Ordenan 18 detenciones por el caso Chocolate
Son el concejal Albini, su padre y 16 empleados de la Legislatura
.Hernán Cappiello
La policía bonaerense allanó ayer los domicilios de los Albini
El juez Federico Atencio ordenó la detención del concejal massista Facundo Albini, de su padre Claudio, exsubdirector de Personal de la Cámara de Diputados bonaerense, y de otras 16 personas, entre ellos supuestos empleados ñoquis que desde 2021 hasta ahora facilitaban sus tarjetas de débito para que el puntero del PJ Julio “Chocolate” Rigau cobrara sus sueldos de 850.000 pesos cada uno para el financiamiento de la política. En forma paralela, se realizaron allanamientos en la casa de los dos Albini en busca de información complementaria.
Si bien no fueron notificados oficialmente sobre su situación, ambos están dispuestos a presentarse ante la Justicia y a prestar declaración si es que acceden antes a toda la evidencia que fue usada para sostener sus pedidos de detención, dijeron allegados a los Albini La situación provocó inquietud en la política bonaerense.
Los Albini pidieron la eximición de prisión, que les fue denegada y la apelaron. No recurrirán al habeas corpus para lograr la libertad, ya que no es el camino, entiende su defensa. “Cuando los notifiquen o cuando los allanen se presentarán ante la Justicia y están dispuestos a declarar si es que se les exhibe toda la prueba”, dijo una fuente cercana a los Albini.
El padre, Claudio, ya tiene preparada su defensa, al entender que como exsubdirector de la Dirección de Personal de la Cámara d Diputados no tenía firma para autorizar las contrataciones. Están acusados de defraudar a la Legislatura en al menos 800 millones de pesos, dijo el juez Atencio al fundamentar su detención, según dijeron las fuentes.
Albini padre y su hijo, que además es apoderado del Frente Renovador, de Sergio Massa, están acusados de asociación ilícita y la fiscal Betina Lacki pidió su detención al entender que pueden obstaculizar la actuación de la Justicia. Lo mismos sucedió con los dueños de las tarjetas de débito a los que se comprobó que no trabajaban y que en realidad prestaban su nombre para tener obra social y aportes, y luego entregaban la plata a Rigau que recaudaba para los Albini.
Asimismo el juez Atencio dispuso la detención de Graciela del Carmen Anivarro, Raúl Boragina, Marisol Correa, María Cecilia D’ Ovidio, Lourdes Gabriela Degollada, María Cristina Degollada, Rosana Silvia Delgado Teodomiro Falcon Ramírez, Raúl Marcelo Falone, Diego Guillermo Koster, Daniel Alfredo Mederos, Sheila Belén Maroni, Sánchez Ricardo Mario, Sosa Ramón Alberto y Valdata Paula Alejandra, según documentos del caso a los que accedió . Estos últimos están acusadebían dos de fraude y los dos primeros de fraude y asociación ilícita.
Asimismo se dispuso ordenar la inhibición general de las cuentas bancarias vinculadas a las tarjetas de débito incautadas como así también de las cuentas bancarias de Claudio Albini, así como ordenar el secuestro de los teléfonos celulares utilizados por Claudio Albini y Facundo Albini.
Así surge de las comunicaciones del celular de Rigau. Sus chats revelan que había empleados que no sabían ni lo que cobraban ni el trabajo que desempeñaban, que el dinero debía ser rendido sin faltantes a Claudio Albini, y en un caso que reclamaban que les den de baja en la Cámara de Diputados porque el estar en blanco les impedía cobrar las asignaciones sociales.
De esas conversaciones, a las que accedió, surge que Rigau cobraba 200.000 pesos por mes para ocuparse de la recaudación de casi medio centenar de empleados ñoquis, dejarles parte del dinero a ellos y el resto “rendirlo” al massista Claudio Albini.
El juez Atencio, la semana pasada, antes de las elecciones que perdió Sergio Massa, dispuso la prisión preventiva de Rigau por más de 170 fraudes cometidos con las extracciones de las tarjetas de débito. Rigau está preso y fue rechazada su excarcelación extraordinaria.
