Milei prometió mantener la rebaja en Ganancias y la devolución del IVA
Aseguró que no habrá marcha atrás con esas medidas que hizo aprobar Massa
Silvia Stang
Sergio Massa anunció en su momento los cambios rodeado de dirigentes sindicale
El presidente electo, Javier Milei, anticipó anoche que mantendrá la rebaja en el impuesto a las ganancias y la devolución del IVA, dos fuertes medidas impositivas que hizo aprobar el ministro de Economía, Sergio Massa, en el tramo final de su campaña presidencial. “Vamos a bajar el gasto público para mantener el equilibrio fiscal, o sea, las bajas de impuestos siempre favorecen a la gente”, dijo Milei y contestó “obviamente, obvio” ante la repregunta de si se les dará continuidad a la rebaja en Ganancias y también a las medidas que el ministro de Economía aplicó sobre la devolución del IVA.
Milei dio anoche una nueva entrevista televisiva y, en ese marco, sugirió que Luis “Toto” Caputo podría ser su ministro de Economía. Ratificó, además, que impulsará un amplio plan de privatizaciones, en el que incluyó a la empresa AySA y a los ferrocarriles. “Todo lo que pueda estar en manos privadas va a estar en manos privadas”, afirmó. Sobre el PAMI, dijo que “va a seguir, pero va a ser eficiente”.
Ya en el plano institucional, Milei ratificó que su gobierno intentará desactivar el juicio político a la Corte Suprema y afirmó que va a asegurar “la plena independencia” del Poder Judicial.
El presidente electo, Javier Milei, afirmó anoche que mantendrá los cambios en Ganancias que dejaron al margen del impuesto a la mayoría de los asalariados que hasta septiembre último lo pagaban. En una entrevista en el programa A dos voces, por TN, dijo que para lograr el equilibrio fiscal reducirá el gasto y que “las bajas de impuestos siempre favorecen a la gente”. Por eso, también afirmó, al ser consultado, que mantendrá el esquema de devolución del IVA, aunque esa medida no fue aprobada por el Congreso para que rija el próximo año.
Milei también agregó los trenes y AySA a la lista de empresas estatales que serán privatizadas en su gestión. “Todo lo que pueda estar en manos del sector privado va a estar en manos del sector privado”. “AySA estaba en manos del sector privado y funcionaba muy bien; los ferrocarriles cuando eran privados funcionaban muy bien”, subrayó el próximo mandatario. Para Milei, “se ha probado que todo lo que hace el sector público lo hace mal”.
Respecto de si ya había designado al ministro de Economía, y si podía ser el expresidente del Banco Central Luis “Toto” Caputo (por la participación de este en un diálogo con el FMI junto al futuro jefe de Gabinete, Nicolás Posse), Milei no lo descartó. “Caputo es una persona que está en condiciones de estar en el cargo, con la experiencia necesaria para desarmar la situación que tenemos”, afirmó el presidente electo.
Confirmó, por otra parte, que el 10 de diciembre (cuando asuma el Gobierno) “se termina la obra pública”. Y respecto de las obras que están en marcha, afirmó que se las licitará para que las haga el sector privado. “¿Y si no hay interesados?”, se le preguntó. “Será porque esa obra no tenía sentido, y entonces la Cámara de la ‘Corrupción’ [por la Cámara de la Construcción] deberá dar explicaciones”, completó.
Las dudas con Ganancias
En el caso de Ganancias, este año se sucedieron varios cambios, algunos empujados por la inflación y algunos por el interés electoral de Sergio Massa. Por la manera en que se aprobaron algunas modificaciones, hay cuestiones que quedaron en un escenario de incertidumbre sobre el cual podría influir una decisión de la Corte Suprema, que comenzó a recibir reclamos de provincias que, por la caída de la recaudación pierden recursos.
Hay dudas no solo vinculadas con cómo será en 2024 la carga fiscal –para ese año y los posteriores se aprobó una ley a la que le falta reglamentación–, sino que tampoco hay claridad con respecto al impuesto correspondiente a 2023.
Los efectos prácticos de la forma en que se instrumentaron los cambios dan lugar a diferentes interpretaciones, pero no pocos expertos advierten que algunas medidas deberían ser ratificadas por el Congreso, para evitar que en los próximos meses la AFIP esté en condiciones de reclamarles deudas a un grupo de asalariados y jubilados. Además, el hecho de que se apruebe una ley haría que llegue un alivio de la carga fiscal para los autónomos.
