Ruta del dinero K: reabren el caso contra Cristina
El caso se había cerrado porque no quedaban acusadores, pero después se presentó una ONG como querellante; críticas a Marijuan
Paz Rodríguez Niell
La vicepresidenta se quejó ayer por la decisión del tribunal
La Cámara Federal porteña reabrió ayer la investigación contra la vicepresidenta Cristina Kirchner en la causa conocida como “la ruta del dinero K”, en la que había sido sobreseída el 5 de junio pasado y donde se investigan maniobras de lavado.
Aquel sobreseimiento lo dictó el juez federal Sebastián Casanello porque ya no quedaban acusadores que sostuvieran que se la debía investigar en este caso, en el que Lázaro Báez fue condenado a diez años de prisión por lavado de activos. “Sin acusación no hay proceso penal posible”, sostuvo el juez, que fundó su decisión en el pedido de sobreseimiento de la vicepresidenta que había presentado once días antes el fiscal del caso, Guillermo Marijuan, al que adhirieron los dos organismos estatales que intervinieron como querellantes en este expediente: la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Pero después, con el caso contra Cristina Kirchner ya cerrado, se presentó la asociación civil Bases Republicanas, una ONG cercana a Pro, que pidió ser aceptada como querellante (es decir, como damnificada y acusadora) y reclamó que el caso se reabriera. Por dos votos contra uno, la Cámara Federal hizo lugar ayer a ese planteo de reapertura.
Votaron en favor de lo pedido por Bases Republicanas los jueces Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, que resolvieron: “Revocar el auto de mérito de fecha 5 de junio, que dispuso el sobreseimiento de Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, debiendo el juez a quo volver a expedirse con arreglo a los parámetros y con las finalidades fijadas en la presente resolución”.
En contra votó el otro miembro del tribunal, el camarista Eduardo Farah, que dijo: “No habiendo acusación fiscal y no siendo la ONG Bases una parte habilitada legal y constitucionalmente para querellar penalmente en la causa (...), debe estarse al sobreseimiento dictado en primera instancia”.
La suerte de Cristina Kirchner en este caso dio un giro el 17 de agosto pasado, cuando la Cámara Federal –por dos votos contra uno, igual que ayer– aceptó a la asociación Bases Republicanas como querellante y la habilitó así a apelar el sobreseimiento que había dictado Casanello a pedido de Marijuan.
Llorens dijo ayer que “la incorporación de este nuevo actor” habilitó a que “se reexamine la cuestión fondo objeto de esta causa”. Y sostuvo que los argumentos expuestos por Bases Republicanas “resultan suficientes como para advertir la necesidad de despejar por completo la incertidumbre que presenta conocer la verdad de los hechos y la participación de la imputada en esta causa”.
Llorens cuestionó con dureza el dictamen de Marijuan –dijo que “aparece solo como una evaluación parcial y sesgada de elementos aislados del proceso”– y reclamó una “evaluación integral” del rol de Cristina Kirchner que contemple, por ejemplo, las acusaciones del caso Vialidad “que dan cuenta de la relación entre Lázaro Báez y Cristina Fernández de Kirchner”, de sus “negocios en común” y de “los beneficios mutuos que esa relación tuvo y podría llegar a seguir teniendo”.
Marijuan había dicho en su dictamen: “Aun con la claridad de esa vinculación de Lázaro Báez con Cristina Elizabet Fernández, habiendo transcurrido más de diez años desde el inicio de este proceso penal y casi cinco desde la declaración indagatoria de la nombrada en el marco de este expediente, no he logrado reunir elementos probatorios que me lleven a avanzar más allá del estado de sospecha y avanzar a otro estadio procesal –el juicio– como sucediera con sus hasta aquí consortes de causa”. Según Llorens, esta afirmación prueba que la fiscalía “ha dado un trato desigual a aquellos a quienes trata como iguales”.
