La factura social que Cristina le pasa a Alberto Fernández
Un informe de la UCA muestra datos reveladores sobre la pobreza; inquietud por el impacto electoral
Francisco Jueguen
El resbaladizo relato de crecimiento con inclusión social que caracterizó al primer kirchnerismo quedó hecho añicos en la etapa superior del movimiento, cuando Cristina Kirchner decretó un gobierno de Alberto Fernández. La del capital simbólico perdido es una factura que la líder del peronismo kirchnerista le enrostra al Presidente cada vez que puede.
Encriptada para la generalidad de la ciudadanía, una dramática foto que termina de deshilachar la principal carta identitaria de la vicepresidenta se conoció el viernes. Es probable que termine restando posibilidades electorales al oficialismo y que sea un espejo que adelanta el fortísimo deterioro que deberá enfrentar el próximo gobierno.
Un equipo de especialistas de la Universidad Católica Argentina (UCA) se encerró en un cuarto a analizar las bases de microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del cuarto trimestre de 2022. Si en vez de tomar el segundo semestre, como suele hacer el Indec en su informe para tener un dato estable, fuera posible pararse el último día de diciembre del año pasado para ver la última foto de la pobreza, esta habría sido de 41 por ciento. Esto implica que, en el país, cuatro de cada diez personas son pobres. Son 2,7 puntos más que en 2019, cuando Mauricio Macri cerró su gobierno.
Tomando el total de población urbana que mide el Indec, se trata de 17,3 millones de pobres. Pero, si se proyecta a todo el país esa cifra, esa escandalosa imagen alcanza a casi 19 millones de argentinos. Muchos de ellos son niños. Es probable que en la semana que arranca se conozcan más detalles sobre el impacto directo en la infancia.
El último día del año pasado, la pobreza llegó a ocupar a más de la mitad de la población en algunos puntos del país: Concordia (58,4%), Gran Resistencia (56,6%) y Santiago del Estero (51,3%). En los partidos del Gran Buenos Aires, alcanzó un 45,9 por ciento. El territorio bonaerense es el lugar con mayor cantidad absoluta de pobres en la Argentina.
Es un paisaje desolador. Hay distritos, según esos datos oficiales procesados por el sociólogo Agustín Salvia y su equipo, en los que en solo tres años aparecen subas de casi diez puntos en la pobreza. Son los casos de Río Gallegos (11 puntos), Gran Paraná (10,9), Corrientes (10,3), Gran Santa Fe (10,1) y el Gran Tucumán (9,4).
La indigencia, gracias a las transferencias, las ayudas alimentarias y la recuperación del trabajo informal precario, reflejó una baja de un punto en el último trienio; sin embargo, se disparó con fuerza en algunas provincias. En la Formosa de Gildo Insfrán subió 12,4 puntos, según los datos oficiales difundidos el viernes por el instituto estadístico que conduce Marco Lavagna, que tuvo una semana complicada.
Quienes siguen de cerca esta realidad solo esperan que empeore. Las canastas Alimentaria y Bádólares, sica suben a una velocidad superior a la de la inflación hace meses. Y los ingresos se vienen ajustando por debajo del índice de precios. El deterioro es muy rápido.
El director de la Maestría en Econometría de la Universidad Di Tella, Martín González Rozada, ya proyectó una tasa de pobreza de 41,5% para el semestre entre octubre de 2022 y marzo de 2023. “En marzo, la tasa de inflación mensual reportada por el Indec que enfrentaron los hogares de menores ingresos fue de 7,8% mientras que para los hogares del 20% de mayores ingresos la inflación fue de 7,5%”, alertó el especialista.
La inflación y la pobreza
Estos datos no contemplan la voraz corrida cambiaria de abril, que llevarían al dato de inflación del mes pasado a entre 7,2% y 8,1%. El Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) espera para el año 126,4% de inflación, un ajuste de más de 16 puntos frente a lo que registraba su anterior informe.
