PREPAGAS...CUOTAS

Prepagas: afirman que para limitar los aumentos debe declararse el ingreso familiar
Belocopitt dijo que se debe incluir el dinero de fuente no laboral y que harán controles; desde el Gobierno no hay precisiones
Silvia StangClaudio Belocopitt, de la Unión Argentina de Salud
El presidente de la Unión Argentina de Salud (UAS), Claudio Belocopitt, afirmó que, para determinar si se tienen ingresos inferiores a seis veces el salario mínimo, vital y móvil y, en consecuencia, acceder a la aplicación de un tope a la suba de cuotas de las prepagas, deberá tenerse en cuenta el dinero percibido no solo por la persona considerada titular del plan, sino por el conjunto de los incluidos en el contrato. Según el referente del sector, en las últimas horas se convalidó con funcionarios del Gobierno –desde donde no hubo declaraciones, pese a consultas de la nacion– que, “sin ninguna duda”, debe mirarse el ingreso familiar.
Belocopitt dijo, además, que deben sumarse los ingresos de fuente no laboral, como los provenientes del alquiler de un inmueble o del rendimientos de una inversión.
El martes de la semana pasada la Superintendencia de Servicios de Salud emitió una resolución, reglamentaria del DNU 743, de noviembre último. Allí se estableció el mecanismo para solicitar la aplicación de un tope a los aumentos.
Desde mediados de 2022, las suconfusiones bas autorizadas por el Gobierno equivalen a la variación de un índice de costos de salud. Ese parámetro sigue en uso, pero desde este año hay dos novedades: los reajustes serán mensuales y, a quienes tengan ingresos de hasta seis veces el salario mínimo se les aplicará, si hacen un trámite, un tope definido como el 90% de la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte).
Para las cuotas de febrero, el índice oficial de costos definió un aumento de 8,21%, en tanto que el tope vinculado con el Ripte es de 4,91%. Podrán pedir que se les aplique el porcentaje más bajo quienes en diciembre percibieron no más de $371.718.
La normativa de la Superintendencia no incluyó precisiones sobre qué debe observarse para saber si se cumplen las condiciones para acceder a la reducción de la suba.
Luego de declaraciones por parte de referentes de las prepagas y de las generadas sobre el tema, el lunes la Superintendencia comunicó en Twitter que las autoridades habían mantenido una reunión “con las entidades de Medicina Prepaga para dialogar sobre la aplicación de las nuevas normativas del Decreto 743/2022”, en referencia a la medida que dispuso la segmentación del aumento de cuotas y la obligación, para las prepagas, de poner a la venta planes con copagos un 25% más baratos que los contratos que no contemplan esos adicionales.
Belocopitt, que es CEO de Swiss Medical, dijo que con los funcionarios se habló sobre los detalles de la implementación del tope y afirmó que no hacen falta normas aclaratorias. “Algo que quedó claro y se terminó de convalidar con las autoridades es que deben tomarse, obviamente y sin duda, los ingresos del grupo familiar. Es lo que corresponde; sino, tendríamos asimetrías ridículas. Por ejemplo, que alguien con un ingreso de $400.000 quede afuera del sistema del 90% del Ripte, y un matrimonio que entre los dos ganen $700.000 quede adentro”, dijo el directivo, al dialogar con periodistas.
El decreto 743 estableció que el tope se aplicará “respecto de los y las titulares contratantes que posean ingresos netos inferiores a seis salarios mínimos, vitales y móviles”. Según el directivo, dentro de un plan “son titulares todos y por eso no se necesita aclarar nada; todos forman parte de los que acceden al subsidio” si, eventualmente, lograran tener el aumento topeado.
Entre los afiliados a la medicina privada, unos tiene contratos directos, en tanto otros son asalariados que hacen la derivación de aportes, para aplicarlos a la cuota de la prepaga. Los incluidos en ambos grupos tienen la posibilidad de hacer la declaración jurada de ingresos para que el aumento sea más reducido (quedan afuera las empresas que pagan planes para sus empleados). En el sector advierten que tienen mayores posibilidades de controlar la veracidad de los datos declarados por quienes están en el segundo grupo. La preocupación por las dificultades para poder establecer si hay declaraciones falseadas es uno de los temas que los directivos le plantearon el lunes a las autoridades.
El presidente de la UAS advirtió que el sector va a hacer sus verificaciones para analizar si la persona tiene la capacidad económica que dice tener. “Para nosotros, otorgar esta bonificación tiene un impacto económico muy contundente”, aseveró. Y dijo que la situación se agravaría si existieran fraudes en las declaraciones. Admitió que aún no se pueden hacer cálculos sobre los efectos, porque no se sabe qué parte de los beneficiarios van a pedir el tope.
En rigor, las empresas no podrían tomar decisiones por su cuenta, en caso de verificar que hay declaraciones falseadas, sino que deberían plantear las situaciones a la Superintendencia, que es la autoridad regulatoria y que cruzará datos con la AFIP. Belocopitt aclaró que, dado “el estado de confusión” de estos días, no se va a tomar ninguna medida por las presentaciones hechas este mes. Pero, luego, advirtió, que sí podría haber consecuencias: “Falsear una declaración jurada es causal de rescisión del contrato y de eventual demanda por daños y perjuicios, porque en definitiva el perjudicado es el sistema privado de salud”, dijo.
Por otra parte, estimó que la brecha entre la suba de cuotas determinada por el índice de salud y el tope vinculado con el índice salarial se moderará a partir de abril

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