Reemplazan a una massista para avanzar contra la Corte
El kirchnerismo busca asegurarse la mayoría en la comisión para aprobar hoy la acusación
El kirchnerismo avanza con su plan de aprobar hoy, en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, el dictamen acusatorio contra los jueces de la Corte Suprema de Justicia Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz, y Ricardo Lorenzetti por mal desempeño en sus funciones. Para garantizarse los votos necesarios, ayer hizo un último ajuste, con el reemplazo de una diputada massista que deja la comisión.
Se trata de Micaela Morán, que el viernes pasado, a última hora, presentó su renuncia formal, según informaron fuentes oficiales a la na
cion. Sigue en la comisión, en cambio, Ramiro Gutiérrez, que también responde a Sergio Massa. Para que el dictamen se apruebe, todos los diputados oficialistas deben votarlo. Son 16 y los opositores, 15.
Fuentes de la Comisión de Juicio Político informaron que si bien originalmente la reunión de mañana estaba prevista para las 13, se postergará un par de horas a pedido de Juntos por el Cambio, que tiene un encuentro con gobernadores.
Tal como informóhay sectores dentro del Frente de Todos que tienen dudas sobre la conveniencia de firmar el dictamen porque el oficialismo no tiene los votos para que sea aprobado en el recinto. Están dando un paso más contra la Corte a sabiendas de que la ofensiva está destinada al fracaso, dado que el dictamen acusatorio no tiene posibilidad alguna de prosperar en el Congreso.
En la Cámara baja nadie desconoce que la jugada del kirchnerismo puede favorecer a Milei. Mientras el dictamen acusatorio se mantenga vigente –vencerá recién en diciembre del año próximo–, los jueces no podrán estar del todo tranquilos.
Rechazo de Milei
Milei, que asume la presidencia dentro de 12 días, podría promover que el dictamen kirchnerista sea rechazado en el recinto de Diputados. Si bien La Libertad Avanza tiene una representación muy escueta en la Cámara baja (39 votos de 257), una iniciativa para cerrar el proceso contra la Corte podría conseguir en el arco opositor los votos necesarios.
“El juicio político a la Corte Suprema es infame”, dijo Mariano Cúneo Libarona, el elegido por Milei como ministro de Justicia, que la semana pasada se fotografió con los jueces supremos.
La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados se reunirá para buscar emitir dictamen sobre los pedidos de enjuiciamiento contra los cuatro jueces integrantes de la Corte Suprema de Justicia, proceso impulsado por el oficialismo en la Cámara baja en enero pasado. La firma de los despachos impulsados por el oficialismo es rechazada por Milei.
Morán ocupó el 17° lugar de la lista de candidatos a diputados del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires en la boleta en 2021 y asumió su banca en reemplazo de Victoria Tolosa Paz.
Algo parecido le había pasado en diciembre de 2019, cuando asumió en la Cámara de Diputados bonaerense en el lugar de Lisandro Bonelli, que había sido designado jefe de Gabinete del entonces ministro de Salud de la Nación, Ginés González García. Cuando ambos salieron eyectados del cargo por el escándalo del “vacunatorio vip”, Bonelli intentó recuperar su banca provincial, pero no lo logró.
Después de completar ese mandato, Morán pasó al Poder Ejecutivo y fue nombrada subsecretaria de Planificación y Coordinación del Ministerio de Transporte de la Nación, a cargo del massista Alexis Guerrera.
Morán está casada con José “Chucho” Acasuso, el extenista de Posadas, Misiones, que ejerció como director de Deportes Federados de la provincia de Buenos Aires durante la gestión de María Eugenia Vidal.
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Liberan a 15 titulares de las tarjetas que administraba Chocolate
Los Albini también pidieron ser excarcelados y esperan al juez
Hugo Alconada Mon
El concejal massista Facundo Albini
LA PLATA.– El juez de garantías Guillermo Federico Atencio dispuso ayer la excarcelación de 15 titulares de las tarjetas de débito que administraba Julio “Chocolate” Rigau, el puntero del PJ que está acusado de defraudar por más de $800 millones al Estado bonaerense con una red de ñoquis que funciona en la Legislatura provincial desde hace años. Los excarcelados deberán pagar una caución de $100.000 cada uno.