“La inflación golpea mucho el bolsillo. Aumenta la pobreza de los ocupados a niveles casi de pandemia”, escribió la economista Milagros Gismondi, parte del equipo que acompaña a Hernán Lacunza. Según cálculos de Empiria (la consultora del propio Lacunza), a partir de datos del Indec, la pobreza de los ocupados tocó el 30% en el cuarto trimestre del año pasado. En pandemia llegó al 31 por ciento. A fines de 2019, ese registro era de 25%, según Empiria.
“Hay clases medias y bajas que no eran pobres y que, obviamente, en el contexto inflacionario -y no por un factor ocupacional- son trabajadores pobres porque ya su ingreso no les alcanza para cubrir la canasta básica total”, explicó Salvia, sobre un proceso acerca del cual la vicepresidenta llamó la atención varias veces. “Y son clases medias que caen, pequeños emprendedores, pequeños comerciantes, trabajadores asalariados de comercios o pequeños comercios o de servicios; son trabajadores de baja calificación, que se convierten en los nuevos pobres y se suman a la estructura social de una Argentina ya estructuralmente empobrecida”, describió Salvia.
El investigador Leonardo Tornarolli, del Cedlas, estimó que el ingreso per cápita en los deciles más pobres creció levemente entre finales de 2021 y 2022 por las transferencias estatales y la mejora del empleo formal. El resto perdió. Lo mismo vio entre 2019 y finales del año pasado. En los últimos seis años perdieron todos. Es lo que algunos analistas llaman “la caída de ingresos más persistente y salvaje que se haya visto”.
Por eso, Cristina Kirchner sufre cuando observa los datos de pobreza de 2014. Los de aquel año, con base en la nueva metodología de 2016 y con canastas ajustadas por la inflación real mostraba una pobreza bastante menor a la actual: 30,8 por ciento. Ante ese panorama, es probable que la vicepresidenta piense algo similar a los que expresa –una broma dramática– el propio Tornarolli. “Menos mal que, al menos, ganamos el Mundial”.
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Pérdidas de hasta $165.000 millones por el dólar soja III
Era la apuesta principal de Economía para sumar reservas, pero hasta ahora el resultado es magro
El resbaladizo relato de crecimiento con inclusión social que caracterizó al primer kirchnerismo quedó hecho añicos en la etapa superior del movimiento, cuando Cristina Kirchner decretó un gobierno de Alberto Fernández. La del capital simbólico perdido es una factura que la líder del peronismo kirchnerista le enrostra al Presidente cada vez que puede.
Encriptada para la generalidad de la ciudadanía, una dramática foto que termina de deshilachar la principal carta identitaria de la vicepresidenta se conoció el viernes. Es probable que termine restando posibilidades electorales al oficialismo y que sea un espejo que adelanta el fortísimo deterioro que deberá enfrentar el próximo gobierno.
Un equipo de especialistas de la Universidad Católica Argentina (UCA) se encerró en un cuarto a analizar las bases de microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del cuarto trimestre de 2022. Si en vez de tomar el segundo semestre, como suele hacer el Indec en su informe para tener un dato estable, fuera posible pararse el último día de diciembre del año pasado para ver la última foto de la pobreza, esta habría sido de 41 por ciento. Esto implica que, en el país, cuatro de cada diez personas son pobres. Son 2,7 puntos más que en 2019, cuando Mauricio Macri cerró su gobierno.
Tomando el total de población urbana que mide el Indec, se trata de 17,3 millones de pobres. Pero, si se proyecta a todo el país esa cifra, esa escandalosa imagen alcanza a casi 19 millones de argentinos. Muchos de ellos son niños. Es probable que en la semana que arranca se conozcan más detalles sobre el impacto directo en la infancia.
