Nuevo fallo en contra del cobro del “impuesto a la riqueza”
Se concluyó que es confiscatorio y, por lo tanto, inconstitucional
Un fallo judicial propinó un revés al Gobierno en lo referente al Aporte Solidario Extraordinario, conocido como “impuesto a la riqueza”, al declararlo inconstitucional por considerarlo confiscatorio. Se basó en la prueba pericial contable al determinar el peritaje que, para afrontar el pago del impuesto, el contribuyente debería desprenderse de una parte de los bienes gravados puesto que en ese período fiscal no solo no tuvo rentas, sino que el resultado fue una importante pérdida.
La sentencia fue dictada en los autos caratulados “Uzcudum, Marcela Alejandra c/AFIP s/ acción meramente declarativa de inconstitucionalildad”, que tramitan en el Juzgado Federal de Comodoro Rivadavia, a cargo de la jueza Eva L. Parcio de Seleme.
La magistrada entendió que es confiscatorio exigirle a este contribuyente el tributo sobre la base del “capital”, por más bajo que sea el porcentaje que se le aplique. “Lo cierto es que no posee renta con que afrontarlo y debería desprenderse (vender) de una parte de su capital para afrontar el pago”; es decir que la capacidad contributiva no se “vería recuperada en el período subsiguiente... dado que el capital que produciría la renta/ capacidad contributiva estaría disminuido”, se argumentó en los considerandos del fallo.
Respecto de la situación de emergencia que originó la sanción del “impuesto a la riqueza” (en este caso, la pandemia de Covid), la jueza señaló que ella no valida cualquier norma destinada a paliar una crisis. “No pueden relativizarse e ignorarse los principios constitucionales tributarios, dado que la actora no tuvo rentas para afrontar el pago del impuesto”, se dijo.
El tributarista César Litvin, socio del estudio Lisicki, Litvin y Asociados, comentó que la jueza Parcio de Seleme también indicó que esa capacidad contributiva no podría recuperarse en el período subsiguiente, puesto que “el capital que produciría la renta/capacidad contributiva estaría disminuido”.
Por eso, según agregó Litvin, se concluyó que la aplicación del aporte solidario es irrazonable en el caso concreto, ya que la ley no puede destruir lo mismo que ha querido amparar. “Si la Constitución nacional prohíbe la confiscación de la propiedad privada, una ley infraconstitucional no puede violar ni suprimir esa garantía”, explicó.
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SanCor cerró una planta por un conflicto gremial y podrían faltar productos
Está en San Guillermo, provincia de Santa Fe, y elabora quesos; advierten por la posible escasez de lácteos de la marca
Pilar Vazquez
La planta de San Guillermo, especializada en quesos blandos
En medio del conflicto con el gremio Atilra, que llevó a que disminuya fuertemente su producción por largas asambleas internas, la cooperativa láctea SanCor anunció el cierre definitivo de su planta de San Guillermo, en Santa Fe.
La empresa había reactivado ese establecimiento en junio pasado luego de un cierre que se prolongó durante tres años. En ese momento volvió a producir después de un acuerdo con la firma Aristeo SA.
La planta está especializada en quesos blandos. La semana pasada, había anticipado que SanCor estaba evaluando la posibilidad del cierre definitivo.
“El socio en la operación de esta planta no pudo soportar la falta de actividad”, dijeron desde la cooperativa láctea, que viene afrontando medidas de fuerza de Atilra desde mediados de octubre pasado. Indicaron que el cierre decidido ahora es “sin posibilidad de reapertura”.
Según indicaron a este medio, la planta ocupaba a 26 personas y procesaba entre 60.000 y 70.000 litros diarios. Crecía tanto en volumen como en personal con excelentes perspectivas, aunque se enfrentó con el conflicto con el sindicato lechero. La cooperativa láctea compró esa planta en 1956, cuando era para elaborar manteca. Después allí produjo dulce de leche y caramelos de dulce de leche. Entre 1995 y 1998 fue parte del plan de reconversión industrial de SanCor por 200 millones de dólares.
Desde el 14 de octubre pasado, el gremio Atilra realiza asambleas de seis horas en las diferentes dependencias de la cooperativa durante las cuales los trabajadores retienen tareas y discuten la situación que atraviesa la cooperativa. Inicialmente, esto se originó como una protesta por la demora en la creación de un fideicomiso de salvataje, pero posteriormente se amplió a una demanda por salarios. A pesar de que hubo tres reuniones en el Ministerio de Trabajo de la Nación entre SanCor y Atilra para intentar destrabar el conflicto, no se logró ningún acuerdo.
