Jubilaciones con aumento por debajo de la inflación
El aumento quedó muy por debajo de la inflación; habrá un refuerzo de $55.000, pero condicionado al resultado electoral
Silvia Stang
Massa fue ayer a un acto con jubilados
Movilidad.El gobiernoanunció que el reajuste de diciembre para las jubilaciones de la Anses será de 20,87%, un porcentaje afectado por la aplicación de un tope dispuesto por ley, que deja la recomposición anual en un 110,9%, muy por debajo de la inflación, que llegaría a 180%. El haber mínimo será de $105.713 y se sumará un refuerzo de $55.000 solo en diciembre. El ministro de Economía y candidato a presidente, Sergio Massa, dijo que ese bono se extenderá a enero y febrero, pero si gana las elecciones.
Las jubilaciones y pensiones del sistema general de la Anses tendrán en diciembre un reajuste de 20,87% por movilidad. El porcentaje se deriva de haberse aplicado un tope que está previsto en la normativa vigente, porque el resultado de la fórmula arrojó, en rigor, un índice varios puntos más elevado. Así, en el ultimo mes del año el haber mínimo pasará de $87.459,76 a $105.713 y el máximo, de $588.521,35 a $711.346 (cifras en bruto que, en términos netos, son de $102.542 y $671.837, respectivamente). Esos importes regirán hasta febrero, ya que en marzo deberá haber otra actualización.
El porcentaje de la suba fue comunicado por el Gobierno con la publicación de un video breve y una voz en off, a diferencia de anuncios anteriores de las subas por movilidad, que habían sido hechos por el ministro de Economía, Sergio Massa, y la directora de la Anses, Fernanda Raverta.
El aumento de diciembre se ubica muy por debajo de la inflación, que en el trimestre de julio a septiembre trepó a 34,65%; así, los ingresos tendrán una muy fuerte pérdida de poder adquisitivo. También se anunció que habrá un refuerzo de $55.000 para quienes tienen el haber mínimo y solo en diciembre. Hasta ahora, los bonos mensuales se venían disponiendo con vigencia trimestral, pero eso no fue así esta vez, en la que se recurrió a una estrategia electoral.
Después del anuncio por video y tras un comunicado de la Anses, Massa participó de un acto con jubilados en Esteban Echeverría, y allí dijo que se dispondrían bonos para enero y febrero, de $65.000 y $70.000 respectivamente, pero solo si gana las elecciones presidenciales. Así, si bien el ministro y candidato ya limitó a la próxima gestión (sea propia o sea de Javier Milei) con un mayor gasto y con una menor recaudación impositiva –a partir de varias medidas tomadas–, en este caso se negó a darles a los jubilados la extensión temporal de tres meses que el bono ya tenía como algo habitual. De no corregirse lo anunciado, en enero y febrero muchas personas tendrán una baja nominal en sus ingresos.
Por aplicación del índice de movilidad, que responde una fórmula fijada por la ley 27.609 vigente desde 2021, los ingresos previsionales y también los cobros por hijo para trabajadores y personas desocupadas acumularán, en todo 2023, un incremento de 110,9%. Según estimaciones hechas por diferentes centros de estudios económicos y publicadas por el Banco Central en su Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), el aumento de los precios sería, de punta a punta del año, de alrededor de 180%.
De esa manera, los jubilados que no perciben bonos tendrían a fin de año un ingreso con el que podrán comprar un 25% menos que 12 meses antes. Esa pérdida del ingreso real será aún mayor en algunos casos, concretamente de alrededor de 30%, porque hay quienes en diciembre de 2022 percibían un bono y desde septiembre de este año ya no lo tienen.
El nivel del porcentaje de reajuste para diciembre se explica porque para ese mes la ley aprobada a fines de 2020 establece la eventual aplicación de un tope a la suba anual por movilidad, una cláusula que perjudica a los jubilados. Es un tope vinculado con la evolución de los recursos que recibe la Anses para el pago de las prestaciones. Por eso, y tal como había informado la nacion días atrás, si bien la fórmula arrojó un resultado de entre 25% y 28% (el Gobierno no lo aclaró), la vigencia de esa cláusula hace que la recomposición sea, finalmente, varios puntos inferior.
