No hay muchos ejemplos en la Argentina democrática en que una institución haya tenido que reconstruirse de la manera en que el Indec lo está haciendo desde diciembre de 2015. Un organismo arrasado tuvo como objetivo, por primera vez en mucho tiempo, no solo recomponer una forma de trabajo sino también recuperar la confianza de la sociedad. A comienzos de 2007 y hasta fines de 2015, la tradicional tensión entre el Ejecutivo y un organismo relativamente autónomo como el Indec se había resuelto de la peor manera: poniendo al saber científico de rodillas. Fue un suceso único en el país y con pocos antecedentes en Estados democráticos.
Idas y vueltas
Poner en pie al instituto no era una tarea fácil ni el camino iba a estar libre de dificultades. Bevacqua y Cynthia Pok, ya no están en el Indec. La falta de acuerdo respecto del tiempo que iba a insumir la construcción de un nuevo IPC y la necesidad de comandar la reconstrucción con una voz única la dejaron rápidamente afuera del Instituto.
El caso de Pok fue menos nítido. En diciembre de 2017, renunció a su cargo en disconformidad porque los datos de empleo para la provincia de San Juan habían sido "observados" y quedaban sujetos a revisión. Si bien la disputa no parece tener la dimensión de las que sucedieron bajo la intervención kirchnerista, no deja de ser una nota amarga. La reemplazante de Pok es una joven formada en su equipo, Sandra Duclós.
Respecto de los números, la recuperación del Indec es evidente. Las primeras semanas de la nueva gestión se realizaron bajo la idea de un "apagón estadístico", bajo el cual las nuevas autoridades tuvieron la doble tarea de revisar lo actuado durante el kirchnerismo y comenzar con la renovación de los indicadores. La primera demostración de que se estaba ante un Indec totalmente distinto del militante fue la sucesión de malas noticias económicas que se fueron publicando a lo largo de 2016. La famosa recuperación en el segundo semestre de ese año fue desmentida una y otra vez por el propio Indec, que demostraba que, por ejemplo, el PBI caía trimestre a trimestre en valores cercanos al 4 por ciento.
La prueba de fuego fue, luego de una demora de un par de meses, la publicación del indicador que había sido el primer objetivo de la intervención kirchnerista: el índice de precios. Mes a mes, a lo largo del resto de 2016, el IPC no paró de dar malas noticias para el gobierno, hasta llegar a una inflación anual mayor al 40 %. Que el dato fuera malo para el gobierno no era la única manera de verificar que se trataba de un dato confiable. El IPC Congreso, por decisión de los legisladores del Frente Renovador, siguió saliendo mes a mes "hasta tanto haya estadísticas confiables". La corroboración fue total: los números del IPC Indec eran muy similares a los del IPC Congreso y no solo eso: en algunos casos era más alto el de las consultoras que el oficial. Tanto en 2016 como en 2017, las diferencias entre ambos indicadores son estadísticamente irrelevantes (de hecho el número total para 2017 es ligeramente más alto para el Indec: 24,8 % contra 24,6 %). En un año bajo del kirchnerismo, como 2014, el IPC Congreso anual daba 38,5 %. El del Indec, apenas 23,9 %, una diferencia de más del 60 %. En un año de menor inflación, como 2012, el IPC Congreso dio más del doble de la del Indec: 25,6 % contra un risible 10,8 del número oficial.
El siguiente número significativo para la discusión pública fue el de pobreza, discontinuado escandalosamente desde 2013 por Axel Kicillof con excusas pueriles. La reconstrucción de la EPH y el hecho de que sus resultados fueran semestrales hizo que hubiera que esperar hasta septiembre de 2016 para tener el primer indicador que mostrara pobreza e indigencia. Los números se mostraron escalofriantes pero no sorprendentes para quienes no se habían dejado llevar por la mitomanía kirchnerista: 32,2% de pobreza y 6,3 % de indigencia. Aunque se tratan de metodologías distintas, los indicadores estaban en línea con las mediciones de la UCA, que contrastaban fuertemente con los números oficiales en la época kirchnerista.