Por este conflicto, el 19 de octubre último SanCor tiró más de 100.000 litros de leche almacenados que no pudieron procesarse en la planta que ayer decidió cerrar sus puertas. En la misma línea, en la firma alertaron sobre una creciente “falta de provisión de productos al mercado”. Según pudo saber este medio, los faltantes se dan en quesos untables, crema, manteca y algunos quesos.
En tanto, según pudo saber este medio de fuentes del mercado, por la relevancia en el rubro de las fórmulas infantiles, la marca SanCor podría registrar desabastecimiento en estos productos. “Es un alimento esencial. Roemmers es dueña de la marca SanCor Bebé y no puede abastecer el mercado, siendo líder de la categoría”, alertaron fuentes al tanto del impacto en la producción.
Por otro lado, a un mes y medio del inicio del conflicto, en SanCor aseguraron que hay un creciente malestar entre los empleados porque muchos manifiestan que quieren volver a trabajar en el resto de las plantas y centros de distribución. “Sabemos de las presiones indebidas que sufren muchos de los trabajadores de SanCor, que manifiestan cada vez más abiertamente su voluntad de retomar las tareas porque ven peligrar su fuente de trabajo y porque los motivos que se aducen exceden la cuestión salarial”, indicaron.
El viernes de la semana pasada Atilra había dicho que recurriría a la Justicia para denunciar penalmente a la firma por supuesta “evasión fiscal” y por las presuntas deudas laborales pendientes con los trabajadores. Además responsabilizó a los directivos de la empresa láctea de estar preparando una suerte de “retirada”.
También brindó una serie de cifras sobre la deuda de SanCor con sus acreedores que, según había asegurado, llega a US$379,4 millones. El sindicato aduce que la cooperativa “enfrenta pasivos” por US$50,1 millones (laborales) US$139,1 millones (impositivos), US$21,5 millones (comerciales) y US$168,7 millones (financieros). A eso le agregó un monto “sujeto a investigación por evasión fiscal” que no precisó.
Frente a estos datos, en SanCor consideraron que [los datos] “carecen de fundamento” y acusaron que son difundidos “con el propósito de generar dudas y confusión, son reflejados en dólares cuando la mayor parte de la deuda asumida es en pesos”. Por otro lado, aclararon que “no hay motivos, como allí se expresa, para una pretendida situación límite que impida a SanCor hacer frente a sus obligaciones”.
Además, expresaron que “nadie se va a ninguna otra parte ni deja de cumplir sus funciones”.
Los directivos de la firma láctea aclararon que el objetivo, ahora, y tal lo expresado en una comunicación anterior, es explorar alternativas con otros interesados en participar en la operatoria industrial y comercial. Esto se da luego de que se venció el plazo para la constitución del fideicomiso que buscaba aportar 60 millones de dólares para un “salvataje” de la firma. Ese fideicomiso era impulsado por un grupo de empresarios de diversos rubros, pero luego de dos años su plazo caducó sin mayores avances. El sindicato había acusado a la firma de no colaborar para su puesta en marcha.
“La finalización del proceso del fideicomiso de administración se produjo como consecuencia de la disposición contractual acordada entre las partes, al no haberse reunido las condiciones mínimas para su constitución, habiéndose tornado inviable en razón del tiempo transcurrido”, afirmaron en la cooperativa láctea.
Por otra parte, la empresa reiteró una propuesta hecha en el Ministerio de Trabajo. “Esta propuesta expresa la voluntad y el firme compromiso de SanCor por resolver los planteos sobre las cuestiones salariales. En cuanto a las fechas propuestas, en atención a las medidas de fuerza que siguen en aplicación, el compromiso que la cooperativa asume es la regularización salarial a partir de los 45 días de reiniciados la totalidad de los procesos industriales y comerciales que generarán los ingresos necesarios a tal fin”, dijeron.
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Polémica entre la Aduana y los exportadores de soja
El organismo habla de “sobrefacturación” de importaciones; la industria rechaza la acusación
En medio del conflicto con el gremio Atilra, que llevó a que disminuya fuertemente su producción por largas asambleas internas, la cooperativa láctea SanCor anunció el cierre definitivo de su planta de San Guillermo, en Santa Fe.
