Acuerdo con el FMI: otro ajuste en el gasto y más aumentos de tarifas
El Fondo girará US$7500 millones en agosto; exige, entre otras medidas, contener incrementos salariales
Rafael Mathus Ruiz El ministro de Economía, Sergio Massa, y la número dos del organismo multilateral, Gita Gopinath
WASHINGTON (De nuestro corresponsal).– El Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció ayer un nuevo acuerdo técnico con la Argentina, con el objetivo de mantener a flote el programa económico hasta el próximo cambio de gobierno.
El acuerdo a nivel de staff, según surge del comunicado enviado ayer por el organismo, mantendrá la meta de déficit fiscal en el 1,9% del PBI para este año, un objetivo que demandará un mayor ajuste y un mayor control del gasto en el segundo semestre, anticipó el Fondo, justo en medio de la campaña electoral. Entre las medidas que sugiere el FMI están más subas de tarifas y la contención de los aumentos salariales.
La Argentina recibirá un desembolso de US$7500 millones en agosto, un monto inferior al adelanto de fondos que aspiraba obtener el ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa.
Sin embargo, ese giro estará condicionado a que el Gobierno cumpla con las nuevas metas y tome más medidas. Solo así el directorio destrabará los dólares.
WASHINGTON.– El Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció ayer en Washington un nuevo acuerdo técnico con la Argentina para mantener a flote el programa económico hasta el próximo cambio de gobierno, aportando un hilo de estabilidad durante las elecciones presidenciales y un punto final a más de tres meses de discusiones entre el staff del organismo y el equipo del ministro de Economía, Sergio Massa, un ida y vuelta que se estiró más de lo previsto, tensionó a la economía y le sumó presión al dólar.
El acuerdo, difundido a través de un comunicado del FMI, finaliza una de las negociaciones más extensas y complejas que ha tenido la Argentina con el staff del organismo, signada por el duro impacto de la sequía en la economía, el drenaje casi total de las reservas del Banco Central (BCRA) y la trepada de las cotizaciones paralelas del dólar. A eso se sumó, en medio de las discusiones, el anuncio de la candidatura presidencial de Massa. Con este nuevo acuerdo, la Argentina obtiene un puente hasta el cambio de gobierno que permitirá evitar caer en atrasos en los pagos al Fondo. Y Massa y el oficialismo se garantizan una inyección mínima de dólares para evitar sobresaltos adicionales en la campaña.
“Nos permite recorrer esta segunda parte del año, que obviamente, marcada por lo electoral, genera incertidumbre o duda, con mucha más tranquilidad. Para nosotros es una muy buena noticia”, celebró Massa en declaraciones en San Juan.
El Gobierno y el Fondo acordaron mantener la meta de déficit fiscal en el 1,9% del PBI para este año, un objetivo que demandará un mayor ajuste y un mayor control del gasto en el segundo semestre, anticipó el Fondo, justo en medio de la campaña electoral. La Argentina recibirá un desembolso de US$7500 millones en agosto, inferior al adelanto de fondos, o frontloading, al que aspiraba Massa, equivalente a los giros para el resto del año, que suman algo más de US$10.000 millones. Pero el Fondo avaló que continúen las intervenciones para contener las cotizaciones paralelas del dólar cuando se den “condiciones desordenadas” en el mercado, un objetivo prioritario para el Gobierno.
El Fondo culpó a la sequía por el incumplimiento de las tres metas del plan a junio –déficit fiscal, financiamiento monetario al Tesoro y acumulación de reservas–, pero también le achacó parte de la responsabilidad al Gobierno. “Los objetivos claves del programa hasta finales de junio no se cumplieron debido al impacto mayor de lo previsto de la sequía, así como los desvíos y retrasos en las políticas”, indicó el organismo.
Ante el azote que dejó la sequía, que evaporó exportaciones por alrededor de US$20.000 millones, la meta de acumulación de reservas del programa sufrió un drástico recorte: para este año, el Gobierno se comprometió a acumular apenas US$1000 millones en las reservas del BCRA, en comparación con los US$8000 millones acordados en abril último, indicó el Fondo.
El nuevo acuerdo, remarcó el Fondo, “está sujeto a la implementación continua de las acciones de política acordadas”, además de la aprobación del directorio ejecutivo, que entra en receso este viernes por dos semanas. Por esto, la letra chica de los cambios al programa económico se conocerá recién en la segunda quincena de agosto, después de las primarias presidenciales del 13 de agosto en las que compite Massa, cuando el board regrese de sus vacaciones, le dé la aprobación final el acuerdo técnico, o staff level agreement, y difunda el informe de los funcionarios del Fondo con su análisis sobre la economía.
