DEMANDA Y EL ESCENARIO

Juicio por YPF: la fecha de la expropiación es clave para decidir la indemnización
El proceso termina hoy; el Estado pagará entre US$4920 millones y US$16.050 millones; la sentencia, a partir de septiembre
Sofía DiamanteDe Vido, Fernández y Kicillof, en 2012, cuando se expropió
El 16 de abril de 2012, Cristina Kirchner anunció la decisión de expropiar el 51% de las acciones de YPF y envió el proyecto de ley al Congreso. Menos de un mes después, el 7 de mayo de ese mismo año, se aprobó por mayoría la estatización. Las fechas no son un detalle, sino que son parte crucial del juicio que termina hoy en Nueva York para definir el monto de la indemnización que el Estado argentino debe pagar por esa decisión. Desde el miércoles hasta hoy las partes están exponiendo sus argumentos ante la jueza Loretta Preska, cuya decisión sobre el monto final a pagar podría darse a conocer desde septiembre.
La Argentina perdió el juicio por la expropiación de YPF en marzo. Si bien aún hay instancias de apelación, el país debería pagar una garantía que será proporcional al monto de indemnización que se determine.
Alcomenzareljuicio,ladefensaargentina se atajó y por las dudas citó el último reporte del FMI acerca del país: “Desde principios de 2023, la situación económica se ha vuelto más desafiante, especialmente en vista de la sequía cada vez más severa. En el contexto de grandes desequilibrios macroeconómicos, la sequía está desafiando seriamente la acumulación de reservas (...), lo que se suma a la inflación y las presiones cambiarias”, plantearon los abogados.
En marzo pasado, la jueza Loretta Preska, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, dictaminó que el entonces gobierno de Cristina Kirchner, cuando expropió el 51% de YPF, tendría que haber lanzado una oferta pública de adquisición (OPA) sobre el total de las acciones.
Eso dice el estatuto de la petrolera, presentado ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (la SEC, por sus siglas en inglés) en 1993, cuando comenzó a cotizar en la Bolsa de Nueva York: si cambia de manos el control mayoritario de la compañía, los accionistas minoritarios tienen el derecho de vender su parte al mismo precio.
En su momento, el entonces viceministro de Economía, Axel Kicillof, y el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, quienes eran interventores en YPF, se negaron a realizar esa oferta. “No les vamos a pagar lo que ellos dicen, sino el costo real de la empresa. Los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según el estatuto de YPF”, había dicho el actual gobernador de Buenos Aires en su exposición ante el Congreso.
El tribunal de Nueva York indicó que la Argentina tendrá que indemnizar a los fondos Burford Capital y Eton Park, que compraron el derecho a litigar contra la Argentina e YPF a accionistas de la petrolera en el momento de la estatización. Para calcular esa indemnización, debe verse la cotización de las acciones en la fecha de la toma de control de YPF por el Estado Argentino, que es la discusión que se lleva adelante en Nueva York.
“El argumento legal del Estado argentino considera que la fecha de toma de control es la de la promulgación de la ley 26.741, y que los eventos desde el 16 de abril fueron una ocupación temporaria. La fecha es importante porque la acción de YPF sufrió una caída muy fuerte tras el 16 de abril de 2012 y, por tanto, incidiría en las fórmulas con las que el estatuto determinaba el valor a pagar por las acciones”, explica Daniel Gerold, director de G&G Energy Consultants. El valor de las acciones cayó de alrededor de US$22 a US$16 en ese período.
El planteo de los demandantes, los fondos Burford y Eton Park, es que la Argentina debería pagar US$16.050 millones si se toma como fecha de expropiación el 16 de abril y una tasa de interés punitoria de 8%. Si la fecha es el 7 de mayo, la Argentina debería pagar US$9490 millones, con la misma tasa de 8%.
La defensa argentina, comandada porelbuffetSullivan&CromwellLLP, planteó que la tasa de interés debe ser 0% y que la indemnización variaría entre US$5540 millones, si se toma como fecha el 16 de abril, o US$4920 millones, si es el 7 de mayo, lo cual sería el escenario más optimista.
El segundo día del juicio duró nueve horas, contó Sebastián Maril, director de Research for Traders, quien está en Nueva York siguiendo el caso. “Hoy [por ayer] se enfocaron principalmente en la parte económica. Los demandantes presentaron su experto en la calculación de los daños económicos que debería pagar la Argentina. La defensa presentó el suyo, pero lo tuvieron que cortar porque se empezaron a pelear entre ellos y la Corte suspendió el proceso hasta mañana [por hoy] a las nueve. La Argentina presentó dos expertos constitucionalistas”, contó Maril. “Me da la impresión de que no va a ser un fallo fácil de escribir, va a ser largo porque hay que justificar muchos aspectos técnicos sobre la ley argentina, sobre las fórmulas matemáticas y sobre el monto, que sería en teoría el monto más grande que un país soberano debe pagar tras un fallo de una corte norteamericana”, agregó.
Durante el juicio, la defensa argentina también detalló que Burford pagó 15.100 millones de euros al fisco de España por el derecho a demandar, luego de que las empresas Petersen Energía y Petersen Inversora quebraran en ese país, donde fueron constituidas. Las compañías Petersen eran propiedad de la familia Eskenazi, dueña también del Banco de Santa Cruz, y habían comprado el 25% de las acciones de YPF a Repsol, el 21 de febrero de 2008, durante el gobierno de Cristina Kirchner, por US$1100 millones. Para ello, habían obtenido créditos por parte de un grupo de bancos europeos, que los iban a devolver con las utilidades de sus acciones. Cuando la Argentina tomó el control de la firma, se suspendió el cobro de dividendos y las empresas quebraron.