La empresa había reactivado ese establecimiento en junio pasado luego de un cierre que se prolongó durante tres años. En ese momento volvió a producir después de un acuerdo con la firma Aristeo SA.
La planta está especializada en quesos blandos. La semana pasada, había anticipado que SanCor estaba evaluando la posibilidad del cierre definitivo.
“El socio en la operación de esta planta no pudo soportar la falta de actividad”, dijeron desde la cooperativa láctea, que viene afrontando medidas de fuerza de Atilra desde mediados de octubre pasado. Indicaron que el cierre decidido ahora es “sin posibilidad de reapertura”.
Según indicaron a este medio, la planta ocupaba a 26 personas y procesaba entre 60.000 y 70.000 litros diarios. Crecía tanto en volumen como en personal con excelentes perspectivas, aunque se enfrentó con el conflicto con el sindicato lechero. La cooperativa láctea compró esa planta en 1956, cuando era para elaborar manteca. Después allí produjo dulce de leche y caramelos de dulce de leche. Entre 1995 y 1998 fue parte del plan de reconversión industrial de SanCor por 200 millones de dólares.
Desde el 14 de octubre pasado, el gremio Atilra realiza asambleas de seis horas en las diferentes dependencias de la cooperativa durante las cuales los trabajadores retienen tareas y discuten la situación que atraviesa la cooperativa. Inicialmente, esto se originó como una protesta por la demora en la creación de un fideicomiso de salvataje, pero posteriormente se amplió a una demanda por salarios. A pesar de que hubo tres reuniones en el Ministerio de Trabajo de la Nación entre SanCor y Atilra para intentar destrabar el conflicto, no se logró ningún acuerdo.
Por este conflicto, el 19 de octubre último SanCor tiró más de 100.000 litros de leche almacenados que no pudieron procesarse en la planta que ayer decidió cerrar sus puertas. En la misma línea, en la firma alertaron sobre una creciente “falta de provisión de productos al mercado”. Según pudo saber este medio, los faltantes se dan en quesos untables, crema, manteca y algunos quesos.
En tanto, según pudo saber este medio de fuentes del mercado, por la relevancia en el rubro de las fórmulas infantiles, la marca SanCor podría registrar desabastecimiento en estos productos. “Es un alimento esencial. Roemmers es dueña de la marca SanCor Bebé y no puede abastecer el mercado, siendo líder de la categoría”, alertaron fuentes al tanto del impacto en la producción.
Por otro lado, a un mes y medio del inicio del conflicto, en SanCor aseguraron que hay un creciente malestar entre los empleados porque muchos manifiestan que quieren volver a trabajar en el resto de las plantas y centros de distribución. “Sabemos de las presiones indebidas que sufren muchos de los trabajadores de SanCor, que manifiestan cada vez más abiertamente su voluntad de retomar las tareas porque ven peligrar su fuente de trabajo y porque los motivos que se aducen exceden la cuestión salarial”, indicaron.
El viernes de la semana pasada Atilra había dicho que recurriría a la Justicia para denunciar penalmente a la firma por supuesta “evasión fiscal” y por las presuntas deudas laborales pendientes con los trabajadores. Además responsabilizó a los directivos de la empresa láctea de estar preparando una suerte de “retirada”.
También brindó una serie de cifras sobre la deuda de SanCor con sus acreedores que, según había asegurado, llega a US$379,4 millones. El sindicato aduce que la cooperativa “enfrenta pasivos” por US$50,1 millones (laborales) US$139,1 millones (impositivos), US$21,5 millones (comerciales) y US$168,7 millones (financieros). A eso le agregó un monto “sujeto a investigación por evasión fiscal” que no precisó.
Frente a estos datos, en SanCor consideraron que [los datos] “carecen de fundamento” y acusaron que son difundidos “con el propósito de generar dudas y confusión, son reflejados en dólares cuando la mayor parte de la deuda asumida es en pesos”. Por otro lado, aclararon que “no hay motivos, como allí se expresa, para una pretendida situación límite que impida a SanCor hacer frente a sus obligaciones”.
Además, expresaron que “nadie se va a ninguna otra parte ni deja de cumplir sus funciones”.