Hay dos decretos que en los últimos meses dispusieron actualizaciones en los valores de la tabla usada para definir de cuánto son los descuentos sobre los salarios en concepto de Ganancias (las retenciones). Pero la normativa no modificó la manera de calcular el impuesto en sí mismo. Es decir, se logró que mensualmente se descuenten cifras más bajas que antes, pero no se estableció explícitamente la reducción del monto del tributo. Y eso derivará en el surgimiento de saldos a pagar; es decir, en deudas de las personas con el fisco que se evidenciarán cuando se haga la liquidación anual de Ganancias por 2023, algo que ocurrirá en 2024.
“Hay cambios por hacer correspondientes a 2023; Massa deja dos baches enormes para la liquidación del impuesto de este año, porque los decretos cambian la forma de calcular la retención mensual, pero la modificación de la tabla para la determinación del impuesto solo se puede hacer por ley”, dice la contadora Florencia Fernández Sabella, del estudio Laiún, Fernández Sabella & Smudt. De no corregirse la situación, agrega, “los empleados se van a encontrar con una terrible deuda con la AFIP” en unos meses.
¿Cuáles son las modificaciones afectadas por esa situación? El decreto 415 le encomendó a la AFIP subir un 35% los valores de los tramos de la tabla de alícuotas, “a los fines de bajar el monto de las retenciones”. Y dispuso que se recalcularan, utilizando ese esquema actualizado, los descuentos correspondientes a los meses previos, a partir de enero. Esa normativa alcanzó a todos los asalariados que habían tenido retenciones por Ganancias en uno o en más meses desde el inicio de 2023.
Por esto último, la medida provocó la devolución de parte del dinero que les había sido retenido a muchos empleados. En los considerandos del mencionado decreto se señalaba que el Poder Ejecutivo enviaría un proyecto de ley al Congreso para procurar establecer que la tabla con los valores incrementados fuera la usada para determinar el impuesto (y no solo las retenciones), con alcance para todas las personas físicas.
El decreto 473, por su parte, dispuso la vigencia de tablas especiales para las retenciones por los salarios devengados desde octubre y percibidos hasta el 31 de diciembre. Esto tienen alcance para quienes siguen pagando Ganancias en estos meses, que son quienes tienen remuneraciones mayores a $1.980.000 (hasta los sueldos de septiembre, el piso había sido de $700.875). Esos empleados tienen ahora, por esa medida del Poder Ejecutivo, descuentos mucho más bajos de los que venían teniendo.
En el proyecto de ley de presupuesto que el Ministerio de Economía mandó al Congreso, pero cuyo tratamiento quedó en suspenso (en rigor, se espera ahora una iniciativa del nuevo gobierno) se había previsto darles fuerza de ley a los cambios. Un artículo buscaba ratificar el decreto 473 “y las normas dictadas en su consecuencia”, en tanto que otro artículo reproduce la tabla de Ganancias con los valores incrementados en un 35%, tal como la usada para calcular las retenciones hasta septiembre.
¿Qué pasa si el Congreso no aprueba esas ratificaciones y cuándo debería hacer ese trámite? “Alterar la retención sin alterar el impuesto es una desprolijidad propia de la forma de hacer las cosas de Massa –afirma el diputado Alejandro Cacace (Evolución Radical, San Luis)–. Eso va a tener que ser enmendado eventualmente para evitar que la liquidación de Ganancias salga con saldo a pagar”. ¿Y eso debería enmendarse este año? Según el legislador, cuando lo dispuesto es “a favor del contribuyente, nadie objeta ni la forma ni la retroactividad”.
Según apunta Fraga, podría ocurrir que la AFIP postergue el pago de los saldos eventuales hasta que sea aprobada una nueva ley.
Si todo funcionara normalmente, analiza el contador Gabriel Hermida, socio de Impuestos de la firma Auren, cualquier cambio a una ley debería hacerse por ley; sin embargo, “en la Argentina un decreto es suficiente para modificar una ley, y en la práctica hasta hubo normas de la AFIP que modifican o interpretan leyes en lugar de solo reglamentar aspectos administrativos”.
En el caso de los cambios en Ganancias este año, se hicieron por decreto en función de delegaciones expresas de facultades por parte del Poder Legislativo. Por eso, el problema no está en el instrumento, sino en que se dispuso un cambio en el cálculo de las retenciones, pero no en el del propio impuesto.
