ECONOMÍA....LA GRIETA Y LOS PORQUÉ

Polarización extrema con un escollo en común
La elección entre capitalismo y populismo tiene por delante una grieta entre el sector privado y el Estado que hipoteca el crecimiento
La sorpresiva decisión de Mauricio Macri de elegir a Miguel Ángel Pichetto como compañero de fórmula presidencial le aportó una significativa dosis de oxígeno político al oficialismo, que los mercados celebraron por entender que mejora las chances electorales del oficialismo para octubre.
Por lo pronto, el senador peronista aceptó el ofrecimiento sin eufemismos discursivos. No planteó solo que nunca es bueno volver al pasado, sino también que el debate electoral será entre democracia y autoritarismo. Dijo que comparte con el Gobierno la visión de un capitalismo moderno, que defienda a la industria nacional que exporte y abra mercados; que hay que terminar con la lógica de mirar la Argentina con una visión de hace 50 años, y que el mercado no funciona con reglas que dependen del voluntarismo político. También rechazó de plano un default de la deuda o el incumplimiento de contratos; elogió la política exterior de Macri con Estados Unidos, Brasil y Venezuela, además del impulso a mayores inversiones en Vaca Muerta, para admitir luego que su último viaje a Nueva York lo convenció de que se requiere previsibilidad económica para atraer inversiones. Música a los oídos del "círculo rojo".
El pase al oficialismo de Pichetto (devenido en los últimos años en duro crítico de Cristina Kirchner y principal interlocutor de la Casa Rosada en el pacto fiscal que transfirió más recursos a los gobernadores del PJ, a cambio de una módica reducción de impuestos), extrema la polarización del tablero electoral de cara a octubre. De hecho, convalidó el resquebrajamiento de Alternativa Federal, que un día antes había sufrido la deserción de Sergio Massa, quien se sumó al kirchnerismo, y debió armar a último momento la fórmula Roberto Lavagna - Juan Manuel Urtubey, para tratar de captar a los votantes desencantados con Macri y con CFK.
Aunque cada alianza electoral acaba de ser rebautizada para la ocasión, el nuevo escenario político fue graficado con una figura elocuente por el analista rosarino Salvador Di Stéfano. "La geografía de las elecciones se parece a una gran avenida con dos vías muy amplias, una a contramano de la otra, hacia el norte y el sur; y la tercera vía pasó a ser una bicisenda muy angosta", escribió en uno de sus informes sobre los mercados.
Sin que hasta ahora se haya definido cómo se presentará el frente kirchnerista en las PASO nacionales (debe acordarse en menos de una semana), la grieta ideológica que separa a las dos fuerzas políticas con más chances tiene su correlato en una visión binaria de la economía más allá de 2019.
Una mirada superficial muestra las opciones futuro-pasado; capitalismo-populismo intervencionista; apertura al mundo-vivir con lo nuestro; un camino duro con resultados sustentables a largo plazo -un camino inverso. Con la reciente estabilidad cambiaria, pero aún con alta inflación y microscópicas señales de reactivación, los próximos meses serán claves para determinar si prevalece el temor al retorno de Cristina para votar a Macri, o si la situación económica inclina la balanza hacia la fórmula doble Fernández.
De todos modos, tanto un gobierno macrista como cristinista deberán sortear el escollo de una grieta transversal: el financiamiento sostenible del gasto público (que aún con bajo o nulo déficit fiscal primario crece por el pago de intereses), sin margen para incrementar aún más la presión tributaria récord, ni la inflación, ni el endeudamiento del Estado, variables que, en realidad, deberían bajar en los próximos años. Esta grieta hipoteca el crecimiento económico a futuro, al desalentar la inversión productiva, la creación de empleos y la reducción de la pobreza. No es fácil cerrarla, porque en la última década se acentuó la asimetría entre el sector privado (con 8 millones de contribuyentes que pagan hasta un centenar de altos impuestos) y el Estado, que con esos ingresos no alcanza a atender su gasto total (que incluye pagos a 20 millones de personas entre sueldos, jubilaciones y planes sociales, además de obras públicas e intereses de la deuda). Máxime, con un 35% de la economía "en negro".
El ex ministro de Economía Jorge Remes Lenicov, que en los últimos años cultivó un bajísimo perfil tras haber realizado el "trabajo sucio" posterior al estallido de la convertibilidad (que pavimentó el camino hacia el alto crecimiento del PBI entre fines de 2002 y 2008), reapareció semanas atrás en el seminario de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) en Ushuaia. Allí aportó un crudo diagnóstico sobre el tamaño y calidad del gasto público, que en gran medida refleja la herencia K y vale la pena resumir en sus puntos principales para comprender la magnitud del problema:
Desde 2003 el gasto público consolidado (Nación-provincias) se expandió hasta alcanzar 44% del PBI -el nivel más alto de la historia-, con un aumento de 18 puntos respecto del promedio de la década previa.
Pese al mayor presupuesto, los servicios prestados (educación, salud, justicia, seguridad) no mejoraron sino que empeoraron. Según un estudio del BID, el Estado argentino es el más ineficiente de América Latina y cuesta 7,2 % del PBI. Por eso, muchas familias recurren a servicios privados, que significan una pérdida de ingreso disponible.
El fuerte aumento se debió al empleo público, las jubilaciones y los subsidios a la energía y al transporte. En 2003 había 2.200.000 empleados y en 2015, unos 3.700.000. El empleo público creció 70%; el privado, 24%, y la población, 15%.
El sistema de la Anses incorporó unos 3.000.000 de jubilados sin aportes y/o ni los requisitos necesarios. El gasto de los casi 7 millones de beneficiarios representa 11% del PBI y su déficit, la mitad.

