ECONOMÍA.....ACTUALIDAD

Con el expreso respaldo político brindado por los principales países desarrollados que deciden en el directorio del Fondo Monetario Internacional ( FMI ), el gobierno de Mauricio Macri no enfrentaría demasiados escollos para recibir el préstamo stand by por un monto que oscilaría entre 20.000 y 30.000 millones de dólares.
Sin embargo, sería un error suponer que todo seguirá como hasta ahora en la política económica y que la Argentina obtendrá plata prestada para seguir viviendo de prestado indefinidamente. Una forma de decir, ya que los procesos de acelerado endeudamiento externo se cortan de manera abrupta en algún momento y precipitan una crisis. La Casa Rosada sintió ese frío por la espalda el último lunes, cuando la frenética escalada cambiaria parecía incontrolable y el propio Macri, a instancias del ministro Luis Caputo, anunció el pedido de auxilio financiero al Fondo.
La sorpresiva decisión presidencial modifica varios escenarios. Desde un punto de vista estrictamente técnico, tiene la lógica de financiarse a un costo mucho más bajo que en los mercados externos, donde el piso se elevó al 8% anual en dólares y el techo pasó a ser tan incierto que borró los cálculos de sustentabilidad de la deuda hasta 2022 que había trazado el Palacio de Hacienda. Pero esta señal para reducir la incertidumbre de los mercados implica una riesgosa movida política. Ante la pésima imagen del FMI en la sociedad argentina, le aporta otro argumento demagógico a una oposición peronista fragmentada y sin liderazgo, que logró encolumnarse transitoriamente para aprobar en Diputados el impracticable proyecto de retrotraer a noviembre los ajustes en todos los servicios públicos. Aunque esta iniciativa se desentiende de sus costos económicos (mayor déficit fiscal, endeudamiento y freno de planes de inversión), ocurre lo contrario con el calculado costo político de forzar a Macri a vetarla si el Senado la convierte en ley.
El nuevo escenario obligará al Gobierno a barajar y dar de nuevo en varios frentes. Por lo pronto, la negociación con el Fondo ubicará en el centro de la escena a los desequilibrios macroeconómicos que vienen de herencia pero no fueron resueltos. De ahí que Macri busque apoyos entre los gobernadores peronistas que buscan su propia reelección y en el sector empresario. Al fin y al cabo, la sustentabilidad política depende de la sustentabilidad macroeconómica y viceversa.
También debería hacer lo propio con la comunicación oficial. Como lo revelan las encuestas, ya sufrió un claro desgaste la estrategia "duranbarbista" de que todas las noticias deben ser "pum para arriba" y los problemas reales relativizados frente a la intención de resolverlos con gradualismo. Hablar claro puede aportarle más rédito que repetir promesas, estribillos y medias verdades; aun sin dejar de lado la importancia de haber desviado el rumbo de colisión que a fin de 2015 seguía la política económica populista y eliminado el intervencionismo estatal de la era K.
Por caso, ya no tiene sentido hablar solo de la reducción del déficit fiscal primario (sin intereses de la deuda) - que se justificaba cuando el país estaba en default y/o aislado del mundo-, sin poner énfasis en que sube el déficit financiero debido al mayor pago de intereses y contrarresta con creces el menor gasto en subsidios.

