Ofensiva opositora para frenar el canje de bonos
Quieren impedir la pesificación de títulos en dólares de organismos
Laura Serra y Gustavo Ybarra
Los diputados de Juntos por el Cambio tomaron la iniciativa contra la jugada de Massa
La oposición lanzó una ofensiva en el Congreso contra la decisión del ministro de Economía, Sergio Massa, de instrumentar un canje forzoso de los bonos en dólares que tienen los organismos públicos –incluido el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses– por títulos en pesos. Los legisladores opositores denuncian que perjudica los intereses de los actuales y futuros jubilados para favorecer al sector financiero. Además, presentaron una denuncia penal contra el canje.
Con la puja electoral como telón de fondo, la oposición emprenderá esta semana una ofensiva contra el oficialismo en el Congreso, con el foco puesto en la decisión del ministro de Economía, Sergio Massa, de instrumentar un canje forzoso de las tenencias en dólares de los organismos públicos -incluido el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses- por bonos en pesos. Los opositores denunciarán que es una operación lesiva a los intereses de los actuales y futuros jubilados que favorece al sector privado y financiero.
La embestida incluirá pedidos de citación a Massa y la jefa de la Anses, Fernanda Raverta, y la presentación de un proyecto de ley para derogar los dos decretos que instrumentan el canje forzoso de bonos. Juntos por el Cambio emplazará al Frente de Todos a que convoque a la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, encargada de revisar los decretos presidenciales. Por decisión del oficialismo este cuerpo está paralizado desde noviembre pasado.
En paralelo, la bancada de Pro presentó ante la Justicia un recurso de amparo para anular el canje forzoso de las tenencias en dólares de la Anses. Ello se suma a sendas denuncias penales contra el presidente Alberto Fernández y el ministro Massa que formularon las diputadas Graciela Ocaña (Pro) y Romina Del Plá (Frente de Izquierda).
Los opositores utilizarán como escenario de su ofensiva las sesiones convocadas para esta semana en ambas cámaras. Si el clima político en el Congreso ya viene enrarecido desde que el oficialismo le declaró la guerra a la Corte Suprema, todo anticipa un enfrentamiento sin cuartel en ambos recintos.
Difícilmente la oposición consiga revertir la medida que adoptó Massa -la tropa oficialista bloqueará toda ofensiva con su mayoría en las comisiones-, pero buscará llevarse, al menos, un trofeo simbólico: dejar al desnudo al kirchnerismo en su contradicción de permitirle al Gobierno la “herejía” de avanzar sobre los fondos jubilatorios para beneficiar a bancos y sectores privados, sus enemigos dialécticos.
De no lograr este objetivo, los opositores irán por un plan B. El bloque de la UCR, encabezado por Mario Negri, al igual que el diputado Alejandro Cacace, de Evolución Radical, presentaron sendos proyectos para derogar los decretos.
“Comprometen gravemente el futuro de los jubilados y pensionados, al quedar deteriorada la solidez de la inversión actual, pasando de una moneda fuerte a la moneda local en proceso de destrucción y pérdida de valor constante frente a la moneda extranjera”, advirtieron los diputados radicales.
“Toda esta operación tiene un altísimo costo para el Estado, ya que al vender esos títulos en dólares se endeudarán al 25% y hasta un 45% anual en dicha moneda, conforme estimaciones de especialistas en materia financiera, lo cual es inadmisible desde todo punto de vista”.
El radical Cacace advirtió que los decretos violan la ley de administración financiera y vulneran la ley que sustenta el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, el cual fue concebido para atender insuficiencias en el pago de haberes previsionales en situaciones de contingencia.
La ofensiva
Los opositores llevarán hoy ambos proyectos al recinto para intentar forzar su tratamiento en las comisiones. Buscarán el apoyo del interbloque Federal y de la izquierda, que anticiparon su rechazo a la operatoria.