Según Sergio Rottenschweiler, economista y docente en la Universidad de General Sarmiento, el índice anunciado por el Gobierno surge de aplicar ese techo y, además, de hacerle correcciones a las variables del cálculo en función de los cambios que tuvo en los últimos meses el impuesto PAIS, uno de los que están considerados en la fórmula, porque parte de la recaudación va a la Anses. La normativa indica que para calcular la variación de la recaudación de recursos se deben homogeneizar las variables, lo cual implica que, si se hicieron cambios en el impuesto, la cuenta debe hacerse como si tales modificaciones no hubieran existido. Rottenschweiler había estimado días atrás que, de hacerse esas correcciones y de aplicarse el límite para la suba anual, la movilidad quedaría muy cerca del 21%, algo que finalmente ocurri
El alcance de la suba
La recomposición de 20,87% alcanza a los beneficios no contributivos, como la PUAM, y a las asignaciones por hijo, tanto a la AUH (que subirá de $17.093 a $20.661) como a las prestaciones que por ese concepto percibe un grupo de asalariados del sector formal y de los monotributistas.
Además, suben en igual porcentaje que los ingresos (20,87%) los aportes previsionales de los autónomos y las remuneraciones mínima y máxima para el cálculo de los aportes a la seguridad social.
A la recomposición por movilidad se sumará el ya mencionado refuerzo de $55.000, que alcanzará a quienes cobran el haber mínimo. Para quienes perciben algo más, no se anunció el pago de ningún adicional, con lo cual se profundizarán las pérdidas de poder adquisitivo y también las distorsiones del sistema. Actualmente hay quienes, con haberes brutos superiores, cobran en mano menos que quienes tienen el ingreso mínimo.
Según se especificó desde el Gobierno, quienes tienen el haber mínimo recibirán el mes próximo $160.713 (considerando el bono) y la segunda cuota del aguinaldo (que les corresponde, en rigor, a todos los jubilados, sin importar el nivel de ingresos). En el caso del ingreso básico, eso da un total de $213.569, en bruto, cifra a la cual para los afiliados al PAMI se adicionarán $15.000 de ayuda alimentaria.
El pago de un refuerzo de la Anses (que este mes es de $37.000) es continuo desde septiembre de 2022 y responde a la ineficiencia de la fórmula de movilidad para que se mantenga el poder adquisitivo de los haberes. Se trata de una política discrecional, que en ningún mes abarcó a todos los jubilados, pese a que las caídas de poder adquisitivo son generalizadas.
Para quienes tiene un haber bruto de hasta $127.920 y obtuvieron su jubilación sin moratoria (es decir, habiendo cumplido con el requisito de 30 años de aportes), habrá en diciembre, además, un suplemento de $22.207, según lo determinado por la ley 27.426, que indica que en esos casos el Estado debe garantizar un haber (sin contar bonos) no inferior al 82% del salario mínimo, vital y móvil. En diciembre, esta variable de ingresos laborales será de $156.000 y, por tanto, el 82% es $127.920. Así, quienes tengan un haber bruto inferior (ya actualizado) recibirán un monto tal que se complete esa cifra (por ejemplo, si el ingreso es de $122.000, se percibirá un plus de $5920). Entre quienes tienen ingresos bajos, son solo una minoría quienes se jubilaron sin moratoria.
La movilidad de 2023 acumula un 110,9%, frente a una inflación que llegaría a 180%
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Movilidad.El gobiernoanunció que el reajuste de diciembre para las jubilaciones de la Anses será de 20,87%, un porcentaje afectado por la aplicación de un tope dispuesto por ley, que deja la recomposición anual en un 110,9%, muy por debajo de la inflación, que llegaría a 180%. El haber mínimo será de $105.713 y se sumará un refuerzo de $55.000 solo en diciembre. El ministro de Economía y candidato a presidente, Sergio Massa, dijo que ese bono se extenderá a enero y febrero, pero si gana las elecciones.
