CONTRA LA JUSTICIA

Juicio a la Corte: crece la ofensiva y se retira la oposición
Los legisladores de JxC dijeron que el proceso es “ilegítimo y arbitrario”; citaron al fiscal Stornelli
Laura SerraRey, Campagnoli, Olivetto y Bazze se retiran de la Comisión de Juicio Político
El interbloque de Juntos por el Cambio resolvió ayer retirarse del juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema, que se desarrolla en la Cámara de Diputados, por considerar que el proceso, tal como lo maneja el oficialismo, es “ilegítimo, arbitrario e ilegal” y que “está viciado de nulidad”.
La oposición denunció una “flagrante violación del debido proceso” en el funcionamiento de la comisión y acusó al Frente de Todos de “habilitar la producción de prueba sin intervención judicial” y de convertir “al Congreso en un órgano capaz de ejercer de hecho actividades de inteligencia ilegal”.
Sin reparar en las observaciones opositoras, la bancada del Frente de Todos redobló la ofensiva al exponer al juez Sebastián Ramos a un duro interrogatorio y al citar al fiscal Carlos Stornelli.
Ayer también declararon funcionarios de la Corte Suprema.
Disconformes con el modo en que el oficialismo pretendía embestir contra los jueces de la Corte Suprema, los diputados de Juntos por el Cambio (JxC) se retiraron ayer de la reunión de la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja. Lo hicieron después de denunciar una “flagrante violación al debido proceso” y acusar al Frente de Todos de “habilitar la producción de prueba sin intervención judicial”.
En la misma línea, en una conferencia de prensa los diputados de JxC advirtieron que el oficialismo “convirtió al Congreso en un órgano capaz de ejercer de hecho actividades de inteligencia ilegal”.
Pese a que anunciaron que no participarían de la audiencia, los diputados opositores aclararon que, a futuro, tendrán una actitud selectiva y definirán “día por día” a qué reuniones asistirán.
Por ello, tras el contacto con la prensa solo una delegación de legisladores se reintegró a la comisión para “controlar” el proceso. Entre ellos, la mayoría era de la Coalición Cívica, de Elisa Carrió, que presentó sus propios pedidos de juicio político contra el juez supremo Ricardo Lorenzetti.
Entre los diputados de JxC que plantearon esta postura estuvieron Juan Manuel López (CC), Karina Banfi (UCR) y Silvia Lospennato (Pro), entre otros.
Los legisladores denunciaron que el trámite que impulsa el Frente de Todos es “ilegítimo, arbitrario e ilegal” y que, por lo tanto, “se encuentra viciado de nulidad”.
Los diputados de JxC objetan, entre otras cosas, que sus pares del oficialismo pretendan utilizar pruebas obtenidas de manera ilegal –los mensajes cruzados entre Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte Suprema, y el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, entre otros chats filtrados– para acusar a los jueces del máximo tribunal de connivencia política con el jefe de gobierno y precandidato presidencial Horacio Rodríguez Larreta.
Los diputados de Juntos por el Cambio dijeron que el Frente de Todos “violó el debido proceso”
“El juicio político es ilegítimo, arbitrario e ilegal, por lo que está viciado de nulidad”, remarcaron
“Se trata de un proceso penal paralelo, con actividades de inteligencia incluidas”, afirmaron que el juicio político, tal como lo habilita la Constitución nacional (puesto que, en efecto, es una de las funciones que les asignó a los legisladores), está llevando a cabo un ‘proceso penal paralelo’, produciendo prueba manifiestamente ilegal, con actividades de inteligencia incluidas, violentando las reglas del debido proceso y, por ende, el Estado de Derecho”, advirtieron desde JxC.
En este sentido, cuestionaron las medidas de prueba solicitadas y los testigos citados. “Surge de manera evidente que muchas de las pruebas admitidas no resultan pertinentes para acreditar los hechos denunciados –indicaron–. De la enorme lista de testigos propuestos se desprende que casi ninguno de los 17 testigos convocados resulta idóneo para brindar un testimonio válido, porque no conocen los hechos investigados ni son útiles para descubrir la verdad”.
Según los legisladores, el oficialismo hizo de la investigación de los magistrados una “excursión de pesca”. “La finalidad es evidente: con esa ‘excursión de pesca’ se busca construir una ficción legal sobre una montaña de pruebas, sin importar que sean pertinentes ni mucho menos legales, con el único objetivo de mantener vivo un procedimiento de juicio político mientras sea necesario y conveniente para el Poder Ejecutivo, en un año electoral. La maniobra, además de burda, es muy evidente”, asestaron.
Réplica
Desde el oficialismo, el jefe del bloque oficialista de diputados, Germán Martínez, reaccionó ofuscado ante la postura opositora. “Cuando uno tiene pocos argumentos lo mejor es levantarse e irse”, ironizó.
Con esta postura, los diputados de JxC se suman a la decisión de su colega Alejandro “Topo” Rodríguez, quien el fin de semana anunció que no participaría de las reuniones de la Comisión de Juicio Político. Ayer, en tanto, el cuerpo decidió –sin participación opositora– citar al fiscal Carlos Stornelli (ver aparte).
El primer testigo en prestar declaración ayer fue el juez federal Sebastián Ramos, quien a instancias del fiscal Carlos Stornelli archivó el mes pasado la causa en la que se investigaban los mensajes cruzados entre Robles y D’Alessandro. Stornelli decidió no impulsar la acción penal y pidió el archivo de la causa con el argumento de que la denuncia se basaba en una comunicación obtenida de manera ilegal.
Los diputados oficialistas, críticos de la actitud de Ramos, insistieron en conocer por qué dispuso, en plena feria judicial, el archivo de las actuaciones sin haber investigado previamente. El magistrado repitió una y otra vez el mismo libreto: la ley y la Constitución les prohíbe a los jueces proponer medidas de prueba por encima de aquellas que manda el Ministerio Público Fiscal.
No conforme, el oficialismo insistió con la misma pregunta al siguiente testigo, el juez federal Alejo Ramos Padilla, a quien la oposición lo ubica cercano al kirchnerismo.
El mes pasado este magistrado, tras recibir una denuncia del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, contra Robles y D’Alessandro, se declaró incompetente pero, a contramano del juez Ramos y el fiscal Stornelli, sostuvo que la Justicia debía investigar la denuncia sobre los mensajes cruzados

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