Bertuzzi no fue tan duro en su voto. Su argumento fue que como a Bases Republicanas se la aceptó como querellante, Casanello debe dictar un nuevo fallo, dado que el sobreseimiento que dispuso en junio tenía como fundamento que no había acusadores y ahora sí hay uno. Bertuzzi sostuvo que coincidía con Llorens en que se deberán evaluar las pruebas de esta causa junto con las “recabadas en el marco de los procesos vinculados”, pero no cuestionó al fiscal.
La investigación contra Cristina Kirchner es un tramo residual de la causa en la que Báez fue condenado. Originalmente ella no estaba entre los investigados. La imputó Marijuan en 2016, cuando la causa estaba ya avanzada, y la indagatoria fue pedida por la UIF durante el gobierno de Mauricio Macri. En aquel momento, el motivo de Marijuan para imputar a la vicepresidenta fue la declaración como arrepentido de Leonardo Fariña. Pero este año, Marijuan dijo que no consiguió pruebas que sustentaran aquella acusación.
Cristina Kirchner reaccionó en las redes tras conocerse el fallo en su contra y el sobreseimiento de Mauricio Macri en la causa del espionaje a los familiares de las víctimas del ARA San Juan. “Postales de una mañana argentina: Macri confirmó su impunidad en la causa por la muerte de los 44 tripulantes del ARA San Juan, revocó mi sobreseimiento en la causa del ‘dinero K’ y, como parece que no gana, consiguió que el poder judicial suspenda las elecciones en Boca a cinco días de su realización”, arremetió en X.
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El nuevo presidente, ante un peronismo decapitado
Joaquín Morales Solá
Cristina Kirchner
En un país con la mitad de su sociedad bajo la línea de pobreza y con toda la sociedad sufriendo índices insoportables de inflación, la dirigencia política ha hecho de los asuntos judiciales su prioridad.
Ni siquiera importó tanto que ayer el presidente electo, Javier Milei, se reuniera en Washington con Jack Sullivan, el influyente consejero de Seguridad Nacional del presidente Joe Biden. Sullivan es un funcionario con una mirada política mucho más amplia que la que puede tener la Secretaría del Tesoro, que es el interlocutor del gobierno norteamericano con el Fondo Monetario. El Fondo es precisamente adonde quiere llegar el presidente electo.
Pero regresemos, como diría Borges, a estas crueles provincias. Créase o no: la agenda política sigue en manos de Cristina Kirchner. Fue ella la que ordenó que una estrechísima mayoría de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados (16 diputados a favor y 15 en contra) firmara un dictamen acusatorio contra los cuatro jueces de la Corte Suprema de Justicia. Fue ella la que mezcló la larga investigación en la causa conocida como “la ruta del dinero K”, que incluyó filmaciones de frenéticos contadores de dólares en un departamento de Puerto Madero llamado La Rosadita, con una resolución que sobreseyó al expresidente Mauricio Macri en el expediente judicial por presunto espionaje a familiares de los tripulantes muertos en el submarino ARA San Juan. ¿Qué relación hay entre la política y la física cuántica?
Responder esa pregunta imposible es tan absurdo como contestar aquella otra sobre la política y la física. La única vinculación entre las dos causas consiste en que Cristina Kirchner seguirá siendo investigada en la causa del “dinero K”, mientras Macri fue sobreseído en la vinculada a la tragedia del submarino que implosionó en el fondo del mar. Junto con Macri fueron sobreseídos también los dos jefes del servicio de inteligencia durante su mandato Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. Es una de las tantas causas que abrió contra el expresidente el servicio de inteligencia cuando otra vez cayó en manos del kirchnerismo, en 2019. En rigor, tanto la Cámara Federal como la de Casación, ayer, con la firma de los jueces Mariano Borinsky y Guillermo Yacobucci, sostuvieron que el servicio de inteligencia hizo solo el clásico trabajo para preservar la seguridad de un presidente. Los hechos ocurrieron en Mar del Plata poco después de la desaparición del submarino; los familiares de los tripulantes estaban movilizados en Mar del Plata, y Macri viajó a esa ciudad al lado del mar. Macri, Arribas y Majdalani habían sido procesado por el entonces juez subrogante de Dolores Martín Bava, muy cercano al kirchnerismo. Cristina Kirchner pareció indignada ayer porque no tuvo destino su propio trabajo de lawfare.
