Un año electoral inédito, con amenaza de crisis superpuestas
Alberto Fernández enfrenta una demanda de acciones difíciles de postergar
Martín Rodríguez Yebra
El golpe inesperado de la pandemia en 2020 privó al gobierno de Alberto Fernández de la libertad para hacer el trabajo sucio de los años pares.
Con las urgencias de la temporada electoral, al Presidente le espera en lo inmediato una colección de crisis superpuestas que demandan acciones difíciles de postergar: el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por la deuda que tomó Mauricio Macri, la gestión de una posible segunda ola de contagios, la amenaza de un fogonazo inflacionario y una devaluación desordenada y el impacto social de una recesión prolongada que los meses de cuarentena dura agravaron hasta el extremo.
El Gobierno camina por ese campo minado en guardia por la disputa ideológica del Frente de Todos sobre el rumbo de corto y largo plazo que debe tomar la Argentina. La única convicción compartida en la coalición oficialista es la necesidad de mantener unido el peronismo, la fórmula que abrió las puertas a la reconquista del poder.
Si la opción de una ruptura es relativamente baja, el reto central del Gobierno consiste en propiciar una mejora económica después de un derrumbe histórico. Cristina Kirchner delimitó con no pocos detalles la meta por alcanzar. Que los salarios le ganen a la inflación. Para eso, exige endurecer los controles de precios, extender el congelamiento de tarifas, dar pelea a los empresarios, fijar cupos de exportación y afianzar el asistencialismo.
Ese esquema de economía cerrada y estadocéntrica colisiona con la letra de lo que el ministro de Economía, Martín Guzmán, conversa con el FMI para alcanzar el acuerdo de facilidades extendidas que libraría a la Argentina de una carga de vencimientos monstruosa en 2021. Resolver el esquema de la deuda es una condición necesaria para obrar el milagro de un dólar quieto, elemento que resultó clave para estabilizar la imagen pública de Alberto Fernández en el último mes y medio.
El maridaje entre las señales de ajuste macro que esperan los acreedores y los resultados que reclama Cristina solo podría darse gracias a un sostenido crecimiento de la actividad.
El golpe inesperado de la pandemia en 2020 privó al gobierno de Alberto Fernández de la libertad para hacer el trabajo sucio de los años pares.
Con las urgencias de la temporada electoral, al Presidente le espera en lo inmediato una colección de crisis superpuestas que demandan acciones difíciles de postergar: el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por la deuda que tomó Mauricio Macri, la gestión de una posible segunda ola de contagios, la amenaza de un fogonazo inflacionario y una devaluación desordenada y el impacto social de una recesión prolongada que los meses de cuarentena dura agravaron hasta el extremo.
El Gobierno camina por ese campo minado en guardia por la disputa ideológica del Frente de Todos sobre el rumbo de corto y largo plazo que debe tomar la Argentina. La única convicción compartida en la coalición oficialista es la necesidad de mantener unido el peronismo, la fórmula que abrió las puertas a la reconquista del poder.
Si la opción de una ruptura es relativamente baja, el reto central del Gobierno consiste en propiciar una mejora económica después de un derrumbe histórico. Cristina Kirchner delimitó con no pocos detalles la meta por alcanzar. Que los salarios le ganen a la inflación. Para eso, exige endurecer los controles de precios, extender el congelamiento de tarifas, dar pelea a los empresarios, fijar cupos de exportación y afianzar el asistencialismo.
Ese esquema de economía cerrada y estadocéntrica colisiona con la letra de lo que el ministro de Economía, Martín Guzmán, conversa con el FMI para alcanzar el acuerdo de facilidades extendidas que libraría a la Argentina de una carga de vencimientos monstruosa en 2021. Resolver el esquema de la deuda es una condición necesaria para obrar el milagro de un dólar quieto, elemento que resultó clave para estabilizar la imagen pública de Alberto Fernández en el último mes y medio.
El maridaje entre las señales de ajuste macro que esperan los acreedores y los resultados que reclama Cristina solo podría darse gracias a un sostenido crecimiento de la actividad.
El rebote pospandémico es un escenario posible, alentado por los cambios geopolíticos que anticipa la asunción de Joe Biden en Estados Unidos y la mejora de precios de los productos agrícolas que vende la Argentina al mundo. Pero está atado también a un rápido regreso a la actividad en la mayor cantidad posible de rubros.
Por eso resultan especialmente preocupantes las falencias en el plan de vacunación, que proyectan una incertidumbre agobiante sobre la factibilidad de contar con una inyección confiable a tiempo para morigerar los efectos de una segunda ola de contagios. Cualquier demora se traduce en gente que no vuelve a trabajar, pérdidas multimillonarias y mayor presión sobre el Tesoro para atender la urgencia social. La noticia de una nueva cepa del coronavirus en Gran Bretaña revive imágenes que el mundo esperaba olvidar, como los cierres de fronteras y los confinamientos masivos.
Además de su impacto económico, la vacuna (o su posibilidad) es un componente central de la estrategia electoral del Gobierno. Un exitoso programa de inmunización será vital para revertir el pesimismo ciudadano que hoy reflejan todas las encuestas de opinión y que, de continuar, actuaría como un lastre para el oficialismo.
La magnitud de los desafíos que se apilan en su escritorio pone a Alberto Fernández ante el dilema de renovar el elenco de ministros después de las complicaciones experimentadas en el primer año de gestión. El reproche público de Cristina Kirchner a funcionarios que nunca menciona por su nombre agiganta la presión por un recambio. Y hasta ahora todas las salidas del Gabinete se saldaron con el ingreso de kirchneristas puros.
