MÁS CORRUPCIÓN, POLÉMICA POR YPF

Otra denuncia de ñoqui: figuraba como docente a 800 kilómetros de su casa
Descubrió que había sido anotada como maestra en La Plata luego de que le negaran la AUH
Hernán Cappiello
Una comerciante correntina denunció ante la Justicia que usaron su nombre para hacerla figurar como docente en La Plata, tarea que nunca desempeñó ya que no es maestra, no concluyó el colegio secundario, y porque vive a 800 kilómetros de donde supuestamente debería trabajar.
La mujer es Débora Aiello, que tiene un emprendimiento en Mercedes, provincia de Corrientes, donde se dedica a la venta de pollos trozados y rebozados.
Aiello presentó una denuncia en la causa a cargo del juez Federico Atencio y la fiscal Betina Lacki, donde se investiga al puntero del PJ Julio “Chocolate” Rigau y al concejal massista Facundo Albini y su padre, Claudio. Los tres están presos, acusados de recaudar dinero de empleados que figuraban como contratados en la Cámara de Diputados bonaerense, pero que en realidad no trabajaban. La causa se inició cuando Rigau fue descubierto mientras retiraba dinero de un cajero automático con 49 tarjetas a nombre de terceros.
Ante el temor de ser una “ñoqui involuntaria”, Aiello contactó a una abogada de su confianza, Verónica Barreneche, y se presentó en el caso de Chocolate. Allí reclamó que la den de baja en la provincia de Buenos Aires como docente y que llamen a indagatoria a los responsables de esta maniobra.
La mujer contó a sus la nacion padecimientos: “En octubre yo tenía que cobrar, como lo hago desde hace seis años, mi asignación universal por mi hijo de seis años. Pero no pude cobrarla. Decidí esperar un mes más. Pero no me daban ni fecha de cobro ni nada”, contó la mujer, que depende de este dinero para comprar ropa y alimentos para su familia.
Así, fue a averiguar a la oficina de la Anses de Mercedes, en Corrientes. Allí le dijeron que desde septiembre pasado aparecía nombrada en blanco y le dieron un número de CUIT de su empleador. Investigó y descubrió que la habían blanqueado como docente en La Plata. La Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires está a cargo de Alberto Sileoni, ministro nacional del área entre 2009 y 2015, bajo la presidencia de Cristina Kirchner.
“Y en realidad supe que era en La Plata y me puse a googlear el CUIT y eso no puede ser, si yo no terminé la escuela. Me anoté en la escuela nocturna en el secundario, pero no lo pude terminar en el último año. Imposible que yo sea docente”, dijo Aiello, que tiene otro hijo ya mayor de edad y que además se dedica a la venta minorista por cuenta propia.
En la Anses figura que no tiene hijos, cuando en realidad tiene uno de seis años y otro de 28. Y aparece en los registros que está dada de alta por 58.000 pesos, que nunca percibió. Lo descubrió cuando dejó de cobrar la asignación.
“Mi abogada relacionó esta situación con lo del señor este, Chocolate, que estaba en La Plata, y por eso hicimos la denuncia. Yo tuve mi domicilio en Mar del Plata, quizás de ahí sacaron esos datos”, especuló la mujer, que lo que más quiere en la vida es que den de baja ese falso nombramiento para poder cobrar la AUH.
“Ahora estoy sin poder cobrar la plata de mi hijo. Tendría que ir a la fiscalía de acá, de Mercedes, y ver en qué queda todo esto porque es totalmente falso que esté contratada en La Plata”, dijo Aiello.
En su escrito mencionó que vive en Corrientes, que nunca hizo ningún trámite ante la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires y que le llama la atención aparecer contratada en una escuela a 800 kilómetros de su casa.
La mujer destacó su condición de víctima y, además de pedir que le den la baja a ese contrato docente, solicitó que la tengan informada, de acuerdo con sus derechos.

