LA FAMILIA "FATUA", ....MALEVO Y APROVECHADO...MUY USABLE...EL PODER DE LA FUERZA BRUTA

Estado ausente, Moyano prepotente.
Las absurdas y desmedidas exigencias del gremio camionero a las empresas ponen de manifiesto la pasividad del Estado ante esas extorsiones corporativas

Las absurdas exigencias del gremio camionero a las empresas muestran la pasividad del Estado ante esas extorsiones corporativas.
No se trata solo del déficit fiscal y de su correlato de emisión, presión impositiva y endeudamiento, sino también del repliegue del Estado ante grupos corporativos que imponen costos extraordinarios a quienes desean trabajar con libertad. Obligan, limitan y prohíben conforme a sus ventajas sectoriales. Todo ello constituye el pesado “riesgo país”.
La cadena de supermercados Walmart vendió su red al empresario Francisco de narváez, quien le puso el pecho a la situación sin acuerdos espurios con el Gobierno, como ocurrió en otros casos. Pareció ignorar la gravedad de aquel riesgo o consideró que podía paliarlo, con su experiencia en los negocios y en la política criolla. Lo cierto es que las medidas de fuerza encubiertas implicaron una caída del 75% en la distribución de alimentos, generando desabastecimiento.

De inmediato, una corporación mostró sus dientes. En la argentina, todo lo que anda sobre ruedas debe someterse al Sindicato de camioneros. En el caso de Walmart, el gremio de Hugo y Pablo Moyano exige la doble indemnización por despido para 500 empleados del centro de distribución y su recontratación respetando la antigüedad y categoría de cada uno, como si el despido no hubiese ocurrido. Un reclamo similar recibió Garbarino, otra empresa que cambió de dueño, habiéndose aparentemente acordado un bono a modo de “compensación económica”. Se invoca la “ley Moyano”, ajena al derecho colectivo del trabajo. En 1998, la ciudad de Buenos aires aceptó indemnizar al personal de Manliba cuando, vencido el contrato de recolección de basura, este fue adjudicado a otra empresa. Ese antecedente quiere imponerse a De narváez, aunque no hubo cambio societario. La ley Moyano es la ley de la fuerza y la sinrazón, aplicada con prepotencia. Fruto de una “política de Estado” claramente ventajosa para ambas partes y destinada a sumar a ese sindicato como aliado en las movilizaciones y medidas de fuerza contra opositores del peronismo.
El conflicto recuerda a lo ocurrido con Mercado Libre, cuando el mismo gremio bloqueó el centro de distribución de Villa Madero, para obligarla a afiliar su personal a camioneros, en lugar de a la Unión de Trabajadores de carga y Descarga.

El poder de camioneros deviene del manejo de enormes recursos y de su capacidad de interrumpir las cadenas de suministros de alimentos, combustibles y caudales en todo el país, abusos que reflejan el retroceso del Estado en cuanto ordenador del bien común.
El transporte de cargas por ferrocarril ha sido casi completamente sustituido por camiones. La preferencia del populismo por el gasto corriente y su rechazo a la inversión llevaron al abandono de vías y del material rodante. La falta de armonía entre ambas formas de transporte, según el grado de flexibilidad requerida, incrementó los costos logísticos de la argentina, en provecho del gremio de Moyano, que ejerce un poder monopólico al tiempo de negociar con patronales bien distantes de las empresas que representan.

Actualmente, el “mítico” convenio colectivo n° 40/89 rige para quienes transportan aguas y gaseosas, productos refrigerados, cereales, correo, diarios y revistas, lácteos, caudales, combustibles líquidos, cargas peligrosas o de lavaderos industriales; quienes operan con grúas, autogrúas o en zonas petroleras, y quienes realizan servicios de expresos, mudanzas y encomiendas, larga distancia, recolección y compactación de residuos urbanos e industriales, barrido y limpieza de calles, entre otros. además de peajes, logística, almacenamiento y distribución.
Cuando el presidente alberto Fernández expresó su admiración por la forma en que Hugo Moyano cerró una paritaria, diciendo que “Hugo les sacó de todo a los empresarios, todo para los que trabajan, nada para él”, omitió señalar que el sindicalista goza de un poder fáctico extraordinario, ciertamente construido en su propio beneficio personal o familiar, casi un monopolio natural, reforzado con ingresos y atribuciones concedidas por el mismo Estado. Todo lo que Moyano les “sacó” a esos empresarios fue un aumento de costos bajo presión, trasladado luego a precios.
Debido al sistema de personería gremial única por rama de actividad, que rige en la argentina desde 1945, siguiendo el modelo fascista de la carta del Lavoro (1927), las partes de la negociación colectiva imponen sus acuerdos a todas las actividades comprendidas, cualquiera fuese su dimensión. Es un sistema de manipulación política y no de regulación laboral, sin parangón en un mundo globalizado que hoy privilegia la competitividad para mejorar el nivel de vida de sus poblaciones.

El Ministerio del Trabajo, pieza clave en ese engranaje, maneja su facultad de homologación en función de objetivos políticos y no del interés general. También ha facilitado que el gremio camionero haya crecido en número de afiliados, cambiando el encuadramiento sindical de varias actividades y extendiendo los mismos procederes a otros gremios en manos de miembros de la familia, tal el caso del Sutpa (peajes). El conflicto por la mayor “representatividad” se resuelve en un “toma y daca” político, donde gravitan el músculo camionero y los mejores sueldos que se ofrecen a los recién llegados. El único motor es el dinero.
Viene siendo así el propio ministerio el que ha contribuido a su escandaloso progreso económico, al homologar cuotas, aportes y contribuciones, verdaderos “impuestos al trabajo” cuyo difuso destino no es fiscalizado por nadie. además de la “cuota sindical” correspondiente al 3% de cada sueldo, el gremio percibe increíblemente otro 3% como “contribución solidaria” de los no afiliados. También el 1,5% para un fondo de sepelio que debería financiarse con aquellas. Por su parte, los empresarios deben aportar el 2% para “fomento de actividades sociales, recreativas y culturales”; otro 2% para la “profesionalización” del sector, y un 0,5% para “actividades culturales y de capacitación”. como si fuera poco, el sindicato maneja los fondos de la Obra Social de choferes de camiones (Oschoca), fuente inagotable de desmanejos y corrupción e integrados por el 3% de los trabajadores y el 6% de los empleadores.
Ni el sindicato ni su obra social han hecho públicos sus estados contables ni el Estado los ha fiscalizado. Existen numerosas denuncias por desvío de fondos a empresas vinculadas a la familia Moyano, por compras o remodelación de inmuebles con sobreprecios o mediante pagos indebidos por contratos digitados. Liliana Zulet, esposa de Hugo Moyano, y sus dos hijos controlan la constructora aconra Sa, la textil Disey y la gestora de salud iarai Sa, las tres denunciadas como parte de una ingeniería financiera para apropiarse de fondos del sindicato y su obra social.

La ley Moyano es la ley de la fuerza, consentida por un Estado ausente o cómplice. ¿Qué funcionario del Estado puede enfrentarse a Hugo Moyano si el presidente de la nación lo considera “dirigente gremial ejemplar” y lo recibe –sin barbijo– en la residencia de Olivos?
Sin duda, los afiliados a camioneros están contentos con sus sueldos y celebran cada día sus condiciones de trabajo. Sin importar que su modus operandi afecte la actividad económica en perjuicio de millones de otros trabajadores o desempleados que verán huir al capital inversor. El drama argentino es el costo de esas “conquistas” gremiales, en términos de moral pública, paz social, competitividad económica y Estado de Derecho.

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