El magistrado expuso que las detenciones se basan en que las pruebas “permiten por ahora acreditar que, aproximadamente desde el mes de enero de 2021 y hasta la actualidad, cuando menos tres personas, el Subdirector de Personal de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, otro hijo y un contratado por dicha institución [Rigau] integraron una organización que de modo habitual y permanente mediante acuerdo tácito o expreso tenía el propósito de cometer el delito de fraude en perjuicio de la administración pública en forma reiterada”.
Para ello, dijo el juez contaron con la participación de 48 personas, “quienes durante los años 2021, 2022 y 2023 suscribieron contratos de locación de servicios con la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires por un salario que a la actualidad asciende a 850.000 pesos mensuales, sin que desempeñaran labor alguna a cambio de la remuneración percibida”.
“Al obtener las tarjetas de débito correspondientes a las cuentas creadas en virtud del contrato, algunas de esas personas hicieron entrega de las mismas a Julio Segundo Rigau –quien también suscribió contrato de locación de servicios– y otras fueron recibidas por Claudio Gustavo Albini para luego el primero de los nombrados proceder a extraer el dinero de manera periódica a través de cajeros automáticos, generando de ese modo un falso cobro de haberes. Una vez recaudado a través de las gestiones realizadas por Facundo Albini, se rendían cuentas del dinero obtenido ante Claudio Albini, quien le daba un destino diferente al que originariamente tenia, sea para beneficio propio o de terceros, logrando de tal forma defraudar a la administración pública ocasionando un perjuicio en las arcas del Estado por una suma que supera los ochocientos millones de pesos”, señaló el juez.
A Claudio y Facundo Albini los complican los chats y las relaciones con Rigau. A Claudio el hecho de haber recibido él mismo las tarjetas de débito. La mayoría de las pruebas salieron del peritaje al teléfono del puntero peronista.
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Los chats y el cambio en las cuentas, las evidencias claves
Son las pruebas en las que el juez Atencio basó su decisión de mandar a detener a los Albini y a los dueños de las tarjetas de débito
El juez Federico Atencio ordenó la detención del concejal massista Facundo Albini, de su padre Claudio, exsubdirector de Personal de la Cámara de Diputados bonaerense, y de otras 16 personas, entre ellos supuestos empleados ñoquis que desde 2021 hasta ahora facilitaban sus tarjetas de débito para que el puntero del PJ Julio “Chocolate” Rigau cobrara sus sueldos de 850.000 pesos cada uno para el financiamiento de la política. En forma paralela, se realizaron allanamientos en la casa de los dos Albini en busca de información complementaria.
Si bien no fueron notificados oficialmente sobre su situación, ambos están dispuestos a presentarse ante la Justicia y a prestar declaración si es que acceden antes a toda la evidencia que fue usada para sostener sus pedidos de detención, dijeron allegados a los Albini La situación provocó inquietud en la política bonaerense.
Los Albini pidieron la eximición de prisión, que les fue denegada y la apelaron. No recurrirán al habeas corpus para lograr la libertad, ya que no es el camino, entiende su defensa. “Cuando los notifiquen o cuando los allanen se presentarán ante la Justicia y están dispuestos a declarar si es que se les exhibe toda la prueba”, dijo una fuente cercana a los Albini.
El padre, Claudio, ya tiene preparada su defensa, al entender que como exsubdirector de la Dirección de Personal de la Cámara d Diputados no tenía firma para autorizar las contrataciones. Están acusados de defraudar a la Legislatura en al menos 800 millones de pesos, dijo el juez Atencio al fundamentar su detención, según dijeron las fuentes.
Albini padre y su hijo, que además es apoderado del Frente Renovador, de Sergio Massa, están acusados de asociación ilícita y la fiscal Betina Lacki pidió su detención al entender que pueden obstaculizar la actuación de la Justicia. Lo mismos sucedió con los dueños de las tarjetas de débito a los que se comprobó que no trabajaban y que en realidad prestaban su nombre para tener obra social y aportes, y luego entregaban la plata a Rigau que recaudaba para los Albini.
