EDITORIALES

AFIP: ineficiencia y falta de sentido común
El organismo recaudador debería facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes, además de acatar las decisiones de la Justicia
La Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, con fecha 1º de julio de este año, confirmó la resolución de primera instancia, en cuanto a admitir la tutela solicitada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Capital Federal que se mantendrá hasta el 12 de julio inclusive o hasta que se dicte sentencia definitiva.
De esta manera, el vencimiento para la presentación de las declaraciones juradas y pago de los saldos resultantes del impuesto a las ganancias, del impuesto cedular y del impuesto sobre los bienes personales, de personas humanas y sucesiones indivisas, por el año 2021, quedó postergado hasta dicha fecha.
Tras una decisión adoptada por la jueza Macarena Marra Giménez, la medida no solo alcanza a los profesionales matriculados en la Capital, en cuanto actúen por derecho propio, como contribuyentes de los impuestos citados y en los casos en que intervengan como representantes o asesores tributarios de sus clientes, sino también a los profesionales representados por los colegios de Ciencias Económicas de todo el país.
El tema en sí reconoce una vieja historia en materia impositiva, que se refiere a los aplicativos y servicios que diseña la AFIP, a tales efectos, y que de acuerdo con la normativa legal vigente, constituyen el único medio del que deben valerse los contribuyentes para presentar sus declaraciones juradas, ya de por sí excesivamente gravosas en términos económicos con un sistema cuya presión se destaca entra las más altas del mundo.
La cuestión se advierte con claridad si se observa que tales aplicativos fueron puestos a disposición de los contribuyentes el 12 de mayo a última hora y el 20 de mayo, el del impuesto cedular, con un plazo irrazonable para su cumplimiento, entre el 23 y el 27 de junio.
Se descarta también el argumento de la AFIP respecto de la agenda general de vencimientos implementada por la resolución general 4172/17 para el año 2018 y siguientes, ya que tal cronograma también tuvo prórrogas en los años anteriores, y por las mismas razones.
Más allá del fundamento esgrimido por la AFIP respecto del impacto en la recaudación, el tema desnuda la profunda ineficacia e ineficiencia de la autoridad fiscal, en el sentido de no poder poner a disposición de los contribuyentes los aplicativos web en tiempo y forma.
La AFIP no solo debe cumplimentar las normas vigentes en cuanto a suministrar dichos aplicativos web, sino que además debe facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes, lo cual no realiza, a punto tal de guardar silencio ante los distintos requerimientos efectuados desde la profesión.
Lo más grave del tema es que desnuda claramente la complejidad del sistema tributario, que cada vez más afecta a los contribuyentes y a sus asesores.
Las presentaciones de declaraciones juradas imponen cada año dificultades adicionales, sumadas al hecho de que aún existen inconsistencias en los aplicativos web.
Es destacable que, a la causa señalada, se han adherido diversos consejos profesionales del país y otros han presentado sus propias causas, lo que revela la entidad nacional del problema.
Hacemos votos para que el Gobierno se aboque a una reforma impositiva integral, que entre otros importantes objetivos pueda simplificar realmente nuestro sistema tributario y que la AFIP cumpla con su objetivo de facilitar y colaborar con la tarea de los contribuyentes responsables y los profesionales.
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“Ni-ni”, la generación olvidada
Algunos los llaman la generación “ni-ni” porque no estudian ni trabajan. Podríamos creer que se trata de jóvenes con cierto desinterés, pero las más de las veces responden solo a lo que la realidad les impone. Y esto se percibe cuando se analizan los números y se reconoce que la mayor parte de quienes integran esta categoría son argentinos que crecieron en condiciones de vulnerabilidad.
Según la reciente investigación “Jóvenes de 18 a 24 años que no estudian ni trabajan en la Argentina urbana pre-post pandemia (20172021)”, realizada por el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (ODSA-UCA), uno de cada cuatro jóvenes argentinos de ese segmento no estudia ni trabaja. Incluso, el estudio subraya que la cifra se mantuvo por encima del 25% entre 2017 y 2021.
Pero allí no termina el análisis,pues también pone en evidencia cómo afectan al desarrollo de los jóvenes el género y las condiciones sociales en que vivan. Así, el porcentaje “ni-ni” en el estrato trabajador marginal es del 45,5%, mientras que en los hogares de clases medias profesionales la tasa cae al 2,4%. Además, la cantidad de mujeres que no estudian, no trabajan de manera remunerada ni buscan empleo duplica de manera estructural a sus pares varones (20% contra 10%, respectivamente, en 2021).
Esta situación se reproduce de manera agravada cuando incluimos a los desocupados en el déficit: 3 de cada 10 jóvenes mujeres (22,9%), versus 2 de cada 10 jóvenes varones (20%) no estudian ni trabajan de manera remunerada. Esto es doblemente llamativo cuando se reconoce que hay más mujeres escolarizadas.
En los próximos años la brecha entre quienes estén preparados para trabajos calificados y aquellos que no irá acrecentándose. Ya lo adelantó la Unesco: en el corto plazo, el 75% de los empleos estará relacionado con las carreras STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) y eso dejará fuera del mercado a quienes no tengan la capacitación suficiente.
En una economía que no genera empleo, las posibilidades de vislumbrar un futuro promisorio se minimizan. El desgano gana terreno y la falta de oportunidades multiplica los planes sociales, alejando a los jóvenes de su dignidad y condenando al país a verse privado de sus aportes.
A esto hay que agregar que la escuela media hoy no está ofreciendo contenidos a la altura de un mercado laboral cada vez más exigente.
Los números ponen de manifiesto que llegó el momento de salir de las pseudorrespuestas ya probadas en la Argentina para ir por formatos innovadores.
En 2017, Inglaterra propuso adoptar los consejos de sir John Holman. En su informe “The good career guidance” (La buena orientación profesional, en inglés), el profesor emérito de Química de la Universidad de York planteaba ocho puntos que fueron sumados de manera obligatoria a la currícula de todos los centros financiados por fondos públicos. Proveer a los alumnos de acceso a información de calidad, asesoramiento personalizado, encuentros con empleadores, experiencias de primera mano, contenido curricular vinculado al mundo laboral, son algunos de los imperativos que sabiamente se propusieron.
El resultado sorprendió: se redujo en un 9,7% la tasa de alumnos que, tras acabar su instrucción básica, dejaban de estudiar o no comenzaban a trabajar. Incluso en los centros con un alumnado en condiciones sociales más vulnerables, el descenso de estos indicadores alcanzó el 20%, según datos del Departamento de Educación Británico.
La propuesta es simple: interiorizarse sobre las demandas de talento vigentes en el mercado laboral para capacitarse en consecuencia. ¿Acaso no podría el Ministerio de Educación de la Nación coordinar un trabajo similar? ¿Cuánto le cuesta al Gobierno trazar una estrategia que reúna las necesidades y las soluciones que empresas y jóvenes demandan hoy para acceder a un mejor futuro?
Es imperativo dejar de ver a quienes “ni trabajan ni estudian” como personas desganadas, cómodas o apáticas, por cuanto son el resultado de lo que el país les ofrece. Ese mismo escenario es el que a quienes pueden prepararse termina expulsándolos fronteras afuera. Educar para el trabajo y promover el desarrollo son desafíos impostergables cuando los jóvenes nos interpelan.

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