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Furia y fracaso del kirchnerismo

Joaquín Morales Solá

El presidente Alberto Fernández justificó las medidas en que el país vive "el peor momento de la pandemia".

El kirchnerismo tiene una extraña habilidad para avanzar en increíbles venganzas y, al mismo tiempo, para fracasar en la solución de cualquier crisis. Una causa judicial escandalosa progresa en los tribunales, a pesar de que la denuncia fue hecha por dos empresarios, Cristóbal López y Fabián de Sousa, contra exfuncionarios públicos que los obligaron a pagar impuestos o a devolver el dinero del Estado que se habían quedado. Esos exfuncionarios merecerían un reconocimiento en cualquier país civilizado, pero aquí los empresarios están convirtiendo su furia en supuesta justicia ayudados por la propia Justicia. Éxitos de los empresarios kirchneristas y del kirchnerismo. Los fracasos se cifran en muertos: la Argentina se convirtió en los últimos días en el país con más muertos por Covid por millón de habitantes. Sumó 100.000 contagiados y cerca de 1800 muertos en apenas tres días. La única receta de Alberto Fernández es cerrar todo, cuando esas restricciones son solo una parte de la solución integral que no llega.

Después de 14 meses de restricciones absolutas o parciales, la sociedad está fatigada. Ha perdido la vieja noción de la libertad; algunos argentinos (muchos) ya no tienen la capacidad de ganarse la vida por cuenta propia y otros padecen las consecuencias psicológicas del encierro. También existe el miedo ante una nueva ola de la peste, más contagiosa y mortal. El Gobierno no puede decir que a todo el mundo le pasa lo mismo. Hay cosas que podrían haberse hecho mejor. Solo un poco más del 4 por ciento de los argentinos está vacunado con las dos dosis, y apenas un 18 por ciento recibió una dosis. Chile y Uruguay duplican esos porcentajes. La ideología le ganó a la ciencia, que es lo peor que le puede suceder a una crisis sanitaria. Cristina Kirchner (y el propio Presidente) se ufanaron en público de su apuesta por las vacunas de Rusia y de China. No son las mejores vacunas, pero tampoco es segura su provisión. La vacuna que promociona el déspota Vladimir Putin no ha sido autorizada todavía por los organismos del mundo más prestigiosos en el control de medicamentos: la EMA europea, la FDA norteamericana y la Organización Mundial de la Salud. Los argentinos vacunados con la Sputnik V no pueden ahora viajar a ningún país de Europa; las naciones europeas que permiten el ingreso de extranjeros reclaman que estén vacunados con los inmunizantes autorizados por la EMA o la OMS.

El gobierno nacional no puede decir que a todo el mundo le pasa lo mismo. Hay cosas que podrían haberse hecho mejor
Nunca se supo, además, qué pasó con la vacuna Pfizer, una de las más efectivas, después de que fracasaran las negociaciones con el gobierno argentino. Solo se conoce que funcionarios del entonces ministro Ginés González García le reclamaron a Pfizer tener un socio local. Los laboratorios locales eran los amigos del exministro. Pfizer, que hizo aquí la prueba más numerosa del mundo de su vacuna, podría haber suministrado unos 14 millones de dosis, según fuentes seguras del Ministerio de Salud. La conclusión es que ahora se vacunan con los inmunizantes más eficientes y seguros los argentinos que pueden viajar a Miami.

 Los camporistas que controlan Aerolíneas Argentinas están de fiesta: hacía mucho tiempo que no facturaban tantos dólares con la venta de pasajes. La vacuna se convirtió en un bien clasista. Los argentinos que no pueden viajar deben conformarse con una sola dosis; hay muchos a los que se les está venciendo la primera dosis de la Sputnik V y carecen de esperanza de conseguir la segunda dosis. La Argentina “inclusiva” del kirchnerismo termina siendo siempre socialmente injusta. El negocio del camporismo es la derrota de la sociedad.
No hubo una buena comunicación sobre las prevenciones del flagelo porque los portavoces no eran ni son creíbles. Alberto Fernández eligió mal a sus dos ministros de Salud. Un equipo asesor de científicos solo sirve para que todos se saquen una foto de vez en cuando. Se permitió el fútbol cuando la peste se esparcía entre los jugadores. Lo prohibieron cuando ya corrían el riesgo de que los futbolistas murieran en la cancha. Los negocios son negocios. Nunca se intentó convencer de que las marchas multitudinarias, a favor o en contra de lo que fuere, es el cultivo ideal del virus.

