VIOLACIONES Y ATROPELLOS

Derechos pisoteados en la pandemia
El Gobierno no quiso o no pudo imponer la autoridad federal para evitar los atropellos institucionales y la violación de libertades en no pocas provincias
EL Covid-19 ha agigantado las enormes falencias estructurales de nuestro país. No debería sorprendernos, dada la falta de aptitud de las dirigencias para resolver viejos problemas, como la falta de moneda, la pequeñez del sistema financiero, la baja tasa de inversión o el escaso profesionalismo en los cuadros administrativos del Estado, problema que se agudiza en las provincias.

En numerosas oportunidades desde estas columnas nos hemos referido a la falta de respeto a las instituciones y la violación de los derechos y libertades de los ciudadanos en varias provincias argentinas, tales como Formosa, Santiago del Estero y San Luis, entre otras, que sobresalen por sus gobiernos dinásticos como los de antiguos feudos, también asimilables a las autocracias imperantes en Medio Oriente. El matrimonio Zamora, Gildo Insfrán y los Rodríguez Saá son ejemplos del retroceso institucional del país.
Reelecciones indefinidas; traspasos del poder como si este fuera un bien conyugal; legislaturas y tribunales al servicio del caudillo, gabinetes donde la cualidad es el servilismo por sobre la capacidad e incluso la obtención de protección mediante negociaciones para la designación de jueces federales al servicio de sus regímenes son algunas de sus características.
La pandemia ha mostrado los rasgos más inhumanos de estos gobernantes al establecer restricciones cuyo cumplimiento controlan policías con escasa preparación y faltos de profesionalismo que incurren en detenciones arbitrarías, palizas, heridos y muertes. Unas treinta muertes se registran ya por las arbitrariedades impuestas a la población.
En muchas provincias se registraron episodios lamentables que reflejaron indiferencia hacia el dolor o la enfermedad, agravando las distancias entre familias, sobre todo en momentos límites como una enfermedad o la cercanía de la muerte.
En Formosa son miles los que no han podido retornar luego de que la cuarentena los encontrara en otras localidades por razones laborales, de estudio o tratamientos médicos, o nacidos en otras provincias pero con residencia e hijos en esa provincia, como Mauro Rubén Ledesma, quien desesperado se lanzó a las aguas del Bermejo para intentar entrar a Formosa y murió ahogado en el intento. O la joven que perdió su embarazo al serle negada una ambulancia.
El caso de la niña enferma Abigail Jiménez, cruzando en brazos de su padre el límite entre las jurisdicciones de Tucumán y Santiago del Estero, ya es un símbolo de un régimen discrecional, corrupto, inepto, que al igual que el de Formosa pretende maquillar el atraso y la pobreza que las estadísticas desnudan. Fueron numerosas las denuncias de violencia policial en esa provincia, varias de las cuales terminaron en decesos, como el de Clara Bravo, en Añatuya. También en la vecina Tucumán los atropellos policiales han causado muertes, sin que el poder siquiera las investigue.

San Luis es otro ejemplo de violencias sistemáticas, sin dejar de recordar las trabas a la circulación interprovincial de personas y mercaderías por el cierre arbitrario de los ingresos a la jurisdicción puntana, como si se tratara de fronteras entre estados independientes. Que por cierto no lo son, muy por el contrario, todos ellos muy dependientes de los ingresos nacionales, con baja recaudación en esas jurisdicciones.
La Argentina es un Estado federal, no es una confederación de estados. La Constitución nacional establece, sin dar lugar a interpretaciones, el libre tránsito y la prohibición de aduanas internas y barreras provinciales. No se trata solo de si pueden o no entrar los domiciliados en sus propias provincias, sino también de preguntarnos si los argentinos tendremos que solicitar pasaportes, como sucedía antes de 1853, para circular en el territorio argentino.
Las restricciones ni siquiera fueron una barrera eficaz para la propagación del virus, tal como los ejemplos de San Luis y Santiago del Estero ponen en evidencia. En el caso de la provincia de Formosa con escasos casos hasta el momento, no deja de sembrar dudas dadas la casi ausencia total de testeos y las pavorosas cifras de mortalidad infantil materna en los embarazos y distintas enfermedades que sufre ese distrito.
El gobierno nacional no ha querido, o no ha podido, imponer la autoridad federal para evitar los trastornos al tránsito de personas y bienes y menos para poner frenos a los atropellos institucionales y a la continua violación de las libertades esenciales y los derechos humanos. Incluso, el presidente Fernández, ante otro luctuoso episodio ocurrido en Córdoba, cuando les fuera negado el ingreso a personas que viajaban desde el sur para dar el último adiós a una hija, dijo: “No estoy al corriente del caso”. Es más grave, el presidente de la Nación, que se ha calificado como liberal de izquierda, no ha escatimado elogios y gestos amistosos para gobernadores que representan el atraso y la degradación institucional. Otra muestra de su nivel de contradicción.
Por otra parte, las siempre verborrágicas organizaciones de derechos humanos se han llamado a silencio, en un gesto cómplice que también denunciamos. A la indiferencia hacia los atropellos de regímenes como los que sufren los pueblos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, se suma ahora esta ausencia de reclamo ante los graves sucesos en las referidas provincias. Solo la defensa de los derechos humanos de los antiguos guerrilleros parecen ser su razón de ser. Los medios de prensa escritos y audiovisuales, potenciados por las redes sociales, han permitido que estos hechos trasciendan y no queden ocultos para tranquilidad de los caudillejos de esas provincias. Está claro que por eso restringen la libertad de prensa en sus territorios y promueven las limitaciones en la Nación. Una prensa libre es, muchas veces, el único límite que tienen los autoritarios.

Organizaciones de derechos humanos se han llamado a silencio frente a graves atropellos como los sufridos por la niña Abigail Jiménez y tantas personas en distritos donde reina el autoritarismo
Incentivos a empresas
Hace falta una política empresarial clara. El ATP es provisorio. En Brasil también lo van a eliminar. Lo bueno es que ahora hay posibilidades de créditos para las empresas a tasas muy bajas. Eso es muy importante. El mejor modo para ayudar a las empresas es mediante políticas de incentivos que generen inversión y crecimiento. Debemos ser más competitivos a escala mundial. Este crecimiento permitirá mantener la mano de obra e incluso crear más puestos de trabajo. Si hay políticas e incentivos que ayuden a este crecimiento, no será necesario achicar el plantel de trabajadores. Hace falta una política clara. A nadie le gusta desprenderse de un buen empleado. La creación de nuevos impuestos es grave. Hay que apoyar a los empresarios simplificando el comercio y los créditos.

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