Antes de la reunión del board, se esperan anuncios y la implementación de las medidas acordadas, un “conjunto secuencial de acciones”, adelantaron a este medio fuentes con conocimiento de las conversaciones.
“Dados los desafíos económicos, las autoridades acordaron aplicar firmemente el paquete de políticas en las próximas semanas y meses, y adaptarse de manera proactiva a la evolución de las condiciones externas e internas. También subrayaron una vez más su compromiso continuo de mantenerse al día con sus obligaciones financieras con el Fondo, en línea con sus objetivos de sostenibilidad externa”, evaluó en el comunicado el jefe de la misión para la Argentina, Luis Cubeddu.
Cubeddu adelantó que se pedirán waivers, o dispensas, por el incumplimiento de las metas del programa y que además se solicitará al board la modificación de “objetivos claves”. Y señaló además que el cumplimiento de la meta fiscal exigirá “un mayor endurecimiento de la política fiscal en el segundo semestre de este año”. El comunicado del Fondo dijo que ese ajuste adicional estará respaldado por una serie de medidas acordadas con Massa para reforzar los ingresos y controlar gastos, “protegiendo los programas sociales y de infraestructura prioritarios”.
Además de la devaluación fiscal anunciada, el Fondo dijo que será necesario “contener el crecimiento de la masa salarial”, actualizar las tarifas de energía y “fortalecer los controles de gasto a través de una asistencia social mejor focalizada y una mayor racionalización de las transferencias corrientes a las provincias y empresas estatales”.
El acuerdo dejó una innovación: la Argentina y el Fondo combinaron las revisiones de junio y de septiembre, una práctica habitual del organismo, y que en este caso evita una nueva auditoría de los funcionarios del FMI en medio de la campaña. Como resultado, y una vez aprobado el acuerdo por el board, la Argentina recibirá un desembolso por algo más de US$7500 millones en agosto, un monto que surge de sumar los giros previstos originalmente para junio y septiembre de este año. Habrá otro desembolso en noviembre, indicó Economía, aunque sin develar el monto, que tampoco fue informado por el Fondo. El giro de diciembre pautado originalmente en el acuerdo es por alrededor de US$3000 millones.
Dada la demora en las negociaciones y el receso del board, el Palacio de Hacienda dijo que orquestó una “operación puente” con otros organismos multilaterales para conseguir el dinero para cancelar dos vencimientos con el Fondo esta semana, que suman alrededor de US$3500 millones. La agencia Bloomberg informó que el Palacio de Hacienda pidió un préstamo por US$1000 millones a la Corporación Andina de Fomento (CAF) para cubrir los próximos pagos.
Uno de los mensajes que el Fondo enfatizó en su comunicado es el compromiso oficial para sostener el acuerdo durante los próximos meses, cuando el avance de la campaña hacia las elecciones presidenciales se presenta como un terreno fértil para dar rienda suelta al gasto, una estrategia que la oposición bautizó en la última campaña el “plan platita”.
Cubeddu remarcó, al cierre de su comunicado, que el Gobierno se comprometió a “aplicar firmemente el paquete de políticas en las próximas semanas y meses” y a cumplir con los vencimientos con el Fondo.
“También celebramos su compromiso de fortalecer el programa y tomar las medidas necesarias para asegurar la estabilidad macroeconómica de la Argentina durante este período desafiante, marcado por la sequía sin precedentes como factor central”, cerró Cubeddu.
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El último suspiro del “plan llegar”
Rafael Mathus Ruiz
Cuando el Fondo Monetario Internacional (FMI) se sentó por primera vez a negociar un acuerdo con el gobierno de Alberto Fernández, Kristalina Georgieva aspiraba a lograr un plan “integral y creíble” para encarrilar la economía. Nunca ocurrió.
El último acuerdo, negociado a lo largo de más de diez semanas por el ministro de Economía y ahora candidato presidencial, Sergio Massa, apenas aspira a que la economía no se rompa más hasta que llegue un nuevo gobierno. Es el último suspiro del “plan llegar”, condicionado por las limitaciones políticas de la Argentina, intensificadas, ahora, por la campaña presidencial.