Asimismo el juez Atencio dispuso la detención de Graciela del Carmen Anivarro, Raúl Boragina, Marisol Correa, María Cecilia D’ Ovidio, Lourdes Gabriela Degollada, María Cristina Degollada, Rosana Silvia Delgado Teodomiro Falcon Ramírez, Raúl Marcelo Falone, Diego Guillermo Koster, Daniel Alfredo Mederos, Sheila Belén Maroni, Sánchez Ricardo Mario, Sosa Ramón Alberto y Valdata Paula Alejandra, según documentos del caso a los que accedió . Estos últimos están acusadebían dos de fraude y los dos primeros de fraude y asociación ilícita.
Asimismo se dispuso ordenar la inhibición general de las cuentas bancarias vinculadas a las tarjetas de débito incautadas como así también de las cuentas bancarias de Claudio Albini, así como ordenar el secuestro de los teléfonos celulares utilizados por Claudio Albini y Facundo Albini.
Así surge de las comunicaciones del celular de Rigau. Sus chats revelan que había empleados que no sabían ni lo que cobraban ni el trabajo que desempeñaban, que el dinero debía ser rendido sin faltantes a Claudio Albini, y en un caso que reclamaban que les den de baja en la Cámara de Diputados porque el estar en blanco les impedía cobrar las asignaciones sociales.
De esas conversaciones, a las que accedió, surge que Rigau cobraba 200.000 pesos por mes para ocuparse de la recaudación de casi medio centenar de empleados ñoquis, dejarles parte del dinero a ellos y el resto “rendirlo” al massista Claudio Albini.
El juez Atencio, la semana pasada, antes de las elecciones que perdió Sergio Massa, dispuso la prisión preventiva de Rigau por más de 170 fraudes cometidos con las extracciones de las tarjetas de débito. Rigau está preso y fue rechazada su excarcelación extraordinaria.
El magistrado expuso que las detenciones se basan en que las pruebas “permiten por ahora acreditar que, aproximadamente desde el mes de enero de 2021 y hasta la actualidad, cuando menos tres personas, el Subdirector de Personal de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, otro hijo y un contratado por dicha institución [Rigau] integraron una organización que de modo habitual y permanente mediante acuerdo tácito o expreso tenía el propósito de cometer el delito de fraude en perjuicio de la administración pública en forma reiterada”.
Para ello, dijo el juez contaron con la participación de 48 personas, “quienes durante los años 2021, 2022 y 2023 suscribieron contratos de locación de servicios con la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires por un salario que a la actualidad asciende a 850.000 pesos mensuales, sin que desempeñaran labor alguna a cambio de la remuneración percibida”.
“Al obtener las tarjetas de débito correspondientes a las cuentas creadas en virtud del contrato, algunas de esas personas hicieron entrega de las mismas a Julio Segundo Rigau –quien también suscribió contrato de locación de servicios– y otras fueron recibidas por Claudio Gustavo Albini para luego el primero de los nombrados proceder a extraer el dinero de manera periódica a través de cajeros automáticos, generando de ese modo un falso cobro de haberes. Una vez recaudado a través de las gestiones realizadas por Facundo Albini, se rendían cuentas del dinero obtenido ante Claudio Albini, quien le daba un destino diferente al que originariamente tenia, sea para beneficio propio o de terceros, logrando de tal forma defraudar a la administración pública ocasionando un perjuicio en las arcas del Estado por una suma que supera los ochocientos millones de pesos”, señaló el juez.
A Claudio y Facundo Albini los complican los chats y las relaciones con Rigau. A Claudio el hecho de haber recibido él mismo las tarjetas de débito. La mayoría de las pruebas salieron del peritaje al teléfono del puntero peronista.
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Los chats y el cambio en las cuentas, las evidencias claves
Son las pruebas en las que el juez Atencio basó su decisión de mandar a detener a los Albini y a los dueños de las tarjetas de débito
Hernán Cappiello
Las evidencias que complican al concejal massista Facundo Albini, a su padre, Claudio, y a los dueños de las tarjetas de débito con pedido de detención se basan en los chats del teléfono celular del puntero del PJ, el detenido Claudio “Chocolate” Rigau. Así lo enumeró el juez Federico Atencio cuando ordenó la detención del los acusados a partir del pedido de la fiscal Betina Lacki.