Un tratamiento del tema en el Congreso, por otra parte, les daría un alcance más amplio a las medidas, según afirma Gabriela Russo, presidenta del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires.
Reclamos de provincias
Una realidad que agrega incertidumbre es que incluso cuando las autoridades que asumirán el 10 de diciembre no reclamen el año próximo importes del impuesto no descontados en 2023, existe otro factor de riesgo, según enfatiza Fraga, que comenzó a activarse días atrás, cuando el gobierno de Mendoza hizo una presentación ante la Corte Suprema de Justicia contra los cambios aplicados desde octubre, que dejaron al margen del impuesto a la mayoría de quienes lo pagaban, pero que, a la vez, les quitaron recursos a las provincias, porque se trata de un impuesto que es coparticipable. Ya se sumaron Corrientes y Jujuy al reclamo ante el tribunal supremo y no se descarta que sigan esos pasos otras provincias.
“Tras la publicación del decreto 473 del gobierno nacional,Mendoza deja de percibir entre octubre y noviembre aproximadamente $7000 millones por coparticipación”, dice un comunicado del gobierno que encabeza Rodolfo Suárez. La medida cautelar por una declaración de inconstitucionalidad abarca a la ley 27.725, que regirá desde 2024 y por la cual, según la gobernación, Mendoza perderá unos $170.000 millones. “Tanto el decreto como la ley resultan inconstitucionales, por cuanto disminuyen de manera unilateral la percepción de impuestos que integran la masa coparticipable”, argumentó el gobernador.
En el caso de Corrientes y según expresó el gobernador Gustavo Valdez, el efecto proyectado para 2024 es de $100.000 millones. “Solicitamos la inconstitucionalidad de las normas y presentamos una medida cautelar para que Nación compense las pérdidas con sus recursos”, escribió el mandatario provincial en la red social X.
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¿Quién está a cargo hasta que termine la transición?
Juan Carlos de Pablo
Juan Pérez desesperado contando los minutos que faltan para que abra el banco donde depositó un plazo fijo que vence hoy para ser de los primeros que retiren el dinero y gambetear a los asaltantes que lo pueden estar esperando a la salida de la entidad financiera para comprar cualquier producto “antes de que sea tarde”. No estoy pronosticando, sino ilustrando.
¿Por qué podría ocurrir esto? Por una barbaridad que le escuchó al actual ministro de Economía o un rumor referido a sus probables decisiones finales, pero también por una barbaridad que le escuchó al presidente electo o a un rumor referido al accionar de su gobierno a partir del 10 de diciembre próximo.
En el plano estrictamente político, la cuestión de la responsabilidad de lo que ocurra hasta el cambio de autoridades es el juego del Gran Bonete. Para Milei, le corresponde a Massa; para este último, depende de aquel. Técnicamente, como sugiere el ejemplo planteado, se puede deber a uno o a otro.
Pero no hay cogobierno porque desde el punto de vista decisorio
No es cogobierno porque se plantea una asimetría desde el punto de vista decisorio
se plantea una asimetría. Aun si Pérez no renovara el plazo fijo por algo que le escuchó a Milei, hoy por hoy es Massa quien tiene que sacar las papas del fuego. La traumática transición de 1980-81, así como la dinámica de 1989, es muy ilustrativa al respecto.
Digresión. La Argentina tiene un régimen político presidencialista, como Brasil y Estados Unidos. No un régimen parlamentario, como Inglaterra, Japón o Israel. En Inglaterra, el lunes pasado Milei hubiera visitado al rey y desde anteayer ejercería la máxima autoridad ejecutiva. Aquí no.
La toma de decisiones no se basa en lo meramente posible, sino en lo más probable. Por lo cual, en lo que resta de esta afortunadamente brevísima transición, hay que tomarlas sobre la base de que transcurrirá sobre bases cuerdas, no locas. Porque la locura no le conviene a ninguno de los dos involucrados.
Al presidente electo, porque ya bastantes problemas tiene con los existentes para agregarles los generados por una transición que al final se desmadre; al ministro de Economía y derrotado candidato presidencial, porque es joven y tiene mucha carrera política por delante.