La batalla contra los jueces será una mochila que cargará Fernández en la espalda con el vértigo del poder en juego
Por eso resultan especialmente preocupantes las falencias en el plan de vacunación, que proyectan una incertidumbre agobiante sobre la factibilidad de contar con una inyección confiable a tiempo para morigerar los efectos de una segunda ola de contagios. Cualquier demora se traduce en gente que no vuelve a trabajar, pérdidas multimillonarias y mayor presión sobre el Tesoro para atender la urgencia social. La noticia de una nueva cepa del coronavirus en Gran Bretaña revive imágenes que el mundo esperaba olvidar, como los cierres de fronteras y los confinamientos masivos.
Además de su impacto económico, la vacuna (o su posibilidad) es un componente central de la estrategia electoral del Gobierno. Un exitoso programa de inmunización será vital para revertir el pesimismo ciudadano que hoy reflejan todas las encuestas de opinión y que, de continuar, actuaría como un lastre para el oficialismo.
La magnitud de los desafíos que se apilan en su escritorio pone a Alberto Fernández ante el dilema de renovar el elenco de ministros después de las complicaciones experimentadas en el primer año de gestión. El reproche público de Cristina Kirchner a funcionarios que nunca menciona por su nombre agiganta la presión por un recambio. Y hasta ahora todas las salidas del Gabinete se saldaron con el ingreso de kirchneristas puros.
La batalla contra los jueces será una mochila que cargará Fernández en la espalda con el vértigo del poder en juego
La vicepresidenta se impacienta por la incapacidad del Gobierno para torcer el destino de las causas judiciales que la afectan. La batalla contra los jueces será una mochila adicional que cargará Fernández en la espalda durante el año electoral, con el vértigo del poder en juego.
El Frente de Todos, pese al liderazgo indiscutido de la vicepresidenta, cruje por rencores personales, diferencias ideológicas y disputas de espacios. Las elecciones acentúan el proceso. La Cámpora aspira a conquistar lugares que hasta ahora son cotos exclusivos del peronismo tradicional, sobre todo en municipios del conurbano bonaerense y en legislaturas provinciales. El fiasco del intento para suspender las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) dejó a la vista la magnitud del desencuentro táctico entre oficialistas.
Juntos por el Cambio, la otra alianza imperfecta que ocupa el tablero político argentino, también enfrenta un duelo mayúsculo. La principal fuerza de la oposición considera como el gran éxito del año que pasó haber sobrevivido a la pérdida del gobierno sin sufrir fracturas de consideración. Pero el armado de listas -y la construcción del discurso electoral- expondrá las diferencias marcadas que existen sobre cómo enfrentar al kirchnerismo y sobre la oferta que le hará a la sociedad en 2023.
Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri sostendrán la disputa por ahora incruenta por el dominio de Pro, mientras los radicales -con internas pendientes para el primer cuatrimestre- ansían conquistar el lugar central de la coalición y Elisa Carrió se postula antes que nadie para demostrar que ni sueña con la jubilación.
Pero los objetivos urgentes moderan los devaneos por el liderazgo futuro. Una distracción puede ser costosísima. El conglomerado opositor pone en juego los diputados y senadores que sumó en 2017, sus mejores elecciones, y la defensa institucional que se arroga ante los excesos del kirchnerismo depende en gran medida de alcanzar o al menos acercarse a ese resultado.
A pesar de la fragilidad económica y del drama de la pandemia, la agenda electoral empieza a teñir la agenda de la Argentina del todo o nada. Una de las pocas certezas irrefutables es que no será 2021 el año en que la dirigencia política se anime a romper el círculo vicioso del enfrentamiento permanente.
El Frente de Todos, pese al liderazgo indiscutido de la vicepresidenta, cruje por rencores personales, diferencias ideológicas y disputas de espacios. Las elecciones acentúan el proceso. La Cámpora aspira a conquistar lugares que hasta ahora son cotos exclusivos del peronismo tradicional, sobre todo en municipios del conurbano bonaerense y en legislaturas provinciales. El fiasco del intento para suspender las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) dejó a la vista la magnitud del desencuentro táctico entre oficialistas.
Juntos por el Cambio, la otra alianza imperfecta que ocupa el tablero político argentino, también enfrenta un duelo mayúsculo. La principal fuerza de la oposición considera como el gran éxito del año que pasó haber sobrevivido a la pérdida del gobierno sin sufrir fracturas de consideración. Pero el armado de listas -y la construcción del discurso electoral- expondrá las diferencias marcadas que existen sobre cómo enfrentar al kirchnerismo y sobre la oferta que le hará a la sociedad en 2023.
Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri sostendrán la disputa por ahora incruenta por el dominio de Pro, mientras los radicales -con internas pendientes para el primer cuatrimestre- ansían conquistar el lugar central de la coalición y Elisa Carrió se postula antes que nadie para demostrar que ni sueña con la jubilación.
Pero los objetivos urgentes moderan los devaneos por el liderazgo futuro. Una distracción puede ser costosísima. El conglomerado opositor pone en juego los diputados y senadores que sumó en 2017, sus mejores elecciones, y la defensa institucional que se arroga ante los excesos del kirchnerismo depende en gran medida de alcanzar o al menos acercarse a ese resultado.
A pesar de la fragilidad económica y del drama de la pandemia, la agenda electoral empieza a teñir la agenda de la Argentina del todo o nada. Una de las pocas certezas irrefutables es que no será 2021 el año en que la dirigencia política se anime a romper el círculo vicioso del enfrentamiento permanente.
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