Los directivos de la firma láctea aclararon que el objetivo, ahora, y tal lo expresado en una comunicación anterior, es explorar alternativas con otros interesados en participar en la operatoria industrial y comercial. Esto se da luego de que se venció el plazo para la constitución del fideicomiso que buscaba aportar 60 millones de dólares para un “salvataje” de la firma. Ese fideicomiso era impulsado por un grupo de empresarios de diversos rubros, pero luego de dos años su plazo caducó sin mayores avances. El sindicato había acusado a la firma de no colaborar para su puesta en marcha.
“La finalización del proceso del fideicomiso de administración se produjo como consecuencia de la disposición contractual acordada entre las partes, al no haberse reunido las condiciones mínimas para su constitución, habiéndose tornado inviable en razón del tiempo transcurrido”, afirmaron en la cooperativa láctea.
Por otra parte, la empresa reiteró una propuesta hecha en el Ministerio de Trabajo. “Esta propuesta expresa la voluntad y el firme compromiso de SanCor por resolver los planteos sobre las cuestiones salariales. En cuanto a las fechas propuestas, en atención a las medidas de fuerza que siguen en aplicación, el compromiso que la cooperativa asume es la regularización salarial a partir de los 45 días de reiniciados la totalidad de los procesos industriales y comerciales que generarán los ingresos necesarios a tal fin”, dijeron.
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Polémica entre la Aduana y los exportadores de soja
El organismo habla de “sobrefacturación” de importaciones; la industria rechaza la acusación
Belkis Martínez
La exportación de soja, en conflicto
La Aduana investiga a siete grandes exportadoras de soja por supuesta sobrefacturación de importaciones de poroto de soja. La oficina de Guillermo Michel afirmó que las firmas presuntamente realizaban “triangulaciones indebidas”. Mañana se determinará y notificará a cada una la multa, informó el organismo. La sobrefacturación alcanzaría los US$4 millones por operaciones que se habrían realizado entre 2020 y 2022.
En fuentes del sector exportador deslizaron que “llama la atención” el momento en que se realiza el anuncio por operaciones pasadas justo cuando la AFIP tiene bloqueados pagos de importaciones.
Las empresas que están en la mira son Aceitera General Deheza (AGD), Bunge Argentina, Cargill, Cofco, Louis Dreyfus Company, Molinos Agro y Viterra Argentina. Desde la oficina de Michel aclararon a que todavía la nacion están trabajando en la investigación contra las empresas, ya que las maniobras que se investigan son desde 2020 hasta 2022.
En un comunicado, en la Aduana indicaron que “el efecto de las maniobras es el ahuecamiento de la base imponible de las operaciones en nuestro país y la fuga indebida de divisas”. Además, mencionaron que las operaciones documentadas constituyen transgresiones al artículo 954 del Código Aduanero, que refiere a declaraciones inexactas. Hay más de 3000 operaciones bajo análisis. En esa oficina señalaron que se presume que el verdadero objetivo de la maniobra es “fugar al exterior divisas obtenidas a valor oficial”. Según el organismo, “en todos los casos investigados la maniobra consistió en importar la mercadería directamente desde Paraguay, con refacturaciones de intermediarios radicados en otros países”, afirmó.
En cambio, desde la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) dijeron a que “la Aduana la nacion esta inventando investigaciones contra empresas exportadoras, sobre operaciones que se han realizado cumpliendo las condiciones normales de mercado”.
En la entidad, expresaron que “llama la atención el momento de este anuncio cuando hacen referencia a embarques de 2022. Justo ahora cuando la AFIP bloquea todo pago de importaciones y nos lleva a la parálisis de molienda y exportación, condicionando al próximo gobierno”, deslizaron.
Para la Aduana, en las operaciones investigadas, la mercadería fue importada a la Argentina para ser procesada y luego reexportada. Calcula que la sobrefacturación de importaciones les habría permitido a las empresas deducir casi US$4 millones más de lo que correspondía.
“Nada puede explicar la comisión superior al 30% que cobra el intermediario respecto de la mercadería adquirida en Paraguay. ¿Por qué no comprarle directamente al proveedor paraguayo a un valor 25% menor?”, deslizaron. Según agregaron, el valor declarado total es de US$16.210.925,41, y el valor real es de US$12.312.279,05. Es decir, “esto representa una sobrefacturación de US$3.898.646,35, que representa un 31,66% más”, dijeron.
