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Elena Highton de Nolasco, permanece abierta todos los días, las 24 horas, en su sede de Lavalle 1250. Precisamente, sus responsables han aclarado que, frente a casos urgentes, las personas afectadas por situaciones de violencia familiar están exceptuadas de cumplir con el aislamiento obligatorio, para poder hacer la denuncia correspondiente.
Reforzar las leyes vigentes, asegurar su cumplimiento en todos los niveles y garantizar en tiempo y forma la presencia del Estado, tanto desde la asistencia económica como con la contención social y judicial que demanda la problemática, es un deber que no se debe soslayar. Está claro que hoy prima atender la salud de la población, pero no podemos desentendernos de cualquier expresión de violencia que amenace la integridad física o emocional de niños y jóvenes. No habrá futuro para ellos si hoy no velamos responsable y comprometidamente por su bienestar.