“Este es un nuevo arrebato para raspar el fondo de la olla, en este caso a los fondos de los jubilados. Este operativo no tiene otro objetivo que salir del atolladero en el que se ha metido el ministro Massa. Nosotros rechazamos absolutamente esta maniobra, no es el camino -enfatizó Carlos Gutiérrez, miembro del interbloque Federal y mano derecha del gobernador cordobés, Juan Schiaretti-. Seguir financiando el festival del déficit fiscal y la falta de dólares con los recursos de los jubilados es un límite que el kirchnerismo ha decidido cruzar, pero que nosotros no aceptamos.”
En igual sentido se expresó la socialista Mónica Fein. “Desde el socialismo estamos en contra del canje de deuda que se le impuso a la Anses, pesificando los bonos que respaldan las jubilaciones para beneficiar los dólares que usan los sectores financieros especulativos”, escribió la legisladora en Twitter.
Debut de Rossi
Como condimento adicional a la pelea, mañana hará su debut en la Cámara baja el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, para exponer su primer informe de gestión. Conocedor del paño legislativo, el funcionario promete devolver con munición gruesa la embestida opositora.
Rossi no solo les enrostrará el crecimiento que exhibió la economía en el último año y la baja del índice de desocupación -en contraste con el último año de gestión de Mauricio Macri–, sino que exaltará que el canje de bonos resultará beneficioso para las arcas de la Anses.
Rossi se hará eco de las palabras de Massa, quien en declaraciones radiales anticipó que pedirá un dictamen a la Universidad de Buenos Aires (UBA) sobre la operatoria. El ministro exaltó que el canje de bonos permitirá reducir la deuda en dólares en ley extranjera en 4000 millones de dólares e insistió en que la Anses ganará 2000 millones de dólares con la operación.
“Para el jubilado esa ganancia de la Anses aumenta el Fondo de Garantía de Sustentabilidad en más de $400.000 millones, que irán volcados a créditos para jubilados y créditos productivos”, adelantó, en respuesta a las críticas opositoras.
Ante la Cámara baja, Rossi deberá dar cuentas sobre la gestión del gobierno nacional frente al avance narco en Santa Fe, otro tema candente sobre el que la oposición promete machacar. Lo hará al momento de discutir el proyecto por el cual se crearán 50 cargos judiciales (jueces, fiscales y defensores), una iniciativa acordada por todos los bloques, pero que recién podrá cristalizarse a largo plazo –en no menos de dos años–, cuando los nuevos magistrados sean designados.
El debate del proyecto disparará una fuerte discusión entre oficialistas y opositores sobre las responsabilidades políticas que han llevado a que Santa Fe -y particularmente Rosario- se haya convertido en la última década en una meca del narcotráfico y del crimen organizado.
Juntos por el Cambio también pretende llevar esta discusión al Senado, paralizado desde hace cuatro meses por orden de la vicepresidenta Cristina Kirchner. Convocó a una sesión especial para tratar los pliegos de tres candidatos a jueces con destino en los tribunales de Rosario, iniciativas que tienen dictamen de comisión desde hace seis meses.
La oposición acusa a Cristina Kirchner de haber ordenado el congelamiento de esos acuerdos porque uno de los postulantes, Elena Dilario, es secretaria en el juzgado federal de María Eugenia Capuchetti, la jueza que investiga el fallido atentado y a quien la vicepresidenta viene criticando y tratando de recusar desde noviembre de 2022.
Juntos por el Cambio volverá a la carga con la constitución de la Comisión Bicameral de Implementación del Código Procesal Penal, que no se reúne desde febrero de 2021. En aquella última reunión se había prometido avanzar en la implementación del nuevo sistema acusatorio en los departamentos judiciales de Mendoza y Rosario. Nunca lo hizo porque Cristina Kirchner dispuso no conformar las comisiones bicamerales luego de que el oficialismo perdiera su holgada mayoría en el cuerpo tras las elecciones legislativas de 2021.
