EDITORIAL Y Fallo en favor de los jubilados

Nuevas medidas económicas para no solucionar nada
La impericia del Gobierno con el único fin de apuntalar al candidato oficialista termina afectando, una vez más, a todos los ciudadanos
Las recientes medidas anunciadas por el Ministerio de Economía intentan satisfacer dos preocupaciones del FMI. Una de ellas es moderar la quiebra del Banco Central de la República Argentina (BCRA), generada por el cepo. La otra es corregir el incumplimiento de las metas fiscales. Lo malo es que no resuelve ninguno de los dos problemas y solamente les transfiere el ajuste a quienes no están gastando de más: la gente y el sector privado productivo.
Los cepos surgen cuando un gobierno decide fijar un tipo de cambio bajo como ancla anti inflacionaria, porque de este dependen los precios de casi todo lo que la gente compra en un supermercado. Es decir, de aquellos bienes que se pueden exportar o importar, cuyos precios varían con el valor del dólar oficial. Ocurre como cuando se imponen precios máximos por debajo del mercado, por ejemplo, al aceite. A quienes lo producen les conviene vender menos y, a los que lo compran, demandar más. Conclusión: comienzan a faltar esos productos en las góndolas. Eso no puede pasar en un mercado cambiario oficial, por ello, es el BCRA el que “llena los estantes” con sus divisas. Como no puede estar perdiendo esas reservas permanentemente, porque se le acabaron, la autoridad monetaria hace lo mismo que los supermercados cuando los obligan a tener siempre aceite barato. Venden un litro por cliente y restringen la demanda, para que no falte dicho producto.
El BCRA lo hace con el cepo: decide que determinadas personas, actividades o empresas quedan excluidas de la compra de divisas en el mercado oficial. De esa forma, baja la demanda y la iguala con la oferta de aquellos obligados a venderle barato, que sufren una quita cambiaria por la diferencia con el mayor valor real del dólar.
Pero el problema continúa y se agrava. Como el BCRA sigue financiando los excesos de gasto del Gobierno produciendo pesos que nadie demanda, su poder adquisitivo continúa bajando, o sea, crece la inflación. Su ritmo no es acompañado con la suba del tipo de cambio oficial a fin de moderar el alza de los precios de los bienes. Aun así, no evita que la verdadera devaluación de nuestra moneda se vea reflejada en los dólares paralelos y en los restantes precios de la economía.
El resultado es que se vuelve a abaratar lo que les paga a los que deben liquidarle divisas, desincentivándolos a hacerlo, y alienta una mayor compra de aquellos a los que les permite adquirirlas, manteniendo la tendencia a la pérdida de reservas. La única forma de compensarla es tomar prestado de organismos internacionales o de otros países y alentar una mayor venta de algunos sectores pagándoles más caro sus dólares. Un ejemplo de esto son los dólares soja o agro. De este último se acaba de lanzar una nueva versión para alentar alguna mayor liquidación de divisas a un BCRA que ya no tiene divisas propias. De hecho, hoy está usando cerca de 8000 millones de dólares ajenos, del crédito activado con el Banco Central de China, algunos fondos y de los encajes de los depósitos en dólares que tienen los bancos en la institución monetaria.
Para desincentivar la demanda de quienes pueden comprar divisas al BCRA, podría haberse subido el tipo de cambio, pero hicieron algo “mejor”, según el Gobierno. En forma discrecional, pusieron el impuesto PAIS a la compra de divisas de algunas importaciones de bienes y servicios y al dólar ahorro. De esta forma, el Tesoro recaudará alrededor del 0,8% del PBI, es decir, alrededor de 1.300.000 millones de pesos para atender las necesidades del gasto electoral.
En contrapartida, muchos bienes y servicios subirán sus precios. Además, esta medida solo moderará la pérdida de reservas del BCRA, cuya insolvencia seguirá aumentando al tener que vender los dólares agro a un precio más barato, el “mayorista”. Cabe aclarar que, si bien el Gobierno dice que le paga la diferencia, le entrega bonos cuyo valor real no alcanza a compensar la pérdida cambiaria.
Como otra señal del profundo desacierto de las últimas medidas, la Cámara de Comercio (CAC) pidió a la AFIP derogar el anticipo del impuesto a las ganancias porque afectaría a numerosas firmas, en especial a pymes. “Se insiste en poner la totalidad del ajuste que requiere la economía nacional en cabeza del sector privado”, sostuvo acertadamente la entidad.
En definitiva, pasa como en una familia cuando alguno de sus miembros se desmadra en sus erogaciones. Dado que los ingresos siguen siendo los mismos, otros tienen que gastar menos. Como siempre, en la Argentina, el de los “excesos” es el gobierno y quienes tienen que hacer el “ajuste” son los ciudadanos y el sector privado productivo, con más pagos de más tributos o con mayor impuesto inflacionario. Todo lo demás es puro relato.
En el país, los “excesos” son del Gobierno y quienes tienen que hacer el “ajuste” son los ciudadanos y el sector privado, pagando más tributos o impuesto inflacionario. Todo lo demás es puro relato

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Fallo en favor de los jubilados
Con demora, la Corte Suprema de Justicia resolvió por unanimidad confirmar la vigencia de una ley de 2017 según la cual la Anses deberá hacerse cargo del pago de las costas de los juicios cuando pierda las demandas. El fallo representa la respuesta positiva a una apelación que planteaba que el organismo debía solventar el pago de los honorarios de los profesionales de la parte demandante.
La judicialidad previsional alcanzó niveles récord una década y media atrás, luego de que, durante el gobierno de Néstor Kirchner, se congelaron los haberes de cientos de miles de jubilados y pensionados y se calcularan de manera deficiente los montos de quienes obtenían el alta de sus beneficios. En este sentido, la Corte señaló que “la Anses contabilizaba algo más de 253.000 juicios en trámite, de los cuales casi 83.000 eran sentencias firmes pendientes de pago”.
Dicho fallo se emitió en el marco de la demanda de Blanca Morales, quien reclamaba el otorgamiento de una pensión. La Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia confirmó el de primera instancia en lo referido al beneficio reclamado, pero revocó la disposición de que la demandante pagara las costas.
Lo resuelto tendrá un fuerte impacto en el costo que significa para el Estado la litigiosidad previsional. Es otro efecto fiscal que deberá asumir, dados los tiempos, el próximo gobierno.
El conflicto se origina en 1995, cuando una ley estableció que cuando la Anses perdiera un juicio no debía pagar por los costos de la contraparte.
Esta falta de costos extras al momento de perder juicios implicó que la Anses no evitara la judicialización de los reclamos y que, iniciados los juicios, los dilatara aún más con la presentación de sucesivos recursos.
El proceso de apelación, que contó con el dictamen del procurador Víctor Abramovich, en 2019, y el fallo de cámara que ordenó que se aplicara lo dispuesto por la ley aprobada en 2017 sobre honorarios profesionales de abogados, procuradores y auxiliares de la Justicia nacional, declaró la inconstitucionalidad del artículo del decreto 157 de 2018, que había dispuesto la derogación de lo votado por el Congreso. La sentencia de la Corte que beneficiará a los jubilados lleva la firma de sus cuatro integrantes.

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