Y llegará el 10 de diciembre de 2023. Para eso, en la Argentina, falta una eternidad. Pero calma; quien mire para atrás el intenso año que está por terminar advertirá que la realidad fue mucho menos angustiante de lo que a muchos les parecía.
El presidente electo, Javier Milei, anticipó anoche que mantendrá la rebaja en el impuesto a las ganancias y la devolución del IVA, dos fuertes medidas impositivas que hizo aprobar el ministro de Economía, Sergio Massa, en el tramo final de su campaña presidencial. “Vamos a bajar el gasto público para mantener el equilibrio fiscal, o sea, las bajas de impuestos siempre favorecen a la gente”, dijo Milei y contestó “obviamente, obvio” ante la repregunta de si se les dará continuidad a la rebaja en Ganancias y también a las medidas que el ministro de Economía aplicó sobre la devolución del IVA.
Milei dio anoche una nueva entrevista televisiva y, en ese marco, sugirió que Luis “Toto” Caputo podría ser su ministro de Economía. Ratificó, además, que impulsará un amplio plan de privatizaciones, en el que incluyó a la empresa AySA y a los ferrocarriles. “Todo lo que pueda estar en manos privadas va a estar en manos privadas”, afirmó. Sobre el PAMI, dijo que “va a seguir, pero va a ser eficiente”.
Ya en el plano institucional, Milei ratificó que su gobierno intentará desactivar el juicio político a la Corte Suprema y afirmó que va a asegurar “la plena independencia” del Poder Judicial.
El presidente electo, Javier Milei, afirmó anoche que mantendrá los cambios en Ganancias que dejaron al margen del impuesto a la mayoría de los asalariados que hasta septiembre último lo pagaban. En una entrevista en el programa A dos voces, por TN, dijo que para lograr el equilibrio fiscal reducirá el gasto y que “las bajas de impuestos siempre favorecen a la gente”. Por eso, también afirmó, al ser consultado, que mantendrá el esquema de devolución del IVA, aunque esa medida no fue aprobada por el Congreso para que rija el próximo año.
Milei también agregó los trenes y AySA a la lista de empresas estatales que serán privatizadas en su gestión. “Todo lo que pueda estar en manos del sector privado va a estar en manos del sector privado”. “AySA estaba en manos del sector privado y funcionaba muy bien; los ferrocarriles cuando eran privados funcionaban muy bien”, subrayó el próximo mandatario. Para Milei, “se ha probado que todo lo que hace el sector público lo hace mal”.
Respecto de si ya había designado al ministro de Economía, y si podía ser el expresidente del Banco Central Luis “Toto” Caputo (por la participación de este en un diálogo con el FMI junto al futuro jefe de Gabinete, Nicolás Posse), Milei no lo descartó. “Caputo es una persona que está en condiciones de estar en el cargo, con la experiencia necesaria para desarmar la situación que tenemos”, afirmó el presidente electo.
Confirmó, por otra parte, que el 10 de diciembre (cuando asuma el Gobierno) “se termina la obra pública”. Y respecto de las obras que están en marcha, afirmó que se las licitará para que las haga el sector privado. “¿Y si no hay interesados?”, se le preguntó. “Será porque esa obra no tenía sentido, y entonces la Cámara de la ‘Corrupción’ [por la Cámara de la Construcción] deberá dar explicaciones”, completó.
Las dudas con Ganancias
En el caso de Ganancias, este año se sucedieron varios cambios, algunos empujados por la inflación y algunos por el interés electoral de Sergio Massa. Por la manera en que se aprobaron algunas modificaciones, hay cuestiones que quedaron en un escenario de incertidumbre sobre el cual podría influir una decisión de la Corte Suprema, que comenzó a recibir reclamos de provincias que, por la caída de la recaudación pierden recursos.
Hay dudas no solo vinculadas con cómo será en 2024 la carga fiscal –para ese año y los posteriores se aprobó una ley a la que le falta reglamentación–, sino que tampoco hay claridad con respecto al impuesto correspondiente a 2023.
Los efectos prácticos de la forma en que se instrumentaron los cambios dan lugar a diferentes interpretaciones, pero no pocos expertos advierten que algunas medidas deberían ser ratificadas por el Congreso, para evitar que en los próximos meses la AFIP esté en condiciones de reclamarles deudas a un grupo de asalariados y jubilados. Además, el hecho de que se apruebe una ley haría que llegue un alivio de la carga fiscal para los autónomos.