Si hubiera que atenerse al discurso oficial, la crisis cambiaria que motivó el pedido de asistencia al FMI sólo fue provocada por la suba de tasas en los Estados Unidos (que se tradujo en la devaluación de las monedas de países emergentes) y el irresponsable proyecto tarifario de la oposición. Pero, pese a ser cierto, ese diagnóstico resulta incompleto sin una autocrítica sobre la sucesión de errores no forzados cometidos en los últimos cinco meses por la Jefatura de Gabinete, el equipo económico y el Banco Central, que alteraron las expectativas económicas. Hubo mala praxis y falta de coordinación entre el recálculo de la meta de inflación; la acumulación de ajustes tarifarios; el zigzag con las tasas de interés; la devaluación entre diciembre y febrero; el congelamiento cambiario de marzo y abril; la aplicación del impuesto a la renta financiera y el errático manejo de la intervención cambiaria y del dólar, a costa de dejarlo subir a $24 pese a sacrificar reservas por casi U$S 9000 millones.
Como resultado de todos estos factores, aumentó en los mercados externos la percepción de vulnerabilidad de la economía argentina, que consume más dólares de los que genera genuinamente, aunque la deuda pública neta se ubica en 30% del PBI y es inferior al promedio de la región. No obstante, el financiamiento externo del déficit fiscal explica gran parte del déficit de cuenta corriente. También pesa el déficit comercial por estancamiento de exportaciones y mayores importaciones en industria y energía; el déficit de la balanza turística y la salida de capitales por atesoramiento.
De ahí el aumento del riesgo país, el costo extra del endeudamiento hasta el punto de frenarlo y la decisión de recurrir al FMI. No sólo para cubrir las necesidades de financiamiento hasta fin de 2019 (alrededor de US$25.000 millones), sino también para facilitar con ese respaldo la renovación de vencimientos de deuda con acreedores privados, que algunos analistas estiman en US$22.000 millones.
El crédito stand by que se negocia en Washington tendrá desembolsos trimestrales condicionados al cumplimiento de metas prefijadas en valores absolutos para el déficit fiscal, la expansión monetaria, la inflación y el endeudamiento del sector público, que tendrán impacto sobre el tipo de cambio real. Nada que sorprenda, si se tiene en cuenta que la Argentina arrastra desde hace más de una década una inflación anual de dos dígitos altos y elevados déficits "gemelos" (fiscal y externo) que se ubican en torno del 5% del PBI y sólo monitorean los especialistas privados. Más que un abrupto recorte del déficit fiscal, los especialistas creen que el organismo pondrá bajo la lupa su consistencia con la política monetaria y cambiaria.
Quienes conocen el pensamiento del staff técnico del Fondo, creen que quizá no presione para bajar la meta de déficit primario para este año, después de la anunciada reducción del 3,2% al 2,7% del PBI a través del recorte de gastos de capital (en obras públicas no iniciadas). De hecho, el actual tipo de cambio nominal -superior a todos los pronósticos- provoca una licuación del gasto público en dólares y reduce la necesidad de financiamiento, a la vez que la mayor inflación aumenta la recaudación nominal por encima de lo presupuestado.
En todo caso, una incógnita es la meta para 2019 -año electoral-, que por ahora pasaría del 2,7 al 2,2% y resultaría más difícil de negociar. Otra es qué ocurrirá con la inversión pública, pese a los mayores desembolsos previstos del BM y el BID, y su reorientación hacia proyectos que mejoren la competitividad de la economía. También cómo se contabilizarán las iniciativas incluidas en el régimen de PPP, que significan un adelanto de inversión pública con financiamiento privado y no aparecen como gasto presupuestario, al igual que los de "inversiones prioritarias", aunque aumentan a futuro la deuda pública. Probablemente aquí deban ser postergados algunos muy costosos (como el RER) o reemplazados por opciones de menor costo.
En cuanto al tipo de cambio, se descuenta que el staff promoverá una flotación lo más limpia posible, acompañada por tasas de interés reales positivas para atenuar su traslado a precios hasta encontrar un punto de equilibrio.
El problema es que el presupuesto nacional para 2019 deberá ser presentado dentro de cuatro meses y aprobado por la mayoría peronista en el Congreso cuya postura es aumentar el gasto público, desentenderse del déficit y cuestionar el endeudamiento para financiarlo. Curiosamente, la única propuesta concreta a mediano plazo surgió del expresidente Eduardo Duhalde. En un reportaje con El Cronista Comercial, acaba de sostener que "por 15 años no hay que tomar más gente en el Estado y el problema de la Argentina se resuelve solo"

.N. O. Sc.