EDITORIAL

Escuelas rehenes de un gremialismo irresponsable
La politización de gremios que agrupan a trabajadores estatales y a docentes sigue haciéndoles perder días de clases a millones de alumnos
El martes último se conmemoró el Día del Trabajador Estatal. La arraigada vocación huelguista de gran parte de la dirigencia gremial encontró en dicha celebración una nueva veta. En rechazo a que el asueto no alcance a los 30.000 auxiliares de escuelas, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un paro que propuso dejar una vez más sin clases a las escuelas bonaerenses.
Sin porteros, personal de limpieza, cocineros y asistentes en las escuelas, el dictado de clases se hace imposible. Por más que los docentes no sean alcanzados por la convocatoria de ATE, no se podrían tampoco garantizar las condiciones de higiene necesarias para el dictado de clases y la decisión quedó a cargo de la dirección de cada establecimiento. La Dirección General de Escuelas había rechazado el insólito pedido de ATE sobre la suspensión formal de las actividades educativas. Ante esto, la medida de fuerza no se hizo esperar y el funcionamiento de las escuelas públicas se vio afectado en todos los niveles y muchas de ellas debieron permanecer cerradas.
Aquellos niños que hayan podido aprender a sumar contabilizarán que los tres paros del ala disidente del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), además de uno de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) en solidaridad con Jujuy, más los feriados del mes, arrojan un total de siete días sin clases. No hay discurso sobre el valor de la “continuidad educativa” que resista cuando el afán de los gremios circula tan alejado de la sensatez para defender lo indefendible, una y otra vez. El año pasado, sobre este particular, el ministro de Educación bonaerense, Alberto Sileoni, había emitido una resolución argumentando que el calendario escolar ya cuenta con “fechas conmemorativas que reconocen su día”. Este año, solo procedió a ratificarla. Aunque parezca una obviedad, podríamos preguntarnos si algún portero o auxiliar concurre a trabajar en ocasión de celebrarse, por ejemplo, el Día del Maestro.
Oscar de Isasi es el secretario general de ATE. Si bien apoyaría al gobierno de Axel Kicillof, a tal punto que habría intentado sumarse a las listas del oficialismo para las PASO, revela no poder contener su natural inclinación a considerar que siempre hay buenas razones para parar. Es el mismo dirigente que en mayo del año pasado explicaba desfachatadamente que su gremio no convocaba a protestas durante los fines de semana porque esos días los trabajadores miran fútbol en sus casas.
Probablemente sea su cercanía con el ideario oficial la que lo exima de las sanciones que deberían corresponderle toda vez que la huelga que encabezó careció de autorización. La cartera educativa evalúa también descontar la jornada a aquellos auxiliares que se sumaron a la medida de fuerza.
El sistema educativo bonaerense es el más importante del país, con 14.000 establecimientos de gestión estatal. Fue de los últimos en recuperar la presencialidad pospandemia, a merced de un obcecado gobernador que no midió el enorme impacto de un solo día sin clases. El número de alumnos de los tres niveles afectados por este nuevo paro rondó los 3,7 millones.
Paola del Bosco, presidenta de la Academia Nacional de Educación, destacó en una reciente conferencia en la Universidad del CEMA que la educación es un derecho instaurado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 frente al cual tenemos una clara obligación. Citó que algunos países, como Ecuador, Perú y Uruguay, han acertadamente restringido el derecho de huelga y declarado que la educación es un servicio esencial, considerando que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) define así a lo que, interrumpido, “implica una amenaza evidente e inminente para la vida y la seguridad de toda o parte de la población”. Entre nosotros, un decreto en tiempos de Carlos Menem establecía que se trataba de un servicio esencial, pero tal norma fue derogada en 2004, durante el gobierno de Fernando de la Rúa, y considerada finalmente inconstitucional.
Debemos defender y privilegiar el derecho a la educación de nuestros niños y jóvenes por sobre el derecho a la huelga, analizando y evaluando alternativas y canales legales incluso ante la feroz oposición gremial, encabezada por personajes como Roberto Baradel, secretario general adjunto de la Ctera. Claramente no comprenden que sin educación la pobreza es un destino inevitable para muchos.
Como bien recuerda Guillermo Jaim Etcheverry, “educar a una persona es ayudarla a aprender a ser lo que es capaz de ser”, una afirmación atribuida a Hesíodo, poeta griego del siglo VIII a. C. cuya vigencia sigue siendo absoluta.

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