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La Ciudad pidió embargar las cuentas del Banco Nación
Denunció que la Casa Rosada aún incumple el fallo de la Corte y advirtió que la deuda supera los $57.587 millones
El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta volvió a presentarse ante la Corte Suprema para reiterar el pedido de embargo de las cuentas del Banco de la Nación y asegurarse el cumplimiento del fallo que ordenó reintegrarle a la Ciudad parte de los fondos de la coparticipación federal que la gestión de Alberto Fernández le retrae desde 2020. De acuerdo con los cálculos de la administración porteña, que pidió la aplicación de sanciones, la deuda por el incumplimiento de la Casa Rosada ya supera los 57.587 millones de pesos.
“Vengo a reiterar mi solicitud de que se ordene la medida ejecutoria solicitada, es decir, trabar embargo diariamente de la suma correspondiente al 1,55% de la masa de fondos (...) de la suma que le corresponde a la Nación en la distribución primaria [de la coparticipación] y ordenar al Banco de la Nación que en forma diaria y automática se transfieran a la ciudad de Buenos Aires, junto con el 1,40% que se recibe hasta el presente”, señaló la presentación realizada ayer por la directora general de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales, María Cristina Cuello, con el patrocinio del procurador general de la Ciudad, Gabriel Astarloa.
“Ante la persistencia del manifiesto in cumplimiento de la demandada, reitero también la solicitud de aplicación de sanciones pecuniarias”, concluye el pedido, de acuerdo con el acta a la que accedió la nacion.
En diciembre pasado, la Corte dispuso que la Casa Rosada le pague al gobierno de la ciudad el 2,95% de la masa de impuestos coparticipables. El máximo tribunal no resolvió la cuestión de fondo, sino que avaló la medida cautelar pedida por el gobierno porteño para que los pagos se hagan “en forma diaria y automática” por el Banco de la Nación.
La disputa se había iniciado dos años antes, en medio de la pandemia: en septiembre de 2020, Alberto Fernández redujo por decreto la coparticipación a la Ciudad para crear un fondo que destinó al gobierno de Axel Kicillof, que entonces no lograba frenar una revuelta de la policía bonaerense que reclamaba mejoras salariales. A fines de ese año, el kirchnerismo logró los votos en el Congreso para aprobar la quita por ley.
Por un decreto del entonces presidente Mauricio Macri, el gobierno de Rodríguez Larreta llegó a recibir el 3,75% de la coparticipación, que luego de se redujo al 3,5%. Tras el decreto de Fernández y la ley posterior, la Ciudad pasó a recibir solo el 1,4% de manera automática.
El gobierno de Larreta demandó al Estado nacional ante la Corte Suprema, reclamando que le restituya el 3,5% de la coparticipación federal. El 21 diciembre del año pasado logró la cautelar a su favor, por el 2,95% de los fondos: el 1,4% que seguía recibiendo más un 1,55% que definió la Corte, que aún debe resolver el reclamo de fondo y no lo haría este año.
Sin embargo, la Casa Rosada nunca hizo efectivo el pago ordenado. El 23 de diciembre, el Presidente anunció que no cumpliría el fallo. Tres días después dijo que haría los pagos, pero no en efectivo y por el “goteo diario” de la coparticipación, sino con bonos. El Ministerio de Economía, a cargo de Sergio Massa, informó que le transferiría al Banco Nación $98.500 millones en bonos del Tesoro (TX31) para que sean depositados en una cuenta a nombre de la Ciudad, para cubrir la diferencia entre el 1,40 y el 2,95% de la coparticipación que dispuso la Corte.
El pago con bonos, de todos modos, también se demoró. Recién a fines de febrero de este año Economía publicó en el Boletín Oficial el procedimiento para pagarle al gobierno porteño, pero a partir de marzo. En la presentación realizada ayer, Astarloa advirtió a la Corte que la presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis, manifestó el 3 de marzo que no “ha sido notificada de ninguna medida ordenada en el proceso”. Batakis, exministra de Economía, fue una de las ideólogas de la quita decretada por Fernández en 2020.