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El Gobierno busca trasladar un costo millonario por YPF
Los abogados del país pidieron pasar un pago que reclaman los demandantes al 10 de enero, una vez que asuma el próximo presidente; debían pagar el 5 de diciembre
El país fue condenado a pagar US$16.000 millones por la estatización de YPF que llevó adelante Cristina Kirchner
La herencia sigue creciendo. En una polémica jugada, el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner busca pasarle a Javier Milei el pago de un costo millonario derivado del escandaloso juicio por US$16.000 millones que el país perdió por la estatización de YPF durante el gobierno de Cristina Kirchner.
En una carta con fecha de ayer, la defensa argentina reclamó a la jueza Loretta Preska, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, que el país tenga más tiempo para depositar una garantía y evitar así millonarios embargos. La fecha original que había dispuesto la Justicia estadounidense era el 5 de diciembre, antes del recambio presidencial en la Argentina. El Gobierno reclamó que sea, ahora, el 10 de enero.
“El 19 de noviembre de 2023, el pueblo de la Argentina eligió un nuevo presidente. El presidente electo prestará juramento el 10 de diciembre de 2023 y se espera que la nueva administración nombre nuevos líderes para el gabinete y los ministerios de la república a partir de esa fecha. Dada la transición, la república solicita respetuosamente la suspensión provisional de la ejecución de la sentencia definitiva vigente hasta el 5 de diciembre de 2023”, arranca la carta del estudio de abogados Sullivan & Cromwell –que representa a la Argentina– enviada a la jueza Preska. En el párrafo siguiente, los abogados reclaman que esa fecha se extienda al 10 de enero de 2024, con Milei ya como presidente.
“Buscan pasar la responsabilidad de Alberto a Milei sabiendo que la jueza Preska muy astutamente había puesto la fecha 5 de diciembre para evitar que el próximo gobierno sea responsable de esta decisión, de poner una garantía para evitar embargos”, explicó Sebastián Maril, director de Latam Advisors.
“Es un pedido, que tiene que ser aprobado”, agregó el experto, que explicó que para evitar embargos, mientras se apela el juicio por la expropiación de YPF, se debe depositar una garantía. Ahora, el Gobierno busca que la responsabilidad de depositar esa garantía pase de Fernández-Kirchner a Milei.
“Esta breve extensión le daría a la nueva administración treinta días para evaluar las condiciones establecidas en la orden de la Corte del 21 de noviembre de 2023”, siguió la misiva de los expertos. “Los abogados de la república han consultado con los abogados de los demandantes, quienes han dicho que se oponen a cualquier extensión, a menos que la república [la Argentina] primero acepte un cronograma acelerado para la apelación, una de las dos condiciones de suspensión en la orden del tribunal del 21 de noviembre. La república no puede aceptar esta condición porque privaría a la nueva administración de la capacidad de evaluar la totalidad de la orden de la corte”, esgrimieron los abogados del país.
Los letrados, en tanto, explicaron que acelerar el cronograma de presentación de informes en la apelación sería un desafío “porque los demandantes presentaron una apelación cruzada e YPF, en respuesta, presentó una apelación cruzada, las cuales requerirán información adicional”.
Por otra parte, señalaron que “la nueva administración ya tendrá un tiempo limitado entre su toma de posesión (10 de diciembre) y la fecha límite para el escrito inicial de la república (23 de enero) para analizar las complejas cuestiones en apelación y revisar los borradores de los documentos de la república. La Corte debería conceder una breve prórroga (hasta el 10 de enero) de los plazos del 5 de diciembre sin imponer condiciones adicionales”, cerraron.
La semana pasada, Preska había accedido a un pedido argentino para no tener que pagar los US$16.000 millones, pero había ordenado al país aportar otros activos que sean del agrado de los beneficiarios al fallo antes del 5 de diciembre, como garantía para evitar embargos. Existía la posibilidad de que esos activos, que deben ser consensuados por ambas partes, fueran un 26% de acciones de YPF y una supuesta deuda que los demandantes dicen que Paraguay tiene con la Argentina por la construcción de Yacyretá.Esta misma jueza había definido meses atrás los parámetros a seguir para determinar la indemnización que el Estado argentino debería pagarle al fondo Burford Capital, que presentó una demanda en Nueva York exigiendo una indemnización por la estatización de la petrolera. La decisión de la jueza colocó a la Argentina en el peor escenario, al rechazar todos los argumentos presentados por los abogados del país y respaldó los argumentos de los demandantes, avalando el cobro de la máxima indemnización posible.La estatización de YPF, impulsada por Cristina Kirchner en 2012 y llevada adelante por Kicillof, fue avalada por el Congreso en una votación que contó con el respaldo del kirchnerismo y parte de la oposición.

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