El último día del año pasado, la pobreza llegó a ocupar a más de la mitad de la población en algunos puntos del país: Concordia (58,4%), Gran Resistencia (56,6%) y Santiago del Estero (51,3%). En los partidos del Gran Buenos Aires, alcanzó un 45,9 por ciento. El territorio bonaerense es el lugar con mayor cantidad absoluta de pobres en la Argentina.
Es un paisaje desolador. Hay distritos, según esos datos oficiales procesados por el sociólogo Agustín Salvia y su equipo, en los que en solo tres años aparecen subas de casi diez puntos en la pobreza. Son los casos de Río Gallegos (11 puntos), Gran Paraná (10,9), Corrientes (10,3), Gran Santa Fe (10,1) y el Gran Tucumán (9,4).
La indigencia, gracias a las transferencias, las ayudas alimentarias y la recuperación del trabajo informal precario, reflejó una baja de un punto en el último trienio; sin embargo, se disparó con fuerza en algunas provincias. En la Formosa de Gildo Insfrán subió 12,4 puntos, según los datos oficiales difundidos el viernes por el instituto estadístico que conduce Marco Lavagna, que tuvo una semana complicada.
Quienes siguen de cerca esta realidad solo esperan que empeore. Las canastas Alimentaria y Bádólares, sica suben a una velocidad superior a la de la inflación hace meses. Y los ingresos se vienen ajustando por debajo del índice de precios. El deterioro es muy rápido.
El director de la Maestría en Econometría de la Universidad Di Tella, Martín González Rozada, ya proyectó una tasa de pobreza de 41,5% para el semestre entre octubre de 2022 y marzo de 2023. “En marzo, la tasa de inflación mensual reportada por el Indec que enfrentaron los hogares de menores ingresos fue de 7,8% mientras que para los hogares del 20% de mayores ingresos la inflación fue de 7,5%”, alertó el especialista.
La inflación y la pobreza
Estos datos no contemplan la voraz corrida cambiaria de abril, que llevarían al dato de inflación del mes pasado a entre 7,2% y 8,1%. El Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) espera para el año 126,4% de inflación, un ajuste de más de 16 puntos frente a lo que registraba su anterior informe.
“La inflación golpea mucho el bolsillo. Aumenta la pobreza de los ocupados a niveles casi de pandemia”, escribió la economista Milagros Gismondi, parte del equipo que acompaña a Hernán Lacunza. Según cálculos de Empiria (la consultora del propio Lacunza), a partir de datos del Indec, la pobreza de los ocupados tocó el 30% en el cuarto trimestre del año pasado. En pandemia llegó al 31 por ciento. A fines de 2019, ese registro era de 25%, según Empiria.
“Hay clases medias y bajas que no eran pobres y que, obviamente, en el contexto inflacionario -y no por un factor ocupacional- son trabajadores pobres porque ya su ingreso no les alcanza para cubrir la canasta básica total”, explicó Salvia, sobre un proceso acerca del cual la vicepresidenta llamó la atención varias veces. “Y son clases medias que caen, pequeños emprendedores, pequeños comerciantes, trabajadores asalariados de comercios o pequeños comercios o de servicios; son trabajadores de baja calificación, que se convierten en los nuevos pobres y se suman a la estructura social de una Argentina ya estructuralmente empobrecida”, describió Salvia.
El investigador Leonardo Tornarolli, del Cedlas, estimó que el ingreso per cápita en los deciles más pobres creció levemente entre finales de 2021 y 2022 por las transferencias estatales y la mejora del empleo formal. El resto perdió. Lo mismo vio entre 2019 y finales del año pasado. En los últimos seis años perdieron todos. Es lo que algunos analistas llaman “la caída de ingresos más persistente y salvaje que se haya visto”.
Por eso, Cristina Kirchner sufre cuando observa los datos de pobreza de 2014. Los de aquel año, con base en la nueva metodología de 2016 y con canastas ajustadas por la inflación real mostraba una pobreza bastante menor a la actual: 30,8 por ciento. Ante ese panorama, es probable que la vicepresidenta piense algo similar a los que expresa –una broma dramática– el propio Tornarolli. “Menos mal que, al menos, ganamos el Mundial”.
