LADRONES KKK

Mapuches: intiman a un juez a preservar predios del Ejército
El camarista Llorens denunció al magistrado Villanueva por ignorar una orden que frenaba la cesión de 180 hectáreas

Hernán Cappiello
El presidente de la Sala I de la Cámara Federal porteña, Mariano Llorens, denunció al juez federal subrogante de Bariloche, Gustavo Villanueva, y lo acusó de haber incumplido una orden judicial que frenaba la transferencia de tierras del Ejército al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
Llorens intimó a Villanueva a cumplir con una orden dada el 5 de octubre de 2022 de anotar la medida cautelar de “no innovar” dictada por el juez federal Daniel Rafecas y la propia Cámara Federal.
El camarista ordenó al juez federal que inscriba en el Registro de la Propiedad la orden judicial que impide la transferencia de 180 hectáreas del Ejército a la órbita del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), tierras que son reclamadas por una comunidad mapuche. La anotación también se le había ordenado al juez federal Daniel Rafecas, a cargo de la causa en la Capital Federal.
A pesar de estar vigente la orden de no innovar, el 17 de marzo pasado el juez federal de Bariloche intimó al Poder Ejecutivo de la Nación a hacer la inscripción en 30 días, y de ese modo desconoció la orden dada de no modificar la situación para impedir que esas tierras sean transferidas hasta tanto el juicio tenga una decisión definitiva.
Por eso, Llorens denunció “la inacción demostrada por el juez de grado, quien, pese a las expresas indicaciones de su superior, durante todo este tiempo ha omitido observar las mandas que le fueron dirigidas en ya dos ocasiones”.
La fiscal federal subrogante de Bariloche, María Claudia Frezzini, advirtió al procurador Eduardo Casal de esta situación y se notificó entonces al fiscal ante la Cámara Federal José Luis Agüero Iturbe, que advirtió al juez Llorens del incumplimiento. Por eso, el camarista le recordó al juez Villanueva “la obligación que pesa sobre su magistratura de adecuar su proceder a las indicaciones” de la Cámara.
Lo que demanda Llorens es evitar que se lleve a cabo cualquier alteración de los asientos del Registro de Propiedad en vinculación con las tierras en disputa, “bajo apercibimiento de incurrir en desobediencia y, consecuentemente, de remitir copia de lo aquí revelado al Consejo de la Magistratura de la Nación a efectos de que se analice la conducta” del magistrado.
El camarista advirtió de esta medida al presidente de la Cámara de Apelaciones de General Roca, Richar Gallego, para que “tome conocimiento en la esfera de su competencia”.
El juez Llorens señaló que la desobediencia a la resolución de la Cámara favorece la pretensión de la comunidad mapuche Millalonco Ranquehue, que pretende las tierras del Ejército en la zona.
La Cámara Federal porteña había congelado el 16 de diciembre pasado la transferencia de 180 hectáreas de tierras del Ejército a la comunidad Millalonco Ranquehue. La cesión del predio había sido dispuesta por el Gobierno, pero debería haber quedado frenada hasta tanto se resuelva si es legítima. La decisión de fin del año pasado fue de los camaristas Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, a instancias del fiscal federal Carlos Stornelli.
La jueza federal subrogante en ese momento, Silvina Domínguez, había dispuesto entonces la transferencia inmediata a la comunidad, previo otorgamiento al INAI para su posterior adjudicación a comunidad Millalonco Ranquehue. El espacio en litigio está ubicado a 12 kilómetros de Bariloche, en el centro de un amplio territorio que pertenece al Ejército. Esa medida de la jueza Domínguez es la que había quedado congelada hasta que su sucesor, el juez Villanueva, intentó reactivarla.
Un recurso fuera de término
El Ejército, mediante el Ministerio de Defensa, apeló el fallo de Domínguez, pero lo hizo fuera de término, por lo que la Cámara de Apelaciones de General Roca desestimó el recurso. La Cámara dijo que la sentencia impugnada fue notificada el 2 de febrero, a las 12.11, y el recurso fue presentado cuatro días después, a las 20.25, cuando ya había expirado el plazo para poder hacerlo.
Las familias Millalonco Ranquehue aseguran que sostienen la ocupación tradicional de las tierras desde fines del siglo XIX, incluso “desde antes de la instalación de las tropas militares”. El territorio se mantiene bajo custodia del Estado desde 1937.
A raíz de la mora en la apelación, un grupo de legisladores y dirigentes opositores denunciaron a los abogados del Ejército. En esa causa, que tiene el juez Rafecas, es que Stornelli, como medida cautelar, pidió que se suspenda el traspaso de las tierras.
El juez Rafecas no hizo lugar a la medida. Pero el fiscal apeló y la Cámara Federal le dio la razón. Los investigados son autoridades nacionales, por la apelación tardía del Ministerio de Defensa, y también del INAI, que no impugnaron a tiempo en la Justicia el fallo que avaló la pretensión de la comunidad mapuche.
En la causa que se tramita en el juzgado de Rafecas, el fiscal Stornelli pidió la indagatoria de tres abogados del Ministerio de Defensa, una de la Procuración del Tesoro y uno del INAI.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Denuncian al Gobierno por la entrega de tierras
El intendente Montenegro busca frenar la cesión a grupos que responden a Grabois

