ABUSO FISCAL

¿A quién le sirve la abusiva presión fiscal sobre el campo?
Según la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina (FADA), instaurado el dólar soja, el Estado se queda con el 61,3%, de la renta agrícola, sumando impuestos nacionales, provinciales y municipales, como promedio ponderado de los cultivos. El Estado recibe el 67,7% en el caso de la soja, el 53,4% por el maíz, el 50,9% por el trigo y el 49,9% por el girasol.
Así, ante una mejora de precios o en los rindes, se producirá automáticamente un aumento en la recaudación fiscal, principalmente en el caso de los impuestos nacionales, como el impuesto a las ganancias y los derechos de exportación.
Eliminar las retenciones a las exportaciones y unificar el mercado cambiario permitiría que en un lapso relativamente corto se duplicara la producción agropecuaria, tanto en granos como en carne bovina, ovina, porcina y aviar, y también en las economías regionales (fruta, té, yerba, vid) y en productos agroindustriales como aceite y harina de soja, vino, aceites o combustibles.
Duplicar la producción de granos generaría un beneficioso efecto en un importante sector de la economía dependiente. Implicaría desarrollar infraestructura vial, capacidad de transporte, lugar de almacenaje y adecuación portuaria. También disminuiría el contrabando de exportación de productos agropecuarios. La faena de bovinos es de 14 millones de cabezas, lo que da 350.000 camiones para su transporte, más los movimientos de la hacienda destinada a engorde. El activo gremio de los camioneros debiera ser el primer defensor del “desahogo tributario a la producción agropecuaria”.
Es mucho lo que una mejora en el precio podría redituar, y las inversiones privadas están listas para concretarlo. Pensemos en el aliciente que originaría la mejor rentabilidad para incrementar el área regada, hoy bajísima considerando a nuestros competidores. También deberá tenerse en cuenta el importante crecimiento que disparará del empleo privado.
Mejores precios implicarían para el productor mayor renta, con un fuerte incremento en el impuesto a las ganancias, que se coparticipa con las provincias. El gobierno nacional dejaría de percibir las retenciones a las exportaciones (no coparticipables), pero tendría un aumento considerable en la recaudación de impuestos coparticipables, como Ganancias (29,74%), IVA (38,57%) e impuesto al cheque (83%).
Las provincias tendrían precios de venta muy superiores, y un incremento en las ventas de los sectores vinculados, lo que implicaría un aumento significativo en el impuesto sobre los ingresos brutos. Los municipios recibirían una sustancial mejora en la coparticipación de recursos provinciales y por el derrame de los ingresos de la población afectada a la actividad. Si el sentido común predominara, nada debería demorar estos cambios.

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