EDITORIAL

Nuevas y escandalosas indemnizaciones
Urge investigar el pago por el gobierno de Cristina Kirchner de tan irregulares como multimillonarias sumas a ciudadanos uruguayos
En reiteradas oportunidades nos hemos referido desde este espacio a las millonarias defraudaciones y excesos cometidos contra el Estado argentino a través del pago indebido o abusivo de indemnizaciones a falsas víctimas de los años 70. Las investigaciones del periodista José D’Angelo Rodríguez en este terreno han sacado a la luz tan increíbles como inconcebibles situaciones. Su trabajo expone hoy un nuevo escándalo con una particular modalidad. A los miles de argentinos beneficiados, se suman ahora una veintena de ciudadanos uruguayos detenidos en aquellos años en nuestro país por la Policía o las Fuerzas Armadas, sin intervención de la Justicia, y remitidos a los pocos días a su país de origen por pedido de las autoridades de Uruguay, donde permanecieron detenidos por distintos motivos, incluso durante varios años en ciertos casos.
Créase o no, la República Argentina ha pagado a cada uno de ellos no por los escasos días que permanecieron detenidos aquí, sino por todo el tiempo que permanecieron en esa condición en Uruguay. De este modo, nuestro país asumió millonarias obligaciones por actos realizados en el extranjero, por funcionarios extranjeros, provocando el pago de ingentes sumas de dinero del erario nacional a los beneficiarios.
Semanas atrás nos enteramos de que la cantante argentina Clotilde Acosta, conocida como Nacha Guevara, cobró del Estado unos 12 millones de pesos por haber estado exiliada, “por amenazas” recibidas antes de la asunción del gobierno militar, en los años 70. En el marco de la ley reparatoria 24.043, le correspondería esa cifra, a razón de $4416 por día de exilio. El caso de los uruguayos importa sumas mucho mayores, ya que se encuadró en otra previsión de la misma ley que dispone una indemnización equivalente a la treintava parte del sueldo más alto de la administración pública nacional por cada día que haya durado la detención a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Solo que en estos casos la indemnización pagada por nuestro país se extendió al total del tiempo que permanecieron detenidos por obra de los funcionarios del Ejecutivo oriental.
La denuncia presentada por la asociación civil Justicia y Concordia señala el caso de “G.Z.F.”, uruguayo detenido el 15 de julio de 1976 en Buenos Aires y trasladado el 24 del mismo mes a Uruguay. Cumplió condena en el penal Libertad y en 1978 fue liberado. Estuvo nueve días detenido por autoridades argentinas y dos años bajo jurisdicción de autoridades uruguayas. Cobró del Estado argentino, en enero de 2009, durante el gobierno de Cristina Kirchner, la suma de 25.783.575 pesos.
“C.R.M.”, uruguayo, fue detenido en la Capital Federal el 30 de junio de 1976. El 24 de julio de ese año fue trasladado a Montevideo y fue liberado en 1982. Tiempo después emigró a Suecia. Estuvo 24 días detenido por autoridades argentinas y seis años bajo jurisdicción de autoridades uruguayas. Cobró del Estado argentino dos indemnizaciones, que suman un total de 71.699.812 pesos, ambos pagos durante el gobierno de Cristina Kirchner.
“B.B.S.”, uruguaya detenida en la Argentina el 30 de septiembre de 1976, fue trasladada ese mismo día a Uruguay y en su país estuvo detenida en el penal de Punta de Rieles hasta el 30 de septiembre de 1980. Estuvo apenas un día detenida por autoridades argentinas y cuatro años en jurisdicción uruguaya. Cobró del Estado argentino, en agosto de 2014, durante el gobierno de Cristina Kirchner, la suma de 7.693.537 pesos.
“V.L.P.” y “M.A.P.”, unidos en matrimonio, fueron detenidos el 15 de julio de 1976 en el Gran Buenos Aires y el 24 de ese mismo mes, trasladados a Uruguay. Estuvieron nueve días detenidos por autoridades argentinas y se desconoce qué período bajo jurisdicción de autoridades uruguayas. Por los nueve días de detención del matrimonio en nuestro país, el Estado argentino les abonó 23.554.719 pesos.
“M.R.M.”, uruguaya, fue detenida el 14 de julio de 1976 en Buenos Aires y trasladada a su país el 24 de ese mismo mes. En Uruguay estuvo cinco años detenida en el establecimiento de reclusión en Punta Rieles. Estuvo 10 días detenida por autoridades argentinas y cobró del Estado argentino, en enero de 2008, también durante el gobierno de Cristina Kirchner, la suma de 17.266.873 pesos.
Se identificaron 21 casos, aunque el investigador sospecha que existen muchos más, en los que se abonaron enormes sumas de dinero proveniente de nuestro erario.
El Fiscal Federico Delgado requirió de inmediato al Juzgado Criminal Federal Nº 4 –en el que se investigan otras irregularidades en el pago de esta clase de indemnizaciones– que proceda a solicitar al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos el detalle del pago de las escandalosas indemnizaciones a ciudadanos uruguayos, así como la documentación y las razones que las motivaron.
En todos estos años, merced a las llamadas leyes reparatorias, se han otorgado a víctimas de la represión ilegal del Estado argentino en los 70 y a sus parientes miles de indemnizaciones, por una cifra total cercana a 3000 millones de dólares, sin que los argentinos podamos saber a quiénes, por qué y cuánto exactamente se pagó y se sigue pagando.
Es hora de que la Auditoría General de la Nación u otro órgano del Estado proceda a realizar una amplia investigación acerca de los pagos ordenados desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, información vedada a los ciudadanos, contra los principios de publicidad y transparencia que exige todo acto gubernamental. Indigna el dispendioso e ideologizado afán por continuar alimentando en las sombras un negocio de tamañas proporciones. ¿Hasta cuándo?

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