No todo está perdido para ella. Cristina tiene poder todavía en el peronismo hasta para imponer sus berrinches. Logró cambiar en las últimas horas a seis miembros de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados (cuatro kirchneristas y dos massistas) para que ese cuerpo pudiera firmar ayer, ya a un día del plazo final para hacerlo, el dictamen acusatorio contra la Corte Suprema. Es cierto que lo hizo con la composición del cuerpo que regirá hasta dentro de solo diez días, pero lo hizo en medio de su patética decadencia. Seis diputados debieron leer en 24 horas 2000 páginas de la acusación y decenas de versiones taquigráficas que registraron las innumerables reuniones y testimonios que hubo durante ese ridículo juicio político. Imposible. No leyeron nada. Solo firmaron lo que les ordenaron que firmaran. Sergio Massa permitió que el dictamen, que nunca tendrá la aprobación del plenario de la Cámara, fuera firmado solo para intentar desgastar a los jueces supremos con injurias y agravios. La vicepresidenta cree que ella está en condiciones de destruir el prestigio de jueces prestigiosos. No podrá.
Massa aceptó que dos miembros de esa comisión, que ingresaron por su partido, renunciaran y fueran sustituidos por inconfundibles kirchneristas. Si Massa hubiera dado la orden de que sus dos diputados, Micaela Morán y Ramiro Gutiérrez, no renunciaran y votaran en contra del juicio político a la Corte (o solo se abstuvieran), el kirchnerismo no habría tenido el número suficiente de legisladores para firmar el dictamen. En síntesis, fue Massa el que hizo posible ese adefesio político y jurídico contra los jueces de la Corte.
Alberto Fernández se sumó mucho antes al capricho vicepresidencial, porque fue el propio Presidente quien anunció el 1º de enero pasado el juicio a la Corte; tres días después le entregó ese pedido de juicio al bloque oficialista. En su recorrida mediática de los últimos días, el Fernández presidente reiteró su apoyo al juicio a la Corte, donde, según solía decir, tenía amigos entre los integrantes del máximo tribunal del país. No los tenía o se olvidó de ellos. Ese juicio es ilegal e inconcebible porque enjuicia a los jueces, fundamentalmente, por resoluciones que tomaron como cuerpo: la que declaró inconstitucional la anterior integración del Consejo de la Magistratura, una hechura de Cristina Kirchner; la que le reconoció a la Capital los derechos sobre la coparticipación (luego de que Alberto Fernández le manoteara esos recursos), y la que también reconoció que los militares condenados por delitos de lesa humanidad deben contar con el beneficio del dos por uno. Esto es: cada año preso se debe contar por dos, como estipula el Código Procesal Penal para el resto de los condenados preventivamente por otros delitos. También se juzgó al juez Juan Carlos Maqueda, el magisdio trado más antiguo de la Corte, por una calumnia lisa y llana. Según la jurisprudencia argentina y los tratados internacionales de derechos humanos, a los que extrañamente se piensa acoger Cristina Kirchner, los jueces no pueden ser juzgados por sus sentencias, salvo que se pruebe lo que nunca se probó en este caso: que hubo prevaricato o corrupción. Cristina desconoce para otros lo que reconoce para ella. Nada nuevo: ella siempre fue así.
Tales distracciones sin razón ni destino se dan con un peronismo literalmente decapitado desde el balotaje del 19 de noviembre. Massa desapareció hasta para las necesarias conversaciones sobre la transición con el próximo gobierno de Javier Milei. El economista Enrique Szewach escribió que “sin transición, el desafío fiscal para el próximo gobierno resulta superlativo”. No hay transición, como lo reconoce el propio Szewach. Nunca más se vio a Massa desde la noche del domingo de elecciones en la que reconoció su derrota inapelable. Alberto Fernández, que solo tuvo el cargo formal de jefe del peronismo, nunca fue una referencia seria para los peronistas. Y Cristina Kirchner está enroscada en su laberinto judicial, del que no salió nunca. Tampoco saldrá.