Las jubilaciones y pensiones del sistema general de la Anses tendrán en diciembre un reajuste de 20,87% por movilidad. El porcentaje se deriva de haberse aplicado un tope que está previsto en la normativa vigente, porque el resultado de la fórmula arrojó, en rigor, un índice varios puntos más elevado. Así, en el ultimo mes del año el haber mínimo pasará de $87.459,76 a $105.713 y el máximo, de $588.521,35 a $711.346 (cifras en bruto que, en términos netos, son de $102.542 y $671.837, respectivamente). Esos importes regirán hasta febrero, ya que en marzo deberá haber otra actualización.
El porcentaje de la suba fue comunicado por el Gobierno con la publicación de un video breve y una voz en off, a diferencia de anuncios anteriores de las subas por movilidad, que habían sido hechos por el ministro de Economía, Sergio Massa, y la directora de la Anses, Fernanda Raverta.
El aumento de diciembre se ubica muy por debajo de la inflación, que en el trimestre de julio a septiembre trepó a 34,65%; así, los ingresos tendrán una muy fuerte pérdida de poder adquisitivo. También se anunció que habrá un refuerzo de $55.000 para quienes tienen el haber mínimo y solo en diciembre. Hasta ahora, los bonos mensuales se venían disponiendo con vigencia trimestral, pero eso no fue así esta vez, en la que se recurrió a una estrategia electoral.
Después del anuncio por video y tras un comunicado de la Anses, Massa participó de un acto con jubilados en Esteban Echeverría, y allí dijo que se dispondrían bonos para enero y febrero, de $65.000 y $70.000 respectivamente, pero solo si gana las elecciones presidenciales. Así, si bien el ministro y candidato ya limitó a la próxima gestión (sea propia o sea de Javier Milei) con un mayor gasto y con una menor recaudación impositiva –a partir de varias medidas tomadas–, en este caso se negó a darles a los jubilados la extensión temporal de tres meses que el bono ya tenía como algo habitual. De no corregirse lo anunciado, en enero y febrero muchas personas tendrán una baja nominal en sus ingresos.
Por aplicación del índice de movilidad, que responde una fórmula fijada por la ley 27.609 vigente desde 2021, los ingresos previsionales y también los cobros por hijo para trabajadores y personas desocupadas acumularán, en todo 2023, un incremento de 110,9%. Según estimaciones hechas por diferentes centros de estudios económicos y publicadas por el Banco Central en su Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), el aumento de los precios sería, de punta a punta del año, de alrededor de 180%.
De esa manera, los jubilados que no perciben bonos tendrían a fin de año un ingreso con el que podrán comprar un 25% menos que 12 meses antes. Esa pérdida del ingreso real será aún mayor en algunos casos, concretamente de alrededor de 30%, porque hay quienes en diciembre de 2022 percibían un bono y desde septiembre de este año ya no lo tienen.
El nivel del porcentaje de reajuste para diciembre se explica porque para ese mes la ley aprobada a fines de 2020 establece la eventual aplicación de un tope a la suba anual por movilidad, una cláusula que perjudica a los jubilados. Es un tope vinculado con la evolución de los recursos que recibe la Anses para el pago de las prestaciones. Por eso, y tal como había informado la nacion días atrás, si bien la fórmula arrojó un resultado de entre 25% y 28% (el Gobierno no lo aclaró), la vigencia de esa cláusula hace que la recomposición sea, finalmente, varios puntos inferior.
Según Sergio Rottenschweiler, economista y docente en la Universidad de General Sarmiento, el índice anunciado por el Gobierno surge de aplicar ese techo y, además, de hacerle correcciones a las variables del cálculo en función de los cambios que tuvo en los últimos meses el impuesto PAIS, uno de los que están considerados en la fórmula, porque parte de la recaudación va a la Anses. La normativa indica que para calcular la variación de la recaudación de recursos se deben homogeneizar las variables, lo cual implica que, si se hicieron cambios en el impuesto, la cuenta debe hacerse como si tales modificaciones no hubieran existido. Rottenschweiler había estimado días atrás que, de hacerse esas correcciones y de aplicarse el límite para la suba anual, la movilidad quedaría muy cerca del 21%, algo que finalmente ocurri
El alcance de la suba
La recomposición de 20,87% alcanza a los beneficios no contributivos, como la PUAM, y a las asignaciones por hijo, tanto a la AUH (que subirá de $17.093 a $20.661) como a las prestaciones que por ese concepto percibe un grupo de asalariados del sector formal y de los monotributistas.
