TEMA DE ANÁLISIS Y REFLEXIÓN

Después de haber dominado la tensión cambiaria con una coordinación de acciones que no se veía desde hace tiempo, el presidente Mauricio Macri no ignora que tiene ahora por delante el trabajoso desafío de reconstruir la confianza en la política económica, seriamente dañada en los últimos meses. Y que, con el nuevo escenario interno y externo, el tiempo no es precisamente lo que sobra.
Por lo pronto, ratificó al equipo económico y le devolvió al Banco Central la autonomía que la Jefatura de Gabinete le había recortado a fin de diciembre. Para reducir daños, tanto el Presidente como los ministros del área y el titular del BCRA coincidieron en un indispensable ejercicio de autocrítica para admitir los errores propios que condujeron al choque contra la realidad de los mercados y al pedido de asistencia financiera al Fondo Monetario Internacional (FMI).
Con estas decisiones el Gobierno gana tiempo, aunque no mucho. Al menos durante alrededor de un mes, las políticas fiscal, monetaria, cambiaria y de ingresos se mantendrán en la sala de cuidados intensivos. En ese lapso debería cerrar el acuerdo con el FMI y evitar que tanto el dólar como el próximo vencimiento de Lebac vuelvan a la tapa de los diarios.
Mientras tanto, el discurso oficial comenzó a virar desde el voluntarismo hacia el realismo. No sólo con el diagnóstico de que será más alta la inflación y más bajo el crecimiento del PBI, como consecuencia del salto cambiario y las exorbitantes tasas de interés aplicadas para contenerlo. El tratamiento también incluirá al déficit fiscal y su consistencia con la política monetaria, para que la devaluación del peso no quede en el vacío. De ahí que el propio ministro Nicolás Dujovne, en su reportaje con la nacion, sostuviera que "el gradualismo es hijo de algo superior, que es el pragmatismo". En otras palabras, deberán recalcularse las variables y la velocidad del gradualismo para corregir los déficits "gemelos" en las cuentas fiscales y externas.
Como si se tratara de una serie de Netflix, en la conferencia de prensa del miércoles Macri retrocedió hasta el 31 de octubre de 2017 la película que había dejado en pausa a fin de diciembre. Todo lo que dijo ahora en Olivos fue casi idéntico a su realista discurso de entonces en el CCK ante gobernadores, legisladores y empresarios, una semana después del triunfo de Cambiemos en las elecciones legislativas. Allí había sostenido que el Estado gasta más que lo que recauda y que si no se reduce el déficit fiscal, el endeudamiento externo para financiarlo iba a tornarse insostenible. Junto con este llamado a la austeridad fiscal, también patentó la frase del "reformismo permanente" para replantear la coparticipación, bajar la presión tributaria, el gasto previsional y los costos laborales.
Esta etapa de reformas tuvo su pico en las últimas dos semanas de diciembre, con la sanción de tres leyes claves acordadas con los gobernadores. Una, el cambio en la fórmula de ajuste de la movilidad jubilatoria. Otra, vinculada con la anterior, fue la convalidación por ley del consenso fiscal entre la Casa Rosada y todas las provincias (salvo San Luis), cuyo eje es que la provincia de Buenos Aires recupere entre este año y el próximo, con aportes del Tesoro, los fondos que le hubieran correspondido por el extinguido Fondo del Conurbano Bonaerense. A cambio, las demás provincias renuncian a juicios contra el Estado y reciben bonos (por $ 80.000 millones a 10 años) y compensaciones de impuestos nacionales, que destinarán a reducir en cinco años las alícuotas de Ingresos Brutos y cubrir el déficit de las 13 cajas jubilatorias no transferidas a la Anses. Y finalmente, el cambio de la ley de Responsabilidad Fiscal para evitar que el gasto público provincial crezca más que la inflación. A estas leyes se sumó la sanción de la reforma tributaria con su sendero de rebajas graduales en la presión impositiva nacional sobre las empresas, también en cinco años, a cambio de la suba inmediata de impuestos al consumo y al patrimonio.