Hay dos decretos que en los últimos meses dispusieron actualizaciones en los valores de la tabla usada para definir de cuánto son los descuentos sobre los salarios en concepto de Ganancias (las retenciones). Pero la normativa no modificó la manera de calcular el impuesto en sí mismo. Es decir, se logró que mensualmente se descuenten cifras más bajas que antes, pero no se estableció explícitamente la reducción del monto del tributo. Y eso derivará en el surgimiento de saldos a pagar; es decir, en deudas de las personas con el fisco que se evidenciarán cuando se haga la liquidación anual de Ganancias por 2023, algo que ocurrirá en 2024.
“Hay cambios por hacer correspondientes a 2023; Massa deja dos baches enormes para la liquidación del impuesto de este año, porque los decretos cambian la forma de calcular la retención mensual, pero la modificación de la tabla para la determinación del impuesto solo se puede hacer por ley”, dice la contadora Florencia Fernández Sabella, del estudio Laiún, Fernández Sabella & Smudt. De no corregirse la situación, agrega, “los empleados se van a encontrar con una terrible deuda con la AFIP” en unos meses.
¿Cuáles son las modificaciones afectadas por esa situación? El decreto 415 le encomendó a la AFIP subir un 35% los valores de los tramos de la tabla de alícuotas, “a los fines de bajar el monto de las retenciones”. Y dispuso que se recalcularan, utilizando ese esquema actualizado, los descuentos correspondientes a los meses previos, a partir de enero. Esa normativa alcanzó a todos los asalariados que habían tenido retenciones por Ganancias en uno o en más meses desde el inicio de 2023.
Por esto último, la medida provocó la devolución de parte del dinero que les había sido retenido a muchos empleados. En los considerandos del mencionado decreto se señalaba que el Poder Ejecutivo enviaría un proyecto de ley al Congreso para procurar establecer que la tabla con los valores incrementados fuera la usada para determinar el impuesto (y no solo las retenciones), con alcance para todas las personas físicas.
El decreto 473, por su parte, dispuso la vigencia de tablas especiales para las retenciones por los salarios devengados desde octubre y percibidos hasta el 31 de diciembre. Esto tienen alcance para quienes siguen pagando Ganancias en estos meses, que son quienes tienen remuneraciones mayores a $1.980.000 (hasta los sueldos de septiembre, el piso había sido de $700.875). Esos empleados tienen ahora, por esa medida del Poder Ejecutivo, descuentos mucho más bajos de los que venían teniendo.
En el proyecto de ley de presupuesto que el Ministerio de Economía mandó al Congreso, pero cuyo tratamiento quedó en suspenso (en rigor, se espera ahora una iniciativa del nuevo gobierno) se había previsto darles fuerza de ley a los cambios. Un artículo buscaba ratificar el decreto 473 “y las normas dictadas en su consecuencia”, en tanto que otro artículo reproduce la tabla de Ganancias con los valores incrementados en un 35%, tal como la usada para calcular las retenciones hasta septiembre.
¿Qué pasa si el Congreso no aprueba esas ratificaciones y cuándo debería hacer ese trámite? “Alterar la retención sin alterar el impuesto es una desprolijidad propia de la forma de hacer las cosas de Massa –afirma el diputado Alejandro Cacace (Evolución Radical, San Luis)–. Eso va a tener que ser enmendado eventualmente para evitar que la liquidación de Ganancias salga con saldo a pagar”. ¿Y eso debería enmendarse este año? Según el legislador, cuando lo dispuesto es “a favor del contribuyente, nadie objeta ni la forma ni la retroactividad”.
Según apunta Fraga, podría ocurrir que la AFIP postergue el pago de los saldos eventuales hasta que sea aprobada una nueva ley.
Si todo funcionara normalmente, analiza el contador Gabriel Hermida, socio de Impuestos de la firma Auren, cualquier cambio a una ley debería hacerse por ley; sin embargo, “en la Argentina un decreto es suficiente para modificar una ley, y en la práctica hasta hubo normas de la AFIP que modifican o interpretan leyes en lugar de solo reglamentar aspectos administrativos”.
En el caso de los cambios en Ganancias este año, se hicieron por decreto en función de delegaciones expresas de facultades por parte del Poder Legislativo. Por eso, el problema no está en el instrumento, sino en que se dispuso un cambio en el cálculo de las retenciones, pero no en el del propio impuesto.