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Pérdidas de hasta $165.000 millones por el dólar soja III
Era la apuesta principal de Economía para sumar reservas, pero hasta ahora el resultado es magro
Javier Blanco
El Programa de Incentivo Exportador (PIE), comúnmente conocido como dólar soja, lanzado y relanzado ya otras dos veces por el Gobierno para “devaluar sin devaluar” y tratar de dotar de reservas al Banco Central (BCRA), ya le infligió a esa entidad en su tercera versión una pérdida estimada entre los $138.665 millones y los $165.000 millones. De esta manera se buscaba apuntalar, en este tramo del año, a una entidad que no logró retener para su tenencia ninguno de los US$34.200 millones que la balanza comercial le aportó al país en los últimos tres años y medio (antes de volverse deficitaria).
Esa diferencia en el perjuicio patrimonial causado surge de si se considera que el ente monetario finalmente venderá todos los dólares recomprados por el PIE, es decir, también los apenas US$278 millones hasta aquí retenidos de los US$2029 millones que aportaron los exportadores beneficiarios del plan en esta tercera versión; o si se computan sólo los US$1751 millones ingresados por la “CAM 9” del MAE que ya se le escaparon.
Básicamente el elevado quebranto, para un patrimonio que ya se encuentra muy dañado, se produce porque el programa lo obliga a comprar “caro” (en este caso a $300 por dólar) lo que momentos después tiene que vender a importadores “barato” (a $226,25, por caso el viernes).
La cuestión es que la actual versión del programa, ampliada en plazos y en el alcance (sumó una cantidad de productos regionales a la soja, además de cupos para embarques de sorgo, cebada y girasol) hizo que en varias jornadas tuviera que comprar en promedio “muy caro” los dólares y, a la vez, venderlos “muy barato”.
Le sucedió por caso el miércoles pasado, cuando vendió dólares de sus reservas a un valor promedio de $166 (26,3% más barato) dado que en esa rueda pudo recomprar unos US$99 millones a exportadores alcanzados por el tipo de cambio más alto, pero a la vez debió vender unos US$224 millones para atender los pedidos de compra autorizados.
Y, en sentido contrario, el ultimo viernes, cuando pudo comprar unos US$2 millones a un precio promedio prorrateado récord de $4331,9 por dólar (algo más de 19 veces superior al que paga por comprar divisas por el Siospel o 14,46 veces más caro que los $300 que desembolsa por las que ingresan por la “CAM9” del MAE). El número surge considerando que en esa rueda pudo comprarles US$11 millones a los beneficiados por el PIE y debió vender US$109 millones a quienes demandaban billetes básicamente para cancelar pagos por importaciones.
Eso tensiona más las cosas y levanta nuevos cuestionamientos sobre los supuestos aportes que realiza el programa, muy minimizados incluso ahora que el BCRA sólo logró retener el 13,5% de las divisas pagadas caras, algo que lo obligó a usar cada vez más reservas prestadas (yuanes reconvertidos a gracias a la porción por el equivalente a US$5000 millones del swap suscripto con China habilitado a tal efecto) y enfrentar nuevos costos por ello (es un préstamo que le costaría unos US$400 millones al año mantener, considerando la tasa superior al 7% que el gigante asiático cobra por habilitar ese intercambio).
“Es lógico, estamos en el segundo esquema más ‘perdedor’ pero -sin embargo- en el peor en términos de acumulación de divisas”, apunta el economista y especialista en agronegocios Salvador Vitelli, de Romano Group.
Para la economista Diana Mondino, sin duda la manipulación del precio de los dólares para exportadores es “ruinosa” para el BCRA. “No sólo le genera pérdidas, sino que le suma endeudamiento dado que la emisión neta que debe realizar, para evitar mayor inflación, la absorbe con Leliq que actualmente están a una tasa superior al 100%”, explicó días atrás en una columna en la nacion.