En el mismo expediente, Facundo y Claudio Albini presentaron ante la Justicia un pedido de excarcelación en la investigación penal que los tiene como acusados junto con Rigau. El pedido de excarcelación de los Albini quedó en manos de Atencio, quien deberá evaluar ahora si admite la solicitud sobre la base de las pautas que fijó la Cámara de Apelaciones en su última resolución o si, por el contrario, los mantiene alojados en la Alcaldía Departamental Roberto Pettinato, en las afueras de esta ciudad.
Los Albini plantean que la investigación judicial debe encuadrarse como una presunta defraudación a las arcas públicas, en vez de investigarse la supuesta conformación de una asociación ilícita, replanteo por el que tanto ellos como los restantes detenidos deberían continuar el proceso penal en libertad.
La ola de detenciones que ordenó el juez Atencio a pedido de la fiscal Betina Lacki puso en alerta a dirigentes de Unión por la Patria –en particular, del Frente Renovador, que lidera Sergio Massa–, de Juntos por el Cambio y de La Libertad Avanza, según reconstruyó interesados en evitar que la investigación avance hacia los eslabones superiores de responsabilidad.
En ese sentido, junto a los Albini confirmaron a que hubo intentos de enviarles mensajes de solidaridad y apoyo, además de pedirles que actúen con “mesura”. “En la práctica, no les ofrecieron ni un vaso de agua”, indicó un allegado al subdirector de Personal de la Cámara de Diputados provincial y a su hijo, concejal en esta capital.
Los emisarios concentran sus esfuerzos en Facundo Albini, quien al ser indagado por la fiscal Lacki afirmó que desea declarar en cuanto lo dispongan sus abogados, una vez que terminen de revisar toda la prueba acumulada en su contra, en línea con lo que dijo a la nacion minutos antes de ser esposado por la policía bonaerense.
“La Justicia tiene que ir para arriba”, indicó, antes de descartar que él o su padre o el actual director de Personal de la Cámara, Pablo Parente, fueran los responsables de lo ocurrido.
“Parente no es el que pide que se designe a un empleado –explicó– ni el que decide a quién se contrata. Tienen que buscar quién dijo ‘quiero designar a este o a este otro’. No hay que buscar al que firma, sino al que pide”.
Pedidos de información
En ese sentido, la fiscal Lacki requirió a la Legislatura bonaerense que entregue toda la información que tenga sobre cada uno de los supuestos empleados cuyos salarios cobraba Chocolate Rigau, como también requirió al Banco Provincia datos adicionales sobre quiénes retiraron dinero de cajeros contiguos a los que usó Rigau.
La fiscal Lacki da por sentado que Chocolate Rigau y los Albini son apenas dos eslabones de un entramado mucho más amplio que abarca a más ñoquis, más “Chocolates” y más intermediarios, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado bonaerenses, ya sea para el enriquecimiento ilícito de legisladores como para el financiamiento de campañas electorales de uno o más espacios políticos.
Sospechado de actuar como jefe o superior de los Albini, uno de los referentes del Frente Renovador en la provincia de Buenos Aires, Rubén “el Turco” Eslaiman, negó
toda responsabilidad ante lo ocurrido, pero amplió el abanico de nombres.
“Yo me aboco a temas legislativos, no administrativos. No tengo firma para decidir la designación de empleados en la Legislatura. Eso es responsabilidad exclusiva del presidente y vicepresidente primero de la Cámara”, indicó, en alusión a Federico Otermin, alfil de Martín Insaurralde, y Adrián Urreli, de Juntos por el Cambio.
Tanto los Albini como Julio “Chocolate” Rigau y algunos de los 48 titulares de las tarjetas de débito se encuentran alojados en la alcaldía, ubicada en la localidad de Lisandro Olmos, a la espera de la decisión del juez Atencio sobre su pedido de excarcelación o, de ser necesario, de la Cámara de Apelaciones.
LA PLATA.– El juez de garantías Guillermo Federico Atencio dispuso ayer la excarcelación de 15 titulares de las tarjetas de débito que administraba Julio “Chocolate” Rigau, el puntero del PJ que está acusado de defraudar por más de $800 millones al Estado bonaerense con una red de ñoquis que funciona en la Legislatura provincial desde hace años. Los excarcelados deberán pagar una caución de $100.000 cada uno.
En el mismo expediente, Facundo y Claudio Albini presentaron ante la Justicia un pedido de excarcelación en la investigación penal que los tiene como acusados junto con Rigau. El pedido de excarcelación de los Albini quedó en manos de Atencio, quien deberá evaluar ahora si admite la solicitud sobre la base de las pautas que fijó la Cámara de Apelaciones en su última resolución o si, por el contrario, los mantiene alojados en la Alcaldía Departamental Roberto Pettinato, en las afueras de esta ciudad.
Los Albini plantean que la investigación judicial debe encuadrarse como una presunta defraudación a las arcas públicas, en vez de investigarse la supuesta conformación de una asociación ilícita, replanteo por el que tanto ellos como los restantes detenidos deberían continuar el proceso penal en libertad.
La ola de detenciones que ordenó el juez Atencio a pedido de la fiscal Betina Lacki puso en alerta a dirigentes de Unión por la Patria –en particular, del Frente Renovador, que lidera Sergio Massa–, de Juntos por el Cambio y de La Libertad Avanza, según reconstruyó interesados en evitar que la investigación avance hacia los eslabones superiores de responsabilidad.
En ese sentido, junto a los Albini confirmaron a que hubo intentos de enviarles mensajes de solidaridad y apoyo, además de pedirles que actúen con “mesura”. “En la práctica, no les ofrecieron ni un vaso de agua”, indicó un allegado al subdirector de Personal de la Cámara de Diputados provincial y a su hijo, concejal en esta capital.
Los emisarios concentran sus esfuerzos en Facundo Albini, quien al ser indagado por la fiscal Lacki afirmó que desea declarar en cuanto lo dispongan sus abogados, una vez que terminen de revisar toda la prueba acumulada en su contra, en línea con lo que dijo a la nacion minutos antes de ser esposado por la policía bonaerense.
“La Justicia tiene que ir para arriba”, indicó, antes de descartar que él o su padre o el actual director de Personal de la Cámara, Pablo Parente, fueran los responsables de lo ocurrido.
“Parente no es el que pide que se designe a un empleado –explicó– ni el que decide a quién se contrata. Tienen que buscar quién dijo ‘quiero designar a este o a este otro’. No hay que buscar al que firma, sino al que pide”.
Pedidos de información
En ese sentido, la fiscal Lacki requirió a la Legislatura bonaerense que entregue toda la información que tenga sobre cada uno de los supuestos empleados cuyos salarios cobraba Chocolate Rigau, como también requirió al Banco Provincia datos adicionales sobre quiénes retiraron dinero de cajeros contiguos a los que usó Rigau.
La fiscal Lacki da por sentado que Chocolate Rigau y los Albini son apenas dos eslabones de un entramado mucho más amplio que abarca a más ñoquis, más “Chocolates” y más intermediarios, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado bonaerenses, ya sea para el enriquecimiento ilícito de legisladores como para el financiamiento de campañas electorales de uno o más espacios políticos.
Sospechado de actuar como jefe o superior de los Albini, uno de los referentes del Frente Renovador en la provincia de Buenos Aires, Rubén “el Turco” Eslaiman, negó
toda responsabilidad ante lo ocurrido, pero amplió el abanico de nombres.
“Yo me aboco a temas legislativos, no administrativos. No tengo firma para decidir la designación de empleados en la Legislatura. Eso es responsabilidad exclusiva del presidente y vicepresidente primero de la Cámara”, indicó, en alusión a Federico Otermin, alfil de Martín Insaurralde, y Adrián Urreli, de Juntos por el Cambio.
Tanto los Albini como Julio “Chocolate” Rigau y algunos de los 48 titulares de las tarjetas de débito se encuentran alojados en la alcaldía, ubicada en la localidad de Lisandro Olmos, a la espera de la decisión del juez Atencio sobre su pedido de excarcelación o, de ser necesario, de la Cámara de Apelaciones.
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