Un tratamiento del tema en el Congreso, por otra parte, les daría un alcance más amplio a las medidas, según afirma Gabriela Russo, presidenta del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires.
Reclamos de provincias
Una realidad que agrega incertidumbre es que incluso cuando las autoridades que asumirán el 10 de diciembre no reclamen el año próximo importes del impuesto no descontados en 2023, existe otro factor de riesgo, según enfatiza Fraga, que comenzó a activarse días atrás, cuando el gobierno de Mendoza hizo una presentación ante la Corte Suprema de Justicia contra los cambios aplicados desde octubre, que dejaron al margen del impuesto a la mayoría de quienes lo pagaban, pero que, a la vez, les quitaron recursos a las provincias, porque se trata de un impuesto que es coparticipable. Ya se sumaron Corrientes y Jujuy al reclamo ante el tribunal supremo y no se descarta que sigan esos pasos otras provincias.
“Tras la publicación del decreto 473 del gobierno nacional,Mendoza deja de percibir entre octubre y noviembre aproximadamente $7000 millones por coparticipación”, dice un comunicado del gobierno que encabeza Rodolfo Suárez. La medida cautelar por una declaración de inconstitucionalidad abarca a la ley 27.725, que regirá desde 2024 y por la cual, según la gobernación, Mendoza perderá unos $170.000 millones. “Tanto el decreto como la ley resultan inconstitucionales, por cuanto disminuyen de manera unilateral la percepción de impuestos que integran la masa coparticipable”, argumentó el gobernador.
En el caso de Corrientes y según expresó el gobernador Gustavo Valdez, el efecto proyectado para 2024 es de $100.000 millones. “Solicitamos la inconstitucionalidad de las normas y presentamos una medida cautelar para que Nación compense las pérdidas con sus recursos”, escribió el mandatario provincial en la red social X.
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¿Quién está a cargo hasta que termine la transición?
Juan Carlos de Pablo
Juan Pérez desesperado contando los minutos que faltan para que abra el banco donde depositó un plazo fijo que vence hoy para ser de los primeros que retiren el dinero y gambetear a los asaltantes que lo pueden estar esperando a la salida de la entidad financiera para comprar cualquier producto “antes de que sea tarde”. No estoy pronosticando, sino ilustrando.
¿Por qué podría ocurrir esto? Por una barbaridad que le escuchó al actual ministro de Economía o un rumor referido a sus probables decisiones finales, pero también por una barbaridad que le escuchó al presidente electo o a un rumor referido al accionar de su gobierno a partir del 10 de diciembre próximo.
En el plano estrictamente político, la cuestión de la responsabilidad de lo que ocurra hasta el cambio de autoridades es el juego del Gran Bonete. Para Milei, le corresponde a Massa; para este último, depende de aquel. Técnicamente, como sugiere el ejemplo planteado, se puede deber a uno o a otro.
Pero no hay cogobierno porque desde el punto de vista decisorio
No es cogobierno porque se plantea una asimetría desde el punto de vista decisorio
se plantea una asimetría. Aun si Pérez no renovara el plazo fijo por algo que le escuchó a Milei, hoy por hoy es Massa quien tiene que sacar las papas del fuego. La traumática transición de 1980-81, así como la dinámica de 1989, es muy ilustrativa al respecto.
Digresión. La Argentina tiene un régimen político presidencialista, como Brasil y Estados Unidos. No un régimen parlamentario, como Inglaterra, Japón o Israel. En Inglaterra, el lunes pasado Milei hubiera visitado al rey y desde anteayer ejercería la máxima autoridad ejecutiva. Aquí no.
La toma de decisiones no se basa en lo meramente posible, sino en lo más probable. Por lo cual, en lo que resta de esta afortunadamente brevísima transición, hay que tomarlas sobre la base de que transcurrirá sobre bases cuerdas, no locas. Porque la locura no le conviene a ninguno de los dos involucrados.
Al presidente electo, porque ya bastantes problemas tiene con los existentes para agregarles los generados por una transición que al final se desmadre; al ministro de Economía y derrotado candidato presidencial, porque es joven y tiene mucha carrera política por delante.
Y llegará el 10 de diciembre de 2023. Para eso, en la Argentina, falta una eternidad. Pero calma; quien mire para atrás el intenso año que está por terminar advertirá que la realidad fue mucho menos angustiante de lo que a muchos les parecía.
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