EL ASESINATO DE LUCIO 1

La familia de Lucio apunta a los errores oficiales
Legisladores oficialistas y opositores buscan destituir por mal desempeño a la magistrada de General Pico
El veredicto de culpabilidad parece solo el comienzo de un camino para uno de los abuelos de Lucio. “No hemos recibido las disculpas de nadie”, dijo ramón dupuy a un día
la nacion después del fallo. La familia dupuy apunta a las cadenas de errores oficiales y apoya el pedido de juicio político contra la magistrada que otorgó la custodia de Lucio a su madre, ahora condenada por el crimen.
SANTA ROSA (De una enviada especial).– Catorce meses transcurrieron desde que Lucio fue asesinado. Sin embargo, recién ayer, después de que el veredicto por ese crimen tuviera una gran difusión mediática nacional, diputados del oficialismo y de la oposición de La Pampa presentaron por primera vez pedidos para que la jueza Ana Clara Pérez Ballester sea sometida a juicio político por otorgar en 2020 la tenencia del menor a su madre Magdalena Espósito Valenti, condenada como coautora del homicidio de Lucio.
La primera de las denuncias por mal desempeño de las funciones de la magistrada fue presentada en la mañana de ayer por los diputados de Pro La Pampa, Martín Ardohain y María Laura Trapaglia, mientras que después del mediodía hicieron lo mismo los legisladores del bloque del Frente Justicialista Pampeano (Frejupa), quienes entregaron el pedido de jury de enjuiciamiento en las oficinas del Superior Tribunal de Justicia.
Según explicaron fuentes judiciales, en La Pampa hay dos vías para destituir a un funcionario judicial: uno es el juicio político, que se aplica en cargos muy altos. Y la otra, que es el camino que se siguió en este caso, es el Jurado de Enjuiciamiento o “jury”, previsto en la ley provincial N° 313 y aplicable a los magistrados de primera Instancia, fiscales y demás funcionarios judiciales, quienes podrán ser denunciados por el mal desempeño o por desorden de conducta ante un Jurado de Enjuiciamiento que estará compuesto por el presidente del Superior Tribunal de Justicia, dos abogados de la matrícula que se designarán por sorteo en cada caso, un diputado del bloque mayoritario y uno de la primera minoría. El fallo condenatorio necesitará contar con el voto de la mayoría.
“Una provincia que se considera institucionalmente sana tiene que arbitrar los resortes institucionales para llegar al juicio político. Sería lamentable que la familia Dupuy se viera obligada a pedir el juicio político. Tenemos 30 diputados, a alguno se le puede ocurrir”, había reclamado José Aguerrido, representante de la familia Dupuy, luego del veredicto.
Desde el bloque del (Frejupa), confirmaron  que realizaron el pedido de jury contra la jueza Pérez Ballester. “Los integrantes del bloque PJ comunicamos que se ha tomado la decisión de presentar formalmente un pedido de Jury de Enjuiciamiento en los términos de la Ley 313 a efectos de que se inicie una investigación respecto de la actuación de la jueza de Familia y Asesora de Menores de la ciudad de General Pico con motivo de determinar sus responsabilidades producto de su desempeño en el marco del denominado caso Lucio”, sostuvieron los legisladores peronistas en un comunicado.
Por su parte, desde el bloque de Pro, los diputados Ardohain y Trapaglia explicaron en otro comunicado: “Hemos realizado la denuncia formal por mal desempeño de sus funciones por incumplimiento reiterado de los deberes de funcionaria judicial y negligencia reiterada en el ejercicio del cargo”.
Para los legisladores de Pro, la jueza Pérez Ballester debe explicar por qué “no se realizó un informe socioambiental del contexto familiar donde iba a vivir Lucio”; “no se informó, ni se citó a testigos”; “no se escuchó al menor”; “no fue abordado desde el Juzgado por un equipo de profesionales”; “no se notificó al padre del menor, que tenía el cuidado personal compartido, y la responsabilidad parental”; ni explicó el “cambio de centro de vida de General Pico a Santa Rosa”.
El miércoles pasado, la fundación Más Vida ya había presentado una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal de La Pampa por mal desempeño y violación de los deberes de funcionario público.
Y los abuelos de Lucio también se habían manifestado disconformes con la actuación de la magistrada de General Pico.
“La jueza Ana Pérez Ballester sentenció a muerte a Lucio al darle la tenencia a estas dos asesinas. Si hubiera hecho su trabajo, se habría dado cuenta que lo pidieron para cobrar los beneficios sociales que había en la pandemia y que nunca les había interesado mi nieto”, señaló en los últimos días Ramón Dupuy. Su esposa, Silvia Gómez también criticó a Pérez Ballester. “Esta jueza es la que firma un papel y firma la sentencia de muerte a mi nieto, porque no le hace un seguimiento ni sabía del caso”, indicó.
La posición de la acusada
Por su parte, Pablo Rodríguez Salto, uno de los abogados defensores de la magistrada, dijo hoy en diálogo con el medio local Diario Textual, que no hay causales para un enjuiciamiento. “Cuando tomó la decisión de la tenencia de Lucio no había un solo elemento de alarma. No se hizo un estudio socioambiental porque nadie se lo pidió y no es de práctica en los casos donde hay un acuerdo de partes”, sostuvo.
“Por supuesto que no hay causal de juicio político. La actuación de Pérez Ballester terminó en noviembre de 2020. Hubo un acuerdo de los tíos de Lucio con la madre en julio de 2020. La primera semana de noviembre se homologó ese acuerdo. Según la sentencia penal dictada ayer, el primer signo de que Lucio sufría violencia podría entenderse como ocurrido el 15 de diciembre de 2020, un mes y medio después”.

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