DINERO NARCO Y ESCÁNDALO

Organizaban conciertos de rock en un conocido teatro para lavar dinero narco
Usaban la filial local de Vorterix, bares y hasta plantas de biodiésel para el blanqueo; volvieron a allanar un country donde una banda bajaba avionetas cargadas con cocaína
Germán de los SantosEl country Campo Timbó, al norte de Rosario, allanado por la Gendarmería
ROSARIO.– La base de operaciones de la banda narco estaba asentada en el country de Campo Timbó, un lugar lujoso y apacible ubicado sobre el río Carcarañá, a unos dos kilómetros del Paraná. Allí, una banda integrada por colombianos y rosarinos rentó una pista de aterrizaje y construyó un hangar para acopiar cargamentos de cocaína que provenían de Bolivia y Paraguay, y que –según se sospecha– luego salían por los puertos de la zona rumbo a Europa, Asia u Oceanía.
A partir de detectar esta pista y los movimientos de las aeronaves, los investigadores judiciales pusieron la mira en las operaciones de supuesto lavado de dinero que arbitraban los integrantes de esta banda, de los cuales diez fueron detenidos, aunque uno de los cabecillas está prófugo. Las inversiones tenían múltiples rubros, tan amplios que iban desde empresas que se dedicaban a la publicidad electoral hasta bares, radios y taxis, entre otros emprendimientos. Durante los últimos días se llevaron adelante nuevos allanamientos en Campo Timbó en busca de documentación.
Según el expediente al que tuvo acceso la nacion, Brian Walter Bilbao, uno de los líderes de este grupo mixto, integrado por argentinos y colombianos, está siendo investigado por la compra a través de testaferros de la sociedad VTX Rosario, que controla los teatros Vorterix de esta ciudad y de Mar del Plata.
Bilbao había destinado una combi Renault Master para el traslado de los artistas que tocaban en el teatro, que conducía Hernán M., presunto miembro de la banda narco, según surge de la documentación recopilada en esta causa.
Este hombre desembarcó en Vorterix el 29 de octubre de 2018. El presidente de la sociedad era Juan Carlos V.L., un empresario del rubro inmobiliario que –según pudo averiguar la nacion– está ligado a una concesión de un bar del Anfiteatro Municipal, cuya reapertura se pospone desde hace tiempo. Luego, Carlos V.L. fue reemplazado por la hermana de Bilbao en la sociedad. Siempre llamó la atención que el nombre de la inmobiliaria Adelante fuera el sponsor oficial de las camisetas de Newell’s y Rosario Central.
El titular de Vorterix Mar del Plata, socio de Bilbao, empezó a sospechar del entramado empresario. En una escucha telefónica que figura en la causa, esta persona comenta:
“Son todos fantasmas. Él no figura en ningún lado porque es un fantasma. Si me caen con alguna boludez los escracho en las redes de Vorterix”, aseguró. Bilbao puso luego una suma en dólares y un departamento para comprar la parte de la sociedad de Mar del Plata.
Otro indicio de que algo extraño había detrás de Vorterix en Rosario es que los artistas que tocaban cobraban entre tres y cuatro veces más que en otros teatros. Ese era el comentario que rondaba en el ambiente del rock.
Otro emprendimiento que nació en torno a esta organización fue el bar Affascinante, ubicado en el barrio Echesortu, donde cuatro meses después abrieron una nueva sucursal. También abrieron una concesionaria de autos llamada Portillo Usados Exclusivos.
Uno de los emprendimientos más llamativos de este grupo criminal fue una empresa dedicada a la publicidad callejera. VYA Digital SRL figura como radicada en la ciudad de Álvarez, ubicada a 40 kilómetros de Rosario. Se sospecha que esta firma era conducida por Bilbao y habría obtenido una licitación para la colocación de luces led en la comuna.
Un rubro que tampoco desaprovecharon para supuestas operaciones de lavado de dinero fue el del biodiésel. Glycine Max SRL se ocupaba de la producción de comviembre bustible vegetal, primero en la localidad de Gálvez, hasta que mudaron la planta a Álvarez.
Taxis y luminarias
Según la investigación, también se invirtió dinero en la explotación de taxis bajo los nombres de “Taxideral” y “Remitaxi”. Según fuentes de la Municipalidad de Rosario se detectaron unas 14 licencias de taxis, que serán dadas de baja. Desde la intendencia señalaron que no podían tomar esta medida hasta que la investigación judicial avanzara. Varios de los vehículos puestos en alquiler fueron buscados en estacionamientos céntricos.