Darío PalavecinoEl domingo, los vecinos marcharon contra la ocupación
MAR DEL PLATA. – El intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, presentó ayer una denuncia penal contra funcionarios del gobierno nacional y responsables de una ONG que tomó posesión el sábado de un predio fiscal de 140 hectáreas en el que prometían avanzar con un emprendimiento, construir viviendas y hasta un camping balneario.
La Justicia Federal deberá ahora determinar si, como afirma el mandatario local, con este acto se están cometiendo los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público y falsedad ideológica, y por ello reclama que se reintegren la posesión y administración del inmueble al Estado nacional.
La toma de posesión de estas tierras en la zona de El Marquesado, en el límite con el partido de General Alvarado y a unos 10 kilómetros de la vecina localidad de Miramar, se ejecutó el pasado sábado en medio de una situación de tensión con vecinos de la zona, que se oponen a que allí exista algún tipo de desarrollo que incluya el desembarco y la instalación de familias acercadas por un movimiento social, en este caso el Movimiento de Trabajadores Excluidos( M TE ), que tiene como principal referente a Juan Grabois.
El domingo se realizó una importante manifestación, con corte parcial de la ruta 11, frente al acceso a este lote en el que solo había por el momento cría de unos pocos animales. Los vecinos aseguran que mantendrán esta lucha hasta que se dé de baja este nuevo proyecto.
Montenegro denuncia a Eduardo Albanese, titular de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que cede estas tierras; a Marcos Joel Santucho, titular de la ONG Tercer Tiempo-Escuela de Fútbol y Huerta Comunitaria, a la que se lo entregan en custodia; a la abogada y funcionaria nacional Gabriela Carpineti, que asiste legalmente y acompañó a esa entidad en la toma de posesión del predio, y a Omar Núñez, designado por estos últimos para quedarse a cargo del lugar. Advierte a la Justicia que la citada ONG, con sede en Mar del Plata, es una asociación “vinculada a amigos del poder” y la menciona como “de dudosa existencia regular” por la actividad que tuvo desde su creación, en 2017.
Según el jefe comunal, se le cede este enorme predio “en custodia” a esta ONG “lisa y llanamente para simular la entrega de tierras a título gratuito y sin otro objeto que su ocupación ilegal”, por lo que considera que “es nulo el acto administrativo” puesto que esa cesión se da “bajo argumentos falsos y arbitrarios”. Además de las quejas de los vecinos y el municipio, también llegaron cuestionamientos del Frente Renovador, que lidera Sergio Massa. Sus referentes en Mar del Plata también se expresaron en contra.

http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA