ALEMANIA ...RECLAMO...

Duro reclamo de Alemania por las presiones a la Justicia
Fue en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas al tratar el caso argentino; Scholz se reunirá con Fernández
La diplomática Ann-Jasmin Krabatsch, al hablar en la ONU
El gobierno de Alemania cuestionó la injerencia política sobre el sistema judicial argentino, habló de “presiones e intimidaciones” a los jueces e investigadores y abogó por la necesidad de cubrir vacantes claves en el andamiaje institucional del país.
Esa postura incómoda para el gobierno de Alberto Fernández la escuchó en vivo y en directo el lunes el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, durante la sesión especial del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en Ginebra (Suiza), para tratar el Examen Periódico Universal (EPU) al país. Pietragalla había leído el informe de la situación argentina, en el que puso especial énfasis en denunciar “la práctica del lawfare impulsada por sectores del Poder Judicial, la oposición política y sectores concentrados del poder económico y mediático”.
Después de su discurso, 104 países miembros de la ONU pidieron la palabra para hacer comentarios y recomendaciones a la Argentina vinculados a su política de derechos humanos. Esos comentarios se incorporarán en el informe final que se presentará este viernes y que incluirá compromisos concretos del país para mejorar en esta materia.
Hubo tres Estados que aludieron a la necesidad de garantizar la independencia judicial en la Argentina (Eslovaquia, Chile y Alemania), mientras que otro –Suecia– presentó una pregunta escrita a la delegación que encabezó Pietragalla, en la que alude a “la creciente preocupación de organizaciones independientes” sobre la injerencia política en la Justicia. Bolivia fue el único país que respaldó la denuncia kirchnerista sobre el lawfare (y añadió un reclamo para liberar a la dirigente jujeña Milagro Sala).
“Alemania expresa su preocupación por los intentos de ejercer influencia política en el sistema de Justicia. Alemania en ese sentido recomienda que se fortalezca la independencia judicial y se proteja a jueces e investigadores ante presiones e intimidaciones. Recomienda además trabajar activamente con la oposición para cubrir los puestos vacantes en la procuración general, la Corte Suprema y la Defensoría del Pueblo”, leyó la diplomática Ann-Jasmin Krabatsch, que representó a su país en la audiencia. Fue al final de su alocución, en la que –como todos los países– también tuvo elogios a los avances del país en otras cuestiones.
Ningún otro país fue tan enfático con un reclamo que toca la agenda central de la política argentina. Se da justo una semana antes de que el canciller federal, Olaf Scholz, visite la Argentina para reunirse con Alberto Fernández, como parte de una gira que incluirá escalas en Brasil y Chile. El mensaje sobre la injerencia política en la Justicia resulta altamente disonante con la estrategia del Gobierno de promover la destitución por juicio político de los cuatro integrantes de la Corte, a los que acusa de ser parte de una conspiración contra el kirchnerismo.
Aunque la mayoría de las recomendaciones planteadas por los países aludieron a la lucha por la igualdad de género, a la situación en las cárceles y a la aplicación de legislación internacional contra flagelos como la tortura, la cuenta oficial de Twitter del Consejo de Derechos Humanos la ONU comunicó una lista oficial de los planteos vertidos en la sesión encabezada por la cuestión de la independencia judicial.
Ante la publicación de esa información en diversos medios de la Argentina –entre ellos, la nacion–, Pietragalla denunció ayer que se trataba de una noticia falsa, publicada “con mala intención”. Dijo que “el informe oficial con las recomendaciones realizadas por los Estados a la Argentina será publicado recién el viernes”, sin aclarar que los delegados ya las habían adelantado en su discurso y que el propio Consejo había destacado algunas –en especial la vinculada con la independencia judicial– en su comunicado oficial en redes sociales. El funcionario añadió que “solo dos países, solo dos Estados hicieron mención a la situación de la Justicia en Argentina” (en realidad fueron tres en la audiencia y otro más por escrito) y que los 107 Estados presentes felicitaron al país por su informe. Esta última es una verdad a medias: a todos los delegados se les pidió al inicio del debate que listen en un minuto y medio sus elogios y sus recomendaciones. Es decir, todos eligen por qué felicitar y en qué marcarle una observación crítica al Estado que se somete a la revisión.
Pietragalla no respondió el mensaje de Alemania. Y dijo que se había tergiversado la postura de Chile al punto de que su representante había tenido que aclarar sus dichos en Twitter. La representante del gobierno de Gabriel Boric, en realidad, leyó en la sesión que su país recomienda a la Argentina “garantizar la plena independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal para el ejercicio de sus funciones”. Después, en su cuenta de redes sociales, no aludió a ese tramo de su discurso; posteó solamente una felicitación y otras dos recomendaciones menos controversiales para la relación bilateral.
El Examen Periódico Universal (EPU) es un proceso que incluye una revisión de los expedientes de derechos humanos de todos los miembros de las Naciones Unidas. Lo dirigen los Estados con el auspicio del Consejo de Derechos Humanos, que ofrece a cada país la oportunidad de declarar qué medidas ha adoptado para mejorar la situación de los derechos humanos en su territorio y para cumplir con sus obligaciones en la materia.

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