Toda esta madeja de sociedades fue montada, según los investigadores de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), para lavar dinero que provenía de la principal actividad que tenía este grupo, que era el narcotráfico a gran escala.
La investigación lleva tres años, pero recién ahora se pudo establecer un patrón más sólido a nivel de pruebas. Cuando la Gendarmería allanó Campo Timbó, el 15 de nopasado, decomisaron tres avionetas, un remolcador, vehículos, armas de fuego, dinero en efectivo, dispositivos tecnológicos y documentación relevante para la causa. Fueron detenidos varios rosarinos y el grupo de colombianos que realizaba tareas vinculadas a los vuelos cargados con droga.
El lugar utilizado para que aterrizaran las aeronaves era el country y club de golf situado en el límite entre Timbúes y Oliveros, un lugar donde conviven residencias de lujo con un paisaje litoraleño muy cuidado, donde la paz y la tranquilidad siempre fueron el principal atributo para los inversores.
Aunque a veces ese ambiente bucólico se rompe. Ahora, con la irrupción de efectivos de la Gendarmería para realizar un allanamiento; hace dos años, en septiembre de 2001, el hecho que causó conmoción en Campo Timbó fue el suicidio de Nicolás Nardelli, integrante de la familia propietaria de la cerealera Vicentin.
Ese era el lugar utilizado por los diez detenidos para descargar la cocaína con la excusa de “ver campos” y en el que en distintas ocasiones el hangar donde se acopiaba la droga permanecería cerrado, lo que resultaba llamativo por tratarse de un sitio descampado que incluso contaba con seguridad propia y cámaras de vigilancia.
Los efectivos detuvieron, por orden del Juzgado Federal Nº 3, a cargo de Carlos Alberto Vera Barros, a cuatro colombianos. Luego se realizaron allanamientos en otras 38 propiedades en la provincia de Santa Fe, donde se produjo el decomiso de tres avionetas con matrículas y banderas adulteradas, 25 vehículos, dos motos, 68 teléfonos celulares, cinco armas de fuego, 5.000.000 de pesos argentinos, 39.000 dólares estadounidenses, 18 computadoras, entre otros elementos y documentación de interés para la causa.
Diez personas quedaron detenidas. A través de peritajes de microaspirado se detectó que en las aeronaves se transportaba cocaína que provenía de Paraguay y Bolivia.
Esta causa comenzó de forma trágica. El 24 de agosto de 2020 tres gendarmes estaban apostados en un utilitario en inmediaciones de Cañada de Gómez, en medio de un campo donde presumían que aterrizaban avionetas con droga o se producían bombardeos, es decir, que arrojaban bolsas con estupefacientes en los campos que después eran recolectados. Los gendarmes vieron una avioneta que volaba en la zona y la siguieron. Se encontraron con dos camionetas que hacían lo mismo. Eran los narcos que esperaban que la avioneta arrojara la droga.
Comenzó una persecución y uno de los vehículos volcó. Dentro de una Toyota Hilux murieron Mauricio Santos, de 37 años, y Guillermo José Díaz, de 56. El único sobreviviente fue el conductor, un hombre de 30 años de Rosario. La avioneta levantó vuelo y nunca más se supo nada. Pero en los teléfonos de los fallecidos empezaron a aparecer contactos y sospechas de que se trataba de una organización que recibía cocaína que venía del exterior. Nadie imaginó en ese momento que los narcos iban a usar teatros destinados para conciertos de rock para lavar el dinero.
Uno de los líderes del grupo es investigado por la compra de la sociedad VTX
Los artistas que tocaban allí cobraban entre tres y cuatro veces más que en otros teatros
También tenían una planta para producir combustible vegetal

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Encuentran un patrullero de la policía de Entre Ríos en un desarmadero del conurbano
El procedimiento se realizó por una causa en la que hay efectivos investigados por cobro de coimas y venta de autopartes

Paola Robles DuarteGoogle mapsEl destacamento de Ibicuy, Entre Ríos
GUALEGUAYCHÚ.– La escandalosa trama de presuntos actos de corrupción en las filas de la policía de Entre Ríos sumó un nuevo capítulo. Después de que el jueves pasado la Gendarmería allanara el puesto caminero de Ibicuy en una causa por el presunto cobro decoi masa automovilistas y el robo de auto partes de vehículos secuestrados, y de que a pareciera n nexos con un n arco de Moreno que provee y vende drogas en el este provincial, ahora se reveló que en un procedimiento relacionado con este caso, apareció una patrulla de la fuerza de seguridad en un desarmadero ilegal del Gran Buenos Aires.