El siguiente número significativo para la discusión pública fue el de pobreza, discontinuado escandalosamente desde 2013 por Axel Kicillof con excusas pueriles. La reconstrucción de la EPH y el hecho de que sus resultados fueran semestrales hizo que hubiera que esperar hasta septiembre de 2016 para tener el primer indicador que mostrara pobreza e indigencia. Los números se mostraron escalofriantes pero no sorprendentes para quienes no se habían dejado llevar por la mitomanía kirchnerista: 32,2% de pobreza y 6,3 % de indigencia. Aunque se tratan de metodologías distintas, los indicadores estaban en línea con las mediciones de la UCA, que contrastaban fuertemente con los números oficiales en la época kirchnerista.
Más allá de la recuperación de estas estadísticas fundamentales, el Indec está recuperando una mística de trabajo, produciendo información y modernizando algunas de sus herramientas, especialmente en el ámbito de la comunicación. La cuenta de Twitter @INDECArgentina tiene como tuit fijado el calendario mensual de indicadores. Cada uno de los días señalados, a partir de las 16, la cuenta publica los indicadores con algún grado de desagregación y de manera clara para su difusión. La cuenta de Facebook se permite un nivel mayor de detalle. El sitio oficial, prácticamente muerto durante el kirchnerismo, alcanzó un millón de usuarios únicos y prevé su remodelación, un proceso que las autoridades calculan que llevará un par de años.
Entre la aparente calma de las patotas (cuyos miembros siguen pero disminuyeron su actividad vandálica), la revisión del pasado y la construcción del futuro, el Indec parece encaminarse a recuperar el prestigio perdido, hoy quizás sobrevalorado por lo que vino después. La catástrofe generó la oportunidad de un instituto de calidad, autárquico y alejado del poder político.
Rumbo al censo 2020
Está lejos de ser imposible que el Indec mejore su imagen luego del período kirchnerista. Más desafiante resulta aprovechar la salida de la crisis para reconvertir el instituto en un organismo mejor, resistente a agresiones como las sufridas a partir de 2007. La reclamada autarquía del instituto puede ser realidad si el gobierno lleva adelante un proyecto de ley que está en estudio en Jefatura de Gabinete. Según el proyecto, el director del Indec se nombraría con acuerdo del Senado. También habrá un consejo consultivo con miembros del Poder Ejecutivo, del Legislativo y de organizaciones académicas. La ley aseguraría el acceso a los registros administrativos para ser utilizados estadísticamente. Esto significa que, asegurado el secreto estadístico, el Indec podrá acceder a datos ya relevados con otros objetivos, como la base fiscal de AFIP o las habilitaciones comerciales.
Otro objetivo es la realización del próximo Censo Nacional, en 2020, superando las dificultades de las ediciones previas. Las crisis económicas obligaron a demorar un año los censos que finalmente se realizaron en 1991 y 2001. Este último se realizó un mes y medio antes de la crisis final del gobierno de Fernando de la Rúa. Para el Censo 2010 se habían desplazado a los profesionales que venían acumulando experiencia; primó la idea de la militancia y la ejecución sufrió el día del operativo la terrible noticia de la muerte de Néstor Kirchner. La explotación de los resultados fue deficitaria. En algunos casos, se reemplazó el relevamiento con la duplicación de zonas enteras, falsificación que está en la Justicia, denunciada por las nuevas autoridades. El Indec recuperó el equipo que participó de los censos de 1991 y 2001 y se prepara para el nuevo operativo. Se espera para 2019 un Censo Experimental, en donde se pondrán a prueba novedades conceptuales de la cédula censal y características del operativo. Se especula con que por primera vez el censo no sea "de hecho" (realizado en un solo día y ubicando al declarante en el lugar donde pasó la noche anterior) sino "de derecho" (más extendido en el tiempo y declarando su lugar de residencia habitual). Se estudian variables para relevar afrodescendientes y pueblos originarios.
G. N.
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