UN PAÍS SIN REPÚBLICA

Un país sin Congreso
Una república exige el funcionamiento pleno de sus tres poderes; la emergencia no puede dar lugar a que se gobierne exclusivamente por decretos
Así como una emergencia sanitaria y económica no puede justificar un estado de excepción permanente ni la pérdida de derechos y libertades por mucho tiempo, una república exige el funcionamiento pleno de sus tres poderes.
Ni una pandemia ni una cuarentena pueden implicar la paralización de las instituciones de la democracia. Los cruciales tiempos que viven la Argentina y el mundo frente a la extensión del coronavirus no pueden ser la excusa; por el contrario, determinan la necesidad de que esas instituciones funcionen plenamente.
Esto vale particularmente para el Congreso de la Nación, virtualmente paralizado desde la declaración de la cuarentena para prevenir contagios. El Senado ha estado prácticamente cerrado y la Cámara de Diputados ha limitado su trabajo a algunas reuniones de comisiones parlamentarias mediante videoconferencias entre algunos de sus miembros. Por supuesto, no ha habido una sola sesión legislativa.
Algunos legisladores han impulsado la posibilidad de que se pueda sesionar en forma remota, utilizando las ya conocidas y probadas tecnologías que posibilitan las teleconferencias. Se ha señalado que esa metodología no está contemplada en los reglamentos de los cuerpos legislativos, por lo cual cualquier norma legal o decisión trascendente que emane de las cámaras a través de esos mecanismos podría ser impugnada ante la Justicia y ser declarada nula.

Si nos atenemos a ese criterio, bastaría con modificar los reglamentos para admitir la posibilidad de las sesiones por teleconferencia. Solo sería necesario un mínimo de voluntad política y de consensos, y la disposición de la mayoría de los diputados y senadores para hacerse presentes en una sesión y votar -aunque sea con quo rum estricto- la reforma de los reglamentos. Una vez producida esa modificación, por el tiempo que resulte necesario dada la pandemia, los legisladores podrían sesionar desde sus casas, del mismo modo que hoy trabajan miles de trabajadores del sector privado y también del sector público.
La presente crisis sanitaria, sus derivaciones sociales y sus consecuencias económicas exigen diálogo permanente y debate parlamentario. Es impensable que todo deba quedar supeditado a un Poder Ejecutivo todopoderoso que gobierne por medio de decretos de necesidad y urgencia (DNU).
Hasta la semana pasada, el presidente Alberto Fernández ha dictado 32 DNU en lo que va de su gestión, la mayoría de ellos después de declarado el aislamiento social preventivo obligatorio, que indirectamente provocó la parálisis del Congreso. Resulta grave que se siga gobernando de esta manera y sin que siquiera la Comisión Bicameral de Decretos de Necesidad y Urgencia se reúna para cumplir con su deber de evaluar esas medidas presidenciales.
Como ha señalado el titular del interbloque de diputados de Cambiemos, Mario Negri, el presente es de los que gobiernan, pero el futuro es de todos.
Más que nunca, la Argentina requiere de acuerdos políticos en los que el Congreso debería estar llamado a cumplir un papel protagónico, buscando dejar atrás grietas y apuntando a la búsqueda de consensos capaces de ser transformados en políticas de Estado. El país puede verse sometido a muchas privaciones en los difíciles tiempos que corren, pero bajo ningún punto de vista puede verse privado de la caja de resonancia de las inquietudes ciudadanas y del control del poder presidencial que representa el poder parlamentario.