El futuro gobierno
La debilidad legislativa de Milei es perfectamente comprobable según la aritmética parlamentaria. Pero ¿es tan débil realmente? La mayoría de los gobernadores peronistas y no peronistas denunciaron que Massa les sacó importantes recursos para su campaña presidencial y que no podrán pagar en diciembre la mitad del aguinaldo del personal de la administración pública. Un caso aparte es el del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien ahora se acordó de denunciar las maniobras electorales de Massa. Kicillof debe, además, rendir cuenta de su propio dispentres para ganar la reelección en la provincia. El mejor ejemplo del derroche de Kicillof fueron los viajes gratuitos de egresados.
Las provincias, en fin, están pagando la campaña electoral de Massa; el peronismo, que fue cómplice, lo descubrió ahora. El primero en advertir semejante debilidad de los estados provinciales fue el gobernador electo de Chubut, Ignacio Torres, pero luego le siguió el mandatario electo de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, quien advirtió que todas las provincias estaban en una muy mala situación financiera. Así las cosas, Milei estará en condiciones de cambiar la relación de fuerzas porque tendrá margen para negociar con los gobernadores y, a través de ellos, con los legisladores que les responden.
Según versiones parlamentarias, Cristina Kirchner y su infinito rencor controlarán solo un tercio del bloque de diputados nacionales que asumirá el 10 de diciembre. Incluso, Milei podrá saltar por encima de Kicillof si imitara la estrategia de Néstor Kirchner, quien comenzó a construir su liderazgo político negociando directamente con cada uno de los intendentes del conurbano bonaerense. Macri debió elegir otra estrategia, que fue negociar en grupo con los intendentes; entonces se creó una especie de sindicato de intendentes que le sacaron al entonces presidente más de lo que merecían. Pero Macri no tenía muchas alternativas: la provincia de Buenos Aires la gobernaba entonces María Eugenia Vidal. “Los intendentes no valen nada desde que Massa ganó en la provincia de Buenos Aires por apenas el 1,5 por ciento de los votos. No valen ni un centavo”, dice, categórico, un peronista que conoce a todos los barones del conurbano, los buenos y los malos.
Párrafo aparte merece la situación de Juntos por el Cambio. Las versiones que colocan a Macri como líder de una corriente interna que buscará sacarle cargos a Milei no son ciertas. Al contrario, Macri cree, según dijo a la nacion, que Milei debe tener las manos sueltas para nombrar a su gabinete y que él solo pretende ayudarlo con algunos consejos. Existe, sí, un sector de esa alianza que promueve una colaboración activa con el gobierno de Milei, mientras otro sector impulsa una posición más alejada de cualquier compromiso con el presidente electo. Cargos y egos no están ausentes en la puja interna. Esa guerra civil condenó a Juntos por el Cambio a una durísima derrota en las últimas elecciones. Todavía no hay bandera blanca de parte de nadie. Deducir, por otro lado, que Juntos por el Cambio desapareció porque se fue la Coalición Cívica es una noticia tardía. Elisa Carrió anunció que ella y su partido recobraban su autonomía pocas horas después de la reunión de Macri y Patricia Bullrich con Milei en la casa de Acassuso del expresidente. Eso sucedió hace diez días. La indiferencia del peronismo frente al sufrimiento social y la distracción suicida de Juntos por el Cambio explican en estas horas por qué Milei entró a un espacio vacío, solo y con casi nada, y se llevó el poder
La agenda política sigue en manos de Cristina: ella ordenó avanzar con el juicio político a la Corte
Massa hizo posible ese adefesio contra los jueces: sus dos diputados pudieron votar en contra
La vicepresidenta se quejó ayer por la decisión del tribunal
La Cámara Federal porteña reabrió ayer la investigación contra la vicepresidenta Cristina Kirchner en la causa conocida como “la ruta del dinero K”, en la que había sido sobreseída el 5 de junio pasado y donde se investigan maniobras de lavado.