En su resolución, Atencio mencionó con respecto a Facundo Albini que lo que lo liga a la causa es el contenido de las conversaciones del teléfono de Rigau, su “estrecha relación” con el empleado de la Cámara de Diputados, que era quien gestionaba la rendición de cuentas a Claudio Albini y por supuesto su relación de parentesco con el exsubdirector de la Cámara de Diputados bonaerense. Para el juez, el parentesco colocó al hijo “en un lugar privilegiado” que “le permitió intervenir con Julio Rigau” para exigirle que rinda cuentas ante Albini padre.
En cuanto a Claudio Albini, el juez señaló que las evidencias que lo complican son su rol como exsubdirector de Personal de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, haber recibido la tarjetas de débito de Paula Alejandra Valdata, Marisol Correa, Sheila Belén Maroni, Raúl Horacio Boragina, Mabel Susana Alvear y Gerardo Román Rigau y los chats de Chocolate Rigau.
Asimismo, en una de esas conversaciones entre Julio Rigau y Chispa se menciona que Claudio Albini estaba en Brasil en agosto pasado y rendirle el dinero a su regreso, lo que concuerda conel informe que envió Migraciones sobre su viaje al exterior entre el 20 de agosto de 2023 y el 23 de agosto de este año.
Los chats del celular de Rigau que determinaron los pedidos de detención son aquellos en los que queda claro que Rigau rendía cuentas a Claudio Albini. O que el puntero del PJ cobraba 200.000 pesos por ocuparse de recoger el dinero de las tarjetas de débito de los empleados ñoquis y rendirlo a Albini padre.
O los chats referidos a los problemas que le surgían a Rigau cuando los dueños de las tarjetas de débito sacaban dinero para una compra o los embargaban por cuestiones familiares y el puntero del PJ debía salir a cubrir con su plata los faltantes o dar explicaciones. Uno de los chats es revelador de que los contratados eran ñoquis. “Fabián”, quien sería Néstor Fabián Estecho, le pregunta a Rigau qué debe decir cuando le pregunten de qué trabaja en la Cámara de Diputados: “¿Yo cuándo estaría cobrando más o menos? ¿Y cómo es? ¿A qué me dedico? ¿Mantenimiento? ¿Qué mierda es lo que estoy haciendo?…”.
La evidencia que complica a los tenedores de las tarjetas de débito Graciela del Carmen Anivarro, Raúl Boragina, Marisol Correa, María Cecilia D’ Ovidio, Lourdes Gabriela Degollada, María Cristina Degollada, Rosana Silvia Delgado, Teodomiro Falcón Ramírez, Raúl Marcelo Falone, Diego Guillermo Koster, Daniel Alfredo Mederos, Sheila Belén Maroni, Ricardo Mario Sánchez, Sosa Ramón Alberto y Valdata Paula Alejandra es la siguiente: firmaron contratos de servicios, obtuvieron las tarjetas de débito al retirarlas del Banco Provincia o les fueron entregadas por correo. Casi todos los movimientos son extracciones de dinero en efectivo realizadas a través de cajeros automáticos, lo que abona la sospecha de que la sacaba alguien diferente del titular.
Es llamativo que en esas cuentas solo había extracciones, pero esa situación cambió cuando estalló el caso y los dueños de las tarjetas cobraron sus sueldos completos y empezaron a operar ellos con compras, transacciones, movimientos Debin y extracciones.
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La Casación rechazó el pedido de dos jueces para no juzgar a Cristina
Giménez Uriburu y Basso habían alegado estar sobrecargados de trabajo; la Cámara señaló que es la misma situación que padecen todos los juzgados
Las evidencias que complican al concejal massista Facundo Albini, a su padre, Claudio, y a los dueños de las tarjetas de débito con pedido de detención se basan en los chats del teléfono celular del puntero del PJ, el detenido Claudio “Chocolate” Rigau. Así lo enumeró el juez Federico Atencio cuando ordenó la detención del los acusados a partir del pedido de la fiscal Betina Lacki.