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Llegó la hora de pagar el ticket de los daños de Kicillof y De Vido
Diego Cabot
Entraron a un bazar con un par de elefantes. Fue toda una irresponsabilidad porque se les avisó que había objetos de valor. No importó; a cada paso, un nuevo daño. Tiempo después, apareció el dueño de la mitad del local y pidió su parte. Lo tasaron en 10, le dieron 5 y finalmente se dieron la mano.
El tema es que ahora aparecieron otros dueños y piden lo suyo. Y después de discutir en un juzgado, aquellos jinetes de elefante, perdieron. Lo único que falta ahora es saber de cuánto será el ticket, que, ya se sabe, será de al menos, 5. Menudo negocio: se pagó, al menos, 10, pero sólo se compró la mitad.
Algo así sucedió en YPF, cuando el kirchnerismo se embanderó en la soberanía energética e intervino la petrolera; luego vendría la estatización del 51% de las acciones de Repsol en la misma empresa; ahora toca el turno de terminar de pagar. En el camino, rompió el sistema jurídico, además de un contrato. En Nueva York se prepara la cuenta final, el ticket de cancelación de los daños.
Al fallo que condenó a la Argentina en Nueva York por aquella estatización sólo le falta conocer la cantidad de ceros que tendrá el cheque. Y si se quiere ser gráfico, si la sentencia será por 50 toneladas de dólares (cada millón de dólares en billetes de 100 pesa 10 kilos) o si se deberá contratar un flete para que transporte 160 toneladas. Todo en un país con reservas negativas.
La sentencia, que aún no tiene fijado el monto, tiene dos instancias de apelación. De confirmarse, el cobro no será materia fácil, ya que la gran mayoría de los fondos soberanos son inembargables.
Enabrilde2012,e ltrío que conformaba la presidenta Cristina Kirchner, y sus dos ministros Axel Kicillof y Julio De Vido jugaban a ser dueños de la petrolera. Llegaron a la torre de Puerto Madero con un decreto de intervención por 30 días. Aún varios ejecutivos recuerdan que no había manera de convencer a Kicillof de que no existía una caja fuerte con millones de dólares guardados que, quizá, el ministro imaginó en alguna trasnoche en su casa porteña de Parque Chas. “Donde está la plata”, repetía.
Para entender el asunto es necesario revisar lo que se ventila en los tribunales de Nueva York, algo así como un juzgado comercial porteño. Cuando se estatizó YPF, en realidad un porcentaje de las acciones que tenía la española Repsol, el Estado argentino no abrió ninguna negociación con los otros dueños –minoritarios– de la petrolera. Esos accionistas tenían algunos derechos como socios.
La ley dice que quienes se hacen del control de una compañía deben ofrecer condiciones similares a los otros accionistas. Justamente, la naturaleza jurídica de esta norma radica en que nadie está obligado a asociarse a alguien que no quiera. Por eso, la necesidad de replicar la oferta a todos. Hay otro derecho que es el de privilegio que significa que los socios pueden igualar la oferta que hace un tercero. Nada de eso se contempló, ni en aquel 2012 ni tampoco cuando el Estado le pagó e indemnizó a Repsol.
De esas conductas surgieron responsabilidades. Así apareció un fondo que maneja carteras de alto riesgo llamado Burford. Chequera en mano, le compraron los derechos a varios de los socios para hacerlos valer. Ese grupo compró 70% –y el manejo del juicio– de los derechos litigiosos a Petersen Energía, la firma que tenía Eskenazi como vehículo para ser dueño de la petrolera. El 30% se lo reservó la familia. Esa empresa, que era una sociedad española, quebró y esa acreencia pasó a ser de titularidad de la quiebra.
Acá, un asterisco. Cuando se estatizó la empresa, el Grupo Petersen se declaró en quiebra. Un pool de bancos le habían prestado dinero para comprar YPF y cobrarse con los dividendos. Perdido el management a manos, primero de De Vido y Kicillof y después de Miguel Galuccio, la empresa ya no pudo pagar. Pero los argentinos nunca fueron expropiados, por lo tanto, se quedaron con la titularidad de las acciones. Para no tener problemas legales, los Eskenazi entregaron esa tenencia a la quiebra y poco a poco todos los acreedores se cobraron. ¿Por qué el asterisco? Ahora, el titular de ese 30% es la quiebra madrileña. Pero si después de liquidar las pocas deudas que quedan hay un remanente, ese dinero regresará a la familia Eskenazi.
Aquel 2012, un momento de éxtasis kirchnerista. Por más que fueron advertidos, jugueteaban arriba de aquellos elefantes y destrozaban el bazar.
Pero si algo tienen los capitales de riesgo es paciencia. Compran derechos litigiosos y tiempo. Les ofrecen a los titulares de los litigios cobrar una parte y no esperar más. Ellos sí esperan, dentro de mullidas trincheras jurídicas. Ahora son los dueños del ticket para cancelar aquel galope inconsciente de Cristina Kirchner, De Vido y Kicillof con la bandera estatizadora en la mano.

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