EDITORIAL

¿Juicio político o circo político?
El feroz ataque oficialista contra la Corte pretende distraer de la profunda crisis que vive el país con cosas que solo interesan a quienes quieren salvar su pellejo
Faltan pocas horas para que el oficialismo protagonice en la Cámara de Diputados un nuevo show de prepotencia, griteríos y falsas victimizaciones con el fin de intentar distraer la atención de la debacle de un gobierno patológico.
Será un circo de amplia proyección mediática. El peronismo de todas las épocas supo siempre entrenar muy bien a sus radicalizados actores, especialmente cuando se siente amenazado electoralmente. En esta oportunidad, al temor a que las urnas le den la espalda se le suma el pavor de algunos de sus más “conspicuos” miembros de ir a la cárcel por haber cometido flagrantes actos de corrupción.
Es en ese contexto que debe entenderse la execrable arremetida contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación, liderada por el Presidente, junto con algunos obsecuentes gobernadores y legisladores, muchos de ellos interesados también en que no los alcance el brazo de la Justicia, acostumbrados como están a manejarse como señores feudales, de espaldas a las leyes y al Estado de Derecho.
Es una arremetida burda, pero peligrosa. Burda porque el Presidente no está habilitado constitucionalmente para iniciarle juicio político a la Corte. Sin embargo, en el decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias incluyó, además del tratamiento de ese tema, la ampliación del número de sus integrantes –otra tan improcedente como caprichosa exigencia que el oficialismo ya había empezado a dar curso en el Senado– y una nueva conformación del Consejo de la Magistratura bajo amenaza de que, si no se consigue por ley, se haría por decreto, como en su momento llegó a amenazar el impresentable ministro de Justicia, Martín Soria, aunque luego intentara suavizar semejante despropósito.
¿Por qué, además de descabellada, esta afrenta es sumamente peligrosa? Porque así comenzó la debacle institucional venezolana con Hugo Chávez, seguida por su discípulo, el dictador Nicolás Maduro. Porque no es casual que Pedro Castillo haya protagonizado un autogolpe en Perú, cerrando el Congreso. Sus fanáticos y violentos seguidores no parecen haber comprendido la gravedad de la situación. Tras la destitución y detención de Castillo, han puesto en llamas a Perú provocando muertes, desmanes y exigiendo que se lo reponga en el cargo. El propio Lula da Silva viene de superar una enorme afrenta a la democracia brasileña por parte de los miembros más recalcitrantes del bolsonarismo. Basta contextualizar lo que ocurre en nuestro país para verificar que los estragos populistas no son ni de derecha ni de izquierda, son promovidos por líderes autoritarios que repelen y destruyen el control republicano que impone la sana división de poderes. Afortunadamente, en Brasil, fueron jueces de la Corte Suprema los que adoptaron medidas de defensa del amenazado orden constitucional.
Difícilmente avance en nuestro Congreso la arremetida oficial para destituir a los miembros de la Corte –aunque para ello el oficialismo desempolve ahora viejos pedidos de juicio político por razones totalmente distintas de las que hoy esgrime el kirchnerismo– y, eventualmente, cubrir esas vacantes con conjueces afines al Gobierno, pero eso no implica que toda esta provocación y este desgaste no causen un profundo daño al país y a nuestra ya desprestigiada imagen en el ámbito internacional.
Corresponde decir también que, además de la oposición parlamentaria, hay muchos legisladores oficialistas que no están dispuestos a participar de este oprobioso circo con el que se pretende hacer ruido para llegar a las elecciones distrayendo a la ciudadanía con cuestiones que solo interesan a quienes quieren salvar su propio pellejo.
En una reciente columna de opinión publicada en la nacion, titulada “Juicio político a la Corte, una iniciativa caprichosa y boba”, el jurista Roberto Gargarella sostenía que, por encima del análisis de esta feroz arremetida contra la cabeza del Poder Judicial, “el impulso dado al juicio nos refiere a una administración desorbitada, repudiada aun por sus integrantes, que se anima a tomar una medida extemporánea y carente por completo de consenso social (…) con el solo fin de ofender, embarrar y deslegitimar a la Corte. Ello, mientras ese mismo gobierno se muestra impávido e inmovilizado frente a una crisis (económica, social y política) difícilmente equiparable en la historia nacional”.
Como describe con acierto Gargarella, el problema es mucho mayor, porque se trata de un gobierno con un accionar patológico frente a ciudadanos desprovistos de instrumentos de control formal sobre el poder, que poco pueden hacer más que esperar los comicios para pronunciarse con su voto y desear que, sea quien fuere el próximo jefe del Estado, comprenda que no se puede gobernar de espaldas a los verdaderos problemas de la gente y haciendo trizas las instituciones.

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