La oposición lanzó una ofensiva en el Congreso contra la decisión del ministro de Economía, Sergio Massa, de instrumentar un canje forzoso de los bonos en dólares que tienen los organismos públicos –incluido el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses– por títulos en pesos. Los legisladores opositores denuncian que perjudica los intereses de los actuales y futuros jubilados para favorecer al sector financiero. Además, presentaron una denuncia penal contra el canje.
Con la puja electoral como telón de fondo, la oposición emprenderá esta semana una ofensiva contra el oficialismo en el Congreso, con el foco puesto en la decisión del ministro de Economía, Sergio Massa, de instrumentar un canje forzoso de las tenencias en dólares de los organismos públicos -incluido el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses- por bonos en pesos. Los opositores denunciarán que es una operación lesiva a los intereses de los actuales y futuros jubilados que favorece al sector privado y financiero.
La embestida incluirá pedidos de citación a Massa y la jefa de la Anses, Fernanda Raverta, y la presentación de un proyecto de ley para derogar los dos decretos que instrumentan el canje forzoso de bonos. Juntos por el Cambio emplazará al Frente de Todos a que convoque a la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, encargada de revisar los decretos presidenciales. Por decisión del oficialismo este cuerpo está paralizado desde noviembre pasado.
En paralelo, la bancada de Pro presentó ante la Justicia un recurso de amparo para anular el canje forzoso de las tenencias en dólares de la Anses. Ello se suma a sendas denuncias penales contra el presidente Alberto Fernández y el ministro Massa que formularon las diputadas Graciela Ocaña (Pro) y Romina Del Plá (Frente de Izquierda).
Los opositores utilizarán como escenario de su ofensiva las sesiones convocadas para esta semana en ambas cámaras. Si el clima político en el Congreso ya viene enrarecido desde que el oficialismo le declaró la guerra a la Corte Suprema, todo anticipa un enfrentamiento sin cuartel en ambos recintos.
Difícilmente la oposición consiga revertir la medida que adoptó Massa -la tropa oficialista bloqueará toda ofensiva con su mayoría en las comisiones-, pero buscará llevarse, al menos, un trofeo simbólico: dejar al desnudo al kirchnerismo en su contradicción de permitirle al Gobierno la “herejía” de avanzar sobre los fondos jubilatorios para beneficiar a bancos y sectores privados, sus enemigos dialécticos.
De no lograr este objetivo, los opositores irán por un plan B. El bloque de la UCR, encabezado por Mario Negri, al igual que el diputado Alejandro Cacace, de Evolución Radical, presentaron sendos proyectos para derogar los decretos.
“Comprometen gravemente el futuro de los jubilados y pensionados, al quedar deteriorada la solidez de la inversión actual, pasando de una moneda fuerte a la moneda local en proceso de destrucción y pérdida de valor constante frente a la moneda extranjera”, advirtieron los diputados radicales.
“Toda esta operación tiene un altísimo costo para el Estado, ya que al vender esos títulos en dólares se endeudarán al 25% y hasta un 45% anual en dicha moneda, conforme estimaciones de especialistas en materia financiera, lo cual es inadmisible desde todo punto de vista”.
El radical Cacace advirtió que los decretos violan la ley de administración financiera y vulneran la ley que sustenta el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, el cual fue concebido para atender insuficiencias en el pago de haberes previsionales en situaciones de contingencia.
La ofensiva
Los opositores llevarán hoy ambos proyectos al recinto para intentar forzar su tratamiento en las comisiones. Buscarán el apoyo del interbloque Federal y de la izquierda, que anticiparon su rechazo a la operatoria.