Además, suben en igual porcentaje que los ingresos (20,87%) los aportes previsionales de los autónomos y las remuneraciones mínima y máxima para el cálculo de los aportes a la seguridad social.
A la recomposición por movilidad se sumará el ya mencionado refuerzo de $55.000, que alcanzará a quienes cobran el haber mínimo. Para quienes perciben algo más, no se anunció el pago de ningún adicional, con lo cual se profundizarán las pérdidas de poder adquisitivo y también las distorsiones del sistema. Actualmente hay quienes, con haberes brutos superiores, cobran en mano menos que quienes tienen el ingreso mínimo.
Según se especificó desde el Gobierno, quienes tienen el haber mínimo recibirán el mes próximo $160.713 (considerando el bono) y la segunda cuota del aguinaldo (que les corresponde, en rigor, a todos los jubilados, sin importar el nivel de ingresos). En el caso del ingreso básico, eso da un total de $213.569, en bruto, cifra a la cual para los afiliados al PAMI se adicionarán $15.000 de ayuda alimentaria.
El pago de un refuerzo de la Anses (que este mes es de $37.000) es continuo desde septiembre de 2022 y responde a la ineficiencia de la fórmula de movilidad para que se mantenga el poder adquisitivo de los haberes. Se trata de una política discrecional, que en ningún mes abarcó a todos los jubilados, pese a que las caídas de poder adquisitivo son generalizadas.
Para quienes tiene un haber bruto de hasta $127.920 y obtuvieron su jubilación sin moratoria (es decir, habiendo cumplido con el requisito de 30 años de aportes), habrá en diciembre, además, un suplemento de $22.207, según lo determinado por la ley 27.426, que indica que en esos casos el Estado debe garantizar un haber (sin contar bonos) no inferior al 82% del salario mínimo, vital y móvil. En diciembre, esta variable de ingresos laborales será de $156.000 y, por tanto, el 82% es $127.920. Así, quienes tengan un haber bruto inferior (ya actualizado) recibirán un monto tal que se complete esa cifra (por ejemplo, si el ingreso es de $122.000, se percibirá un plus de $5920). Entre quienes tienen ingresos bajos, son solo una minoría quienes se jubilaron sin moratoria.
La movilidad de 2023 acumula un 110,9%, frente a una inflación que llegaría a 180%
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Los salarios informales crecieron 7,5%, contra una inflación de 12,7%
El dato de septiembre muestra además que el índice general subió 11,7% y el de los formales, 12,4%
Carlos Manzoni 
La baja del salario informal repercutirá en la pobreza
Los salarios volvieron a perder contra la inflación en septiembre y quienes se llevaron la peor parte fueron los informales, algo que se ha transformado en una constante en la Argentina de los últimos años. Así, mientras que el índice general subió 11,7%, contra un IPC de 12,7% en igual período, los sueldos del sector registrado aumentaron 12,4% y los del sector no registrado, solo 7,5%.
Los datos surgen del informe Índice de Salarios, que publicó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), del que también se desprende que en la medición interanual y en la del acumulado del año la variación de la cifra general también perdió contra los precios: creció 132% en el primer caso (contra una inflación de 138,3%) y 96,5% en el segundo (contra 103,2%).
Ahora bien, si se analiza en el interior de este índice se puede ver que el único que superó a la inflación en la medición interanual fue el sector público, que tuvo incrementos salariales de 144,9%; mientras que el sector privado se acercó un poco pero igual perdió (136,6%) y los informales quedaron muy rezagados, con un alza de apenas 94,2%.