En su resolución, Atencio mencionó con respecto a Facundo Albini que lo que lo liga a la causa es el contenido de las conversaciones del teléfono de Rigau, su “estrecha relación” con el empleado de la Cámara de Diputados, que era quien gestionaba la rendición de cuentas a Claudio Albini y por supuesto su relación de parentesco con el exsubdirector de la Cámara de Diputados bonaerense. Para el juez, el parentesco colocó al hijo “en un lugar privilegiado” que “le permitió intervenir con Julio Rigau” para exigirle que rinda cuentas ante Albini padre.
En cuanto a Claudio Albini, el juez señaló que las evidencias que lo complican son su rol como exsubdirector de Personal de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, haber recibido la tarjetas de débito de Paula Alejandra Valdata, Marisol Correa, Sheila Belén Maroni, Raúl Horacio Boragina, Mabel Susana Alvear y Gerardo Román Rigau y los chats de Chocolate Rigau.
Asimismo, en una de esas conversaciones entre Julio Rigau y Chispa se menciona que Claudio Albini estaba en Brasil en agosto pasado y rendirle el dinero a su regreso, lo que concuerda conel informe que envió Migraciones sobre su viaje al exterior entre el 20 de agosto de 2023 y el 23 de agosto de este año.
Los chats del celular de Rigau que determinaron los pedidos de detención son aquellos en los que queda claro que Rigau rendía cuentas a Claudio Albini. O que el puntero del PJ cobraba 200.000 pesos por ocuparse de recoger el dinero de las tarjetas de débito de los empleados ñoquis y rendirlo a Albini padre.
O los chats referidos a los problemas que le surgían a Rigau cuando los dueños de las tarjetas de débito sacaban dinero para una compra o los embargaban por cuestiones familiares y el puntero del PJ debía salir a cubrir con su plata los faltantes o dar explicaciones. Uno de los chats es revelador de que los contratados eran ñoquis. “Fabián”, quien sería Néstor Fabián Estecho, le pregunta a Rigau qué debe decir cuando le pregunten de qué trabaja en la Cámara de Diputados: “¿Yo cuándo estaría cobrando más o menos? ¿Y cómo es? ¿A qué me dedico? ¿Mantenimiento? ¿Qué mierda es lo que estoy haciendo?…”.
La evidencia que complica a los tenedores de las tarjetas de débito Graciela del Carmen Anivarro, Raúl Boragina, Marisol Correa, María Cecilia D’ Ovidio, Lourdes Gabriela Degollada, María Cristina Degollada, Rosana Silvia Delgado, Teodomiro Falcón Ramírez, Raúl Marcelo Falone, Diego Guillermo Koster, Daniel Alfredo Mederos, Sheila Belén Maroni, Ricardo Mario Sánchez, Sosa Ramón Alberto y Valdata Paula Alejandra es la siguiente: firmaron contratos de servicios, obtuvieron las tarjetas de débito al retirarlas del Banco Provincia o les fueron entregadas por correo. Casi todos los movimientos son extracciones de dinero en efectivo realizadas a través de cajeros automáticos, lo que abona la sospecha de que la sacaba alguien diferente del titular.
Es llamativo que en esas cuentas solo había extracciones, pero esa situación cambió cuando estalló el caso y los dueños de las tarjetas cobraron sus sueldos completos y empezaron a operar ellos con compras, transacciones, movimientos Debin y extracciones.
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La Casación rechazó el pedido de dos jueces para no juzgar a Cristina
Giménez Uriburu y Basso habían alegado estar sobrecargados de trabajo; la Cámara señaló que es la misma situación que padecen todos los juzgados
Hernán Cappiello
El presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Borinsky, rechazó los pedidos de los jueces Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso para excusarse de intervenir en el juicio contra Cristina Kirchner por la firma del memorándum con Irán, alegando el exceso de trabajo. Los jueces de la Casación les dijeron que es lo mismo que ocurre con todos los tribunales orales del país y le pidieron al Consejo de la Magistratura que cubra las vacantes.
