EDITORIAL

Aerolíneas Argentinas: basta de mentiras y relato
Cada contribuyente aporta al pago de entre uno y dos millones de dólares diarios para sostener a una línea aérea que usa menos del 5% de los argentinos
Recientemente nuestra línea aérea de bandera hizo pública la aprobación de sus estados contables al 31 de diciembre de 2021, ocasión en la cual anunció con poco pudor, pero muchos bombos y platillos, que las pérdidas se habían reducido más de un tercio respecto de 2019. Una vez más, el relato triunfalista busca inútilmente ocultar las tan sostenidas como crecientes pérdidas que sufre la empresa desde 2009, y que se suman al laudo desfavorable que nuestro país aún debe pagar por la expropiación ilegal de 2008.
El año 2021 no fue la excepción, y las pérdidas reconocidas en los estados contables llegaron a 45.000 millones de pesos, unos cuatrocientos cincuenta millones de dólares al tipo de cambio oficial promedio que no reflejan los 650 millones de dólares aportados por el Estado. Durante 2021 el total de pasajeros transportados fue un 50% menor que los más de 10 millones transportados en 2019. El engaño en el anuncio sobre una supuesta baja en las pérdidas reconoce un rojo de 90 dólares por cada pasajero, reduciéndose supuestamente en un 34%. En otras palabras, las pérdidas por pasajero transportado subieron más de un 30% comparando el año 2019 contra 2021.
Sabido es que, en los hechos, la empresa conducida por La Cámpora, inescrupulosa beneficiaria de las constantes remesas del Tesoro nacional que debería ser rebautizada como “Aerorruinas Argentinas”, funciona bajo un esquema de poder similar al del gobierno nacional: coquetas oficinas gerenciales con vista al Río de la Plata y decisiones que toman referentes de la mencionada agrupación política, como Mariano Recalde, por fuera. Ello lleva a situaciones poco felices para la gestión del actual presidente Pablo Ceriani, obligado a dar números optimistas que son tan fácilmente rebatidos.
Por si algún distraído creyera que las pérdidas reconocidas en el balance solo corresponden a lo que debemos costear los argentinos, viajemos o no en avión, no podemos pasar por alto que se trata además de una sociedad anónima regida por el derecho privado. Por ese motivo, la falta de pago de ciertos impuestos constituye un delito de graves consecuencias para sus directivos. Durante 2021 el total de las transferencias que recibió Aerolíneas Argentinas (AA) fue de 75.000 millones (650 millones de dólares), correspondiendo la diferencia a dinero que vuelve a las arcas estatales como impuestos. En otras palabras, con el objetivo de poder mantener la rueda girando y evitar conflictos legales a sus directores, AA recibe también dinero del Estado nacional para pagar impuestos.
La adecuación del presupuesto nacional 2022 contempla una partida adicional de 9357 millones de pesos para actualizar los 63.551 millones de pesos asignados en diciembre último a AA, un 15% más que el año pasado, lo cual claramente no cubre la inflación. Con más de 11.000 empleados, la pelea salarial que encararán los combativos gremios aeronáuticos implicará inevitablemente nuevos desembolsos del Estado. Ni hablar de los aumentos de precios de combustibles, que ya representaban un 22% de los costos promedio.
Las pérdidas se dan mayormente en rutas que opera también la competencia y en rutas al exterior, cuando transporta a argentinos a Madrid, Roma, el Caribe o los Estados Unidos. Desde su estatización, Aerolíneas Argentinas dejó de volar a Oceanía, a Barcelona y a México DF, entre otros destinos relevantes, para concentrarse en Punta Cana, Cancún y Miami, destinos donde muchos argentinos pasan sus vacaciones y que, a todas luces, no justifican el perjuicio económico generado.
Ante pérdidas que sin cambios de fondo resultan irremontables, y con enjundiosos cuestionamientos sobre la conveniencia de tener una empresa sobredimensionada y mal manejada por La Cámpora y los gremios, el Gobierno aplicó una vieja receta: ahogar a la competencia privada como ya hiciera luego de estatizar AA en 2009. Así la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), manejada en los hechos por los gremios, se encuentra abocada a reinstaurar las bandas tarifarias, lo que impedirá a las empresas privadas realizar ofertas según el horario y el día de la semana o la temporada, obligadas a bailar al compás de las ineficiencias de nuestra empresa de bandera. Desde el inicio de la pandemia, unas 17 compañías aéreas se fueron del país y solo quedan dos, además de AA, para vuelos de cabotaje, contra un total de siete en 2019.
Los derechos del usuario o consumidor que podría beneficiarse con pasajes más baratos son nuevamente ignorados y pisoteados. El Gobierno apuesta así a limitar la competencia, convirtiendo a AA en un problema cada vez más grande y omitiendo que, otorgándole la concentración de gran parte del mercado de cabotaje, la amenaza de desconexión provincial asusta a los tomadores de decisiones. Entre uno y dos millones de dólares vuelan de las arcas del Estado cada día para mantener a la línea aérea de bandera. Menos del 5% de los argentinos utilizan sus servicios. Pagamos todos. Basta de mentiras, basta de relato.

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