Si bien el análisis de otros indicadores permite inferir el deterioro de los salarios informales desde hace un tiempo, hay que tener en cuenta, tal como lo resalta el Indec, que en virtud del procedimiento de cálculo para la estimación del componente sector privado no registrado del Índice de salarios, el índice mensual construido a partir de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) tiene un rezago de cinco meses.
El economista Jorge Colina, del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), comentó que esta realidad de los salarios va a repercutir sin duda en los índices de pobreza. “El salario privado registrado creció un 13,2% en septiembre y la canasta básica total creció 12%; o sea que estos se mantienen más o menos por encima de lo que viene creciendo la canasta. Pero el problema es con los informales, donde el salario creció 7,5%, muy por debajo de la canasta, con lo cual la pobreza en el segundo semestre va a crecer y estimo que llegará al 45%”, opinó el especialista.
Los sectores informales o que realizan trabajos precarios vienen golpeados desde hace tiempo. El último informe de la Fundación Libertad y Progreso referido a este tema, elaborado sobre la base de estadísticas oficiales y estimaciones de la Universidad Torcuato Di Tella, señalaba hace dos semanas que el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores más vulnerables, los no registrados, cayó un 13,1% desde agosto de 2022, fecha de asunción al frente del Ministerio de Economía de Sergio Massa, contribuyendo a una suba sostenida de la pobreza.
Por su parte, el economista Claudio Caprarulo, director de la consultora Analytica, aclaró que, si bien el índice para informales no es tan lineal porque tiene rezago de cinco meses, del análisis de otros indicadores se puede inferir claramente que este sector es el más golpeado por la inflación. “Y es el que tiene menos capacidad de recomponer ingresos, sobre todo cuando la aceleración de los precios es alta como entre agosto y septiembre. Por esa razón el Gobierno busco compensar con más gasto público”, afirmó el especialista.
Repunte insuficiente
Para la economista Laura Susmel, de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), los datos del Indec referidos a septiembre muestran, para el salario formal, una leve una leve recuperación real en el mes y en el recorrido anual. Pero advirtió: “Ahora, el informal esta destruyéndose, algo que viene pasando desde hace tiempo. Además, la recuperación anual del formal privado no revierte la tendencia decreciente que tiene hace años”, concluyó.
Respecto de los salarios registrados, también Caprarulo ve una cierta mejora, pero aclara que es muy probable que las condiciones que lo permitieron no puedan mantenerse en el futuro. “Se consolida una tendencia que es que en el último tiempo el acortamiento de los plazos de las paritarias permitió que los trabajadores bajo convenio, públicos y privados, logren compensar casi en su totalidad el aumento de precios. Para los próximos meses eso puede interrumpirse, dependerá del camino que elija quien asuma en diciembre e inicie el proceso de desindexación de la economía y búsqueda de equilibrio en los precios relativos”, señaló el economista.
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Los salarios volvieron a perder contra la inflación en septiembre y quienes se llevaron la peor parte fueron los informales, algo que se ha transformado en una constante en la Argentina de los últimos años. Así, mientras que el índice general subió 11,7%, contra un IPC de 12,7% en igual período, los sueldos del sector registrado aumentaron 12,4% y los del sector no registrado, solo 7,5%.
Los datos surgen del informe Índice de Salarios, que publicó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), del que también se desprende que en la medición interanual y en la del acumulado del año la variación de la cifra general también perdió contra los precios: creció 132% en el primer caso (contra una inflación de 138,3%) y 96,5% en el segundo (contra 103,2%).
Ahora bien, si se analiza en el interior de este índice se puede ver que el único que superó a la inflación en la medición interanual fue el sector público, que tuvo incrementos salariales de 144,9%; mientras que el sector privado se acercó un poco pero igual perdió (136,6%) y los informales quedaron muy rezagados, con un alza de apenas 94,2%.
Si bien el análisis de otros indicadores permite inferir el deterioro de los salarios informales desde hace un tiempo, hay que tener en cuenta, tal como lo resalta el Indec, que en virtud del procedimiento de cálculo para la estimación del componente sector privado no registrado del Índice de salarios, el índice mensual construido a partir de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) tiene un rezago de cinco meses.