Aquel sobreseimiento lo dictó el juez federal Sebastián Casanello porque ya no quedaban acusadores que sostuvieran que se la debía investigar en este caso, en el que Lázaro Báez fue condenado a diez años de prisión por lavado de activos. “Sin acusación no hay proceso penal posible”, sostuvo el juez, que fundó su decisión en el pedido de sobreseimiento de la vicepresidenta que había presentado once días antes el fiscal del caso, Guillermo Marijuan, al que adhirieron los dos organismos estatales que intervinieron como querellantes en este expediente: la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Pero después, con el caso contra Cristina Kirchner ya cerrado, se presentó la asociación civil Bases Republicanas, una ONG cercana a Pro, que pidió ser aceptada como querellante (es decir, como damnificada y acusadora) y reclamó que el caso se reabriera. Por dos votos contra uno, la Cámara Federal hizo lugar ayer a ese planteo de reapertura.
Votaron en favor de lo pedido por Bases Republicanas los jueces Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, que resolvieron: “Revocar el auto de mérito de fecha 5 de junio, que dispuso el sobreseimiento de Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, debiendo el juez a quo volver a expedirse con arreglo a los parámetros y con las finalidades fijadas en la presente resolución”.
En contra votó el otro miembro del tribunal, el camarista Eduardo Farah, que dijo: “No habiendo acusación fiscal y no siendo la ONG Bases una parte habilitada legal y constitucionalmente para querellar penalmente en la causa (...), debe estarse al sobreseimiento dictado en primera instancia”.
La suerte de Cristina Kirchner en este caso dio un giro el 17 de agosto pasado, cuando la Cámara Federal –por dos votos contra uno, igual que ayer– aceptó a la asociación Bases Republicanas como querellante y la habilitó así a apelar el sobreseimiento que había dictado Casanello a pedido de Marijuan.
Llorens dijo ayer que “la incorporación de este nuevo actor” habilitó a que “se reexamine la cuestión fondo objeto de esta causa”. Y sostuvo que los argumentos expuestos por Bases Republicanas “resultan suficientes como para advertir la necesidad de despejar por completo la incertidumbre que presenta conocer la verdad de los hechos y la participación de la imputada en esta causa”.
Llorens cuestionó con dureza el dictamen de Marijuan –dijo que “aparece solo como una evaluación parcial y sesgada de elementos aislados del proceso”– y reclamó una “evaluación integral” del rol de Cristina Kirchner que contemple, por ejemplo, las acusaciones del caso Vialidad “que dan cuenta de la relación entre Lázaro Báez y Cristina Fernández de Kirchner”, de sus “negocios en común” y de “los beneficios mutuos que esa relación tuvo y podría llegar a seguir teniendo”.
Marijuan había dicho en su dictamen: “Aun con la claridad de esa vinculación de Lázaro Báez con Cristina Elizabet Fernández, habiendo transcurrido más de diez años desde el inicio de este proceso penal y casi cinco desde la declaración indagatoria de la nombrada en el marco de este expediente, no he logrado reunir elementos probatorios que me lleven a avanzar más allá del estado de sospecha y avanzar a otro estadio procesal –el juicio– como sucediera con sus hasta aquí consortes de causa”. Según Llorens, esta afirmación prueba que la fiscalía “ha dado un trato desigual a aquellos a quienes trata como iguales”.
Bertuzzi no fue tan duro en su voto. Su argumento fue que como a Bases Republicanas se la aceptó como querellante, Casanello debe dictar un nuevo fallo, dado que el sobreseimiento que dispuso en junio tenía como fundamento que no había acusadores y ahora sí hay uno. Bertuzzi sostuvo que coincidía con Llorens en que se deberán evaluar las pruebas de esta causa junto con las “recabadas en el marco de los procesos vinculados”, pero no cuestionó al fiscal.