El jueves pasado, la Gendarmería Nacional llevó a cabo un operativo en el puesto de control de la Policía de Entre Ríos ubicado en el kilómetro 119 de la ruta nacional Nº 12. Pero esta no fue la única medida dispuesta durante aquella jornada por el juez federal de Victoria, Federico Martin. También se produjeron allanamientos en la provincia de Buenos Aires, en lugares considerados posibles depósitos y domicilios de personas involucradas en la red de policías y civiles que fue develándose a partir de decenas de horas de escuchas telefónicas que constan en la causa.
¿Cuál es la trama de ilícitos que investiga desde hace más de un año la Justicia Federal? Se trata de una organización criminal presuntamente integrada por policías de Entre Ríos (quienes cumplían funciones en el puesto caminero de Ibicuy utilizando el lugar como desarmadero), civiles que se encargaban de retirar las autopartes de los vehículos retenidos (uno de ellos presta servicios a la comisaría de Ibicuy y otros dos son oriundos de la provincia de Buenos Aires) y un efectivo retirado de una fuerza federal, quienes habrían cometido por un tiempo aún indeterminado delitos contra la propiedad, cohecho (sobornos), tráfico ilegal de autopartes y malversación de los recursos públicos, entre otros ilícitos que forman parte de la investigación en curso.
Según pudo confirmar Radio 2820 durante la tarde de aquel jueves, se secuestraron alrededor de 60 vehículos, que fueron pesquisados y en los que se encontraron faltantes significativos, confirmando la hipótesis judicial respecto de la existencia de un desarmadero en el puesto caminero.
La camioneta
También fue allanado un taller mecánico que funcionaría como desarmadero en el conurbano bonaerense, donde presuntamente se realizaba la extracción de las autopartes en el marco de la red establecida con el resto de los integrantes de la banda. En el mencionado taller se encontró una camioneta de la Policía de Entre Ríos –propiedad de la Brigada de Abigeato– que fue secuestrada por la Gendarmería y se encuentra a resguardo en el destacamento interviniente.
Además, en el domicilio de uno de los mecánicos se encontró “un pequeño arsenal”, por lo que fue detenido luego de haber sido indagado por los hechos imputados.
Pero no deja de ser inquietante el dato de la camioneta de la Policía de Entre Ríos: ¿qué hacía en un taller mecánico investigado en el marco de una causa federal por cohecho y venta ilegal de autopartes –entre otros delitos– en la que se encuentran implicados –e imputados, pese a la comunicación oficial de la Jefatura de la Policía de Entre Ríos– en una presunta organización criminal?
Fuentes policiales confirmaron a que el mismo jueves el la nacion jefe de Policía de Entre Ríos, Gustavo Maslein, recibió un exhorto judicial en el que se le requirió información respecto de los motivos por los cuales la camioneta de Abigeato se encontraba en el taller mecánico de la provincia de Buenos Aires. La respuesta habría sido, palabras más palabras menos, “la camioneta estaba en espera para ser reparada”. Lo que lejos de explicar la extraña situación, suma aún mayor desconcierto: ¿acaso no existen talleres mecánicos que pudieran reparar el desperfecto que tuviera el vehículo? ¿Justo está en la fila de espera en un taller que forma parte de una investigación judicial por una catarata de delitos? Seguramente las respuestas a estas preguntas serán develadas con el avance la causa.
Por lo pronto, la situación procesal de Cristian Omar Villanueva y Luis Armando Zabala, jefe y subjefe del puesto caminero, está sujeta a las próximas decisiones que tome el juez Martin, quien por lo pronto, dispuso que la investigación se encuentre bajo secreto de sumario. Desde el Ministerio de Gobierno y Justicia de Entre Ríos informaron oportunamente que se le dio intervención a Asuntos Internos y se inició el correspondiente sumario a los mencionados policías.
Las medidas solicitadas por la Fiscalía Federal en mayo derivan de una investigación por la cual fue desarticulada una banda presuntamente regenteada por Vicente Teodoro Pineda, alias Tigre, “que tenía su base de operaciones en el partido bonaerense de Moreno y había extendido su zona de influencia hacia la provincia de Entre Ríos como proveedor de cocaína y marihuana a pequeñas estructuras –incluso un puesto de venta en una unidad penal– y con su propio negocio minorista”, informaron fuentes del caso.
Según consta en la investigación, el Tigre Pineda tenía distintos mecanismos de distribución de cocaína y marihuana en el este entrerriano.

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