Giménez Uriburu y Basso ya habían intervenido en el juicio oral contra Cristina Kirchner por la causa Vialidad y la condenaron a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Ahora fueron sorteados para juzgarla por la causa por la firma del memorándum con Irán junto con el procurador del Tesoro, Carlos Zannini; el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena; el ministro bonaerense Andrés Larroque; el senador Oscar Parrilli; el piquetero Luis D’Elía; el embajador Eduardo Zuain, y la exprocuradora del Tesoro Angelina Abbona, además del piquetero Fernando Esteche, Jorge Alejandro Khalil y Ramón Héctor Allan Bogado.
Las defensas de Mena y de Cristina Kirchner recusaron a Giménez Uriburu y a Basso, al sostener que ya hay un criterio establecido en esta causa: todos los que tuvieron alguna relación con el expediente por el atentado a la AMIA no pueden intervenir en el proceso. El precedente es la recusación de la jueza Sabrina Namer, que fue sorteada para hacer el juicio, pero separada porque fue fiscal de la UFI-AMIA.
Ahora, las defensas dijeron que el juez Basso intervino en el juicio donde fue absuelto Carlos Telleldín y que su colega Giménez Uriburu se excusó en un juicio por irregularidades en la investigación del ataque donde fue juzgado el exjuez Juan José Galeano. Esa situación aún resta resolverse.
Mientras tanto, la Casación entendió que no hay razones para que Basso y Giménez Uriburu se aparten del caso. En una decisión que lleva la firma de Borinsky, como presidente de la Cámara, señaló que las razones que expusieron los jueces –la cantidad de causas a su cargo– “son extremos que se ven reproducidos en todos los tribunales orales en lo criminal federal de esta ciudad y con sede en las provincias”.
Los jueces Basso y Giménez Uriburu se encuentran interviniendo en expedientes en los que se investigan delitos complejos en sus tribunales orales, y funcionan como suplentes en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata y en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Plata Nº 1.
No obstante, Borinsky entendió que “las situaciones expuestas por los señores magistrados en relación con las particulares circunstancias de las jurisdicciones de las que se trata por la cantidad de vacantes existentes, la distancia entre los diferentes tribunales, la invocada dificultad de cumplir adecuadamente con la correcta administración de justicia y la sobrecarga puesta de manifiesto”, son dificultades que se dan en todos los tribunales.
Borinsky escribió que tomó la decisión tras consultar al Tribunal de Superintendencia, integrado por los camaristas Diego Barroetaveña, Alejandro Slokar, Javier Carbajo y Gustavo Hornos, y que hubo unanimidad en la solución al asunto.
El caso se ve agravado porque entre los ocho tribunales federales orales federales que funcionan en la ciudad de Buenos Aires hay siete vacantes. Es decir, casi un juez por tribunal. Por eso es que Borinsky envió este oficio al Consejo de la Magistratura, para hacerle saber la situación de las vacantes y la necesidad de que se cubran “a fin de que se adopten en aras de garantizar la prestación de un mejor y más eficiente servicio de justicia”.
AMIA: DETUVIERON A UN SOSPECHOSO IRANÍ
En medio de un fuerte operativo, efectivo policiales detuvieron ayer a un sospechoso de nacionalidad iraní en inmediaciones de la sede de la AMIA. El hombre estaba sacando fotos fuera del edificio, situado en Pasteur 633.
Según informaron autoridades del área de Seguridad porteña, al detectar la presencia de un hombreque merodeaba la institución, una gente policial le preguntó qué hacía exactamente y el hombre le respondió, en inglés, que “quería sacarle una fotografía al edificio de la AMIA”. El parte de la Policía Federal agrega: “Luego este masculino le refiere ser un sheriff de un condado cercano a Los Ángeles y solicita autorización para ingresar el edificio de AMI A. Ante la negativa se ofusca y es apartado por los efectivos que luego proceden a identificarlo”.
Las medidas de seguridad en la zona se incrementaron tras el ataque terrorista de Hamas a Israel, el 7 de octubre pasado.
El presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Borinsky, rechazó los pedidos de los jueces Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso para excusarse de intervenir en el juicio contra Cristina Kirchner por la firma del memorándum con Irán, alegando el exceso de trabajo. Los jueces de la Casación les dijeron que es lo mismo que ocurre con todos los tribunales orales del país y le pidieron al Consejo de la Magistratura que cubra las vacantes.
