EDITORIALES,

Camino hacia la impunidad
No es un paso sino muchos los que se están dando en el camino por consagrar la impunidad judicial. Pretender forzar la realidad haciendo creer que hay presos políticos cuando lo que hay son políticos presos fue apenas el comienzo. Le siguió el nombramiento de cuestionables candidatos en organismos de control y en otros importantes cargos en ministerios claves para el combate de la corrupción, y el continuo embate político contra jueces que han demostrado su independencia y su coraje.
El nombramiento de Carlos Zannini como procurador del Tesoro de la Nación es uno de los ejemplos más claros de las desafortunadas designaciones del actual gobierno. Otra designación inexplicable es la de Félix Crous, estrechamente alineado con la agrupación Justicia Legítima, en la Oficina Anticorrupción. Quienes ahora son gobierno solían pedir autonomía política para ese funcionario. Pero no se les ha escuchado ese mismo argumento cuando el candidato fue uno de los suyos. En tanto Carlos Cruz, designado al frente de la Unidad de Información Financiera (UIF), fue abogado del gremialista Víctor Santa María, quien venía siendo investigado por la propia UIF por lavado de dinero. Y también ha sido otro paso lamentable la designación como viceministro de Justicia de Juan Martín Mena, exnúmero 2 de la AFI.

Pero no terminan allí los pasos en busca de impunidad. A los citados se suma la derogación del decreto de Macri por el que se creaba la Agencia Nacional de Protección de Testigos e Imputados, un ente autárquico para el resguardo de la seguridad de los "arrepentidos" en causas judiciales. Tras ello sobrevino el proyecto de ley de cinco senadoras kirchneristas para eliminar las prisiones preventivas de los funcionarios acusados de corrupción, cercenando la libertad de prensa y tratando de condicionar aún más a los jueces independientes.
Más tarde, se conoció la iniciativa de un senador nacional del Frente de Todos para que se intervenga el Poder Judicial de Jujuy, medida que tiene como especial beneficiaria a Milagro Sala, investigada en una decena de causas por numerosos delitos y condenada en varias de ellas, en distintas instancias. Y luego se sumó la inaplicabilidad de un decreto de control preventivo de la corrupción para el caso de la renegociación de la deuda externa.
Todo ello coronado por el primer mensaje presidencial ante la apertura de un nuevo año de sesiones legislativas. Allí, el presidente Alberto Fernández pintó un crítico panorama respecto de la designación de jueces "amigos" y sobre las componendas entre el poder político y el Judicial, por lo que sugirió que se abocará a diluir el poder de los magistrados federales de Comodoro Py. Pero no hizo ninguna autocrítica de los más de 12 años en los cuales, durante el kirchnerismo, se abusó de esas componendas y se recurrió como nunca antes a "los sótanos de la democracia", es decir, a las vinculaciones ilegales entre jueces y espías de la AFI. Una trampa podría encerrar también la manipulación de las subrogancias en juzgados que quedarían vacantes.

Finalmente, en los últimos días, fue liberado Julio De Vido en una fulminante resolución exprés, basada en las nuevas reglas que el Congreso fijó en noviembre del año pasado respecto de las prisiones preventivas. Sin embargo, el exministro, favorecido en esta oportunidad en la causa que se le sigue por presunta estafa con fondos de Yacimientos Carboníferos Río Turbio, no tardó en usarla políticamente para seguir defendiéndose de una inexistente condición de "preso político". De Vido tiene ya una condena a 5 años y 8 meses de prisión por la tragedia ferroviaria de Once en la que murieron 51 personas, cuando él era el responsable de Planificación Federal, durante el kirchnerismo. En esa causa también fue liberado por no hallarse firme la sentencia.
Ya no queda ningún funcionario kirchnerista que cumpla prisión preventiva por corrupción. Solo están presos los condenados Ricardo Jaime, Amado Boudou y José López.
Entre todo ese fárrago de hechos e intenciones que, hasta el momento, no dejan en claro un ataque frontal y decisivo a la corrupción, merece que nos detengamos en el análisis de la recientemente sancionada ley de restauración de la sostenibilidad de la deuda pública emitida bajo ley extranjera. En ella se establece que "los contratos que se suscriban no estarán alcanzados por las disposiciones del decreto 1023/01, sus modificatorios y complementarios".
Dicho decreto estipula el régimen de contrataciones de la administración pública. Entre sus principios generales, se establecen:
La transparencia en los procedimientos.
La publicidad y difusión de las actuaciones.
La igualdad de tratamiento para interesados y oferentes.
El rechazo sin más trámite de la propuesta u oferta en cualquier estado del contrato cuando se haya ofrecido dinero o cualquier dádiva a fin de que los funcionarios hagan o dejen de hacer algo relativo a sus tareas; cuando hagan valer la influencia de su cargo o su relación o autoridad sobre otro funcionario o empleado estatal con el propósito de que estos hagan o dejen de hacer algo vinculado con sus funciones.

La inaplicabilidad del decreto mencionado también conduce a que los funcionarios que autoricen, aprueben o gestionen las contrataciones no serán responsables por los daños que por su dolo, culpa o negligencia causaren al Estado nacional.
Es muy grave que se haya declarado inaplicable un decreto que establece controles preventivos en materia de corrupción de funcionarios. Desde ya que para estos casos rigen el Código Penal y las convenciones anticorrupción, pero de lo que se trata es de que no se llegue a configurar el delito.
Dotar de flexibilidad la renegociación de la deuda pública emitida bajo ley extranjera no puede implicar una estrategia de impunidad para quienes, en representación de todos los argentinos, puedan obrar de manera irregular.
Si de lo que se trata es de dar garantías, reglas de juego claras y seguridad jurídica a los acreedores, esta no es la manera.
Constituye, además, un hecho altamente preocupante que estén siendo bastardeadas, una tras otra, muchas cuestiones vinculadas con la independencia de poderes en nuestro país, que es, en definitiva, el principio fundamental en el que se sostiene un sistema democrático.
Es de esperar que la defensa irrestricta del Estado de Derecho se imponga por sobre este tipo de prácticas deleznables. La salud de la República está en riesgo.