Esta serie reformista de culto al gradualismo quedó detenida a fin de año sin incluir el capítulo laboral, para no confrontar con el gremialismo que aceptó la pauta salarial del 15%. Una vez logrado el objetivo de fortalecer el presupuesto bonaerense, clave para las elecciones de 2019, la Casa Rosada consideró que podía extender a un segundo mandato presidencial las metas para reducir la inflación, el déficit fiscal, desacelerar el endeudamiento externo para financiarlo y avanzar en otras reformas. A tal punto que el propio Macri excluyó a las cuestiones económicas de la agenda de trabajo propuesta al Congreso el 1º de marzo.
El problema es que la línea argumental de la saga puesta en modo pausa en diciembre se modificó sustancialmente en estos meses. La combinación de factores externos en contra (suba de tasas y del petróleo) y errores oficiales en el manejo de la política económica, desembocaron en el aumento de la desconfianza, la corrida cambiaria y la decisión de recurrir al FMI.
El pragmatismo al que alude el ministro Dujovne indica el prematuro fin -al menos para las previsiones oficiales- de un período de dólar barato y tarjeta de crédito externa sin límite para financiar el gradualismo fiscal, aunque no lo haya sido tanto con los ajustes reales de tarifas para recortar subsidios. También que, cuanto mayor sea el gasto público -con su correlato inflacionario-, más altas serán las tasas de interés domésticas. Además, está por verse cómo quedará el tipo de cambio real en los próximos meses, tras el acelerado aumento nominal en las semanas previas al último "supermartes" pese a las ventas récord de reservas del BCRA.
En este nuevo escenario, el crédito stand by con el FMI que comenzará a negociarse esta semana en Washington implica un cambio sustancial en el modelo de financiamiento externo. No solo porque su costo baja a la mitad. También porque los desembolsos trimestrales estarán condicionados al cumplimiento de metas cuantitativas de gasto, inflación y balanza de pagos. Cómo alcanzarlas dependerá de las políticas que fije el Gobierno. Con esta asistencia, el Palacio de Hacienda no necesitará recurrir a los mercados durante este año y en 2019. Pero una parte podría quedar sin utilizar, como respaldo para facilitar hasta entonces la renovación de vencimientos con acreedores privados.
Para reconstruir la confianza, el oficialismo necesita ineludiblemente de la oposición. Tanto para aprobar el Presupuesto 2019 como para que la austeridad fiscal no quede en el plano de las buenas intenciones.
Pese a que el último aporte opositor haya sido el irresponsable proyecto tarifario para forzar un veto presidencial, las necesidades de financiamiento colocan en el mismo barco al gobierno nacional y a los gobernadores -oficialistas y opositores- de más de la mitad de las provincias, que en los últimos dos años colocaron bonos en los mismos mercados que ahora ven a la Argentina como deudor riesgoso. Tras el Pacto Fiscal, los gobiernos provinciales aumentaron sus ingresos en términos reales por los cambios en la coparticipación. Y si bien el crédito del FMI será contraído por el Poder Ejecutivo, las provincias no podrán endeudarse sin su aprobación. De ahí que la necesidad de nuevos acuerdos sea recíproca para no poner en riesgo la gobernabilidad.
El abanico es más amplio de lo que suele suponerse detrás del consabido eslogan de que el gasto público no puede ser reducido. Va desde la reasignación de fondos para obras públicas prioritarias (y eliminación de las superfluas) hasta la fijación de plazos para la eliminación de jubilaciones de privilegio, que en el consenso fiscal quedó como expresión de deseos. Paralelamente, Daniel Artana, economista jefe de FIEL, estima que si se prohibiera el ingreso de nuevo personal al sector público, el gasto podría bajar a razón de 3% anual sólo por el efecto de jubilaciones. Esto, sin contar con la posibilidad de eliminar la superposición de funciones en muchas áreas del Estado (servicios jurídicos, promoción comercial y de inversiones, trámites innecesarios) que alimentan la burocracia.

N. Sc.