ALLANAMIENTO Y EDUCACIÓN

La Justicia investiga abusos en un jardín de infantes estatal de Merlo
De esa institución de San Antonio de Padua se incautaron disfraces que los niños señalaban como parte de la maniobra; dos maestras y un hombre, bajo la lupa
Josefina Gil MoreiraLos disfraces del Sapo Pepe, claves para la investigación judicial
El sábado por la tarde, Daniela Mansilla, de 27 años, intentó hablar con su hija de cinco años sobre los casos de abuso sexual que habrían sufrido varios alumnos dentro del jardín de infantes N° 907, en la localidad bonaerense de San Antonio de Padua, partido de Merlo.
“Mi nena me contó que en el jardín había un sapo verde que era malo. Después se tapó con una frazada y se puso a llorar. A los dos días habló un poco más con mi suegra. Se refirió a un monstruo y dijo que vio a la señorita haciéndole perrito a un compañero. La maestra le pegó en la mano y le dijo que si decía algo le iba a arrancar la cabeza a ella y a sus papás. La llevé al médico forense y confirmó que fue manoseada”, dijo Mansilla 
Según la mujer, hoy el número de víctimas confirmadas ascendería a 20 y habría otras 30 en investigación: “Los nenes están hablando de dos maestras y un hombre, que sería el hijo de una de ellas”.
Claudio Oviedo, fiscal titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°5 del Departamento Judicial de Morón, dijo que existen dos denuncias formales, pero que, según las declaraciones de 18 padres, las víctimas hasta el momento serían siete.
El fiscal explicó que el lunes pasado por la tarde la policía científica realizó una inspección con levantamiento de rastros en el jardín y secuestró varios disfraces como los descriptos en las declaraciones, después de que un grupo de padres se reuniera en la puerta del jardín para reclamar respuestas y se diera una situación violenta. Al día siguiente, por orden del fiscal de turno en el momento de la manifestación de los padres, se dispuso tomarles declaración a las familias. “Fueron 18 en total, pero no todos declararon delitos. Algunos contaron hechos complementarios. Hasta el momento las víctimas serían siete”, explicó.
Según Oviedo, los padres relataron episodios de “manoseos” por parte de dos maestras de ese jardín de gestión estatal y un hombre ajeno a la institución. Además, algunas familias agregaron que estas personas les habrían sacado fotos a los niños. “En las declaraciones hablaron de un sapo verde malo y disfraces”, detalló.
Fuentes de la Dirección de Educación de la provincia de Buenos Aires informaron a la nacion que ese establecimiento está momentáneamente cerrado por refacciones con motivo de los daños ocasionados.
“Simultáneamente se atiende a las familias por medio de los inspectores y el equipo de orientación escolar, a los efectos de despejar dudas e informar sobre las acciones que se están desarrollando para el cuidado integral de los niños y niñas que asisten al jardín. En la actualidad se encuentra en curso una investigación administrativa en el marco del Estatuto Docente a los fines de determinar la responsabilidad que podría caber a algún docente del establecimiento a la luz de los hechos denunciados, procediéndose asimismo a establecer el dispositivo para continuidad pedagógica de los alumnos y la reapertura del establecimiento”, detallaron fuentes de la cartera a cargo de Alberto Sileoni.
¿Cómo sigue la investigación? Oviedo explicó que el siguiente paso en el proceso judicial es realizar las cámaras Gesell a los menores. “Ahora pedimos las fechas para llevar adelante las cámaras Gesell, que es la prueba de mayor valor, pero lamentablemente hay demoras de meses porque hay una sola cámara para todo Morón, Merlo, Hurlingham e Ituzaingó. Está saturadísima. Por eso estamos pidiendo que se habiliten días y horarios no hábiles”, indicó Oviedo. El reclamo de las demoras para realizar las pericias también fue mencionado por las familias denunciantes.
“Plan de trabajo”
Para el fiscal, lo más importante ahora es llevar calma a las familias para que los chicos estén tranquilos y puedan hablar cuando llegue el momento de realizar la cámara Gesell. “Necesitamos que estén tranquilos y sepan que tenemos un plan de trabajo”, sostuvo.
Sobre las imputaciones, Oviedo dijo que “hay un abanico de posibles calificaciones”. Puede ser abuso sexual simple, abuso sexual gravemente ultrajante, abuso sexual agravado por la condición de responsable de la educación y/o corrupción de menores, con penas que pueden acumularse. “La imputación clara, formal y circunstancial dependerá de las cámaras Gesell. Con tanta pluralidad de víctimas, no ocurrirá antes de entre tres y cuatro meses”, dijo.
El testimonio que desencadenó el horror fue el de una menor de 4 años que refería la existencia de una “habitación secreta” en la que las presuntas atacantes la vestían a ella y a otros compañeritos con disfraces del Sapo Pepe y allí cometían los abusos. “Todo empezó el miércoles pasado [por el 3 de mayo], cuando la mamá de una nena fue a hacer la denuncia y los médicos que revisaron dijeron que estaba penetrada y muy lastimada”, dijo Mansilla. A partir de entonces, las familias comenzaron a indagar y descubrieron que el relato se repetía entre los chicos.
Luego de que el miércoles pasado la seccional local del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba) llamara a un paro docente en todos los niveles y modalidades del distrito como consecuencia de los hechos ocurridos, el viernes el jardín permanecía cerrado.
La semana pasada había ocurrido un hecho similar en la Capital. Un grupo de padres del jardín de infantes N°9, ubicado en el barrio porteño de Palermo, denunciaron abusos a menores por partes de docentes. De acuerdo con las familias, varios niños coincidieron en que una maestra los hacía desnudar mientras otras filmaban la situación. La Justicia investiga el caso.