 Una parte de los tests rápidos que se les hacen a los que vienen del exterior y a los futbolistas dan falsos negativos. Todavía faltan 45 días de enfermedad y muerte con cifras alarmantes. Si se recibieran en tiempo y forma los 5 millones de dosis de AstraZeneca, se necesitará más de un mes para aplicar la vacuna y para que esta empiece a inmunizar.
Mucho más efecto tiene la inverosímil causa en manos de la jueza María Servini. Cristóbal López y su socio Fabián de Sousa fueron intimados en los años de Macri a pagar el impuesto a las naftas, como agentes de retención del Estado, y el gravamen de ingresos brutos por sus negocios del juego, impuesto que la Capital les cobra hasta a los que venden café. En el caso del impuesto a las naftas no fue evasión impositiva, sino directamente un robo al Estado. Ellos retenían dinero que era del Estado. Es mucho más grave que evadir impuestos sobre ganancias legítimas. La propia jueza Servini escribió en su pedido de captura internacional de Fabián Rodríguez Simón, un exasesor de Macri que tomó la controversial decisión de refugiarse en Uruguay, que una de sus supuestas presiones a López y De Sousa consistió en exigirles que pagaran el impuesto de ingresos brutos por el negocio del juego. ¿Pedir que se paguen impuestos es una presión indebida? ¿O lo es solo para los amigos de la casa? La causa es una denuncia de López y De Sousa contra exfuncionarios macristas por supuestas presiones para que vendieran sus empresas en tiempos de Macri. El expediente tiene solo el testimonio de tres socios de López. Dos de ellos, Ricardo Benedicto y Federico de Achával, declararon que no pueden inferir que las palabras de Rodríguez Simón hayan significado una amenaza. Un expediente vacío.
Dicen que la jueza está muy presionada. Es el mensaje que ella les envió a varios de los perseguidos. Presionada o no, lo cierto es que ni siquiera el fiscal de la causa, Guillermo Marijuan, había pedido la declaración indagatoria de Rodríguez Simón ni su prohibición de salir del país. Ambas decisiones las tomó Servini de oficio. Para peor, la jueza llamó también a declaración indagatoria (es decir, lo puso en las puertas del procesamiento) al exjefe de la AFIP Alberto Abad, que tuvo ese cargo en tiempos de Duhalde, de Néstor y de Cristina Kirchner (con ella duró solo un año) y de Macri. Es el jefe de la agencia recaudadora con más prestigio en un país que carece de funcionarios públicos prestigiosos. Abad deberá declarar ante Servini el próximo 8 de junio.

La información sobre el fraude de López y De Sousa con el impuesto a las naftas fue una primicia firmada por Hugo Alconada Mon. Reveló una auditoría interna que descubrió que los empresarios kirchneristas se habían quedado con dinero del Estado y que lo habían usado para ampliar su conglomerado empresario. Elisa Carrió hizo luego una denuncia penal con esa información y también se presentó ante la AFIP. Abad tomó la decisión de llevar el caso a la Justicia hasta las últimas consecuencias. Abad podría ser procesado también por supuesta presión. Si no hubiera hecho la denuncia ante la Justicia, Abad estaría sentado hoy ante los jueces por incumplimiento de los deberes de funcionario público. No hay, por lo que se ve, opción buena para los funcionarios buenos. Fuentes judiciales dijeron que López y De Sousa no tienen bronca contra Macri y sus exfuncionarios. “Es furia lo que tienen”, aclararon. La furia y el fracaso van de la mano.

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