De este modo, dado que considera que pese a su denominación el programa aporta poco para sumar exportaciones, transcurrido el tiempo “seguiremos sin el dólar y ya habrá el doble de pasivos en el BCRA”.
Para Jesús María Silveyra, exsubsecretario de Mercados Agropecuarios, de mínima el programa supone un mal uso de los fondos del erario público. “Depende la definición que tomemos, pero puede encuadrar en malversación de fondos porque malversar es también invertir o gastar indebidamente fondos ajenos”, sostiene.
En este caso juzga que una investigación al respecto sería atinente ya que las autoridades a esta altura son conscientes (por la experiencias del dólar soja I y II) de los dos perjuicios provocados: “Ellos son la pérdida a la que se somete al BCRA por la diferencia de precio entre compra y venta y la mayor emisión que provoca con el impacto que ya vimos en la inercia inflacionaria actual”, sostiene.
El PIE era un programa basal del denominado Plan Llegar del ministro de Economía, Sergio Massa, para tratar de que no estalle una crisis sistémica e intentar que la economía esté en condiciones de surfear olas hasta el próximo gobierno. Pero los tropiezos que enfrenta su versión III, dada la mella que sus anteriores versiones hicieron en el grano acopiado y los recortes a la oferta que generó la sequía sobre la cosecha nueva, hicieron que ese supuesto cimiento también se resquebraje. “Evidentemente esta edición no está cumpliendo con las expectativas en cuanto a la acumulación de reservas: a lo sumo ha ayudado a morigerar algo su caída”, sostiene Vitelli.
En el Gobierno y en la entidad que preside Miguel Pesce abrigan la expectativa de que el momento más crítico del programa ya haya quedado atrás. Se ilusionan con una oferta de divisas algo más estable y sostenida y una demanda un poco acotada que les permita alternar saldos de intervenciones sobre el mercado positivos con ventas en todo caso puntuales y menores a las vistas en los últimos días, al menos hasta fin de mes.
El Programa de Incentivo Exportador (PIE), comúnmente conocido como dólar soja, lanzado y relanzado ya otras dos veces por el Gobierno para “devaluar sin devaluar” y tratar de dotar de reservas al Banco Central (BCRA), ya le infligió a esa entidad en su tercera versión una pérdida estimada entre los $138.665 millones y los $165.000 millones. De esta manera se buscaba apuntalar, en este tramo del año, a una entidad que no logró retener para su tenencia ninguno de los US$34.200 millones que la balanza comercial le aportó al país en los últimos tres años y medio (antes de volverse deficitaria).
Esa diferencia en el perjuicio patrimonial causado surge de si se considera que el ente monetario finalmente venderá todos los dólares recomprados por el PIE, es decir, también los apenas US$278 millones hasta aquí retenidos de los US$2029 millones que aportaron los exportadores beneficiarios del plan en esta tercera versión; o si se computan sólo los US$1751 millones ingresados por la “CAM 9” del MAE que ya se le escaparon.
Básicamente el elevado quebranto, para un patrimonio que ya se encuentra muy dañado, se produce porque el programa lo obliga a comprar “caro” (en este caso a $300 por dólar) lo que momentos después tiene que vender a importadores “barato” (a $226,25, por caso el viernes).
La cuestión es que la actual versión del programa, ampliada en plazos y en el alcance (sumó una cantidad de productos regionales a la soja, además de cupos para embarques de sorgo, cebada y girasol) hizo que en varias jornadas tuviera que comprar en promedio “muy caro” los dólares y, a la vez, venderlos “muy barato”.