El economista Jorge Colina, del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), comentó que esta realidad de los salarios va a repercutir sin duda en los índices de pobreza. “El salario privado registrado creció un 13,2% en septiembre y la canasta básica total creció 12%; o sea que estos se mantienen más o menos por encima de lo que viene creciendo la canasta. Pero el problema es con los informales, donde el salario creció 7,5%, muy por debajo de la canasta, con lo cual la pobreza en el segundo semestre va a crecer y estimo que llegará al 45%”, opinó el especialista.
Los sectores informales o que realizan trabajos precarios vienen golpeados desde hace tiempo. El último informe de la Fundación Libertad y Progreso referido a este tema, elaborado sobre la base de estadísticas oficiales y estimaciones de la Universidad Torcuato Di Tella, señalaba hace dos semanas que el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores más vulnerables, los no registrados, cayó un 13,1% desde agosto de 2022, fecha de asunción al frente del Ministerio de Economía de Sergio Massa, contribuyendo a una suba sostenida de la pobreza.
Por su parte, el economista Claudio Caprarulo, director de la consultora Analytica, aclaró que, si bien el índice para informales no es tan lineal porque tiene rezago de cinco meses, del análisis de otros indicadores se puede inferir claramente que este sector es el más golpeado por la inflación. “Y es el que tiene menos capacidad de recomponer ingresos, sobre todo cuando la aceleración de los precios es alta como entre agosto y septiembre. Por esa razón el Gobierno busco compensar con más gasto público”, afirmó el especialista.
Repunte insuficiente
Para la economista Laura Susmel, de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), los datos del Indec referidos a septiembre muestran, para el salario formal, una leve una leve recuperación real en el mes y en el recorrido anual. Pero advirtió: “Ahora, el informal esta destruyéndose, algo que viene pasando desde hace tiempo. Además, la recuperación anual del formal privado no revierte la tendencia decreciente que tiene hace años”, concluyó.
Respecto de los salarios registrados, también Caprarulo ve una cierta mejora, pero aclara que es muy probable que las condiciones que lo permitieron no puedan mantenerse en el futuro. “Se consolida una tendencia que es que en el último tiempo el acortamiento de los plazos de las paritarias permitió que los trabajadores bajo convenio, públicos y privados, logren compensar casi en su totalidad el aumento de precios. Para los próximos meses eso puede interrumpirse, dependerá del camino que elija quien asuma en diciembre e inicie el proceso de desindexación de la economía y búsqueda de equilibrio en los precios relativos”, señaló el economista.
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El precio del transporte: qué oculta la campaña de Sergio Massa
Santiago Urbiztondo El autor es economista jefe de FIEL
La recuperación de Unión por la Patria (UP) en las elecciones generales del 22 de octubre respecto de las PASO del 13 de agosto fue sorprendente para la gran mayoría de los argentinos. Entre muchos motivos, sin dudas, hubo cierta mutación del “voto bronca” hacia el “voto miedo” (a la “pérdida de derechos” y al “salto al vacío”).
En este espacio analizo uno de los argumentos de campaña utilizados por el oficialismo en pos de lograr tal mutación emocional: “informar” a la población del AMBA (usuarios de servicios públicos) sobre los precios del transporte público según quién ganara. El precio de un pasaje en tren sería de $56 bajo la eventual gestión de UP, pero de $1100 en caso de que los ganadores fueran Milei (LLA) o Bullrich (JXC), mientras que el precio del boleto mínimo de colectivo bajo la gestión de UP sería de $53, pero aumentaría hasta $700 en caso contrario.
El relato detrás de tal afirmación fue que la oposición eliminaría los subsidios fiscales a ambos servicios y que, en consecuencia, los precios debían alcanzar el costo por pasajero efectivamente incurrido: $1100 en el caso del tren y $700 en el caso del colectivo.
Las críticas y réplicas a esta repentina campaña –iniciada cinco días antes de la votación– se centraron en señalar la inaceptable manipulación política de canales de comunicación institucional de servicios públicos, las consecuencias inflacionarias de los subsidios fiscales a los servicios públicos y la falsedad de que tales subsidios fueran a ser eliminados (presumiblemente, al menos en el caso de JXC, ello hubiera sido solo parcial).