A sabiendas de las críticas, el Fondo ajustó sus ambiciones y sus exigencias, y apenas buscó ahora fortalecer lo poco que ya había y darle lo justo al Gobierno para que pudiera transitar las elecciones con calma. Avaló el plan oficial, pero solo con “carácter temporal”. Y lo hizo con salvaguardas para seguir cobrando, sin darle a Massa más de lo que ya estabacomprometido,yconcondiciones: antes de girar los US$7500 millones, el Fondo quiere ver “una secuencia de políticas” implementadas para que el Directorio trate el nuevo acuerdo. Eso recién ocurrirá después de las primarias. “Entre ahora y la reunión deldirectoriohabráunasecuenciade políticas que deberá ser implementada para que vayamos al board”, adelantaron fuentes con conocimiento de las conversaciones.
El staff buscó correcciones mínimas a los desvíos que hubo en el programa en un contexto complicado, agravado por la extrema sequía. Pero la crisis, enfatizó el Fondo, no se debe solo al clima, sino también a los “desvíos y retrasos” del Gobierno, aguijoneó el organismo.
Sin margen para discutir ahora un plan profundo que permitiera comenzar a desandar el cepo y a ordenar el régimen cambiario –incluyendo una devaluación del dólar oficial– con una política fiscal y monetaria más cercana al paladar del Fondo y de los mercados, la solución temporal fue estirar el menú de políticas ya conocidas: dólar diferencial para el agro y devaluación fiscal. En Washington creen que, sin un nuevo régimen cambiario, la Argentina no podrá acumular reservas. Pero eso debe llegar acompañado de una política fiscal y monetaria que jueguen para el mismo lado, una tarea pendiente para el próximo gobierno.
Massa se mostró exultante con el acuerdo, aunque tampoco consiguió todo lo que quería, como suele ocurrir cuando hay concesiones. Massa logró que el Fondo le adelantara a agosto el desembolso previsto para septiembre. Nada más. Ese giro y el que debió haber llegado en junio, por US$4000 millones, suman los US$7500 millones que recibirá en unas semanas. Es el resultado de haber fusionado la quinta y la sexta revisiones del programa, algo que fue “resultado de la demora”, cuentan.
La cifra quedó lejos de la ambición oficial original, pero Massa recibirá fondos. En medio de una campaña, y con el negociador como candidato, el Fondo le dio lo indispensable a la Argentina y se aseguró seguir cobrando su deuda este año, resignado –ya desde hace rato– a esperar otra administración para volver a negociar con la expectativa de que el futuro ofrezca un plan económico integral, consistente, creíble, que termine de enderezar a la economía.
En Washington anticipaban, ya desde el inicio de la negociación, que el Fondo solo daría más plata a Massa a cambio de un programa más sólido, que incluyera correcciones profundas que el Gobierno no está dispuesto a hacer ahora, menos aún con una campaña por delante en la cual el estandarte es el Ministro de Economía. A eso se sumaba que el riesgo para el Fondo de darle más facilidades a la Argentina era altísimo. Al riesgo financiero de un default se sumaba el riesgo político de aparecer como un jugador más en la campaña, y el riesgo moral de que otros países comenzaran a exigir un tratamiento similar al de la Argentina. El acuerdo buscó también minimizar todos esos riesgos.
El plan que el Fondo pidió desde el principio –“integral y creíble”, “creíble y sólido”, “consistente”, fueron algunos de los adjetivos– nunca llegó, y Georgieva y su equipo terminaron aceptando a regañadientes un programa modesto, que a duras penas llamaron “pragmático y realista”. Las metas del plan se fueron acomodando a la realidad; la inflación anual pasó del 55% anual en marzo de 2022, cuando se firmó el acuerdo, al 115% actual, y el dólar blue subió de $205 a más de $550. La única virtud del programa fue evitar que la economía volara por los aires, el leitmotiv tácito de la campaña presidencial de Massa.
“Es realista, pragmático y creíble”, había dicho, hace apenas 16 meses, el ahora presidente del BID, Ilan Goldfajn, sobre el programa. “Es algo que se puede lograr, es realista, ha aprendido de experiencias pasadas y ahora mira a la Argentina, sabe que vamos a empezar a abordar los desequilibrios profundamente arraigados y vamos a llevar a la Argentina en la dirección correcta”, afirmó entonces.
Los detalles finales del nuevo plan, criticado con la misma rapidez que su antecesor directo, se terminarán de conocer después de las primarias. En los próximos meses se espera también que se intensifique el diálogo entre los funcionarios del Fondo y la oposición, a sabiendas de que, antes de que termine el año, habrá una nueva negociación, ya sea con Massa, Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta o Javier Milei.
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