“Este es un nuevo arrebato para raspar el fondo de la olla, en este caso a los fondos de los jubilados. Este operativo no tiene otro objetivo que salir del atolladero en el que se ha metido el ministro Massa. Nosotros rechazamos absolutamente esta maniobra, no es el camino -enfatizó Carlos Gutiérrez, miembro del interbloque Federal y mano derecha del gobernador cordobés, Juan Schiaretti-. Seguir financiando el festival del déficit fiscal y la falta de dólares con los recursos de los jubilados es un límite que el kirchnerismo ha decidido cruzar, pero que nosotros no aceptamos.”
En igual sentido se expresó la socialista Mónica Fein. “Desde el socialismo estamos en contra del canje de deuda que se le impuso a la Anses, pesificando los bonos que respaldan las jubilaciones para beneficiar los dólares que usan los sectores financieros especulativos”, escribió la legisladora en Twitter.
Debut de Rossi
Como condimento adicional a la pelea, mañana hará su debut en la Cámara baja el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, para exponer su primer informe de gestión. Conocedor del paño legislativo, el funcionario promete devolver con munición gruesa la embestida opositora.
Rossi no solo les enrostrará el crecimiento que exhibió la economía en el último año y la baja del índice de desocupación -en contraste con el último año de gestión de Mauricio Macri–, sino que exaltará que el canje de bonos resultará beneficioso para las arcas de la Anses.
Rossi se hará eco de las palabras de Massa, quien en declaraciones radiales anticipó que pedirá un dictamen a la Universidad de Buenos Aires (UBA) sobre la operatoria. El ministro exaltó que el canje de bonos permitirá reducir la deuda en dólares en ley extranjera en 4000 millones de dólares e insistió en que la Anses ganará 2000 millones de dólares con la operación.
“Para el jubilado esa ganancia de la Anses aumenta el Fondo de Garantía de Sustentabilidad en más de $400.000 millones, que irán volcados a créditos para jubilados y créditos productivos”, adelantó, en respuesta a las críticas opositoras.
Ante la Cámara baja, Rossi deberá dar cuentas sobre la gestión del gobierno nacional frente al avance narco en Santa Fe, otro tema candente sobre el que la oposición promete machacar. Lo hará al momento de discutir el proyecto por el cual se crearán 50 cargos judiciales (jueces, fiscales y defensores), una iniciativa acordada por todos los bloques, pero que recién podrá cristalizarse a largo plazo –en no menos de dos años–, cuando los nuevos magistrados sean designados.
El debate del proyecto disparará una fuerte discusión entre oficialistas y opositores sobre las responsabilidades políticas que han llevado a que Santa Fe -y particularmente Rosario- se haya convertido en la última década en una meca del narcotráfico y del crimen organizado.
Juntos por el Cambio también pretende llevar esta discusión al Senado, paralizado desde hace cuatro meses por orden de la vicepresidenta Cristina Kirchner. Convocó a una sesión especial para tratar los pliegos de tres candidatos a jueces con destino en los tribunales de Rosario, iniciativas que tienen dictamen de comisión desde hace seis meses.
La oposición acusa a Cristina Kirchner de haber ordenado el congelamiento de esos acuerdos porque uno de los postulantes, Elena Dilario, es secretaria en el juzgado federal de María Eugenia Capuchetti, la jueza que investiga el fallido atentado y a quien la vicepresidenta viene criticando y tratando de recusar desde noviembre de 2022.
Juntos por el Cambio volverá a la carga con la constitución de la Comisión Bicameral de Implementación del Código Procesal Penal, que no se reúne desde febrero de 2021. En aquella última reunión se había prometido avanzar en la implementación del nuevo sistema acusatorio en los departamentos judiciales de Mendoza y Rosario. Nunca lo hizo porque Cristina Kirchner dispuso no conformar las comisiones bicamerales luego de que el oficialismo perdiera su holgada mayoría en el cuerpo tras las elecciones legislativas de 2021.