La investigación contra Cristina Kirchner es un tramo residual de la causa en la que Báez fue condenado. Originalmente ella no estaba entre los investigados. La imputó Marijuan en 2016, cuando la causa estaba ya avanzada, y la indagatoria fue pedida por la UIF durante el gobierno de Mauricio Macri. En aquel momento, el motivo de Marijuan para imputar a la vicepresidenta fue la declaración como arrepentido de Leonardo Fariña. Pero este año, Marijuan dijo que no consiguió pruebas que sustentaran aquella acusación.
Cristina Kirchner reaccionó en las redes tras conocerse el fallo en su contra y el sobreseimiento de Mauricio Macri en la causa del espionaje a los familiares de las víctimas del ARA San Juan. “Postales de una mañana argentina: Macri confirmó su impunidad en la causa por la muerte de los 44 tripulantes del ARA San Juan, revocó mi sobreseimiento en la causa del ‘dinero K’ y, como parece que no gana, consiguió que el poder judicial suspenda las elecciones en Boca a cinco días de su realización”, arremetió en X.
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El nuevo presidente, ante un peronismo decapitado
Joaquín Morales Solá
En un país con la mitad de su sociedad bajo la línea de pobreza y con toda la sociedad sufriendo índices insoportables de inflación, la dirigencia política ha hecho de los asuntos judiciales su prioridad.
Ni siquiera importó tanto que ayer el presidente electo, Javier Milei, se reuniera en Washington con Jack Sullivan, el influyente consejero de Seguridad Nacional del presidente Joe Biden. Sullivan es un funcionario con una mirada política mucho más amplia que la que puede tener la Secretaría del Tesoro, que es el interlocutor del gobierno norteamericano con el Fondo Monetario. El Fondo es precisamente adonde quiere llegar el presidente electo.
Pero regresemos, como diría Borges, a estas crueles provincias. Créase o no: la agenda política sigue en manos de Cristina Kirchner. Fue ella la que ordenó que una estrechísima mayoría de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados (16 diputados a favor y 15 en contra) firmara un dictamen acusatorio contra los cuatro jueces de la Corte Suprema de Justicia. Fue ella la que mezcló la larga investigación en la causa conocida como “la ruta del dinero K”, que incluyó filmaciones de frenéticos contadores de dólares en un departamento de Puerto Madero llamado La Rosadita, con una resolución que sobreseyó al expresidente Mauricio Macri en el expediente judicial por presunto espionaje a familiares de los tripulantes muertos en el submarino ARA San Juan. ¿Qué relación hay entre la política y la física cuántica?
Responder esa pregunta imposible es tan absurdo como contestar aquella otra sobre la política y la física. La única vinculación entre las dos causas consiste en que Cristina Kirchner seguirá siendo investigada en la causa del “dinero K”, mientras Macri fue sobreseído en la vinculada a la tragedia del submarino que implosionó en el fondo del mar. Junto con Macri fueron sobreseídos también los dos jefes del servicio de inteligencia durante su mandato Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. Es una de las tantas causas que abrió contra el expresidente el servicio de inteligencia cuando otra vez cayó en manos del kirchnerismo, en 2019. En rigor, tanto la Cámara Federal como la de Casación, ayer, con la firma de los jueces Mariano Borinsky y Guillermo Yacobucci, sostuvieron que el servicio de inteligencia hizo solo el clásico trabajo para preservar la seguridad de un presidente. Los hechos ocurrieron en Mar del Plata poco después de la desaparición del submarino; los familiares de los tripulantes estaban movilizados en Mar del Plata, y Macri viajó a esa ciudad al lado del mar. Macri, Arribas y Majdalani habían sido procesado por el entonces juez subrogante de Dolores Martín Bava, muy cercano al kirchnerismo. Cristina Kirchner pareció indignada ayer porque no tuvo destino su propio trabajo de lawfare.
No todo está perdido para ella. Cristina tiene poder todavía en el peronismo hasta para imponer sus berrinches. Logró cambiar en las últimas horas a seis miembros de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados (cuatro kirchneristas y dos massistas) para que ese cuerpo pudiera firmar ayer, ya a un día del plazo final para hacerlo, el dictamen acusatorio contra la Corte Suprema. Es cierto que lo hizo con la composición del cuerpo que regirá hasta dentro de solo diez días, pero lo hizo en medio de su patética decadencia. Seis diputados debieron leer en 24 horas 2000 páginas de la acusación y decenas de versiones taquigráficas que registraron las innumerables reuniones y testimonios que hubo durante ese ridículo juicio político. Imposible. No leyeron nada. Solo firmaron lo que les ordenaron que firmaran. Sergio Massa permitió que el dictamen, que nunca tendrá la aprobación del plenario de la Cámara, fuera firmado solo para intentar desgastar a los jueces supremos con injurias y agravios. La vicepresidenta cree que ella está en condiciones de destruir el prestigio de jueces prestigiosos. No podrá.
Massa aceptó que dos miembros de esa comisión, que ingresaron por su partido, renunciaran y fueran sustituidos por inconfundibles kirchneristas. Si Massa hubiera dado la orden de que sus dos diputados, Micaela Morán y Ramiro Gutiérrez, no renunciaran y votaran en contra del juicio político a la Corte (o solo se abstuvieran), el kirchnerismo no habría tenido el número suficiente de legisladores para firmar el dictamen. En síntesis, fue Massa el que hizo posible ese adefesio político y jurídico contra los jueces de la Corte.
Alberto Fernández se sumó mucho antes al capricho vicepresidencial, porque fue el propio Presidente quien anunció el 1º de enero pasado el juicio a la Corte; tres días después le entregó ese pedido de juicio al bloque oficialista. En su recorrida mediática de los últimos días, el Fernández presidente reiteró su apoyo al juicio a la Corte, donde, según solía decir, tenía amigos entre los integrantes del máximo tribunal del país. No los tenía o se olvidó de ellos. Ese juicio es ilegal e inconcebible porque enjuicia a los jueces, fundamentalmente, por resoluciones que tomaron como cuerpo: la que declaró inconstitucional la anterior integración del Consejo de la Magistratura, una hechura de Cristina Kirchner; la que le reconoció a la Capital los derechos sobre la coparticipación (luego de que Alberto Fernández le manoteara esos recursos), y la que también reconoció que los militares condenados por delitos de lesa humanidad deben contar con el beneficio del dos por uno. Esto es: cada año preso se debe contar por dos, como estipula el Código Procesal Penal para el resto de los condenados preventivamente por otros delitos. También se juzgó al juez Juan Carlos Maqueda, el magisdio trado más antiguo de la Corte, por una calumnia lisa y llana. Según la jurisprudencia argentina y los tratados internacionales de derechos humanos, a los que extrañamente se piensa acoger Cristina Kirchner, los jueces no pueden ser juzgados por sus sentencias, salvo que se pruebe lo que nunca se probó en este caso: que hubo prevaricato o corrupción. Cristina desconoce para otros lo que reconoce para ella. Nada nuevo: ella siempre fue así.
Tales distracciones sin razón ni destino se dan con un peronismo literalmente decapitado desde el balotaje del 19 de noviembre. Massa desapareció hasta para las necesarias conversaciones sobre la transición con el próximo gobierno de Javier Milei. El economista Enrique Szewach escribió que “sin transición, el desafío fiscal para el próximo gobierno resulta superlativo”. No hay transición, como lo reconoce el propio Szewach. Nunca más se vio a Massa desde la noche del domingo de elecciones en la que reconoció su derrota inapelable. Alberto Fernández, que solo tuvo el cargo formal de jefe del peronismo, nunca fue una referencia seria para los peronistas. Y Cristina Kirchner está enroscada en su laberinto judicial, del que no salió nunca. Tampoco saldrá.
El futuro gobierno
La debilidad legislativa de Milei es perfectamente comprobable según la aritmética parlamentaria. Pero ¿es tan débil realmente? La mayoría de los gobernadores peronistas y no peronistas denunciaron que Massa les sacó importantes recursos para su campaña presidencial y que no podrán pagar en diciembre la mitad del aguinaldo del personal de la administración pública. Un caso aparte es el del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien ahora se acordó de denunciar las maniobras electorales de Massa. Kicillof debe, además, rendir cuenta de su propio dispentres para ganar la reelección en la provincia. El mejor ejemplo del derroche de Kicillof fueron los viajes gratuitos de egresados.
Las provincias, en fin, están pagando la campaña electoral de Massa; el peronismo, que fue cómplice, lo descubrió ahora. El primero en advertir semejante debilidad de los estados provinciales fue el gobernador electo de Chubut, Ignacio Torres, pero luego le siguió el mandatario electo de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, quien advirtió que todas las provincias estaban en una muy mala situación financiera. Así las cosas, Milei estará en condiciones de cambiar la relación de fuerzas porque tendrá margen para negociar con los gobernadores y, a través de ellos, con los legisladores que les responden.
Según versiones parlamentarias, Cristina Kirchner y su infinito rencor controlarán solo un tercio del bloque de diputados nacionales que asumirá el 10 de diciembre. Incluso, Milei podrá saltar por encima de Kicillof si imitara la estrategia de Néstor Kirchner, quien comenzó a construir su liderazgo político negociando directamente con cada uno de los intendentes del conurbano bonaerense. Macri debió elegir otra estrategia, que fue negociar en grupo con los intendentes; entonces se creó una especie de sindicato de intendentes que le sacaron al entonces presidente más de lo que merecían. Pero Macri no tenía muchas alternativas: la provincia de Buenos Aires la gobernaba entonces María Eugenia Vidal. “Los intendentes no valen nada desde que Massa ganó en la provincia de Buenos Aires por apenas el 1,5 por ciento de los votos. No valen ni un centavo”, dice, categórico, un peronista que conoce a todos los barones del conurbano, los buenos y los malos.
Párrafo aparte merece la situación de Juntos por el Cambio. Las versiones que colocan a Macri como líder de una corriente interna que buscará sacarle cargos a Milei no son ciertas. Al contrario, Macri cree, según dijo a la nacion, que Milei debe tener las manos sueltas para nombrar a su gabinete y que él solo pretende ayudarlo con algunos consejos. Existe, sí, un sector de esa alianza que promueve una colaboración activa con el gobierno de Milei, mientras otro sector impulsa una posición más alejada de cualquier compromiso con el presidente electo. Cargos y egos no están ausentes en la puja interna. Esa guerra civil condenó a Juntos por el Cambio a una durísima derrota en las últimas elecciones. Todavía no hay bandera blanca de parte de nadie. Deducir, por otro lado, que Juntos por el Cambio desapareció porque se fue la Coalición Cívica es una noticia tardía. Elisa Carrió anunció que ella y su partido recobraban su autonomía pocas horas después de la reunión de Macri y Patricia Bullrich con Milei en la casa de Acassuso del expresidente. Eso sucedió hace diez días. La indiferencia del peronismo frente al sufrimiento social y la distracción suicida de Juntos por el Cambio explican en estas horas por qué Milei entró a un espacio vacío, solo y con casi nada, y se llevó el poder
La agenda política sigue en manos de Cristina: ella ordenó avanzar con el juicio político a la Corte
Massa hizo posible ese adefesio contra los jueces: sus dos diputados pudieron votar en contra
Milei estará en condiciones de cambiar la relación de fuerzas en el Congreso: podrá negociar con gobernadores empobrecidos por la campaña de Massa
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