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La Ciudad denunciará las amenazas de bomba
Anunció que irá contra los adultos responsables para que afronten los costos económicos
Debido a las últimas amenazas de bomba en escuelas que ocurrieron durante la última semana la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, ratificó que la Ciudad de Buenos Aires realizará las denuncias penales correspondientes y, mediante una demanda civil, les trasladará los costos por los días de clase perdidos a quienes resulten responsables de las intimidaciones. “El que las hace, las paga”, afirmó la ministra porteña con una postura similar a la que se adoptó cuando hubo tomas en escuelas del distrito.
Los establecimientos educativos que recibieron amenazas en las últimas semanas en la ciudad fueron siete en total: tres son de gestión privada (Villa Devoto School, Cristóforo Colombo y St. Matthew’s College) y cuatro de gestión estatal (Normal 8, Normal 1 y escuelas 10 y 6 del distrito escolar 21). Para las intimidaciones se utilizaron diferentes métodos, como llamadas telefónicas, manuscritos y correos electrónicos.
El presunto autor de esas amenazas, que también alcanzaron a colegios privados de la zona norte y sur del conurbano bonaerense, es un menor de 16 años que fue detenido el jueves y liberado el viernes luego de que el juez de Garantías del Joven 3 de San Isidro, Mariano Ricardo Giglio, lo declarara inimputable por padecer un leve trastorno psiquiátrico.
“Tal como hicimos con las tomas de escuelas cada vez que se pierda un día de clases por una amenaza de bomba vamos a denunciar penalmente y enviaremos a la Procuración General de la Ciudad un informe técnico cuantificando el valor correspondiente al pago diario de salarios del personal de las escuelas afectadas y así transferirles a los adultos responsables el costo laboral que implicó el día perdido. La escuela tiene la obligación de marcar el modelo de sociedad y de convivencia que se necesita, por eso estamos haciendo énfasis en la responsabilidad de los adultos, en las consecuencias sobre las acciones de cada uno”, sostuvo la titular de la cartera educativa.
En 2021 la Justicia porteña sentenció a la madre de un alumno por haber realizado, en 2016, una amenaza de bomba en la Escuela Técnica 3 “María Sánchez de Thompson” y la condenó a indemnizar al gobierno porteño por daños y perjuicios. En la causa penal por intimidación pública se acreditó que el alumno efectuó las amenazas de bomba, pero quedó sobreseído por resultar inimputable. Debido a la responsabilidad objetiva de los padres por los hechos de sus hijos la madre resultó condenada.
En otro caso reciente, la Justicia convocó a cinco jóvenes para el próximo 12 de junio al debate oral por una amenaza de bomba realizada a la Escuela de Comercio N° 1 “Joaquín V. González”, en 2015. Se enfrentan a una posible condena que puede ir de dos a seis años de prisión.

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