En las redes sociales, Ciara-CEC dijo que “el decreto 1330/2004 establece condiciones para la importación temporaria de mercaderías destinadas a recibir un perfeccionamiento industrial, con la obligación de exportarlas para consumo a otros países. Este régimen permite a la Argentina importar soja en momentos de escasez local, procesarla con empleo industrial argentino y exportar al mundo productos con mayor valor agregado”. La entidad expresó que “los valores declarados se ajustan a las condiciones normales de mercado en el país de origen y de procesamiento”.
El presidente de Ciara-CEC, Gustavo Idígoras, expresó que “inventar investigaciones contra empresas que invierten, generan empleos y divisas genuinas solo genera incertidumbre y pone en riesgo puestos de trabajo y flujos de exportación. Es inaceptable que se siga persiguiendo a la agroindustria”.
La Aduana investiga a siete grandes exportadoras de soja por supuesta sobrefacturación de importaciones de poroto de soja. La oficina de Guillermo Michel afirmó que las firmas presuntamente realizaban “triangulaciones indebidas”. Mañana se determinará y notificará a cada una la multa, informó el organismo. La sobrefacturación alcanzaría los US$4 millones por operaciones que se habrían realizado entre 2020 y 2022.
En fuentes del sector exportador deslizaron que “llama la atención” el momento en que se realiza el anuncio por operaciones pasadas justo cuando la AFIP tiene bloqueados pagos de importaciones.
Las empresas que están en la mira son Aceitera General Deheza (AGD), Bunge Argentina, Cargill, Cofco, Louis Dreyfus Company, Molinos Agro y Viterra Argentina. Desde la oficina de Michel aclararon a que todavía la nacion están trabajando en la investigación contra las empresas, ya que las maniobras que se investigan son desde 2020 hasta 2022.
En un comunicado, en la Aduana indicaron que “el efecto de las maniobras es el ahuecamiento de la base imponible de las operaciones en nuestro país y la fuga indebida de divisas”. Además, mencionaron que las operaciones documentadas constituyen transgresiones al artículo 954 del Código Aduanero, que refiere a declaraciones inexactas. Hay más de 3000 operaciones bajo análisis. En esa oficina señalaron que se presume que el verdadero objetivo de la maniobra es “fugar al exterior divisas obtenidas a valor oficial”. Según el organismo, “en todos los casos investigados la maniobra consistió en importar la mercadería directamente desde Paraguay, con refacturaciones de intermediarios radicados en otros países”, afirmó.
En cambio, desde la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) dijeron a que “la Aduana la nacion esta inventando investigaciones contra empresas exportadoras, sobre operaciones que se han realizado cumpliendo las condiciones normales de mercado”.
En la entidad, expresaron que “llama la atención el momento de este anuncio cuando hacen referencia a embarques de 2022. Justo ahora cuando la AFIP bloquea todo pago de importaciones y nos lleva a la parálisis de molienda y exportación, condicionando al próximo gobierno”, deslizaron.
Para la Aduana, en las operaciones investigadas, la mercadería fue importada a la Argentina para ser procesada y luego reexportada. Calcula que la sobrefacturación de importaciones les habría permitido a las empresas deducir casi US$4 millones más de lo que correspondía.
“Nada puede explicar la comisión superior al 30% que cobra el intermediario respecto de la mercadería adquirida en Paraguay. ¿Por qué no comprarle directamente al proveedor paraguayo a un valor 25% menor?”, deslizaron. Según agregaron, el valor declarado total es de US$16.210.925,41, y el valor real es de US$12.312.279,05. Es decir, “esto representa una sobrefacturación de US$3.898.646,35, que representa un 31,66% más”, dijeron.
En las redes sociales, Ciara-CEC dijo que “el decreto 1330/2004 establece condiciones para la importación temporaria de mercaderías destinadas a recibir un perfeccionamiento industrial, con la obligación de exportarlas para consumo a otros países. Este régimen permite a la Argentina importar soja en momentos de escasez local, procesarla con empleo industrial argentino y exportar al mundo productos con mayor valor agregado”. La entidad expresó que “los valores declarados se ajustan a las condiciones normales de mercado en el país de origen y de procesamiento”.
El presidente de Ciara-CEC, Gustavo Idígoras, expresó que “inventar investigaciones contra empresas que invierten, generan empleos y divisas genuinas solo genera incertidumbre y pone en riesgo puestos de trabajo y flujos de exportación. Es inaceptable que se siga persiguiendo a la agroindustria”.
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
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