EDITORIALES

La pandemia y la salud de la república.
Es necesario defender la democracia de las actitudes autoritarias de gobiernos que aprovechan la crisis sanitaria para abusar del poder
Es necesario defender la democracia de las actitudes autoritarias de gobiernos que aprovechan la crisis para abusar del poder.
Había pasado poco más de un mes desde la disposición del aislamiento social por el Covid-19 en nuestro país cuando, en el orden internacional, empezaban a escucharse numerosas voces de destacados organismos y personalidades que alertaban sobre los peligros que implica para la democracia la brutal concentración de poder que estaban procurándose y logrando algunos gobernantes.

Mientras la mirada y el esfuerzo de la mayor parte del mundo se orientaban cada vez más a contener a la población, a buscar mecanismos para la protección de los ciudadanos y mejorar los sistemas sanitarios, en no pocos países autoridades de marcada raíz autoritaria aprovechaban –y siguen aprovechando– la pandemia para cercenar derechos, arremetiendo contra la división de poderes y, por ende, horadando las instituciones republicanas.
Algunos gobiernos llegaron incluso a excederse de manera injustificada e injustificable en las medidas de prevención y tratamiento de la pandemia. En ciertos casos, no solo se determinaron sanciones desproporcionadas para quienes necesitaban de manera imperiosa trasladarse de un lugar a otro, sino que se cortaron caminos, se cerraron rutas de manera inconstitucional y se pretendió aprovechar el encierro de la ciudadanía para avasallar los congresos y sacar del camino a jueces que, como en nuestro caso, investigaban graves delitos en los que están imputados funcionarios de altísimo nivel.
Nuestro país viene contribuyendo largamente con esos malos ejemplos. El Presidente ha hecho uso y abuso de decretos de necesidad y urgencia estando el Congreso en funciones. Uno de los casos más absurdos, nocivos y totalmente ajenos al tratamiento de la pandemia fue el DNU por el cual se pretendió intervenir la empresa Vicentin, con el agravante de que ya estaba siendo investigada en el ámbito judicial. Otro tanto se pretendió hacer con la concesionaria Edesur. En nombre de la pandemia, la excarcelación de presos comunes peligrosos, que volvieron a delinquir una vez fuera de la cárcel, se unió a la de políticos presos, amigos del poder, acusados de corrupción. El Congreso avanzó con una lamentable iniciativa tendiente a reformar parte de la Justicia con el evidente propósito de allanar el camino a la impunidad de varios dirigentes políticos. Se separaron magistrados de sus cargos y hasta comenzó a analizarse la posible reforma de la Corte Suprema de Justicia. Está visto cuán lejos de las prioridades ciudadanas están hoy los intereses de parte de nuestra dirigencia. En respuesta a semejantes atropellos y para protestar por los reiterados abusos de poder, un sector importante de la ciudadanía salió reiteradamente a las calles y solo recibió críticas y chicanas de parte de funcionarios y de simpatizantes de las sesgadas políticas del Gobierno.

No hay límites infranqueables para quienes están dispuestos a todo. Ni sanitarios, ni morales, ni éticos. Resulta inexplicable, y por demás penoso, que la pandemia haya sido y sea considerada por algunos dirigentes como un cheque en blanco para avanzar sobre las libertades de las personas y en contra de la institucionalidad.
Los visibles ataques a la democracia se expresan en pérdidas de derechos fundamentales, en mayores índices de pobreza e indigencia, en escasez de servicios, destrucción de empleos, afectaciones a la vida comunitaria y al sistema productivo.
La educación se deteriora a pesar de los esfuerzos de padres, alumnos y maestros; la seguridad se resiente; peligra la atención de la salud, y la incertidumbre genera un grave y extendido sentimiento de desprotección. El futuro se vuelve oscuro y amenazante.
Ya en los principios de esta prolongada y asfixiante cuarentena, la Organización de los Estados Americanos (OEA) manifestaba su fuerte preocupación por los reiterados ataques a las democracias y daba a conocer una guía entre sus países miembros para que estuvieran alertas frente a posibles tentaciones discrecionales de los gobernantes.
Ese manual de buenas prácticas incluía la necesidad de salvaguardar el orden constitucional y el Estado de Derecho; trabajar tanto para el fortalecimiento institucional como para la necesaria aplicación de los controles democráticos; garantizar la libertad de expresión, el diálogo, el consenso, la cooperación, el desarrollo económico, el empleo, la transparencia y el acceso a la información, y dar con convicción los avisos sobre eventuales irregularidades, reclamando por su vuelta a la normalidad.

El lunes pasado, una declaración conjunta de organizaciones y exmandatarios titulada “Cuidemos la democracia para que no sea víctima de la pandemia” volvió sobre esta situación tan delicada. “Alzamos nuestra voz para hacer un llamado ante la pandemia de Covid-19: cuidemos el presente y el futuro de la democracia. Existen riesgos latentes que, si no pensamos y actuamos con celeridad, pueden producir un grave deterioro democrático”, dice el documento presentado en coincidencia con la conmemoración del Día Internacional de la Democracia. Firmaron la declaración conjunta del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA, por sus siglas en inglés) las fundaciones Fernando Henrique Cardoso y Democracia y Desarrollo; varios expresidentes, como Mauricio Macri, Luis Alberto Lacalle, Julio María Sanguinetti, Eduardo Frei y Ricardo Lagos, entre otros 160 líderes de diversos países.
La pandemia provoca en el mundo tensiones que pueden ser usadas por los gobiernos para sobrepasar los límites de las buenas prácticas de la democracia, mucho más cuando quienes gobiernan muestran un pasado de escaso respeto por la ética pública y el Estado de Derecho
Sobreponernos y adaptarnos a la actual crisis sanitaria debe ser una meta, pero no la única. La salud de la república también está en juego
Ese documento también enciende una luz roja sobre los calendarios electorales. “Si la pandemia obliga a aplazar determinadas elecciones, estas decisiones deberán hacerse por razones estrictamente sanitarias y basadas en un amplio consenso político-social”, sostiene.
Ciertamente, esa voz de alarma ya había sido dada. A principios de marzo pasado, la propia IDEA Internacional observaba que más de 50 países habían pospuesto sus comicios por la crisis sanitaria y que en varios de ellos se lo hizo de manera irregular, sin utilizar los canales políticos adecuados establecidos en sus constituciones, sin la debida y completa información a la ciudadanía y sin encarar ni aceptar el necesario proceso de consenso para la determinación de una nueva fecha electoral.
Como hemos sostenido desde estas columnas, la pandemia provoca en el mundo tensiones que pueden ser usadas por los gobiernos para sobrepasar los límites de las buenas prácticas de la democracia, mucho más cuando hay una semilla autoritaria y quienes gobiernan muestran una experiencia histórica de escaso respeto por la ética pública y por el Estado de Derecho.
Sobreponernos y adaptarnos a la crítica situación sanitaria debe ser una meta, pero no la única. La salud de la república también está en juego. Es necesario defender la democracia de los abusos de poder.