JUICIO POLÍTICO

El oficialismo citará a los jueces de la Corte y usará chats ilegales para sumar testigos
Planea al menos dos meses de debate en la Comisión de Juicio Político y apuesta a una larga ronda de declaraciones
Laura SerraRicardo Lorenzetti, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda
La Comisión de Juicio Político de Diputados, que tiene mayoría oficialista, intentará motorizar el pedido de destitución de los jueces de la Corte Suprema apenas se habiliten las sesiones extraordinarias.
El Frente de Todos tiene previsto citar a los ministros del máximo tribunal en calidad de acusados por mal desempeño y también convocar a múltiples testigos para intentar demostrar una supuesta connivencia entre la conducción de la Corte y el gobierno de Rodríguez Larreta.
El oficialismo pretende utilizar como prueba los chats del ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’alessandro, con la mano derecha de Horacio Rosatti, obtenidos de manera irregular.
Comandada por la mayoría oficialista, la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados no perderá tiempo. No bien el Gobierno convoque a sesiones extraordinarias, los legisladores del Frente de Todos abrirán el sumario para investigar a los jueces de la Corte Suprema por mal desempeño en sus funciones y, para sustanciar la prueba, harán desfilar por la comisión a jueces, a funcionarios porteños y a todos aquellos testigos que consideren claves para demostrar que existe connivencia política entre el máximo tribunal –en especial su presidente Horacio Rosatti– y el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. También invitarán para que ejerzan su defensa a los cuatro integrantes de la Corte, tal como confirmó ayer el presidente del bloque oficialista, Germán Martínez.
El oficialismo fundamentará estas citaciones en los chats que se filtraron entre Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y funcionarios del gobierno porteño, entre ellos, el ministro de Justicia y Seguridad Marcelo D’alessandro. Ambos serán citados a la comisión. Juntos por el Cambio argumentará que esos mensajes fueron obtenidos de manera ilegal (es decir, sin previa autorización judicial) y que, por lo tanto, no pueden ser considerados como prueba.
El Frente de Todos insistirá en que hay antecedentes, doctrina y jurisprudencia que fundamentan el uso de estos elementos para avanzar en la investigación. Citará, por caso, la reapertura de la causa por la suscripción del memorándum de entendimiento con Irán, que había sido archivada por inexistencia de delito en dos oportunidades. La investigación fue reabierta en 2016 (durante el gobierno de Mauricio Macri) en virtud de un audio de origen ilegal que revelaba una conversación telefónica entre el expresidente de la AMIA, Julio Schlosser, y el excanciller Héctor Timerman. La prueba fue validada por la propia Justicia, primero por Claudio Bonadio y luego por la Sala II de la Cámara Federal porteña.
La discusión se saldaría a favor del oficialismo, mayoría en la comisión. Esa misma mayoría rechazará, también, el planteo opositor para darles curso a los pedidos de juicio político al presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner. “Las acusaciones no tienen sustento ni reúnen las condiciones objetivas ni subjetivas para ser investigadas”, adelantó la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard. El reglamento interno de la Comisión de Juicio Político también estipula que sean citados, para que ejerzan su derecho a defensa, los cuatro jueces de la Corte: Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. El mismo reglamento habilita a los magistrados a presentar un escrito y evitar, así, su comparecencia ante los legisladores.
¿Cuánto durará el proceso de investigación? El oficialismo todavía no definió plazos, pero al menos se prolongaría por dos meses. “Vamos a tomarnos el tiempo que sea necesario para producir la mayor cantidad de prueba posible para fundar las causales que se están denunciando. El éxito de la acusación dependerá en gran medida de las pruebas que logremos reunir”, enfatizó Gaillard.
El oficialismo focalizará su acusación por mal desempeño contra la Corte en dos ejes principales: el reciente fallo que ordenó al Gobierno restituir fondos coparticipables a la ciudad de Buenos Aires –el Gobierno aduce que el fallo es arbitrario y que afectará al resto de las provincias– y la decisión de tomar las riendas del Consejo de la Magistratura tras exhumar una ley derogada por el Congreso.
Una vez iniciado el sumario, los oficialistas buscarán demostrar que la Corte Suprema no solo vulneró la división de poderes sino que, además, en ambos casos actuó en connivencia con el gobierno de Rodríguez Larreta. En la búsqueda de pruebas hará uso de las amplias atribuciones que le confiere el reglamento de la comisión, que van desde la citación de testigos –que podrían sufrir sanciones penales si no comparecen– hasta el registro de domicilios y secuestro de prueba, previa autorización judicial.
Además, el reglamento de la comisión autoriza a que se solicite a un juez la intercepción de correspondencia como también de comunicaciones telefónicas, siempre que no vulnere la inmunidad del denunciado. Asimismo, la comisión podrá interrogar a toda persona que conozca los hechos investigados “cuando su declaración pueda ser útil para descubrir la verdad”.
La oposición vislumbra un escenario de fuerte tensión política en la comisión. “La estrategia del oficialismo no es para nada improvisada; por el contrario, es evidente que durante meses hizo espionaje ilegal sobre jueces, funcionarios y dirigentes opositores con el propósito de llegar a esta instancia”, señalan un importante dirigente de Juntos por el Cambio.

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