La presión tributaria creció desde 2003 y en los tres niveles de gobierno pasó de 22% del PBI en la década previa a 35% en 2018, con un alza de casi 60% en poco tiempo. Y se suma el impuesto inflacionario (4% del PBI).
Para el nivel de desarrollo argentino esa presión es altísima (semejante a la de los países de la OCDE). Y si se considera su impacto sobre quienes están en "blanco", en muchos sectores alcanza al 50% del PBI.
Entre 2004 y 2015 se pagaron casi US$700.000 millones más de impuestos que en los 90. Un monto equivalente al Plan Marshall que los EE.UU. lanzaron para reconstruir Europa tras la II Guerra Mundial.
Además, se aplican impuestos en sectores que se dice querer promover, como el ahorro (renta financiera), el trabajo formal, las exportaciones y las transacciones financieras (impuesto al cheque).
Remes considera necesaria no solo una amplia reforma tributaria que reduzca o redefina impuestos, en paralelo con una mejora en la calidad y eficiencia del gasto para no malgastar recursos, sino también una reforma del régimen de coparticipación, pendiente desde hace 25 años. Pero sostiene que se requerirán acuerdos entre los partidos políticos, para que duren mucho tiempo y ganen previsibilidad. "Si no se crea riqueza no se podrá bajar la pobreza y nunca alcanzarán los fondos públicos para atender la problemática social", advierte.
Otros especialistas plantean, además, una ley previsional (hay 1,3 aportantes por jubilado, el resto se cubre con impuestos y una docena de provincias mantiene regímenes de privilegio con haberes de hasta 30 veces a la mínima) y una reforma laboral en el sector privado y público (para adaptar leyes y convenios a modalidades de trabajo surgidas del avance tecnológico y reducir inequidades).
En la oposición peronista -y en algunos despachos oficiales- proponen una renegociación del crédito stand by con el FMI (que entre 2021 y 2023 requiere cancelar vencimientos por US$45.000 millones), para transformarlo en un acuerdo de facilidades extendidas (EFF) a 10 años que, a su vez permita algún tipo de reestructuración "amigable" de la deuda a corto plazo con acreedores privados. Pero no se trata de firmar un simple formulario: EFF incluye condicionalidades que abarcarían esas reformas y también la independencia del Banco Central. Todas ellas requieren de leyes aprobadas por el Congreso, donde la renovación parcial de ambas cámaras se definirá en la primera vuelta electoral del 27 de octubre. Por ahora, la moneda está en el aire.

N. O. Sc.