Le sucedió por caso el miércoles pasado, cuando vendió dólares de sus reservas a un valor promedio de $166 (26,3% más barato) dado que en esa rueda pudo recomprar unos US$99 millones a exportadores alcanzados por el tipo de cambio más alto, pero a la vez debió vender unos US$224 millones para atender los pedidos de compra autorizados.
Y, en sentido contrario, el ultimo viernes, cuando pudo comprar unos US$2 millones a un precio promedio prorrateado récord de $4331,9 por dólar (algo más de 19 veces superior al que paga por comprar divisas por el Siospel o 14,46 veces más caro que los $300 que desembolsa por las que ingresan por la “CAM9” del MAE). El número surge considerando que en esa rueda pudo comprarles US$11 millones a los beneficiados por el PIE y debió vender US$109 millones a quienes demandaban billetes básicamente para cancelar pagos por importaciones.
Eso tensiona más las cosas y levanta nuevos cuestionamientos sobre los supuestos aportes que realiza el programa, muy minimizados incluso ahora que el BCRA sólo logró retener el 13,5% de las divisas pagadas caras, algo que lo obligó a usar cada vez más reservas prestadas (yuanes reconvertidos a gracias a la porción por el equivalente a US$5000 millones del swap suscripto con China habilitado a tal efecto) y enfrentar nuevos costos por ello (es un préstamo que le costaría unos US$400 millones al año mantener, considerando la tasa superior al 7% que el gigante asiático cobra por habilitar ese intercambio).
“Es lógico, estamos en el segundo esquema más ‘perdedor’ pero -sin embargo- en el peor en términos de acumulación de divisas”, apunta el economista y especialista en agronegocios Salvador Vitelli, de Romano Group.
Para la economista Diana Mondino, sin duda la manipulación del precio de los dólares para exportadores es “ruinosa” para el BCRA. “No sólo le genera pérdidas, sino que le suma endeudamiento dado que la emisión neta que debe realizar, para evitar mayor inflación, la absorbe con Leliq que actualmente están a una tasa superior al 100%”, explicó días atrás en una columna en la nacion.
De este modo, dado que considera que pese a su denominación el programa aporta poco para sumar exportaciones, transcurrido el tiempo “seguiremos sin el dólar y ya habrá el doble de pasivos en el BCRA”.
Para Jesús María Silveyra, exsubsecretario de Mercados Agropecuarios, de mínima el programa supone un mal uso de los fondos del erario público. “Depende la definición que tomemos, pero puede encuadrar en malversación de fondos porque malversar es también invertir o gastar indebidamente fondos ajenos”, sostiene.
En este caso juzga que una investigación al respecto sería atinente ya que las autoridades a esta altura son conscientes (por la experiencias del dólar soja I y II) de los dos perjuicios provocados: “Ellos son la pérdida a la que se somete al BCRA por la diferencia de precio entre compra y venta y la mayor emisión que provoca con el impacto que ya vimos en la inercia inflacionaria actual”, sostiene.
El PIE era un programa basal del denominado Plan Llegar del ministro de Economía, Sergio Massa, para tratar de que no estalle una crisis sistémica e intentar que la economía esté en condiciones de surfear olas hasta el próximo gobierno. Pero los tropiezos que enfrenta su versión III, dada la mella que sus anteriores versiones hicieron en el grano acopiado y los recortes a la oferta que generó la sequía sobre la cosecha nueva, hicieron que ese supuesto cimiento también se resquebraje. “Evidentemente esta edición no está cumpliendo con las expectativas en cuanto a la acumulación de reservas: a lo sumo ha ayudado a morigerar algo su caída”, sostiene Vitelli.
En el Gobierno y en la entidad que preside Miguel Pesce abrigan la expectativa de que el momento más crítico del programa ya haya quedado atrás. Se ilusionan con una oferta de divisas algo más estable y sostenida y una demanda un poco acotada que les permita alternar saldos de intervenciones sobre el mercado positivos con ventas en todo caso puntuales y menores a las vistas en los últimos días, al menos hasta fin de mes.
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