Giménez Uriburu y Basso ya habían intervenido en el juicio oral contra Cristina Kirchner por la causa Vialidad y la condenaron a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Ahora fueron sorteados para juzgarla por la causa por la firma del memorándum con Irán junto con el procurador del Tesoro, Carlos Zannini; el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena; el ministro bonaerense Andrés Larroque; el senador Oscar Parrilli; el piquetero Luis D’Elía; el embajador Eduardo Zuain, y la exprocuradora del Tesoro Angelina Abbona, además del piquetero Fernando Esteche, Jorge Alejandro Khalil y Ramón Héctor Allan Bogado.
Las defensas de Mena y de Cristina Kirchner recusaron a Giménez Uriburu y a Basso, al sostener que ya hay un criterio establecido en esta causa: todos los que tuvieron alguna relación con el expediente por el atentado a la AMIA no pueden intervenir en el proceso. El precedente es la recusación de la jueza Sabrina Namer, que fue sorteada para hacer el juicio, pero separada porque fue fiscal de la UFI-AMIA.
Ahora, las defensas dijeron que el juez Basso intervino en el juicio donde fue absuelto Carlos Telleldín y que su colega Giménez Uriburu se excusó en un juicio por irregularidades en la investigación del ataque donde fue juzgado el exjuez Juan José Galeano. Esa situación aún resta resolverse.
Mientras tanto, la Casación entendió que no hay razones para que Basso y Giménez Uriburu se aparten del caso. En una decisión que lleva la firma de Borinsky, como presidente de la Cámara, señaló que las razones que expusieron los jueces –la cantidad de causas a su cargo– “son extremos que se ven reproducidos en todos los tribunales orales en lo criminal federal de esta ciudad y con sede en las provincias”.
Los jueces Basso y Giménez Uriburu se encuentran interviniendo en expedientes en los que se investigan delitos complejos en sus tribunales orales, y funcionan como suplentes en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata y en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Plata Nº 1.
No obstante, Borinsky entendió que “las situaciones expuestas por los señores magistrados en relación con las particulares circunstancias de las jurisdicciones de las que se trata por la cantidad de vacantes existentes, la distancia entre los diferentes tribunales, la invocada dificultad de cumplir adecuadamente con la correcta administración de justicia y la sobrecarga puesta de manifiesto”, son dificultades que se dan en todos los tribunales.
Borinsky escribió que tomó la decisión tras consultar al Tribunal de Superintendencia, integrado por los camaristas Diego Barroetaveña, Alejandro Slokar, Javier Carbajo y Gustavo Hornos, y que hubo unanimidad en la solución al asunto.
El caso se ve agravado porque entre los ocho tribunales federales orales federales que funcionan en la ciudad de Buenos Aires hay siete vacantes. Es decir, casi un juez por tribunal. Por eso es que Borinsky envió este oficio al Consejo de la Magistratura, para hacerle saber la situación de las vacantes y la necesidad de que se cubran “a fin de que se adopten en aras de garantizar la prestación de un mejor y más eficiente servicio de justicia”.
AMIA: DETUVIERON A UN SOSPECHOSO IRANÍ
En medio de un fuerte operativo, efectivo policiales detuvieron ayer a un sospechoso de nacionalidad iraní en inmediaciones de la sede de la AMIA. El hombre estaba sacando fotos fuera del edificio, situado en Pasteur 633.
Según informaron autoridades del área de Seguridad porteña, al detectar la presencia de un hombreque merodeaba la institución, una gente policial le preguntó qué hacía exactamente y el hombre le respondió, en inglés, que “quería sacarle una fotografía al edificio de la AMIA”. El parte de la Policía Federal agrega: “Luego este masculino le refiere ser un sheriff de un condado cercano a Los Ángeles y solicita autorización para ingresar el edificio de AMI A. Ante la negativa se ofusca y es apartado por los efectivos que luego proceden a identificarlo”.
Las medidas de seguridad en la zona se incrementaron tras el ataque terrorista de Hamas a Israel, el 7 de octubre pasado.
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