LA MAFIA MOYANO Y EL CRIMEN ORGANIZADO.....PELIGRO PARA LOS KK..KK

Poner un freno a los Moyano
Eduardo de la Rúa Abogado


El fallo del Tribunal Oral Federal que condenó a Lázaro Báez por lavado de dinero confirmó en sus fundamentos la existencia de una matriz de corrupción estatal, un esquema sistemático de corrupción de los organismos estatales que adjudicaron las obras a las empresas de Báez durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner. Es una sentencia que tiene un valor jurídico, institucional e histórico que debe ser un punto de inflexión en la vida de nuestra república. Los jueces que la dictaron tienen una valentía encomiable y deben ser reconocidos y protegidos contra la segura andanada que vendrá de los alfiles de la corrupción que denunciaron.

Con esa misma valentía y ajuste a la ley tendrían que actuar quienes tengan a su cargo juzgar la conducta extorsiva de Pablo Moyano, avalado por su padre, Hugo Moyano, contra la firma Walmart. Los Moyano exigen el despido del personal de Walmart y su posterior recontratación, con mantenimiento de su antigüedad. Un disparate y un despropósito que solo pueden ser sostenidos por el cinismo y la impunidad con que se mueven los Moyano, verdaderos apremiadores profesionales.
Un cambio de accionistas de una compañía como Walmart de ninguna manera obliga al despido y a la subsiguiente reincorporación de su personal. Este procedimiento no tiene ninguna base legal y constituye un absurdo que impediría que se realizaran cambios de accionistas de sociedades anónimas, cambios que son parte esencial de la vida de una economía de mercado. En efecto, una práctica común en el mundo corporativo es la transferencia de acciones de sociedades anónimas, y aun cuando la operación signifique el cambio de control de la firma, solo cambia eso: la titularidad de las acciones de la firma, que sigue siendo la misma persona.

Las sociedades anónimas son personas jurídicas distintas de sus accionistas, es decir, Walmart es una persona distinta de sus accionistas, y si estos cambian, eso no altera para nada la personalidad e individualidad de Walmart, que sigue siendo la misma empresa, la misma persona, que paga sus impuestos y tiene derechos y obligaciones por separado e independientemente de sus accionistas. Por ello, la exigencia extorsiva de los Moyano no tiene ninguna base ni fundamento legal, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo civilizado.
Los Moyano pretenden romper violentamente estas reglas –que sí tienen base legal, e incluso constitucional– solamente basados en el hecho de poder bloquear físicamente a Walmart y dejarla exánime por la falta de movimiento de su mercadería, que no podrá entrar ni salir mientras dure el bloqueo.
Reitero que este bloqueo es ilegal y extorsivo. Es un delito criminal y así debe ser tratado por la Justicia y también por las autoridades del Ministerio de Trabajo de la Nación, que tienen la obligación de declarar la ilegalidad de la medida de fuerza. Más, si un fiscal no actúa de oficio o si el Ministerio de Trabajo se abstiene de dicha declaración, estarían, a mi criterio, incurriendo en una inobservancia de sus deberes como funcionarios públicos.

Los Moyano argumentan que se basan en un antecedente: el cambio de concesionario para la recolección de basura de la ciudad de Buenos Aires, antecedente completamente distinto ya que no se trató de un cambio de accionista de una misma compañía, sino de un cambio de compañías. En aquel momento terminó la concesión otorgada a la ex-manliba, que fue sustituida por las concesiones otorgadas por el gobierno de la ciudad, previa licitación pública, a tres empresas que debieron hacerse cargo de las zonas en que se dividió el servicio de recolección de basura.
Entonces, las nuevas concesionarias tomaron el personal de Manliba y les reconocieron su antigüedad. Pero es un caso totalmente distinto, ya que eran distintas empresas, pero los Moyano sostienen falsamente este caso como antecedente que justificaría su exigencia a Walmart. Ello demuestra su contumaz audacia, basada solo en el enorme poder que detentan, ya que ni los fiscales ni los jueces ni mucho menos las autoridades nacionales o provinciales han tenido hasta ahora el valor de enfrentarlos (no olvidemos que Walmart está en la provincia de Buenos Aires y que sus autoridades tienen jurisdicción e imperio frente a este caso, que de mantenerse constituirá un delito que se comete en su territorio).

Hay otras empresas que cambian de dueño. Edenor, Garbarino, por citar algunas. ¿Es que los Moyano aplicarán con ellas su inefable criterio? ¿O será que no quieren meterse con sus nuevos dueños? En síntesis, las razones, los fundamentos legales y los antecedentes citados son suficientes para detener a los Moyano en sus pretensiones frente a Walmart. El imperio de la ley debe imponerse. La república lo exige.

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