PREOCUPACIÓN INTERNACIONAL

Human Rights Watch dice que en la Argentina “se socava el Estado de Derecho”
La organización internacional advirtió sobre los ataques del Gobierno a la Justicia
Rafael Mathus RuizTamara Taraciuk Broner (derecha), durante su última reunión con funcionarios del Gobierno, en enero de 2020
La organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) alertó en su último informe anual que la ofensiva del Gobierno contra la Justicia socavó, junto con otros factores, el Estado de Derecho en nuestro país.
“En la Argentina, la retórica hostil hacia los jueces por parte de autoridades, las demoras en la designación de jueces y otras autoridades de alto nivel y la corrupción, también presente en el Poder Judicial, han socavado de forma progresiva el Estado de Derecho”, señaló el informe.
La advertencia internacional aparece en medio del intento del Frente de Todos de promover el juicio político contra los miembros de la Corte Suprema.
El oficialismo profundizó los ataques contra los jueces, en especial desde que la vicepresidenta Cristina Kirchner fue condenada por corrupción en la llamada “causa Vialidad”.
WASHINGTON.- La organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) alertó en su último informe anual que la ofensiva del Gobierno sobre la Justicia, las demoras en la designación de jueces y de otros cargos, como el Procurador General, y la corrupción, incluida la del Poder Judicial, han socavado el Estado de Derecho en la Argentina. El Informe Mundial 2023 brindó también un lúgubre panorama sobre el estado de los derechos fundamentales en América Latina.
“En la Argentina, la retórica hostil hacia los jueces por parte de autoridades, las demoras en la designación de jueces y otras autoridades de alto nivel y la corrupción, también presente en el poder judicial, han socavado de forma progresiva el Estado de Derecho”, advirtió el informe.
Tamara Taraciuk Broner, directora en funciones para las Américas de HRW, dijo a que durante la nacion el 2022 en la Argentina se vio el uso de una retórica hostil por parte del presidente Alberto Fernández, Cristina
Kirchner, y otros miembros del gabinete contra el sistema judicial, incluida la Corte Suprema y los tribunales inferiores. La vicepresidenta, condenada por la llamada “Causa Vialidad”, se refirió en varias ocasiones a los tribunales como el “Partido Judicial”. El Presidente anunció además su intención de impulsar un juicio político contra los jueces de la Corte, y se negó a acatar una orden del máximo tribunal favorable a la Capital en una disputa por los fondos de la coparticipación federal.
“El anuncio de juicio político contra todos los integrantes de la Corte, junto con declaraciones iniciales de que no se acataría un fallo del más alto tribunal, constituye un gravísimo ataque a la separación de poderes”, dijo Taraciuk Broner. “Nos preocupa que este tipo de medidas pueda contribuir a naturalizar la nociva práctica de que los gobernantes busquen destituir a jueces solo porque no les gusta el contenido de sus sentencias”, advirtió.
Taraciuk Broner señaló además que “los altos niveles de polarización y la incapacidad de la política para alcanzar consensos mínimos también están erosionando el Estado de Derecho”, y destacó que el Congreso ha sido incapaz de designar un Defensor del Pueblo desde 2009, un Procurador General desde 2018 y un magistrado en la Corte desde 2021, cuando renunció la jueza Elena Highton.
“Se trata de figuras clave en la protección de los derechos humanos en el país. Estos nombramientos deberían ser una prioridad para todas las fuerzas políticas”, indicó.
La situación en la región
El Informe Mundial 2023, de 712 páginas en su versión en inglés,investiga abusos en unos 100 países y es la 33ª edición de este informe de HRW, una de las organizaciones globales líderes en la defensa de los derechos humanos. Fundada en 1978, HRW es una de las dos organizaciones occidentales junto con Amnistía Internacional que investiga abusos en todo el mundo. La organización tiene programa específicos que cubren los cinco continentes, y otros abocados a temas concretos, como los derechos de la mujer, la comunidad LGBT o las personas con discapacidad.
El informe alertó que los gobiernos de América Latina y el Caribe “deben abordar problemas crónicos de derechos humanos como la pobreza, la desigualdad, la corrupción, la inseguridad y la degradación ambiental y, al mismo tiempo, proteger la democracia”. Las falencias crónicas para enfrentar estos problemas, agregó el trabajo, han impulsado a millones de personas a abandonar sus hogares en busca de oportunidades.
“Los líderes de la región deberían demostrar que la democracia puede responder a las necesidades de la población, promoviendo los derechos a la salud, la educación y la seguridad y fortaleciendo el Estado de Derecho”, indicó Taraciuk Broner.
El trabajo hace hincapié en las desigualdades en América Latina, donde casi un tercio de la población vive en la pobreza, y más de una décima parte en la pobreza extrema. Más de la mitad de los ingresos totales de la región van a parar al 20% más rico, y el racismo estructural continúa presente, remarca HRW. “La pobreza y la desigualdad afectan en forma desproporcionada a mujeres, niños, niñas y personas indígenas”, señala.
El informe enumera varios abusos serios en la región, como la deforestación de la selva amazónica, la más acelerada en 15 años durante la presidencia de Jair Bolsonaro. En Cuba, Nicaragua y Venezuela, los regímenes opresivos cometen abusos aberrantes contra críticos para silenciar el disenso. América Latina y el Caribe es la región con la tasa anual de homicidios más alta del mundo, de 21 por cada 100.000 habitantes. En México, durante la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador, los delitos violentos han llegado a máximos históricos. “Casi nunca se investigan ni llegan a juicio”, indica el informe.
El contexto regional de falta de oportunidades, inseguridad e impunidad ha provocado una de las olas migratorias más grandes de la historia. “Ello incluye más de 7,1 millones de venezolanos que han huido de su país desde 2014, así como cientos de miles que huyen cada año de América Central, México, Haití, Cuba y otros países”, señala el informe. HRW remarcó que el gobierno de Joe Biden ha promovido que “gobiernos latinoamericanos impongan políticas inmigratorias abusivas, lo que contribuye a agravar la crisis”

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