Comparto estas respuestas, pero falta notar algo fundamental: corrigiendo por la inflación (en términos reales), es falso que el costo de estos servicios en el futuro deba ser igual al costo actual. El costo actual se corresponde con una política regulatoria desastrosa, iniciada en 2002-2003 (y solo atenuada por una mejor gestión pública, sin reforma estructural, entre 2016 y 2019), en la cual se convalidan mayores costos por medio de mayores subsidios fiscales (que pagan finalmente los contribuyentes impositivos y consumidores de todo el país) y se destruyen los incentivos a la operación eficiente y la minimización de costos. Este mecanismo facilita que los prestadores y sus fuentes de insumos específicos (sindicatos, proveedores de bienes y servicios) “capturen” al regulador (el poder concedente) compartiendo reconocimientos de ingresos y apoyos cruzados por no cuestionar los mayores costos que habilitan los mayores subsidios (esto es, acordando un “presupuesto blando” que permite mejores condiciones de empleo, salarios, exclusividad, etc., y, en general, una menor eficiencia en la gestión), exacerbando al extremo los defectos de una regulación del tipo “costo plus”.
En efecto, lo que no menciona –pero permite descubrir– la campaña política de UP es el exorbitante costo actual de los servicios de transporte en el AMBA.
¿Cuál es la evidencia para esta conclusión? Para evitar recurrir a datos gráficos del período 20012022 que pueden consultarse en la nota completa publicada en Indicadores de Coyuntura, bastan dos comparaciones.
En el caso del tren, cabe recordar que en 2001 el precio promedio de un pasaje en tren en el AMBA era $0,68 (en ese entonces equivalente a 0,68 dólares) y que los subsidios fiscales (residuales bajo los contratos de concesión de mediados de los 90) rondaban el 15% del costo del servicio (arrojando un costo por pasajero pago transportado de 0,80 dólares), mientras que hoy los $56 y $1100 de la propaganda oficialista equivalen respectivamente a 0,15 dólares y 3 dólares al tipo de cambio oficial.
Así, estos datos por sí solos muestran que el costo medio actual es 275% mayor al costo medio del año 2001. Vale decir, no sorprendería que una reforma regulatoria integral –que incluya una reducción de subsidios y también el establecimiento de reglas de ajuste de precios y subsidios que induzcan la minimización de costos y mayor previsibilidad para adoptar decisiones de gestión e inversiones de mediano y largo plazo que mejoren la calidad del servicio– pudiera reducir el costo a menos de la mitad de su nivel actual, por ejemplo a $500, y que en tal caso si solo se subsidiara el 50% (en vez del 95%) del costo del transporte, el precio del boleto rondara los $250, muy lejos de los $1100 de la propaganda oficial.
Y en el caso del transporte automotor colectivo de pasajeros, el engaño en la campaña política del oficialismo es obvio dado que existen servicios de transporte alternativos en el resto del país que se autofinancian a grandes rasgos sin subsidios fiscales: fuera del AMBA, en las ciudades de Córdoba, Rosario y Santa Fe, el precio de un viaje local es de $185, de modo tal que aun duplicando este valor para hacerlo comparable con un mayor recorrido mínimo en el AMBA igualmente no alcanzaría los $400, por lo cual los $700 atribuibles a las gestiones de LLA o JXC también son reflejo de la ineficiencia propia de un sistema fuertemente subsidiado que debe ser corregido.
El lector se preguntará por qué, de todas formas, sería preferible pagar precios mayores que los vigentes. La respuesta es simple: los precios deprimidos son parte de un conjunto de reglas que alimenta la ineficiencia, la corrupción, el estancamiento económico y la mayor pobreza. Mantener la política regulatoria actual, incluidos los exuberantes subsidios al transporte en el AMBA, sin procurar reducir el altísimo costo de los servicios, como propone la campaña de UP, es la opción más cara para el conjunto de ciudadanos del país, incluidos sus usuarios en el AMBA.
Los precios deprimidos son parte de un conjunto de reglas que alimenta la ineficiencia
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
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