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La Ciudad pidió embargar las cuentas del Banco Nación
Denunció que la Casa Rosada aún incumple el fallo de la Corte y advirtió que la deuda supera los $57.587 millones
El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta volvió a presentarse ante la Corte Suprema para reiterar el pedido de embargo de las cuentas del Banco de la Nación y asegurarse el cumplimiento del fallo que ordenó reintegrarle a la Ciudad parte de los fondos de la coparticipación federal que la gestión de Alberto Fernández le retrae desde 2020. De acuerdo con los cálculos de la administración porteña, que pidió la aplicación de sanciones, la deuda por el incumplimiento de la Casa Rosada ya supera los 57.587 millones de pesos.
“Vengo a reiterar mi solicitud de que se ordene la medida ejecutoria solicitada, es decir, trabar embargo diariamente de la suma correspondiente al 1,55% de la masa de fondos (...) de la suma que le corresponde a la Nación en la distribución primaria [de la coparticipación] y ordenar al Banco de la Nación que en forma diaria y automática se transfieran a la ciudad de Buenos Aires, junto con el 1,40% que se recibe hasta el presente”, señaló la presentación realizada ayer por la directora general de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales, María Cristina Cuello, con el patrocinio del procurador general de la Ciudad, Gabriel Astarloa.
“Ante la persistencia del manifiesto in cumplimiento de la demandada, reitero también la solicitud de aplicación de sanciones pecuniarias”, concluye el pedido, de acuerdo con el acta a la que accedió la nacion.
En diciembre pasado, la Corte dispuso que la Casa Rosada le pague al gobierno de la ciudad el 2,95% de la masa de impuestos coparticipables. El máximo tribunal no resolvió la cuestión de fondo, sino que avaló la medida cautelar pedida por el gobierno porteño para que los pagos se hagan “en forma diaria y automática” por el Banco de la Nación.
La disputa se había iniciado dos años antes, en medio de la pandemia: en septiembre de 2020, Alberto Fernández redujo por decreto la coparticipación a la Ciudad para crear un fondo que destinó al gobierno de Axel Kicillof, que entonces no lograba frenar una revuelta de la policía bonaerense que reclamaba mejoras salariales. A fines de ese año, el kirchnerismo logró los votos en el Congreso para aprobar la quita por ley.
Por un decreto del entonces presidente Mauricio Macri, el gobierno de Rodríguez Larreta llegó a recibir el 3,75% de la coparticipación, que luego de se redujo al 3,5%. Tras el decreto de Fernández y la ley posterior, la Ciudad pasó a recibir solo el 1,4% de manera automática.
El gobierno de Larreta demandó al Estado nacional ante la Corte Suprema, reclamando que le restituya el 3,5% de la coparticipación federal. El 21 diciembre del año pasado logró la cautelar a su favor, por el 2,95% de los fondos: el 1,4% que seguía recibiendo más un 1,55% que definió la Corte, que aún debe resolver el reclamo de fondo y no lo haría este año.
Sin embargo, la Casa Rosada nunca hizo efectivo el pago ordenado. El 23 de diciembre, el Presidente anunció que no cumpliría el fallo. Tres días después dijo que haría los pagos, pero no en efectivo y por el “goteo diario” de la coparticipación, sino con bonos. El Ministerio de Economía, a cargo de Sergio Massa, informó que le transferiría al Banco Nación $98.500 millones en bonos del Tesoro (TX31) para que sean depositados en una cuenta a nombre de la Ciudad, para cubrir la diferencia entre el 1,40 y el 2,95% de la coparticipación que dispuso la Corte.
El pago con bonos, de todos modos, también se demoró. Recién a fines de febrero de este año Economía publicó en el Boletín Oficial el procedimiento para pagarle al gobierno porteño, pero a partir de marzo. En la presentación realizada ayer, Astarloa advirtió a la Corte que la presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis, manifestó el 3 de marzo que no “ha sido notificada de ninguna medida ordenada en el proceso”. Batakis, exministra de Economía, fue una de las ideólogas de la quita decretada por Fernández en 2020.
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